Chile/ El arranque. Los complejos primeros días del nuevo gobierno. [Cristián González Farfán],

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

1° de abril 2022

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Chile



Los complejos primeros días del nuevo gobierno



El arranque



Junto con propuestas muy celebradas, conviven incipientes focos de tensión
en la interna oficialista, decisiones criticadas por propios y ajenos, y el
desafío de hacer frente al aparato represivo.



Cristián González Farfán, desde Valparaíso

Brecha, 1-4-2022

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El primer cónclave entre el gabinete del presidente de Chile, Gabriel Boric,
y los parlamentarios oficialistas de Apruebo Dignidad y Socialismo
Democrático, celebrado el viernes 25 de marzo en el Palacio Presidencial de
Cerro Castillo, en Viña del Mar, ayudó a descomprimir el clima adverso en la
amplia coalición de fuerzas de izquierda conformada tras la segunda vuelta
electoral. Polémicas decisiones adoptadas por La Moneda y desencuentros
entre sus propios congresistas han causado fricción entre los miembros de la
naciente alianza durante los primeros días del nuevo gobierno.



De los numerosos conflictos surgidos durante la instalación del gobierno,
dos han tenido mayor resonancia mediática. El primero ocurrió el 15 de
marzo, cuando la comitiva de la ministra del Interior, Izkia Siches, fue
recibida con disparos al aire durante su visita a la zona de Temucuicui,
epicentro del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. El
segundo, el 22 de marzo, cuando la Cámara de Diputados declaró admisible
–con un amplio respaldo de la bancada oficialista– un proyecto de ley que,
para amortiguar la crisis económica, faculta otra vez a los chilenos a
retirar dinero de los fondos de pensiones (AFP) por hasta el 10 por ciento
de sus ahorros. Es la quinta vez, desde el inicio de la pandemia, que se
propone una medida de este tipo, resistida por el mercado financiero.



Que la cámara declare admisible este proyecto es un paso anterior a la
necesaria discusión legislativa, pero cayó como un balde de agua fría en el
Ejecutivo, que aún intenta persuadir a sus partidarios para que eviten un
quinto retiro y, en cambio, cierren filas en torno a políticas públicas que
no reduzcan aún más los ahorros previsionales. «El quinto retiro no está en
nuestro programa de gobierno», retrucó luego la ministra vocera de gobierno,
Camila Vallejo, militante del Partido Comunista (PC), miembro de la
coalición gobernante. Sin embargo, el alcalde de la comuna santiaguina de
Recoleta –exprecandidato presidencial y uno de los líderes del partido–,
Daniel Jadue, atizó el fuego y repudió la negativa del Ejecutivo a abordar
el tema: «Me parece impresentable que la misma coalición que aprobó cuatro
retiros hoy diga que el quinto es absolutamente inviable».



«No es raro que haya desencuentros o dificultades en las primeras semanas de
un gobierno. Lo que sí quedó establecido en el cónclave del 25 de marzo es
que se avanzará en el cumplimiento del programa, frente a sectores de la
derecha que pretenden boicotear cualquier avance hacia transformaciones
democráticas. El quinto retiro no estuvo en el eje central de la discusión,
pero es una de las posibilidades que están sobre la mesa, junto con varias
otras, para mejorar la calidad de vida de quienes habitamos Chile. Me parece
que lo que dice el alcalde Jadue tiene que ver con esa necesidad real de
buscar soluciones para la crisis desatada por la pandemia», dice a Brecha la
diputada comunista recién electa e histórica dirigenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos Lorena Pizarro, presente en la cita
convocada por Boric en Viña del Mar.



La frustrada visita a la Araucanía



El primer dolor de cabeza en La Moneda fue la accidentada visita de Siches a
la Araucanía, cuatro días después de la asunción de Boric. Con el argumento
de llevar a la práctica la solución política para el conflicto mapuche
propuesta en el programa de gobierno, aterrizó en la región y luego se
dirigió a Temucuicui. Sin embargo, la comitiva no avisó de su ingreso a las
comunidades locales y la ministra terminó refugiada en un retén policial
cercano tras sentir disparos de desconocidos. «Me enteré hoy en la mañana de
que ella [Siches] viajaba a la región», dijo Marcelo Catrillanca, cuyo hijo
Camilo fue asesinado por Carabineros en 2018 durante una emboscada en
Temucuicui. Igualmente, pasado el peligro, Catrillanca recibió a Siches y
valoró la disposición al diálogo del gobierno entrante.



