Perú/ Pedro Castillo, sin paz en el palacio. [María Sosa Mendoza]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de setiembre 2021

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Perú



Pedro Castillo, sin paz en el palacio



El presidente peruano ya ha tenido que lidiar con escándalos, con
acusaciones de cercanía de sus colaboradores a Sendero Luminoso y con la
renuncia de un ministro clave. Y aunque la oposición de derecha torpedea al
maestro, la semana pasado ha logrado el voto de confianza del Congreso a su
gabinete.



María Sosa Mendoza *

Nueva Sociedad, agosto 2021

https://nuso.org/



Después de su victoria en las elecciones presidenciales peruanas, en las que
se enfrentó a una de las contracampañas más imponentes de los últimos
tiempos –que reunió a los grandes medios de comunicación, al grueso de la
clase política y a los sectores empresariales–, Pedro Castillo ha tenido que
lidiar, básicamente, con grandes derrotas: su bancada no logró tener un
puesto en la mesa directiva del Congreso ni la presidencia de las comisiones
estratégicas para facilitarle su labor en el Poder Ejecutivo. Tan solo 19
días después de haberse juramentado en el cargo, su ministro de Relaciones
Exteriores, Héctor Béjar, se vio forzado a renunciar en medio de un
escándalo político desencadenado por sus declaraciones sobre el terrorismo
en el país.



El Congreso de la República acaba de otorgarle el voto de confianza a su
primer gabinete ministerial, por lo que este podrá continuar en funciones.
No es poco, pero lo que en el pasado habría significado el apoyo de los
parlamentarios a los ministros designados y, por ende, una relativa calma
para el gobierno, hoy no necesariamente es así. Se han añadido otras
variables al cálculo político de los congresistas.



Después de concedida la confianza, una de las bancadas opositoras anunció
que el siguiente paso sería la censura de varios ministros. «Vamos a acabar
uno por uno», manifestaron miembros de Renovación Popular. No se sabe a
ciencia cierta si eso podría ocurrir, mas la salida de uno de ellos, el
ministro de Trabajo, se encuentra casi asegurada.



El comienzo de Castillo



En su primer mensaje a la nación, después de asumir la Presidencia para el
periodo 2021-2026, Castillo extendió la invitación que había hecho a los
sectores opositores diez días atrás, a poco de ser declarado oficialmente
ganador de la segunda vuelta electoral. «Invoco a nuestros contendores
políticos, a la lideresa de Fuerza Popular [Keiko Fujimori], a que no
pongamos más obstáculos para sacar adelante a este país. Bienvenidos a este
espacio para hacer un gobierno de todos los peruanos (...) Compartiremos
juntos esta lucha para un Perú más justo y digno», dijo el mandatario.



Su discurso fue considerado consensual. No dejó sus ideas de cambio, pero
garantizó que todo lo hará dentro del marco constitucional vigente. El
presidente se comprometió incluso a que la iniciativa de una Asamblea
Constituyente para redactar una nueva Carta Magna –una de sus propuestas de
campaña más polémicas– pasaría por el Congreso. La situación pareció cambiar
un día después, cuando hizo juramentar al presidente del Consejo de
Ministros. La elección de Guido Bellido, congresista oficialista y
ex-secretario general regional de Cuzco del partido Perú Libre, fue toda una
sorpresa, incluso para los ministros que conformaron su gabinete ministerial
horas más tarde.



Los medios no tardaron en dar a conocer los antecedentes más cuestionables
del nuevo primer ministro. Bellido se encuentra en medio de una
investigación preliminar por el delito de apología al terrorismo. Además,
varias de las frases que escribió en sus redes sociales años atrás
–viralizadas rápidamente– pusieron de manifiesto su homofobia.



