Colombia/ Cinco años del Acuerdo de Paz: un flagrante incumplimiento. [IPS]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de octubre 2021

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Colombia



Cinco años del Acuerdo de Paz en Colombia: un flagrante incumplimiento



Aunque se han hecho algunos avances, hay temas clave gravemente descuidados.
No hay voluntad política, y las cifras de atención a las víctimas y
asesinatos de excombatientes son alarmantes.



Inter Press Service (IPS), 13-10-2021

https://ipsnoticias.net/



A cinco años de su histórica firma, el Acuerdo de Paz  de Colombia arrastra
los pies. Reforma rural, lucha contra el narcotráfico o garantías para los
excombatientes, estos son algunos de los puntos clave que están demasiado
lejos de haberse cumplido.



Excombatientes de las FARC-EP e instituciones internacionales se han unido
para denunciar el flagrante incumplimiento del Acuerdo por parte del
ejecutivo de Iván Duque, pero él lo achaca a lo que según él fue la
fragilidad de la paz que se firmó, sin ofrecer nada más que excusas e
inoperancia muestra de una clara falta de voluntad política para la
implementación.



¿Será esta negligencia la que abra un nuevo ciclo de violencia en Colombia?



La respuesta es incierta, puesto que los grupos interesados en esa dinámica
perversa siguen fuertes en el país. Después de casi dos años de pandemia, en
Colombia la insatisfacción social es creciente, como se vio en las protestas
masivas de comienzos de este año, que lograron tumbar una reforma tributaria
y que exigían que el gobierno respondiera por la crisis económica, de salud
y cultural del país, y que acabaron desgastándose fruto de la represión
brutal y sangrienta del gobierno y de la falta de avances reales en la
negociación.



Las cifras no mienten



Tras un 2017 prometedor, la violencia volvió a aumentar considerablemente a
partir de 2018.



Desde 2006, según cifras del Instituto de Estudio para el Desarrollo y la
Paz (Indepaz) han sido asesinados 1,241 líderes sociales y 286
excombatientes de las FARC. Frente a esta realidad, Naciones Unidas hizo un
llamado urgente al presidente Iván Duque en 2021 para que implementara el
Acuerdo y les asegurara, tanto a los excombatientes como a los líderes
sociales, una seguridad que hasta el momento no existe.



En su paso por la 76 Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA 76), Duque,
quien en campaña prometía derrumbar el Acuerdo, afirmó que es un Acuerdo
frágil, aunque con progresos significativos en algunas áreas, como la
reincorporación de quienes están volviendo a la legalidad. Sin embargo, gran
parte de los líderes son asesinados por temas relacionados con cultivos
ilícitos, sustitución de cultivos, tenencia de la tierra, defensa del medio
ambiente y de sus campos; todos temas incluídos en el Acuerdo.



Miguel Samper Strouss, director de la Agencia Nacional de Tierras entre 2016
y 2018, dijo, “El presidente Iván Duque habla con cinismo frente al mundo
sobre el ‘débil’ Acuerdo de Paz: con más de 1,000 líderes asesinados, con el
estancamiento del tema de tierras, hundiendo los jueces agrarios, con las
objeciones a la JEP… El débil es un presidente incapaz de manejar el país”.



El partido Comunes, conformado por excombatientes reinsertados desde el
Acuerdo de Paz, afirmó que hay una flagrante violación del gobierno Duque
del Acuerdo, en particular en los puntos de las garantías de seguridad, y
que la afirmación del presidente es una afrenta a los avances reales de la
implementación del Acuerdo, que tiene una cifras desalentadoras.



De avances poco, casi nada



Según el quinto informe del Instituto Kroc, instituto para estudios
internacionales de paz que hace parte de la Escuela Keough de Asuntos
Globales de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, la
implementación del acuerdo avanzó solo dos puntos porcentuales entre
noviembre de 2019 y noviembre de 2020, pasando del 26% al 28%. Cifra baja,
si se tiene en cuenta que el pacto se firmó hace cinco años.