No obstante, según el periodista y escritor mapuche Pedro Cayuqueo, al
gobierno lo traicionó el exceso de confianza durante la visita de Siches a
la zona, que califica de «improvisada». Cayuqueo, quien apoyó la candidatura
de Boric, lamenta la falta de un plan o una hoja de ruta robusta para
presentar a los representantes del pueblo mapuche y acusa un «desorden
institucional» en el abordaje del problema. Esta es una «mala señal» del
gobierno, porque «el pueblo mapuche no está improvisando en sus demandas»,
comenta a Brecha. «La visita intempestiva a la zona mapuche –y, en
particular, a una zona de conflicto emblemática como Temucuicui– claramente
fue un error y así lo han reconocido algunas autoridades de gobierno. Es una
zona que en las últimas décadas ha vivido episodios de violencia graves,
como crímenes de agentes del Estado contra víctimas civiles. Era bastante
poco recomendable acudir a este territorio sin una agenda clara para
presentarles a las autoridades del pueblo mapuche», agrega Cayuqueo, autor
de varios libros sobre el tema, entre los cuales se destacan Solo por ser
indios e Historia secreta mapuche.



El gobierno, complementa Cayuqueo, falló al «desconocer los protocolos
culturales del pueblo mapuche», como el de contactar previamente a las
jefaturas tradicionales, que «no son validadas por la jurisdicción chilena,
pero ejercen un liderazgo». En el caso particular de Temucuicui, explica el
periodista, se trata de un territorio en conflicto que tiene cinco o seis
comunidades –en rigor, reducciones–, cada una de las cuales tiene su propia
jefatura, muy celosa de su propia jurisdicción, por lo que esta estructura
descentralizada de la sociedad mapuche «viene a subvertir las formas de
ejercer el poder de la política no indígena».



Las tres almas de la coalición



Una semana después de tomar posesión de su cargo, el 18 de marzo, Boric
firmó un proyecto de ley que busca que Chile se adhiera al Acuerdo Regional
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El llamado
Acuerdo de Escazú, firmado en marzo de 2018 por 24 países latinoamericanos,
es el primer tratado ambiental del continente y Chile fue inicialmente uno
de sus impulsores, pero el gobierno de Sebastián Piñera se negó a firmarlo.



Si bien en materia ambiental la adhesión al acuerdo fue transversalmente
elogiada, otras iniciativas del nuevo gobierno han suscitado dudas aun entre
los miembros de su coalición. En este sentido, debe recordarse que luego del
triunfo de Boric en la segunda vuelta, cuando este no contaba con una
mayoría propia en el Congreso, el oficialismo debió ensanchar su base de
apoyo fuera de los márgenes de Apruebo Dignidad y sumar sectores de la
antigua Concertación alineados a su proyecto de transformaciones. Esos
grupos están coaligados hoy en el frente Socialismo Democrático, que incluye
los partidos históricos de la Concertación –como el Partido Socialista
(PS)–, excepto Democracia Cristiana.



Entre las iniciativas que han causado polémica en el oficialismo se puede
citar el anuncio de suma urgencia para discutir el proyecto de ley de
amnistía para los presos políticos de la revuelta popular de 2019. Aunque se
pronunciaron a favor del proyecto, algunos senadores del PS criticaron al
ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, por, según
ellos, no propender a hacer acuerdos en el Senado para obtener el quorum
necesario para aprobar el texto. En estos momentos, precisamente, la
Convención Constitucional discute el futuro del Senado en el orden
institucional a plasmarse en la nueva carta fundamental.