En los medios, el «gabinete Bellido» comenzó a ser llamado «gabinete de
choque». Se sostenía que antes de su conformación ya había causado un choque
y pretendía producir otro. El primero era interno: la negativa inicial de
Aníbal Torres y Pedro Francke, los voceados ministros de Justicia y de
Economía, respectivamente, a asumir sus cargos tras enterarse de quién
presidiría el Consejo de Ministros. El segundo era el choque externo y el
supuesto motivo central de su nombramiento: forzar al Congreso a negar la
cuestión de confianza. En ese caso, el artículo 134 de la Constitución
peruana faculta al presidente de la República a disolver el Congreso si este
niega en dos ocasiones las cuestiones de confianza solicitadas por el Poder
Ejecutivo. Según la tesis, con sus peculiares designaciones, Castillo
buscaba poner contra las cuerdas a los parlamentarios.



Lo cierto es que esa sofisticada estrategia nunca existió, aunque en la
práctica negar la confianza significaba acercarse a una posible disolución.
El «gabinete de choque» fue más bien el intento de conformar un gabinete de
consenso entre las diferentes izquierdas. El primer altercado sacaba a
relucir los matices y discrepancias entre ellas. Torres y  Francke se
juramentaron finalmente como ministros un día más tarde que el resto,
después de una intensa negociación. Francke –quien fue, durante la segunda
vuelta presidencial, la carta de garantía de Castillo ante los sectores que
lo veían como un peligro para la estabilidad macroeconómica– lo hizo con un
pin en su solapa en el que se leía «Igualdad»; asimismo, en un tuit
publicado un día después de asumir el cargo, se comprometió a apoyar «una
lucha firme contra el senderismo asesino».



La configuración del «gabinete Bellido» fue la siguiente: Perú Libre, el
partido de gobierno, obtuvo la presidencia del Consejo de Ministros y dos
ministerios más; Nuevo Perú, el movimiento liderado por Verónika Mendoza,
obtuvo dos carteras; Juntos por el Perú obtuvo una, al igual que el Frente
Amplio y Renacimiento Unido Nacional. Fueron incluidos, además,
representantes de diferentes sindicatos y organizaciones sociales. Por
ejemplo, el dirigente magisterial Iber Maraví, perteneciente a la facción
opositora al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú
(SUTEP), fue designado en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, y
Víctor Maita, secretario de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru
de Cusco (FARTAC), obtuvo la cartera de Desarrollo Agrario y Riego. Se
sumaron, también, personajes reconocidos en la izquierda peruana, como el
sociólogo Héctor Béjar y varios independientes cercanos al presidente.



Los cuestionamientos de la prensa y de los sectores opositores al gobierno
pueden separarse en dos. Por un lado, se critica a algunos ministros por su
poca experiencia en su área o porque, a pesar de tenerla, no son
considerados aptos para asumir esa responsabilidad. Se le han formulado este
tipo de críticas al ministro de Defensa Walter Ayala, abogado y
ex-presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima, quien
a la hora de asumir funciones tenía un desconocimiento total del sector.
Otro ministro que ha sido blanco de críticas es Juan Silva, a cargo de
Transportes y Comunicaciones, a quien se lo vinculó con una empresa de
transportes multada por prestar servicios de manera informal. Desde esta
cartera, además, se han realizado cuestionables nombramientos, algunos de
los cuales, ante el escándalo mediático, fueron dejados sin efecto.



Por otro lado, se encuentran las críticas motivadas por el rechazo a las
ideologías políticas de los ministros. Como ya se mencionó, Castillo ha
logrado aglutinar en su gabinete a todo el espectro político de izquierda,
en medio de un panorama de polarización, en el que las fuerzas de derecha
–que durante la segunda vuelta promovieron un discurso anticomunista en
contra de su candidatura– se encuentran reunidas en el Congreso. Esta
pluralidad de izquierdas trae al escenario nacional posturas políticas que
nunca antes habían tenido voz, que han sido marginadas por el radicalismo de
su discurso e, inclusive, señaladas como terroristas.



Las acusaciones sobre Sendero Luminoso



«Ministro de Trabajo tiene nexos con Sendero Luminoso» fue la «primicia» de
un diario de circulación nacional solo dos días después de la juramentación
de los ministros. Se trataba de Iber Maraví, dirigente magisterial de
Ayacucho, quien años antes había acompañado a Castillo en las huelgas
nacionales de su gremio. A Maraví se lo acusa de ser uno de los fundadores
del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP (Conare),
una facción contraria al sindicato oficial de maestros que, según apunta la
Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú, es el
«segundo brazo político» del grupo subversivo Sendero Luminoso.



