Venezuela/ Tortura indetenible. La sistemática violencia estatal contra los presos y las presas. [Humberto Márquez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de octubre 2021

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Venezuela



La violencia estatal en Venezuela

Tortura indetenible



Desapariciones, golpes, culatazos, asfixia, quemaduras, descargas
eléctricas, violencia sexual y, a veces, la muerte. Un mal que ha sido
endémico en el país se ha agravado en los últimos años y dispara cada vez
más alarmas.



Humberto Márquez, desde Caracas

Brecha, 15-10-2021

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La noche del 28 de junio de 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta
Arévalo, de 50 años, retirado de la Armada en 2006 y considerado opositor
político, fue llevado ante un tribunal castrense por efectivos de la
Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) para
oír cargos de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Horas antes lo habían llevado al hospital militar de Caracas, donde el
médico certificó que tenía traumatismos en el tórax, la nariz, un dedo, un
tobillo, infección en la piel y deshidratación. Acosta ni siquiera pudo
articular palabra. Por señas pidió ayuda a su abogado, asintió con la cabeza
cuando este le preguntó si había sido torturado y el juez lo vio en tal mal
estado que ordenó devolverlo al hospital.



Acosta se desmayó y, según algunos testigos, murió allí mismo, en el
estrado. Llegó al hospital sin signos vitales. Un informe forense dio cuenta
de que presentaba 38 lesiones, como las fracturas del tabique nasal y un
pie, quemaduras, hematomas en varias partes del cuerpo y escoriaciones en
hombros, codos y rodillas.



Una semana antes de su muerte, cuando viajaba desde Caracas hacia Guatire,
30 quilómetros al este, su familia perdió todo contacto con él y solo
supieron de su paradero cuando se informó que era llevado al tribunal.



Dos oficiales de menor rango, un teniente y un sargento, fueron procesados
por homicidio preterintencional y la fiscalía no investigó evidencias de
tortura ni responsabilidades mayores en la cadena de mando. El Tribunal
Supremo de Justicia ordenó una nueva investigación y un nuevo juicio, con
resultados aún esperados, pero solo se responsabiliza a los subalternos.



Este es el corazón del caso Acosta tal como lo recogen informes de la Misión
Independiente de Determinación de Hechos sobre el caso Venezuela constituida
por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y reportes
sucesivos en los dos últimos años de la alta comisionada de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la expresidenta
chilena Michelle Bachelet. Esos informes están nutridos de casos,
señalamientos y recomendaciones con respecto al tema de la violación de
derechos humanos fundamentales en Venezuela, sistemáticamente rechazadas por
el gobierno de Maduro, la fiscalía y demás instituciones en la cúpula del
Estado.



En paralelo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que la
gambiana Fatou Bensouda traspasó en julio al británico Karim Khan, hizo un
examen preliminar de la situación de los derechos humanos en Venezuela y
llegó «a la conclusión de que la información disponible proporciona una base
razonable para creer que desde, al menos, abril de 2017 autoridades civiles,
miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido
crímenes de lesa humanidad», entre ellos, la tortura. Ese reporte abre
puertas para un posible encausamiento, ante la justicia penal internacional,
de responsables del Estado venezolano y de sus aparatos armados.



Vieja práctica



La tortura en Venezuela «es una práctica que tiene muchos años, y no solo la
comete la DGCIM, uno de los organismos más señalados en los últimos cuatro
años, sino también el Servicio Bolivariano de Información (la Policía
política), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (la Policía judicial), que tiene muchos años practicándola,
y se han sumado Policías regionales y municipales», dijo a Brecha Marino
Alvarado, quien ha sido coordinador del Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), posiblemente la más
reconocida ONG de derechos humanos en el país.



