Bolivia/ ¿Golpe o fraude?: 2019 sigue polarizando. [Fernando Molina]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de septiembre 2021

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Bolivia



¿Golpe o fraude?: 2019 sigue polarizando a Bolivia



Los acontecimientos de 2019 siguen dividiendo a los bolivianos, aunque no en
partes iguales. El gobierno de Luis Arce busca sellar la lectura del
derrocamiento de Evo Morales como producto de un golpe de Estado y mantener
en prisión a la ex-presidenta interina Jeanine Áñez. La oposición, que niega
que haya habido golpe, se expresa sobre todo en los medios y redes sociales,
pero su fuerza social se encuentra disminuida.



Fernando Molina *

Nueva Sociedad, septiembre 2021

https://nuso.org/



Bolivia está inmersa en un «debate letrado» del tipo de los que han
acompañado varios momentos críticos de su historia. A principios de este
siglo, por ejemplo, corrieron ríos de tinta sobre la situación de la
industria del gas y la población se dividió entre quienes querían la
nacionalización y quienes la rechazaban. Pero después de que el presidente
Evo Morales la promulgara el 1 de mayo de 2006, el apasionado debate sobre
el futuro del gas quedó suspendido y no se reabrió más.



Hoy el asunto que divide al país es la interpretación de la ruptura violenta
de noviembre de 2019. Para quienes participaron en ella, fue un alzamiento
espontáneo contra una «dictadura» que pretendía perpetuarse por medio de un
fraude electoral. Para el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo
(MAS), fue un golpe de Estado «planificado con varios meses de antelación»,
digitado desde Estados Unidos y operado por el conjunto de la oposición a
Morales. Desde hace meses que esta discrepancia interpretativa y sus
ramificaciones ocupan las primeras páginas de los periódicos, los titulares
de los noticiarios, las tertulias televisivas; son motivo de memes y han
inspirado la publicación de libros de muchos cientos de páginas.



Los dos bandos no son del mismo tamaño y la relación entre ellos no es
simétrica. Hace diez meses, el MAS ganó las elecciones con 55% de los votos
y posee una sólida hegemonía dentro de los sectores subalternos de la
población. Sin embargo, la oposición –es decir, quienes sostienen que no
hubo ningún putch que pueda o deba ser sancionado– agrupa a la mayoría de
los poderes fácticos del país: la elite económica, las iglesias, las
universidades, los colegios profesionales, los medios de comunicación
mainstream, etc. Por eso, quien siga la polémica por los principales
periódicos tendrá la impresión de que el MAS y Evo Morales se hallan
acorralados por sus incongruencias y de que los múltiples juicios que se
están realizando o se quiere iniciar en contra de la ex-presidenta Jeanine
Áñez y sus colaboradores se originan en el abuso de poder.



El mejor ejemplo del posicionamiento de los medios ha sido la recepción del
informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI-Bolivia) que, por un acuerdo entre el Estado boliviano y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó la violencia política
que se produjo en octubre y noviembre de 2019. Este informe señala que se
produjeron violaciones a los derechos humanos tanto en los últimos días del
gobierno de Morales como en la parte inicial de la administración de su
reemplazante, Jeanine Áñez. Considera las últimas más graves que las
primeras, tanto por su dimensión como porque fueron ejecutadas directamente
por las fuerzas de seguridad del Estado. En particular, el informe se
refiere a la masacre de una veintena de manifestantes en el pueblo de
Sacaba, cerca de Cochabamba, y en la zona Senkata de la ciudad de El Alto.
Sin embargo, los periódicos cubrieron la noticia al revés, destacando los
casos en los que los presuntos autores estuvieron relacionados con el MAS,
como un tiroteo en la ciudad de Montero en el que murieron dos manifestantes
de los comités cívicos y una emboscada a un convoy de buses con mineros
opositores que viajaban a La Paz a contribuir al derrocamiento de Morales,
los cuales fueron heridos por disparos de armas de largo alcance. El MAS se
ha defendido a través de la red de comunicación estatal y los pocos medios
privados oficialistas que quedan. Ha atribuido a la prensa un papel político
opositor, lo que fue rechazado por las asociaciones de periodistas.



El debate no es puramente historiográfico, sino que fue activado y está
referido a la investigación judicial de los hechos sucedidos durante el
derrocamiento de Evo Morales. Su contenido se ha tornado muy complejo y
difícil de seguir para los ciudadanos comunes. Se desglosa en varios
enfrentamientos menores y se despliega en diferentes espacios
institucionales. En la Asamblea Legislativa, el oficialismo quiere aprobar
un «juicio de responsabilidades» contra Áñez por las decisiones que tomó
como presidenta del país, entre ellas la represión de las protestas de
Sacaba y Senkata. El obstáculo es que el MAS no cuenta con la mayoría
necesaria de dos tercios del plenario. Le faltan 15 votos. Por su parte, la
oposición afirma que podría aprobar un juicio sobre lo sucedido en 2019
siempre que este incluyese también a Evo Morales, lo que el MAS rechaza.
Este impasse parece muy difícil de superar. Diputados de oposición
denunciaron, sin mostrar pruebas, que se les ofreció sobornos para autorizar
el juicio de responsabilidades. La bancada oficialista lo desmintió.