Otra vertiente de conflicto emanó de polémicas decisiones sobre la
conformación de las embajadas. Primero, Boric designó a la exprecandidata
presidencial del PS, Paula Narváez, como embajadora de Chile en la
Organización de las Naciones Unidas; luego a la expresidenta de la Central
Unitaria de Trabajadores y excandidata a la Convención Constitucional
Bárbara Figueroa (PC) como embajadora en Argentina. Menos comentado fue el
caso de Sebastián Depolo, uno de los fundadores del partido oficialista
Revolución Democrática, quien asumirá ese cargo en Brasil. Depolo perdió dos
elecciones consecutivas: la primaria del Frente Amplio (FA) para
gobernadores regionales y luego la de senadores.



En los tres casos, comentaron sus críticos, el presidente faltó a su
palabra. «Las embajadas no pueden ser un premio de consuelo», dijo en
octubre de 2021 el entonces candidato Boric a la Asociación de Diplomáticos
de Carrera. La misma institución impugnó ahora el anuncio del gobierno, en
tanto «evidencia la mantención de criterios de nombramientos por razones de
amistad o cercanía política, o debido a la derrota en candidaturas
electorales». La canciller Antonia Urrejola desestimó las críticas por los
presuntos pagos de favores políticos, como el que supuestamente se le hizo a
Narváez por haber apoyado la candidatura de Boric en la segunda vuelta. Sin
embargo, según la última encuesta de la consultora Cadem, publicada el lunes
28 de marzo, al 57 por ciento de los consultados les pareció «mal» la
designación de Figueroa como embajadora en Argentina.



A juicio del politólogo y director ejecutivo del Centro de Incidencia
Pública, Jorge Schiappacasse, estos desbarajustes son propios del proceso
«natural» de una coalición de gobierno debutante. «Lo desdramatizaría en
cualquier análisis serio», dice a este medio el experto, para quien estas
divergencias se enmarcan en el desafío del presidente de «construir la
cultura de una nueva coalición oficialista que coordine las tres almas que
tiene: Chile Digno [con el PC y otras fuerzas de izquierda], el FA [que,
junto con el anterior, forma el pacto Apruebo Dignidad] y Socialismo
Democrático». Cita un ejemplo que grafica el delicado equilibrio que debe
mantener Boric: «La negativa al quinto retiro de los fondos de pensiones se
vincula a este grupo ex-Concertación (Socialismo Democrático), que se cuadra
con la idea de responsabilidad financiera. Para Apruebo Dignidad, la señal
fue permitir el viaje de Siches a la Araucanía y el intento de diálogo».
Cada vez que Boric ha dado una señal a estos tres grupos por separado,
agrega, se ha visto «cómo las otras subculturas de la coalición se han
sentido incómodas, lo que seguirá pasando hasta que Boric logre crear un
lenguaje consensuado políticamente por las tres almas de la coalición».



Schiappacasse concuerda en parte con el análisis del sociólogo Carlos Ruiz,
considerado el ideólogo del FA chileno, quien, además, vio nacer y crecer
políticamente a Boric como líder estudiantil en la Universidad de Chile. «Lo
que observo aquí es la reconfiguración de toda la esfera política, de un
extremo al otro. En ese contexto el gobierno tiene que reconfigurar una
alianza que no era la misma con que partió en Apruebo Dignidad y debe
ampliarse a un universo que no consideraba al principio. Esa nueva alianza
que emergió en la segunda vuelta tiene que estructurarse políticamente en un
proyecto común», dice a Brecha Ruiz, académico de la Universidad de Chile y
miembro de la Fundación Nodo XXI, el think tank del FA.



Los desafíos en el corto plazo



De acuerdo con Schiappacasse, el Ejecutivo debe retomar el tono dialogante
con sus correligionarios en las otras instancias de gobierno, lo que puede
materializarse si «baja pronto los lineamientos estratégicos desde el
programa hacia los ministerios, ya que eso permitiría ordenar a los
actores». «Si no se logra, será más difícil mantener la unidad política de
una coalición en la que cada subgrupo busca su propia identidad», agrega.
Otra medida que permitiría descongelar la relación entre los aliados
oficialistas sería «ver qué proyectos de ley ya han avanzado en el Congreso
y concretarlos mediante indicaciones o modificando la urgencia de aquellas
iniciativas que vienen de períodos anteriores». «Estos proyectos ya han sido
sometidos a un proceso de socialización política, por lo que esto aceleraría
la entrada de la plataforma política y programática del gobierno al debate
público», añade.



