Chile/ El muro de Piñera. La apuesta antinmigrantes del gobierno. [Cristian González Farfán]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de octubre 2021

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Chile



La apuesta antinmigrantes del gobierno



El muro de Piñera



Rodeado por las denuncias de sus vínculos con empresas mineras y mientras
impone el estado de excepción en el sur, el presidente aprieta el acelerador
de su nueva política inmigratoria. Los recientes ataques a venezolanos en
Iquique, dicen académicos y organizaciones de inmigrantes, son el reflejo de
una prédica oficial.



Cristian González Farfán, desde Valparaíso

Brecha, 15-10-2021

https://brecha.com.uy/el-muro-de-pinera/



En la ciudad de Iquique, ubicada a casi 1.800 quilómetros al norte de
Santiago, han convivido históricamente ciudadanos chilenos, peruanos y
bolivianos. Sin embargo, el 25 de setiembre, esa misma localidad fue el
escenario de un ataque xenófobo contra inmigrantes venezolanos que horrorizó
al mundo. Las fotos y los videos de manifestantes arrojando a una hoguera
coches de bebé, carpas, pañales y otras pertenencias se viralizaron a una
velocidad trepidante y mancharon la imagen de Chile en el concierto
internacional.



«Este estallido xenófobo ocurre en el norte por varios factores. La Región
de Tarapacá (cuya capital es Iquique) tiene la mayor cantidad de inmigrantes
por proporción de población. Además, en esa región, Colchane, un pueblo
fronterizo con Bolivia, se ha convertido en el espacio de mayor ingreso de
inmigrantes, dado el sobrecontrol que se hace en Chacalluta, el paso
habilitado entre Chile y Perú. Un tercer factor es el rol de la prensa,
Internet y las redes sociales en fomentar el odio virtual», comenta a Brecha
Pablo Mardones, doctor en Antropología e investigador del Instituto de
Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat (INTE), con sede en
Iquique.



Sin embargo, la precariedad que padecen los inmigrantes en Chile excede el
episodio puntual de Iquique. Obedece, más bien, dicen académicos y
representantes de agrupaciones de inmigrantes, a la política inmigratoria
adoptada por el gobierno de Sebastián Piñera desde 2018, que criminaliza a
esta comunidad y cuyos efectos se agudizarán cuando rija la nueva ley de
inmigración, aprobada este año. Asimismo, las agrupaciones de inmigrantes
responsabilizan al Ejecutivo de edificar un relato antinmigrante que se ve
exacerbado en la sociedad chilena. En Chile, según la última medición del
Servicio Jesuita a Migrantes, con datos del Servicio de Extranjería y
Migración (SEM) y el Instituto Nacional de Estadísticas, a diciembre de 2020
los inmigrantes en Chile ascendían a casi 1,5 millones de personas, el
equivalente al 7,5 por ciento de la población del país. En 2010, eran poco
más de 300 mil personas (1,8 por ciento).



«Todo empezó con la campaña Ordenar la Casa, en abril de 2018, que consistió
en hacer una regularización masiva de inmigrantes. Esto causó una percepción
positiva. Pero luego hubo una serie de medidas que, al final, eran trabas;
por ejemplo, poner dos visas específicas: una para la comunidad haitiana y
otra para la venezolana. La trampa es que se dieron muy pocas visas y la
inmigración de ambas comunidades vía aérea se frenó. Luego se abrió esta
política de “retorno humanitario” para la población haitiana, que también
tenía una trampa, puesto que estos inmigrantes no podían volver a Chile
antes de nueve años. Además, Piñera no firmó el Pacto Migratorio de la ONU
por una inmigración segura, ordenada y regular, y se puso, así, a la par de
Jair Bolsonaro, con el argumento de que la inmigración no es un derecho
humano», agrega Mardones.