Pero el escándalo mayor es la investigación preliminar por el supuesto
delito de apología al terrorismo que afronta el presidente del Consejo de
Ministros. Las diligencias fiscales se iniciaron en abril –durante la
campaña por la segunda vuelta–, a partir de unas declaraciones que brindó en
una entrevista televisiva, cuando fue consultado por una publicación que
realizó en su cuenta de Facebook en 2017 en la que le rendía homenaje a
Edith Lagos, una joven integrante de Sendero Luminoso muerta a inicios del
conflicto armado interno y que tuvo un funeral multitudinario en Ayacucho.
«Sendero Luminoso fue un conjunto de peruanos que tomó un camino con el que
discrepamos, un camino por el que quisieron tomar el poder por la fuerza
(...). Han tenido acciones terroristas, y las acciones terroristas las han
tenido tanto Sendero Luminoso como las Fuerzas Armadas», esgrimió Bellido en
esa oportunidad.



Los escándalos generados a partir de estos hechos han debilitado al gobierno
de Castillo. Por un lado, ha perdido a aliados que había conseguido en el
Congreso y, por el otro, ha recibido ataques por parte de la oposición
parlamentaria, que impulsó –sin lograr llevarlas adelante– mociones para
declarar como «acto inmoral» del presidente Castillo el haberlos designado
como ministros, lo que trae al debate público, una vez más, el polémico
artículo 133 de la Constitución sobre la vacancia presidencial por la causal
de «permanente incapacidad moral».



La oposición ha aprovechado la situación para golpear constantemente al
Poder Ejecutivo. Y ha tenido éxito. Según un estudio de opinión de IPSOS del
mes de agosto, 57% de los encuestados (entre quienes sostenían que había
«alguna presencia» y una «amplia presencia») consideraba que había presencia
de simpatizantes de Sendero Luminoso o del Movimiento por la Amnistía y
Derechos Fundamentales (Movadef) en el gobierno. 83% consideraba que todo
aquel que simpatizara con el grupo subversivo debía ser retirado del
gobierno.



Según las acusaciones, la cercanía del gobierno con el Partido Comunista del
Perú-Sendero Luminoso se encontraría tanto en el magisterio, vinculado
directamente al pasado sindical del presidente, como en la ideología de
izquierda radical que representaría Perú Libre. Revisemos, brevemente, estos
dos frentes.



El sindicato de maestros



Desde que Castillo acaparó la atención de la política nacional en 2017 como
dirigente de la huelga magisterial de 75 días que fue acatada por más de 70%
de los maestros del servicio público a escala nacional, fue acusado de tener
vínculos con Sendero Luminoso. «Tenemos un problema serio. Hay una pequeña
minoría de dirigentes del magisterio que tienen una vinculación evidente,
que está documentada, con Sendero Luminoso», alertó en ese entonces el
ministro del Interior, señalando –entre otros dirigentes– a quien hoy ocupa
el sillón presidencial.



La prueba que incriminaba a Castillo y a otros líderes docentes era su
supuesta pertenencia al Conare, una facción del magisterio disidente del
SUTEP y seguidora del marxismo ortodoxo que, como ya adelantamos, es una más
de las varias contrarias a la dirección del sindicato oficial de maestros.
La línea ideológica clasista fue la que hizo que los profesores de la
izquierda más radical se agruparan en el Conare, entre ellos algunos
ex-militantes de Sendero Luminoso que, tras cumplir sus condenas por delitos
de terrorismo, buscaban reintegrarse a la sociedad.



Después de grandes huelgas lideradas por un miembro del Conare a espaldas
del sindicato oficial –entre 2003 y 2007–, el gobierno y los medios de
comunicación empezaron a señalar una infiltración senderista en el
magisterio a la que hacían responsable de azuzar a los maestros. La prueba
del gobierno para acusar al Conare como el organismo infiltrado que responde
a Sendero Luminoso llegó en 2011, en ocasión del intento de inscribir como
partido político oficial al Movimiento por la Amnistía y Derechos
Fundamentales (Movadef).



