Testimonios/ Las víctimas que Colombia no quiere. [J. Marcos/María Ángeles Fernández]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de septiembre 2021

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Testimonios



Las víctimas que Colombia no quiere



Casi cinco años después de los Acuerdos de Paz, los familiares de las
personas desaparecidas de manera forzada exigen que el nuevo sistema de
justicia instalado en el país investigue unos casos que se cuentan por
miles.



J. Marcos/María Ángeles Fernández

CTXT, 22-9-2021

https://ctxt.es/es/



La vida de Florinda Farfán se partió el 20 de febrero de 1996. A las 12:30
de la mañana, su única hija, Yulieth Yesenia Chacón Farfán, de 11 años,
salió del colegio y nunca llegó a su casa, a solo dos cuadras. Desde
entonces la busca sin descanso. Y ya van 25 años de desasosiego.



En Colombia, las personas desaparecidas se cuentan por miles desde finales
de los años 70. Las cifras varían según las fuentes, pero en cualquier caso
son inasumibles. Inmensas. El Centro Nacional de Memoria Histórica habla de
80.472 víctimas, de las que casi 59.000 siguen desaparecidas, 8.100 han
aparecido muertas y de más de 11.000 no se sabe el paradero pero hay
información. La Fiscalía General de la Nación rebaja la cifra hasta las
54.046. La Fundación Nydia Érika Bautista para los Derechos Humanos
contabiliza más de 120.000 personas. “El baile de cifras alrededor de la
desaparición forzada invisibiliza las dimensiones reales de esta profunda
cicatriz sin justicia, pero no es casual. El Estado no ha querido-logrado
sistematizar la información, unificar criterios y bases de datos, y poner en
marcha mecanismos efectivos de búsqueda”, se apunta en el libro Cartografía
de la desaparición forzada en Colombia, de 2019. Las desapariciones, sobre
todo en el marco del paro y de protestas que vive el país desde el pasado 28
de abril, siguen aumentando.



Florinda Farfán sabe lo que implica la inacción y la falta de criterio.
Relata los cambios del personal investigador cada semana y cómo el caso de
su hija empezó una y otra vez. Una y otra vez. “Las autoridades colombianas
han sido muy incompetentes en este caso y en otros cuatro más que sucedieron
en el mismo barrio donde yo vivía. Desaparecieron cinco niñas en lapsos de
tres y cuatro meses de la una a la otra, y hasta hoy”.



Es 29 de agosto, jornada previa al Día Internacional de las Víctimas de
Desaparición Forzada, y varios familiares de personas desaparecidas se han
juntado en un parque de Bogotá para hacer memoria y recordar a sus seres
queridos.



Jaime José Rivera. Granada. 2012.



Janeth Parra. Restrepo. 2010.



René Rodríguez. Monterrey. 2006.



Yenny Patricia Galarraga. La Dorada. 2001.



Josué Armando Villamil. Casanare, 2003.



Asael Saa Hurtado. Zarzal, 1988.



Acompañan el acto las fotos de las personas desaparecidas, junto con su
nombre y el lugar y el año de la desaparición. En algunos casos se incluye
la edad.



Yulieth Yesenia Chacón (11 años), Bogotá, 1996.



“Yo salía a hacer murales, a repartir volantes. Salía con la foto de mi hija
por todos lados y recibí una llamada que me decía ‘jueputa, deja de estar
empapelando toda la ciudad’ si no quieres que le quemen la casa’. Yo les iba
a decir ‘devuélvanmela y dejo de hacerlo’. Pero no me dio para decirlo”.
Florinda Farfán no se despega de la foto de su hija y se quiebra cuando
relata su historia. “Una está muriendo en vida con esta situación de
desaparición forzada, sin saber para qué se los llevan. Vivo con la ilusión
de poder saber de mi hija y esa es mi lucha. Todo es alrededor de mi hija
para mí y el día de hoy es como si fuera ayer cuando pasó. El dolor no se
va”.



La mañana es fría en Bogotá, incluso la lluvia aparece momentáneamente en el
acto simbólico de siembra de plantas. El nuevo rinconcito florido se llama
‘Jardín de la memoria’ y está ubicado en el Park Way. “Aprovechemos para
pensar en ellos y en ellas. Hagamos memoria, honrémosles”, solicita una de
las integrantes de la Fundación Nydia Érika Bautista, el colectivo que
convoca la jornada.



Nydia Érika Bautista desapareció un 29 de agosto de hace 34 años. Su
hermana, Yanette Bautista, y su sobrina Andrea Torres, que vio cómo se
llevaban a su tía, dirigen una organización que nació en el exilio. La
familia tuvo que marcharse ante las amenazas y hoy, de nuevo en Colombia,
luchan por la búsqueda de personas, por la verdad, por la reparación, por la
no repetición, por la justicia y la paz. “Hemos caminado estos 34 años
exigiendo justicia y no lo hemos logrado, pero seguimos adelante. Todavía
Colombia no ha alcanzado la verdad de lo que pasó durante el conflicto
armado, tampoco la justicia ni la no repetición”. Micro en mano, Yanette
Bautista, una mujer enjuta, seria, con una hermosa y larga trenza morena
medio desecha, habla con una fortaleza que su cuerpo disimula.