Otra línea de la política inmigratoria oficial fue la expulsión colectiva de
inmigrantes en 2020 y 2021, cuya puesta en escena provocó el repudio de las
agrupaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. «Fue infame cómo
los llevaban envueltos en overoles blancos, como si fueran terroristas
llegando a Guantánamo», dice a Brecha Patricia Rojas, presidenta de la
Asociación Venezolana en Chile (Asoven), para quien este hecho refleja la
postura de criminalización y estigmatización del gobierno para con la
población inmigrante.



Menos visas, más ingresos clandestinos



De la mano de la política inmigratoria de Piñera, las cifras muestran una
tendencia a la baja en la entrega de visas y permisos de permanencias
definitivas. Según el desglose del SEM, las 438.231 visas entregadas en 2018
(que se explican por la masiva regularización que incluyó a quienes
ingresaron por pasos no habilitados) disminuyeron a 198.686 en 2020 y a
50.445 en el primer semestre de 2021. En tanto, las permanencias definitivas
otorgadas bajaron de 87.935 en 2019 a 74.412 en 2020, para luego caer más
drásticamente, a 6.287, durante la primera mitad de 2021. Estos números, sin
embargo, contrastan con el máximo histórico de ingresos por pasos no
habilitados registrado en 2021. Según los datos de la Policía de
Investigaciones de Chile (PDI) entregados al Servicio Jesuita a Migrantes,
entre enero y julio del presente año ingresaron 23.673 personas por pasos
clandestinos, lo que reafirma la tendencia al alza de los últimos años. En
2018, de hecho, 6.310 personas cruzaron la frontera de forma irregular.



«Las trabas en el ingreso no inhiben realmente la inmigración: solo provocan
el aumento de la inmigración por pasos no habilitados. Esta existe igual,
haya o no haya una ley, porque la inmigración es un fenómeno social y
humanitario que se produce por necesidad y viene de países en crisis», dice,
en conversación con este semanario, Francisca Vargas, abogada y directora de
la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego
Portales. Así y todo, las cifras mencionadas no alcanzan a cubrir la
dimensión de esta situación. Los casos informados por la PDI al Servicio
Jesuita a Migrantes corresponden, en rigor, a personas que se
autodenunciaron o fueron denunciadas por la institución policial, por lo que
un grupo considerable de inmigrantes que entraron por pasos clandestinos
queda fuera de este registro y es invisible para la institucionalidad
chilena.



«Frente a las desigualdades más agudas en el continente, Chile se presenta
como una esperanza, pero eso se frustra, porque este país produce una
constante inmigración irregular, que precariza las condiciones de vida de
las personas que quieren residir aquí», plantea a Brecha Rodolfo Noriega,
secretario de defensa de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y
presidente del Comité de Refugiados Peruanos.



La nueva ley en marcha



La aprobación de la nueva ley de inmigración, publicada el 20 de abril de
2021, es el último hito de la política inmigratoria de Piñera. Entrará en
vigor plenamente cuando se apruebe su reglamento (hoy solo están vigentes
sus artículos transitorios). El texto legal, nos adelanta la abogada
Francisca Vargas, profundizará la condición de vulnerabilidad de la
población inmigrante en Chile. Lo dice a partir de lo que, a juicio de
varios especialistas, es lo más determinante de la ley: el cambio de
metodología de entrega de las visas consulares, vale decir, aquellas que se
tramitan en los consulados de Chile situados en el país de origen del
inmigrante. «La nueva ley contempla la imposibilidad del cambio de estatuto
inmigratorio dentro del país. Es decir, quienes ingresan como turistas no
van a poder cambiar su estatuto inmigratorio a uno que les permita quedarse
y trabajar. Si quieren quedarse, van a tener que volver a su país de origen
y tramitar un visado consular para venir a Chile», detalla Vargas.



Rojas suma como factor «la falta de infraestructura del Estado de Chile para
asumir visados consulares de residencia»: «Ejemplo vivo de eso es la visa de
responsabilidad democrática (creada en 2018 y dirigida solo a la comunidad
venezolana), que no cumplió su función, por falta de infraestructura. No se
han podido revisar las solicitudes con prontitud: 92 mil solicitudes se
cerraron de forma arbitraria e ilegal». La presidenta de la Asoven duda de
la capacidad real del futuro Servicio Nacional de Migraciones y sus
direcciones regionales –parte de la nueva institucionalidad creada por la
ley– para gestionar adecuadamente los permisos.