En el frente de la justicia ordinaria, el MAS inició un proceso contra Áñez
porque supuestamente conspiró y usó métodos terroristas, antes de
convertirse en presidenta, para hacer que Evo Morales saliera del poder. De
este modo, el oficialismo pudo sortear el requisito constitucional de la
autorización de dos tercios de los parlamentarios para enjuiciar a cualquier
ex-mandatario, porque esos delitos habrían sido cometidos antes de ser
presidenta.



Áñez está presa desde hace seis meses por esta causa, igual que dos de sus
antiguos ministros y los jefes militares que pidieron la renuncia del
presidente Morales. La implicación de la ex-presidenta en ese proceso es
fuertemente objetada por la oposición y los medios. Se la considera una
argucia para meterla en prisión –y quizá condenarla– que en realidad se
funda en la falta de una mayoría calificada para procesarla por la vía
parlamentaria por los delitos que pudiera cometer desde la presidencia.



En el medio año que se encuentra en prisión, Áñez ha sufrido un deterioro
físico y anímico que el gobierno del presidente Luis Arce no ha querido
paliar permitiéndole trasladarse a una clínica. En el pasado, este era el
tratamiento que se dispensaba a personajes importantes que podían costearse
una larga internación hospitalaria. Por otra parte, los jueces y fiscales
–muy cuestionados por su tendencia a cumplir los deseos de los miembros del
Poder Ejecutivo, sin importar cuál sea el signo político de este– rechazaron
todos los recursos legales que planteó la defensa de Áñez. Aparentemente,
esto fue lo que causó que la ex-presidenta se deprimiera y se autolesionara
en la madrugada del 21 de agosto, pocas horas después de que el GIEI-Bolivia
presentara su informe. Según su entorno, quiso quitarse la vida. Según las
autoridades carcelarias y policiales, se hizo heridas de poca importancia en
un brazo y una muñeca, está mental y físicamente estable (sufre de
hipertensión arterial) y, aunque se halla deprimida, principalmente busca
llamar la atención para lograr su detención domiciliaria, a la cual la
fiscalía se opone argumentando que existe «riesgo de fuga».



Sin embargo, la fotografía de las vendas en su brazo, su pérdida de peso y
sus dramáticos traslados a diferentes centros hospitalarios han generado una
ola de compasión en las redes sociales, así como vigilias en la cárcel e
incluso algunas marchas pidiendo la libertad de la detenida. En respuesta,
la asociación de víctimas de Senkata también se movilizó, en este caso para
evitar que sea liberada, y en una ocasión chocó contra los adherentes de
Áñez.



La defensa de la ex-presidenta se ha convertido en una bandera de la derecha
latinoamericana. En un último episodio, un abogado internacional relacionado
con esta corriente ha solicitado que la CIDH disponga medidas cautelares que
protejan a Áñez. El requerimiento se halla en trámite.



A fin de avanzar en la aprobación de un juicio de responsabilidades contra
Áñez, la Asamblea Legislativa ha despachado, aceptándolas, viejas
solicitudes aun pendientes de otros juicios contra ex-autoridades del
Ejecutivo. Uno de ellos involucra al ex-presidente Carlos Mesa, quien salió
segundo en las elecciones de octubre de 2020. El motivo esgrimido es haber
nacionalizado incorrectamente la empresa minera chilena Quiborax durante su
gobierno de 2003 a 2005, acción que posteriormente generaría la obligación
de pagar una indemnización de 42,6 millones de dólares. Mesa no es el primer
político opositor inmerso en un proceso de este tipo y se considera que este
no llegará muy lejos, pero de todas formas contribuye a que ciertos sectores
perciban que existe una persecución contra los dirigentes políticos, así
como contra los militares y policías que dirigieron las fuerzas del orden
durante el gobierno interino (hoy 13 ex-comandantes están presos) y los
miembros de los grupos parapoliciales que formaron el ala radical del
movimiento de las pititas, que fue el que protagonizó las protestas contra
Morales (se lo llama así por su costumbre de bloquear calles tendiendo
cordeles o pitas en las esquinas).