El Movadef es una organización fundada en 2009 por los abogados de Abimael
Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, que pretende, entre sus objetivos
centrales, impulsar la consigna de la facción de Sendero Luminoso que en
1992 dejó las armas y apostó por un acuerdo de paz: «Solución política,
amnistía general y reconciliación nacional». «Quienes han terminado con su
sentencia tienen derecho de participar en la vida política del país», señaló
uno de los defensores legales de Guzmán  al momento de anunciar la creación
del movimiento político. Pero esto no se concretó. El Jurado Nacional de
Elecciones rechazó la solicitud argumentando que el
«marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo» que seguía la agrupación
implicaba «actos violentos contrarios a la Constitución Política del
Estado».



De las 350.000 firmas presentadas para que el Movadef se constituyera como
un partido político, 4.819 fueron de profesores. Un trabajo de inteligencia
de la Policía pudo determinar cuáles eran los miembros orgánicos del que
empezaron a llamar «brazo legal de Sendero Luminoso». Varios de los
ex-sentenciados por delitos de terrorismo eran integrantes del Movadef y, al
mismo tiempo, del Conare, lo que llevó a la tesis oficial de que este último
era un intento de Sendero Luminoso de infiltrarse en el magisterio. Pero,
como señala el periodista e investigador Gerardo Saravia, «si se tiene en
cuenta que los activistas orgánicos del Movadef presentes en el magisterio
no llegan a 15, aquella tesis resulta poco creíble».



En 2017, los grupos contrarios al sindicato oficial de maestros deseaban
iniciar una huelga magisterial; se acababa de aprobar una ley que establecía
nuevos requisitos para continuar en la carrera pública docente, rechazada
unánimemente por el gremio. Pedro Castillo fue elegido como el representante
de todos los maestros de base para la huelga nacional. Esta vez el dirigente
no pertenecía al Conare, pues los maestros sabían que de lo contrario se
intentaría deslegitimar sus demandas. Sin embargo, el Conare y algunos de
sus miembros, también pertenecientes al Movadef, apoyaron al profesor
Castillo.



¿Un discurso apologético?



Las respuestas que dio Bellido en una entrevista a un programa regional
propiciaron que se le iniciara una investigación preliminar, ya que –según
se lee en el documento sustentatorio de la Fiscalía– no calificó a los
senderistas «como terroristas, sino como peruanos que se equivocaron, es
decir, como cualquier tipo de error que comete una persona común, por lo
cual tienen derechos como todos».



Desde los inicios del conflicto armado interno en la década de 1980 y
conforme fue creciendo la violencia política, distintos sectores acusaron a
la izquierda legal de ser «fachada del terrorismo». Con el retorno de la
democracia en el año 2000, ese manto de sospecha no se desvaneció. A pesar
de que hace más de dos décadas no se registra ningún atentado contra el
Estado peruano y que no existe ningún grupo subversivo en actividad, en la
actualidad se hace uso de estos miedos para golpear a los candidatos
antisistema, especialmente durante las campañas electorales. A Ollanta
Humala, ni su condición de ex-militar ni su rechazo a ser considerado un
candidato de izquierda lo eximieron de esta clase de señalamientos durante
sus dos candidaturas en 2006 y 2011. Verónika Mendoza recibió los mismos
ataques en sus campañas de 2016 y 2021. Las réplicas a estas acusaciones son
constantes condenas y rechazos categóricos a Sendero Luminoso y al
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).