“¡Que nos los devuelvan vivos!”, clama; “¡porque vivos se los llevaron!”,
responden la cuarenta de personas participantes en el simbólico acto de
siembra. “¡Desaparecidos!”, continúa. “¡Presentes, presentes, presentes!”,
la siguen. “¿Hasta cuándo?”, insiste. “¡Hasta siempre!”, cierran.



La exigencia de un macrocaso



Casi cinco años después de las firmas de los Acuerdos de Paz entre el
Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo), las víctimas de
desaparición forzada denuncian que no han tenido espacio en el sistema de
justicia transicional abierto en el país.



El 30 de agosto, en una mañana en la que sucedieron todas las estaciones del
año en pocas horas, frente a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP), uno de los nuevos organismos que trajo consigo los Acuerdos, decenas
de personas, sobre todo familiares de desaparecidos pero también jóvenes de
las primeras líneas creadas en el marco del paro nacional y de las protestas
que vive Colombia desde el 28 de abril, se plantaron durante tres horas para
exigir justicia y el fin de la impunidad. Quieren que la JEP abra un
macrocaso.



Las fotos de las personas desaparecidas arroparon también el acto. Estaba la
de Yulieth Yesenia Chacón y también estaba su madre para recordarla. Estaban
las de las cuatro hermanas de Nancy Yanira Galárraga, desaparecidas el 1 de
enero de 2001, cuando tenían 13, 18 y 20 años. “Sus cuerpos desmembrados,
descuartizados y violentados sexualmente aparecieron en julio de 2010”,
cuenta Nancy, que exige justicia para sus hermanas. Estaba la foto de Luis
Alberto Garzón, desaparecido en 2002, una instantánea de la que no se
despega ni por un instante su hermano.



Primero en una esquina, luego en un carril de la avenida y finalmente
cortando el tránsito en un sentido, la protesta se hizo notar. “La sociedad
debe mucho a las víctimas, por indiferencia”, clamaba una joven a un
conductor cuando este se enfadaba por el corte de la calle. Policía, agentes
de movilidad y personal del Ayuntamiento de Bogotá se opusieron de inicio a
que la acción paralizara el tráfico. “Son miles de desaparecidos en este
país, ¡miles! Y nadie responde. Dile a la alcaldesa que se ponga un poquito
de nuestra parte, de alguien que sufre una desaparición, de un hermano, de
su papá o de su mamá”, gritaba de manera desgarrada el hermano de Luis
Alberto Garzón sin separarse de la fotografía. La agarraba con fuerza.



Yanette Bautista también estaba allí, porque la fundación que preside era
una de las convocantes. Aunque su cuerpo se perdía entre quienes
protestaban, cuando cogía un altavoz, se alzaba como una auténtica lideresa:
“Exigimos a la JEP que abra un macrocaso de desaparición forzada. No
queremos ser más discriminados, no queremos que la justicia sea
inequitativa. Estamos aquí para exigir a la JEP que nos escuche. Las
desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad y reivindicamos
nuestro derecho a saber la verdad y a tener una reparación plena”.



En tres años de trabajo, la JEP ha abierto siete macrocasos: uno por los
secuestros cometidos por la FARC; otro por lo que se denomina ‘falsos
positivos’, es decir, asesinatos de personas presentadas como bajas de la
guerrilla por los agentes del Estado; otro por el reclutamiento y el uso de
niñas y niños en el conflicto; otro por la victimización de miembros de la
extinta formación Unión Patriótica; y otros tres casos territoriales
(Nariño, Urabá, además de algunas zonas del Cauca y Valle del Cauca). Las
víctimas quieren que haya un octavo: desaparición forzada.



“Consideramos que el crimen de la desaparición forzada en Colombia se inició
como una estrategia del Estado colombiano para perseguir a quien considera
que piensa diferente. Debe abrirse un caso específicamente para ver la
responsabilidad de los organismos de seguridad, la infiltración de los
militares, de brigadas de inteligencia y de policías. Se ha venido formando
la idea de que esto es cuestión de grupos ilegales, de grupos paramilitares
y guerrillas, pero los paramilitares en Colombia nunca actuaron sin la
complicidad del Estado”.



Pablo Cala dirige la organización Hasta Encontrarlos. Acude con sus carteles
y con sus decenas de retratos a los actos organizados para “tocar el corazón
de la ciudadanía”. Además de la siembra del Jardín de la memoria, la plaza
de toros de Bogotá se vistió con centenares de rostros y se entregaron al
presidente del país, Iván Duque, más de 10.000 firmas solicitando que
implemente como política de Estado la búsqueda de las personas
desaparecidas. Cala también estuvo frente a la JEP. “Esto no es un dolor
solamente de los familiares, sino de toda la humanidad. Es un crimen de lesa
humanidad”, clama mientras coloca una y otra vez los cartones con los
rostros de los desparecidos, volteados por las continuas rachas de viento,
como si no quisieran que se vieran.