El gobierno de Arce repite que la reconciliación entre bolivianos debe
asentarse sobre la justicia y no sobre la impunidad. Quien tiene un discurso
más conciliador es el vicepresidente David Choquehuanca. Este referente
aymara está distanciado de Evo Morales desde hace mucho tiempo y también en
esta cuestión. Morales declaró que «la reconciliación es imposible» y que el
MAS debe vencer al «fascismo y al imperialismo», a los que atribuye su caída
en 2019. En otra ocasión dijo que «no va haber reconciliación con fascistas
y racistas [en referencia a los movimientos cívicos], salvo que entiendan
que nuestro programa y nuestra ideología están bien para Bolivia». El
antagonismo entre Choquehuanca y Morales es el principal riesgo para la
unidad del MAS, pero al parecer solamente se tornará un problema digno de
consideración hacia el final de la gestión de Arce. Por ahora, ambos líderes
conviven pacíficamente, si bien con algunos roces.



Los analistas discuten si la intensa polarización de las altas esferas de la
sociedad refleja o no un fenómeno análogo en la población. Las encuestas
indican que la mayoría de los bolivianos no tiene tiempo ni ganas para
ocuparse de temas políticos, porque está concentrada en enfrentar la crisis
económica y la pandemia. Este dato se presenta incluso en los sectores de
altos ingresos y, de manera mucho más intensa, entre los jóvenes, que, luego
del fracaso del movimiento de las pititas en el que muchos pusieron sus
esperanzas, se inclinan por el apoliticismo y por la condena, en bloque, del
conjunto de la clase política. Como se sabe por la experiencia
latinoamericana y boliviana, este sentimiento resulta muy volátil y puede
dar lugar a toda clase de sorpresas políticas.



Aunque durante el primer semestre de este año el crecimiento del PIB ha sido
de 8%, y el desempleo abierto ha bajado del 11% que se registró a fines de
2020 a algo más de 6% ahora, la situación económica continúa siendo
delicada. Se calcula que durante la cuarentena se destruyeron un millón de
empleos. En lugar de estos se han creado otros, en menor cantidad y más
inseguros e informales. Oficialmente, entre 2019 y 2020 la pobreza moderada
solo ha aumentado de 37,1 a 39% y la extrema de 12,9% a 13,6%, pero muchos
economistas consideran que este dato, obtenido por medio de una sola
encuesta, no representa la verdadera dimensión del problema. Alrededor de
40% de la población pobre ha sufrido la disminución de la mitad o más de la
mitad de sus ingresos en 2020. Millones de niños de escasos recursos no han
podido estudiar por falta de conectividad y por la decisión de Áñez de
clausurar el año escolar.



Arce, ex-ministro de Economía de Morales durante más de una década, llegó al
poder porque la mayoría de la población confió en que tenía las condiciones
necesarias para cumplir su promesa de salir de la crisis doble que habían
causado la pandemia y el sacudón político de 2019. Como presidente, ha
mostrado experiencia y serenidad en el manejo de la macroeconomía y en la
administración burocrática del Estado, y ha logrado estabilizar y asentar la
marcha del gobierno. Así, se ha diferenciado de Áñez, quien rápidamente
perdió el control de los sucesos. Pero, al mismo tiempo, Arce luce un estilo
de gestión opuesto al de Evo Morales cuando era presidente: casi no hace
declaraciones a la prensa y cuando las hace son a menudo inadecuadas y
torpes, deja que la oposición tome la iniciativa en el campo comunicacional,
«aburre» con una política económica que repite los mismos conceptos que
cuando era ministro, deja que las cosas sucedan a su propio ritmo; en
definitiva, no parece apurado por lograr un objetivo o por seguir una ruta
determinada, y esto, como es lógico, no inspira ni mueve a la gente. Por
ejemplo, ha conseguido comprar suficientes vacunas para aplicarlas a todos
los bolivianos mayores de edad, pero no logra acelerar la campaña de
inoculación, por lo que Bolivia sigue en la cola del ranking de vacunación
de Latinoamérica. Tampoco ha considerado la posibilidad de exigir el estar
vacunado como requisito para realizar determinadas actividades.
Probablemente esto se deba a que se ha registrado cierta resistencia de los
sectores indígenas a este procedimiento médico. Y esos sectores constituyen
la base segura del MAS.



En todo caso, si el siguiente año Arce logra la progresiva recuperación del
país, si no pierde el control de los conflictos sociales, que han aumentado
junto con la crisis económica, y si evita que la resolución judicial de los
hechos de 2019 desprestigie demasiado a su gobierno, ahuyentará el peligro
de que la polarización de las élites se convierta en polarización y «guerra»
de la sociedad.



* Fernando Molina es periodista y escritor. Es autor, entre otros libros, de
El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (Pulso, La Paz, 2009)
e Historia contemporánea de Bolivia (Gente de Blanco, Santa Cruz de la
Sierra, 2016). Es colaborador del diario español El País.

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