Memoria y cercanía



En su libro Sobre héroes y víctimas, el crítico literario Juan Carlos
Ubilluz identifica tres discursos sobre el conflicto armado interno en la
sociedad peruana: el «discurso de la seguridad nacional», que sostiene que
durante las décadas de 1980 y 1990 el país sufrió una arremetida terrorista
y que fueron las fuerzas del orden las que nos libraron de ella; el
«discurso subversivo» –hoy minoritario–, que sostiene que durante dos
décadas se libró una guerra revolucionaria que, finalmente, fracasó; y lo
que denomina el discurso del «giro ético», una postura crítica frente a las
dos antes mencionadas, que denuncia y rechaza las malas conductas
humanitarias tanto de los grupos insurgentes como de las fuerzas estatales.
Para Ubilluz, el giro ético es el asumido por la izquierda peruana. Sin
embargo, esa izquierda a la que se refiere es la que en el programa de Perú
Libre se denomina despectivamente «izquierda capitalina»: la izquierda
reformista que, hasta la sorpresiva llegada de Castillo al poder, era la
única con presencia en la política nacional.



Perú Libre se califica como «una corriente izquierdista provinciana, [que
comenzó] como movimiento regional para luego constituirse en un partido de
alcance nacional». Y, efectivamente, su desarrollo político se encuentra más
localizado en las regiones y en los sindicatos, espacios con dinámicas y
códigos diferentes, en los que, después de dos décadas del fin del
conflicto, se convive con quienes en el pasado se levantaron en armas. No es
la primera vez que aparece en la política peruana una postura no
deshumanizadora con los ex-condenados por terrorismo. Sin embargo, hoy es
difícil erradicarla del debate público como otras veces en el pasado.



Si bien esto ha motivado que un reducido sector discuta sobre la reinserción
social de los condenados por terrorismo y hasta sobre la necesidad de
descriminalizar al Movadef, los ataques al gobierno por parte de los
políticos opositores y de los grandes medios de comunicación que durante la
campaña de segunda vuelta realizaron una cobertura en contra del candidato
de Perú Libre no hacen del presente el escenario más propicio para este
debate.



¿La fuerza suficiente?



Castillo cumple su primer mes de gobierno con 38% de aprobación. Son 15
puntos menos que el mes pasado, por lo que no parece tener la fuerza
suficiente para sostener los nombramientos que generan más cuestionamientos
entre la opinión pública. Sin embargo, tampoco hay una estrategia para
hacerlo. Era fácil suponer que las designaciones de Bellido, Maraví y  Béjar
causarían una gran oposición, pero el Poder Ejecutivo optó por mantenerse
silente ante los ataques a sus ministros.



La renuncia de  Béjar al Ministerio de Relaciones Exteriores es consecuencia
de ese comportamiento. Si bien su pasado como guerrillero en el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) hizo que varias voces lo criticaran desde que
asumió la Cancillería, el escándalo que motivó su salida fueron unas
declaraciones sacadas de contexto por un medio de comunicación. Béjar fue
acusado de haber responsabilizado a la Marina de Guerra del Perú del inicio
del conflicto armado interno, debido a que en un evento de noviembre de 2020
manifestó que «el terrorismo en el Perú lo inició la Marina y eso se puede
demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA». El
escándalo fue mayúsculo, a punto tal que la Marina de Guerra, sin consultar
al ministro de Defensa, publicó un comunicado deplorando estas afirmaciones
y le envió una carta notarial en la que le solicitó que rectificara lo
dicho. En realidad, la afirmación de Béjar aludía a los atentados contra
diplomáticos y algunos almirantes que apoyaban a Juan Velasco Alvarado,
ocurridos durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, en la
década de los 70. Varios historiadores ampliaron el tema después de que
Béjar renunciara.



El Ejecutivo pudo haber sorteado este inconveniente sin problema, pero nunca
emitió un pronunciamiento oficial ni coordinó alguna defensa para el
canciller con los miembros del gabinete ministerial, quienes ignoraron el
escándalo o se limitaron a «deslindar del terrorismo de Sendero Luminoso»,
pasando por alto las explicaciones de quien hasta ese momento ocupaba la
cartera de Relaciones Exteriores.