Una paz incompleta



“Nosotros firmamos un Acuerdo de Paz en 2016. Y digo ‘nosotros’ porque no es
un acuerdo del Gobierno y la guerrilla, sino de Colombia. Pero ha sido
totalmente atacado. En los últimos cuatro años hemos retrocedido otra vez en
la violencia sociopolítica y en violaciones de derechos humanos. A lo que ha
ayudado el Acuerdo de Paz es a evidenciar que no todo era culpa de la
guerrilla, que no todo era culpa del conflicto armado, que es un tema más de
fondo. Hay una violencia estructural en el Estado colombiano: en medio de la
democracia, estamos en una conmoción interior permanente, somos un estado de
facto permanente, donde los militares y la policía es lo que rige”.



A través de las magistradas Reinere Jaramillo y Nadiezhda Natazha Henríquez,
la JEP está analizando toda la información presentada para decidir si abre o
no un macrocaso. Jaramillo, en un acto online organizado por Hijos e hijas
por la memoria y contra la impunidad, explicó que la Jurisdicción Especial
para la Paz está teniendo presente la desaparición forzada en casi todos los
macrocasos abiertos y que se ha solicitado la protección de lugares donde se
presume puede haber personas desaparecidas. Además, apuntó que, de los 493
informes que se han presentado en la JEP unos 158 tienen narrativas
específicas y bases de datos sobre temas de desaparición forzada.



La magistrada recordó también que las víctimas están en el mandato central
del sistema integral de justicia aprobado en los Acuerdos de Paz. Pero las
familias víctimas mantienen una opinión contraria. “Lo que hemos visto es
que poco a poco las víctimas hemos sido desplazadas de su centro”, explica
Pablo Cala.



Nancy Yanira Galárraga también es muy crítica. En 2014 participó en la
tercera delegación de víctimas de la Mesa de Diálogos de Paz, celebrada en
La Habana (Cuba). Ahora, en una esquina de la protesta ante la sede de la
JEP, desde donde vigila que la Policía no consiga interrumpir el parón
convocado por las víctimas, recuerda aquellos días. Dice que salió
desilusionada porque tuvo la oportunidad de hablar con Iván Márquez, jefe
negociador de las FARC en los Acuerdos de Paz y ahora de nuevo en las armas
tras su disidencia: “Le pregunté qué garantías teníamos como víctimas y me
dijo que las garantías eran de parte del Estado; que si el Estado cumplía,
se hacía un proceso de paz y que si no, no se cumplía. Y hasta el momento el
Estado no ha cumplido con lo que prometió”.



La lucha de Nancy y de su madre, que también vivieron un desplazamiento
interno por las amenazas, logró dar con los victimarios de sus cuatro
hermanas: Yenny Patricia, Nelsy Milena, Mónica Liliana y María Nelly. Varios
paramilitares fueron condenados, pero la justicia, explica Nancy, aún no ha
llegado para ellas. En una petición ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de 2020, que no fue admitida, la familia apuntaba que
existen pruebas documentadas de la responsabilidad del Estado. “Estamos
luchando porque, a pesar de que había Ejército y Policía alrededor del
pueblo, cometieron esos crímenes de lesa humanidad. La población civil
éramos un cero a la izquierda, no respetaban nuestras vidas”, cuenta Nancy,
que ahora tiene que pagar las costas de los procesos administrativos
emprendidos. “Cuando tratamos de plasmar nuestro dolor, de zafar nuestro
dolor, nuestras tristezas, siempre somos discriminados, no somos escuchados
por parte del Estado. Y eso nos duele. Tenemos un Estado indolente”, cierra.



Primeras líneas: un nuevo actor político



Los actos alrededor del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición
Forzada han contado este año con un nuevo actor. La acción frente a la JEP
estuvo nutrida por las primeras líneas, colectivos de autodefensa formados
por personas jóvenes ataviadas con capuchas y escudos. Nacidas al calor de
las protestas del paro nacional iniciado a finales de abril, están siendo
criminalizadas y atacadas por las fuerzas públicas. Entre sus filas hay
desaparecidos, encarcelados y personas asesinadas.



“Estamos aquí con los jóvenes de la primera línea del Portal Resistencia que
nos están acompañando en nuestras reivindicaciones. Y estamos con ellos
porque son líderes de la protesta social, son líderes del movimiento popular
y tienen derecho al buen nombre y a que sus reivindicaciones sean
escuchadas”, gritó nuevamente con fuerza Yanette Bautista, rodeada de una
veintena de jóvenes con capucha frente al número 63-44 de la Carrera 7 de
Bogotá.



Vestido completamente de negro, apenas con un milímetro de piel al aire, un
integrante de las primeras líneas leyó un poema dedicado a Nydia Érika
Bautista. “A ti te arrancaron de la tierra sin piedad, bajo la sombra
cómplice (…) dejando en el fango un futuro arrebatado (…) El odio siguió en
el despojo de una generación de soñadores. En ti, Nydia, renace el recuerdo
de estar construyendo un nuevo mundo”.

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