Por todo lo anterior, meses atrás, en una columna en CIPER, Luis Eduardo
Thayer, director del Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad
Católica Raúl Silva Henríquez, expresó que la nueva ley «no asegura que se
pueda salir en un plazo razonable de una situación, por definición
transitoria»: la del estatus legal parcial. En cambio, la norma induce a que
esta «se convierta en una condición social permanente», lo que «puede dar
origen a la institucionalización de una nueva fuente de desigualdad
estructural en nuestra sociedad».



Para Noriega, la naciente ley de inmigración abre un nuevo vector sobre la
inmigración irregular: «Ahora será una irregularidad de origen, ya que no
habrá manera de obtener una forma de residencia estando en Chile. La gente
que entrará como turista se va a quedar y va a residir de forma irregular».
Noriega dice a Brecha que el gobierno de Piñera promueve actualmente una
semirregularidad inmigratoria, porque muchas personas que ingresaron
regularmente están en un limbo: llevan uno o dos años esperando una
respuesta a su solicitud de residencia. «Están indocumentados, pero no son
irregulares. Solo que no les han revisado esas solicitudes», agrega.



Según Mardones, la ley, en su conjunto, limita las perspectivas laborales de
la población inmigrante. Dice que en la sede del INTE en Iquique han
demostrado, a través de varios estudios, que «la inmigración es un aporte en
todo sentido para la sociedad chilena: es una población más escolarizada,
que está en edades laborales, que dinamiza la economía y que es un beneficio
por donde se la mire, y esta ley va por el camino contrario y se suma al
discurso oficial que visualiza la inmigración como una amenaza». Esta
retórica altisonante contra los inmigrantes, además de la legislación en
curso, perturba a Mardones, para quien, sin embargo, «no es cierto que la
sociedad chilena sea más racista que otras». «En Chile hay un proceso de
blanqueamiento histórico, que se expresa en una idea ficcionalizada de que
los chilenos somos más blancos que el resto, y eso hace eco en una sociedad
que piensa que las personas indígenas o afrodescendientes son inferiores»,
argumenta. Pero, sobre todo, agrega: «La sociedad chilena es clasista y eso
desemboca en una palabra que ahora se hace más patente: aporofobia, la fobia
a los pobres. No nos molesta que sean venezolanos o más oscuros: nos molesta
que sean pobres».



Pese a los sucesos de Iquique, tanto Rojas como Noriega también han sido
testigos de la contracara de esos deleznables actos del 25 de setiembre. «Yo
creo que fueron grupos minoritarios que no representan el sentir del pueblo
chileno. Supimos de chilenos y chilenas que recibieron en sus casas a los
inmigrantes que sufrieron la quema de sus pertenencias para que pasaran la
noche y no corrieran el riesgo de ser atacados nuevamente. En general, los
chilenos son solidarios, entre ellos y con los demás», dice Rojas. Noriega
distingue al pueblo chileno de los autores de los ataques, a quienes
califica como «un movimiento fascista, cuyo actuar está siendo alentado por
el discurso oficial del gobierno». Sin embargo, Mardones advierte que este
discurso antinmigrante «es muy efectivo en términos de réditos políticos».
Así, al menos, logra percibirlo en la campaña del candidato presidencial
ultraderechista José Antonio Kast, quien, de cara a la primera vuelta
presidencial del 21 de noviembre, figura en al menos dos encuestas recientes
como segundo en intención de voto, en el entorno del 18 por ciento, detrás
del izquierdista Gabriel Boric. En temas inmigratorios, Kast ha propuesto
construir una zanja en la frontera norte para frenar el ingreso irregular de
personas. A Mardones este proyecto se le figura «inviable, cercano al
fascismo y de una irresponsabilidad sin parangón».

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