Después de su salida, Béjar Rivera manifestó a diferentes medios de
comunicación que el premier Bellido le solicitó su renuncia. Él estaba
dispuesto a aceptar la invitación que el Parlamento le había hecho con el
fin de que aclarara sus expresiones, pero el Ejecutivo no le dio la
oportunidad. En su reemplazo fue nombrado Óscar Maúrtua, un diplomático de
carrera que estuvo a cargo del mismo sector durante el gobierno de Alejandro
Toledo. La designación ha causado riñas internas en el gobierno y el rechazo
total de la izquierda peruana, pues Maúrtua es visto como representante del
continuismo en la política exterior.



«El nuevo canciller, Óscar Maúrtua De Romaña, no representa el sentir de
Perú Libre. Nuestro Partido es un ente integrador y soberano, apuesta por
una Latinoamérica unida independiente, rechazando cualquier política
injerencista o servil», escribió en su cuenta de Twitter el secretario
general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tras conocerse la noticia.



La decisión del gobierno de retirar a Béjar de la Cancillería ha sido,
probablemente, su más grande error durante estas primeras semanas de
gobierno. Expuso así  su debilidad y sus conflictos internos y permitió que
la Marina ejerciera presión para el retiro de un cargo de confianza, a pesar
de ser una entidad no deliberante y a pesar de que los hechos que le
imputaron al ex-ministro no eran ciertos. Además, perdió a uno de los
ministros con una de las agendas más completas del gabinete: Béjar puso
entre las prioridades de la cartera los temas ambientales y a favor de la
comunidad LGBTI+. Con su retiro, un sector de la izquierda peruana se sintió
agraviado.



El conflicto en Chumbivilcas



Unos días antes del cambio de mando presidencial –aún durante la
administración de Francisco Sagasti–, las comunidades campesinas de
Chumbivilcas, en Cuzco, iniciaron un paro indefinido contra el gobierno y la
empresa minera MMG Las Bambas por un conflicto socioambiental iniciado en
2018.



En la provincia del sur, 96,458% votó por el lápiz. Ante los medios
presentes, los comuneros manifestaron la esperanza de que sus demandas se
resolvieran con la llegada a la Presidencia de Castillo Terrones.



Tan solo cinco días después, el premier Bellido viajó a Chumbivilcas
acompañado de los ministros de Agricultura y de Energía y Minas para
dialogar con la población de la zona. Con un discurso cercano, pasando del
castellano al quechua, Bellido logró que las cinco comunidades levantaran la
medida de protesta, después de comprometerse a solucionar el conflicto en un
lapso de 60 días. Aquello fue visto como un gran logro del gobierno. En
entrevistas, Bellido indicaba que el gobierno abordaría los conflictos
sociales de manera diferente, junto con la población.



Dos semanas después, el reinicio del paro sorprendió a todos. El Frente
Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas emitió un
pronunciamiento en el que informó, entre otras cosas, que la presidencia del
Consejo de Ministros no había cumplido con instalar la mesa de diálogo para
escuchar sus pedidos y tampoco respondía sus llamadas ni sus documentos
oficiales.



Si bien el gobierno actuó rápidamente y logró que los comuneros depusieran
la medida de fuerza después de acordar con ellos la instalación de una mesa
de diálogo, lo sucedido en Chumbivilcas es clave para entender la
complejidad de las bases duras del gobierno. Y es que uno de los más grandes
retos de Castillo en estos primeros meses será manejar las expectativas de
su electorado, que no tiene una fidelidad incondicional y que presenta el
factor decepción a flor de piel.



La victoria de Castillo en las urnas no es un ejemplo de construcción de una
organización partidaria. El masivo apoyo hacia él se debió a la
identificación del electorado («es humilde como yo») y a su promesa de
cambio (opción antisistema), en un país en el que 55% de la población se
percibe como «perdedora» del crecimiento económico de los últimos 30 años.
En ese escenario, reafirmar la confianza de sus bases es esencial, ya que
son los únicos que lo defenderían ante algún intento de sacarlo del poder.