Ruiz, en tanto, cree que las grandes transformaciones a las que apunta el
gobierno quedarán condicionadas a si se impone o no una facción de la
derecha «más obstruccionista y radical conservadora», que se expresó de
manera cardinal en la candidatura presidencial de José Antonio Kast: «Eso
configura el posible horizonte de los cambios. Además, estamos frente a una
sociedad chilena con una propensión muy alta a la movilización, que ya no es
la sociedad del quietismo de los años noventa. Sumaría un último punto que
condiciona el proceso de transformación: el proceso constituyente. La
derecha obstruccionista y los medios de comunicación están haciendo un
esfuerzo muy grande para deslegitimar la convención». Sin perjuicio de ello,
confía en el liderazgo de Boric: «Cuenta con un capital político que no
tiene nadie en esta crisis de legitimación de toda la esfera política. Tiene
un gran respaldo, tal como su equipo, y es de una transparencia
indiscutida».



Hay otro reto en el corto plazo que inquieta a Pizarro, elegida presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja: los últimos episodios
de represión en la Plaza de la Dignidad, en Santiago de Chile. El viernes 18
de marzo un policía empujó a un manifestante, quien, producto de esta
acción, se golpeó la cabeza contra el pavimento. El gobierno pidió una
investigación a Carabineros. Una semana después, cuando se desarrollaba el
cónclave oficialista en Viña del Mar, un uniformado hirió de bala a una
persona en una marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile
para escapar de una agresión de los manifestantes. No fue la única situación
violenta: en la misma marcha un liceal de 19 años fue atacado a palos por un
grupo de vendedores ambulantes. Los testigos denunciaron que los carabineros
no repelieron la brutal golpiza, sino que dieron libertad de acción a los
agresores.



«Yo espero que la condena del gobierno a la represión de Carabineros sea
mucho mayor», dice Pizarro, para quien la investigación solicitada debería
traducirse en la salida del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez:
«Su continuidad no se sostiene. Hoy él es el principal responsable de estos
actos repudiables. Yo, que soy hija de un detenido desaparecido, no acepto
que se permita la represión bajo ningún gobierno». Para la diputada, es
imperioso avanzar en una «transformación profunda» de las Fuerzas Armadas y
las Policías, puesto que «esas instituciones aún tienen un compromiso con el
ideario de la dictadura cívico-militar y están formadas bajo la doctrina de
que el enemigo es el pobre y quien se manifiesta de forma legítima».



En tanto, para enmendar el rumbo en materia indígena tras la fallida visita
de Siches y, en particular, para esbozar los nuevos términos de
entendimiento con el pueblo mapuche, Cayuqueo le recomienda al gobierno
recurrir a la historia y reeditar los parlamentos, una institución
diplomática que constituyó una vía de mediación y resolución de conflictos
entre la Corona española y el pueblo mapuche, replicada en los albores de la
república de Chile. «En 1825 se hizo el último parlamento entre el Estado
chileno y el pueblo mapuche: el Parlamento de Tapihue. Chile estaba en un
momento histórico bien interesante, con ensayos constitucionales, en los
primeros años de la república. En ese parlamento se reconocieron las
jefaturas mapuches, las autonomías territoriales y sus jurisdicciones para
una paz estable y duradera. Tapihue fue traicionado cuando el Ejército de
Chile invadió la Araucanía a fines del siglo XIX. Hoy, al igual que en
aquella época, Chile está pasando por un momento de cambio social y
constitucional. Estamos a tres años del bicentenario del Parlamento de
Tapihue. Sería muy bueno que el gobierno planteara una hoja de ruta desde
este momento para llegar a un nuevo pacto hacia 2025. Sería muy simbólico y
potente, y tendría mucho sentido para el pueblo mapuche», propone Cayuqueo,
para quien los parlamentos son una metodología histórica que funciona, pero
que hasta ahora ha sido despreciada por la instalación de «una lógica de
hacer las cosas al modo huinca [blanco]».

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