En el siglo XX, las dictaduras militares de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y
Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) practicaron la tortura contra los detenidos
políticos y, en los años sesenta y setenta, lo hicieron unidades militares y
policiales que combatían a las guerrillas izquierdistas. En paralelo, fue
avanzando la práctica, por parte de las Policías a cargo de combatir los
delitos comunes, de torturar a los detenidos para arrancarles confesiones o
para infligirles castigos, lo que, junto con los tratos inhumanos y
degradantes, se hizo pan de cada día en las prisiones y comisarías. El
resultado fue una suerte de institucionalización de esa práctica, que
acompañó muchas veces a las ejecuciones extrajudiciales en las redadas o
razias policiales y a la represión en las cárceles, que condujo a motines,
varias veces saldados con decenas de muertes.



Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, la represión por razones
políticas amainó, pero resurgió después de las manifestaciones estudiantiles
de 2007. Y, tras la muerte del carismático líder, en 2013, se incrementaron
las facultades, la organización, el número de efectivos y el equipamiento de
las fuerzas del orden, y se crearon unidades de comandos señalados por ONG
humanitarias como perpetradoras de múltiples violaciones a los derechos
humanos.



Maduro, quien gobierna desde entonces, ha denunciado, develado y superado
complots para derrocarlo o asesinarlo, y en ese contexto se mantiene a
cientos de civiles y militares como presos políticos –con frecuencia salen
algunos y se aprehende a otros, en una especie de puerta giratoria–. De allí
emanan constantes denuncias de torturas y tratos inhumanos (como no
permitirles a los presos políticos el acceso a una oportuna atención médica
en plena pandemia, por ejemplo), a las que las entidades internacionales de
derechos humanos agregan las denuncias de los crímenes perpetrados contra
los presos «comunes».



Cifras y golpizas



Entre 2013 y 2020, el Provea contabilizó 1.267 casos de tortura y la muerte
de 76 personas por haber sido torturadas. De estos fallecimientos, 23
ocurrieron en 2019 y cuatro en 2020, cuando también disminuyeron las cifras
de otras violaciones a la integridad personal (lesiones, tratos crueles,
amenazas, allanamientos ilegales de hogares), que afectaron a 2.700 víctimas
en vez de a las 5.200 de 2019. Pero el Provea advierte la probabilidad de un
subregistro, porque, junto con las situaciones derivadas de la pandemia y el
persistente miedo de las víctimas a denunciar, están la opacidad oficial y
el desplome de la prensa independiente para ventilar las denuncias. Por
ello, la organización considera que, en general, se mantienen para estas
violaciones «los promedios de la era Maduro».



La mayoría de las lesiones infligidas a las víctimas consisten en golpes,
patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación,
peinillazos (golpes con la hoja de un machete) e insultos, según el Provea.
Familiares de internos en una cárcel de Barquisimeto, en el centrooeste del
país, denunciaron que a los presos se los castiga de madrugada con palizas y
colgándolos cabeza abajo con un artefacto que denominan la grúa. Las listas
de ejecutores de violaciones las encabezaron el año pasado el cuerpo de
vigilantes penitenciarios y los comandos de las Fuerzas de Acciones
Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. En 2016 y 2017, el mayor
número de casos se atribuyó a organismos militares y comandos policiales. A
comienzos de julio, Bachelet dijo que este año su oficina «continúa
recibiendo denuncias de torturas y tratos crueles» contra personas detenidas
en Venezuela.



Las mujeres



A la fecha, según el Foro Penal, una red de abogados que defiende a presos
políticos, en Venezuela hay 259 detenidos por razones políticas, de los que
133 son militares. Hay un adolescente y 15 son mujeres. Los familiares
denuncian que, como muchas otras detenidas, las presas por razones políticas
han sido víctimas de agresiones, amenazas e insultos. Un caso destacado es
el de Emirlendris Benítez, detenida en las llanuras al suroeste de Caracas
en agosto de 2018, acusada de participar en un intento de magnicidio contra
Maduro. Estuvo presa en la DGCIM y permanece en la cárcel de mujeres de Los
Teques, cerca de Caracas. Una hermana denunció que «sufrió torturas que le
provocaron un aborto», según se enteró al cabo de meses sin saber de la
detenida, quien ahora también padece de una hernia y otras dolencias.