La oposición



El politólogo Carlos Meléndez ha señalado que los comicios para el periodo
2016-2021 mostraron dos fenómenos políticos. En primer lugar, el predominio
de la derecha en Perú, y en segundo, la bifurcación de esta en dos
vertientes: la tecnocrática-liberal y la populista-conservadora,
representadas respectivamente por Pedro Pablo Kuczynski con su partido
Peruanos por el Kambio (PPK) y por Keiko Fujimori con Fuerza Popular.
Efectivamente, desde que Kuczynski obtuvo la Presidencia de la República y
Fuerza Popular la mayoría parlamentaria se inició un periodo de polarización
y confrontación entre los dos poderes del Estado.



La llegada de Perú Libre al escenario político ha logrado unificar a esas
dos derechas, que ahora tienen como objetivo común lo que llaman la «lucha
contra el comunismo». Si bien es cierto que en poco tiempo han existido
varios conflictos internos en el Parlamento que han terminado con la
renuncia de algunos congresistas de las bancadas para las que fueron
elegidos, tales conflictos no cambian mucho el  escenario hostil hacia Perú
Libre, pues las brechas más grandes se encuentran hoy en el eje
izquierda-derecha y el voto en contra de las iniciativas del oficialismo se
mantiene.



La prensa y los líderes de opinión de tendencia más progresista que tienden
a apostar por la gobernabilidad tomaron como una afrenta del gobierno la
configuración del gabinete, por lo que actualmente se pronuncian a favor de
la vacancia presidencial. Ese es uno de los golpes más grandes para el
gobierno, ya que el discurso mediático cada vez adquiere más homogeneidad en
su contra y ello podría legitimar a la oposición.



Otro señalamiento constante de parte de este sector es la supuesta
intromisión del secretario general de Perú Libre en las decisiones del
gobierno. Esta acusación la inició Fuerza Popular durante la segunda vuelta
presidencial y es un peso que el presidente no ha podido sacarse de encima.
Y es que Vladimir Cerrón, médico formado en Cuba que no tiene temor en
llamarse socialista, es un blanco fácil para la campaña anticomunista. La
realidad ha salido a relucir en los últimos días: la relación entre el
presidente y el líder de Perú Libre son tensas. Ha trascendido que, antes
del voto de confianza, Castillo había decidido cambiar a Bellido y a la
mitad de su gabinete, a pesar del rechazo de Cerrón. La lideresa de Nuevo
Perú Verónika Mendoza tuvo que intervenir para evitarlo.



Es importante señalar que el Congreso, de mayoría opositora, no es popular
entre la población: su aprobación es de tan solo 31%. Sin embargo, la
narrativa que impone este sector, en la que hace responsable al nuevo
gobierno de factores que escapan a su control –como la inflación, que
también sufren otras economías de Latinoamérica, y el retraso de la llegada
de vacunas provenientes de China, que también ha causado problemas en
Ecuador–, crea un espacio para la aparición de un liderazgo opositor que aún
no tiene rostro.



Ante este panorama, es válido preguntarse si el programa de gobierno de
Castillo tiene alguna posibilidad de éxito. La respuesta es incierta.
Castillo debe encontrar un equilibrio que le permita mantener a sus bases
satisfechas y que, al mismo tiempo, genere un clima de gobernabilidad
política que le permita reunir las condiciones mínimas para avanzar en una
agenda de cambio. La confianza otorgada al gabinete es un respiro. Una
primera tarea es recuperar el apoyo de los sectores progresistas que tomaron
posición a su favor durante el periodo en el que el fujimorismo y sus
aliados intentaron desconocer los resultados electorales. Pensando a mediano
plazo, esto puede lograrse colocando a cuadros de izquierda con un perfil
técnico en sectores estratégicos; el amplio apoyo a la designación de Pedro
Francke como ministro de Economía es un claro ejemplo de que ello
funcionaría.



En sus próximos pasos, Castillo y su gobierno deben pensar estratégicamente.
La gobernabilidad no tiene por qué significar acercarse al centro o ponerse
en «piloto automático» porque, como ya se preguntó el politólogo Alberto
Vergara, ¿a Ollanta Humala le valió de algo moderarse?



* María Sosa Mendoza es licenciada en Periodismo por la Universidad de Lima.
Escribe para el Instituto de Defensa Legal de Perú y en el periódico La
Plaza. Ha formado parte de la redacción de Perú21.

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