Por otro lado, según el último informe de seguimiento de la implementación
del Acuerdo presentado en enero de 2021 por senadores y representantes
independientes y de la oposición, aparte del incremento en asesinatos de
líderes sociales y excombatientes, y de los temas de reparación a las
víctimas y dotación de tierras, el gobierno tardará decenas de años en
indemnizar a todas las víctimas.



Para enero de 2021, solo se había indemnizado al 15% de la población que fue
víctima del conflicto. Por otro lado, solo se ha asignado el 0.08% de las 3
millones de hectáreas que se tienen previstas en el Fondo de Tierras, el
mecanismo que se creó para implementar la Reforma Rural Integral.



Algunos puntos que se consideran avances, son la desmovilización total de la
guerrilla, junto con la entrega total de las armas; la creación del partido
político de las FARC, llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
que fue renombrado como Comunes; y la creación de instituciones a partir del
Acuerdo como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz.



En su discurso en Naciones Unidas, Duque también resaltó los avances del
Acuerdo hecho por su gobierno. Afirmó que, “Gracias, también, a nuestro
compromiso con los planes de desarrollo con enfoque territorial [PDET] y la
atención a las zonas más afectadas por la violencia, la Defensoría del
Pueblo de Colombia ha destacado que en los tres años de nuestro gobierno, se
ha avanzado más que en los primeros 20 meses de la implementación”.



Lo anterior, sin embargo, es cuestionable. El mismo Instituto Kroc, en su
informe, asegura que frente al punto 2 del Acuerdo, que hace referencia a la
participación política, hay retrasos serios: "persiste el estancamiento en
los compromisos que permitirían avanzar hacia reformas para la ampliación y
profundización de la democracia, en parte por falta de consenso políticos”.



Para Camilo Gonzalez Posso, director de Indepaz, la situación del Acuerdo es
crítica y el gobierno, en vez de avanzar con lo pactado, ha avivado lo que
Posso llamó: "dinámicas de guerra, discursos de odio y desconocimiento de la
legitimidad de los acuerdos”.



Daniel Cano, coordinador político del Instituto Kroc, afirmó que el informe
también muestra que los avances para crear infraestructura que mejore las
condiciones de vida de la población rural, así como la creación de proyectos
que permitan diversificar y comercializar rubros agrícolas diferentes a los
cultivos ilícitos, son insuficientes.



El reporte enfatiza, además que, en lo que se refiere al Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), solo el 5.3% de las
familias vinculadas al programa cuentan con un proyecto productivo que les
permita no subsistir de los cultivos ilícitos. Asimismo, sólo en 66 de los
177 municipios más afectados por la violencia en Colombia se reportaron más
hectáreas erradicadas que sembradas.



Además, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó
que la producción de droga aumentó de forma sostenida y que, entre 2018 y
2021, alcanzó cifras entre las 1,200 y 2,000 toneladas en Colombia.



Y lo más preocupante: según el Registro Único de Víctimas de Colombia, entre
2016 y 2021, se han contabilizado 864,815 nuevas víctimas del conflicto.
Solo la dimensión de esta cifra es escalofriante y haría dimitir a cualquier
gobierno decente y democrático.



En 2016 Colombia firmó un Acuerdo de Paz, pero 5 años después la falta de
voluntad política para su implementación es gravísima. Colombia es hoy un
país otra vez prácticamente en situación de guerra, donde mueren los que
defienden a las comunidades y sus derechos, donde los desmovilizados no
tienen suficientes oportunidades, donde proliferan las masacres y los grupos
armados irregulares, que actúan impunemente, donde el narcotráfico sigue
operando apoyado por grandes intereses económicos,y donde las víctimas no
reciben nada.



¿Qué más tiene que pasar para que el gobierno reaccione? (Artículo publicado
en Democracia Abierta, 13-10-2021: https://www.opendemocracy.net/es/)

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