En marzo, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente de
Determinación de los Hechos de la ONU, dijo que su equipo investigaba
«denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las de actos de
violencia sexual y de género contra las personas detenidas». Estudios de la
ONG Observatorio Venezolano de Prisiones señalan que las mujeres –2.300 de
los 57 mil presos en este país de 28 millones de habitantes– a menudo son
víctimas de extorsión por parte de custodios y lideresas negativas en las
cárceles, forzándoselas a intercambiar sexo por protección o acceso a
suministros esenciales como agua, alimentos, productos de higiene o atención
médica.



Réplica



En febrero, ante la Asamblea Nacional (Parlamento), el fiscal general de
Venezuela, Tarek Saab, defendió el trabajo de su despacho para encarar los
crímenes que padecen los detenidos, pues en el período 2017-2020, dijo,
«fueron acusados 1.019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio,
tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima
de libertad y violaciones de domicilio. En el 16 por ciento de los casos
hubo condenas». Además, Saab ofreció colaboración a la CPI. En cambio,
calificó como un «panfleto» ofensivo a la institucionalidad venezolana los
informes de la Misión de Determinación de Hechos y acusó a sus integrantes
de recibir sobornos de gobiernos enemigos del de Caracas.



En 2013, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialista Partido
Socialista Unido, adoptó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la
Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada por
Maduro. Creó una comisión nacional estatal para prevenir la tortura,
adscrita a la Defensoría del Pueblo (que integra uno de los cinco poderes a
la cabeza del Estado), le asignó amplias funciones en ese campo y dispuso
penas de entre 15 y 25 años para los funcionarios que fueran hallados
culpables de tortura.



Evidentemente, la norma ha quedado en el papel. La oficina de Bachelet
señaló hace tres meses, por ejemplo, que entre junio de 2020 y abril de 2021
no logró conocer ninguna acción de esa comisión nacional. La Defensoría del
Pueblo tampoco se moviliza ante las denuncias de tortura, según
organizaciones de derechos humanos, a pesar de que su titular, Alfredo Ruiz,
condujo durante años la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, impulsora
de la ley contra la tortura.



El drama sigue



«La mejor prevención es sancionar a los responsables de la tortura, lo que
prácticamente no se hace», lamenta Alvarado. Pero, además, señala que ese
lunar en la vida venezolana se expande con hechos como la existencia, según
denuncias recogidas por organizaciones de derechos humanos, de centros o
casas clandestinas para la práctica de la tortura por parte de algunos
organismos de seguridad. Otras denuncias refieren, con por lo menos un caso
documentado, que algunos grupos paraestatales alineados con el oficialismo,
los autodenominados colectivos, han practicado por su cuenta detenciones
arbitrarias durante semanas, acompañadas de torturas, de personas de
tendencias políticas rivales. Muchos de estos colectivos son agrupaciones
solo de trabajo político y comunitario, pero algunos exhiben su condición de
grupos armados y controlan la vida de vecindarios enteros en Caracas y otras
ciudades.



Alvarado también lamentó recibir denuncias de casos en los que fiscales y
jueces presencian torturas a detenidos o se enteran de ellas y hacen la
vista gorda, a despecho de que la ley dispone castigar con entre 13 y 23
años de cárcel al funcionario que sea cómplice de ese delito. Y, finalmente,
reconoce que la tortura adquiere visibilidad cuando sus víctimas son
detenidas por razones políticas, pero casi nunca cuando lo son por delitos
comunes, lo que explica de forma parcial la indiferencia de gran parte de la
población –por lo demás, en el caso de Venezuela, sumida y absorta en una
superposición de crisis económica, política, social y migratoria– a este
drama.



Sin embargo, el tema ya se ha instalado en los radares de los sistemas
internacionales de derechos humanos. Se trata de delitos que no prescriben y
pueden dar lugar a un proceso penal contra responsables del Estado
venezolano.

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