Colombia/ La masacre del Putumayo. "Se trató de un falso positivo inocultable". [Carolina Oquendo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de abril 2022

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Colombia



La masacre del Putumayo: el fallido operativo del Gobierno colombiano que
dejó civiles muertos



Catalina Oquendo Puerto Asís (Colombia) *

El País, 10-4-2022

https://elpais.com/internacional/



El miedo aún navega por el río Putumayo a dos semanas de un operativo del
Ejército colombiano que dejó once muertos, entre ellos varios civiles de la
comunidad Alto Remanso, ubicada en la frontera entre Colombia y Ecuador. En
cada conversación allí está latente una advertencia de muerte: aquí entras,
pero nadie te garantiza que puedas salir.



Los muertos, que el presidente Iván Duque señaló como disidentes de la
guerrilla de las FARC, ya están sepultados en distintas regiones del país;
pero las inconsistencias sobre el operativo y también del manejo de los
cadáveres en un caso que tiene en la mira del Congreso al ministro de
Defensa, Diego Molano, siguen emergiendo.



La verdad de lo que ocurrió la mañana del 28 de marzo en la vereda Alto
Remanso a las 7 de la mañana está lejos de ser clara y es el reflejo de la
complejidad del actual conflicto colombiano: el resurgimiento de grupos
armados sin ideología clara y que hacen presencia entre las comunidades, los
cultivos de hoja de coca, la ausencia estatal y una historia de desconfianza
en las instituciones militares. Por eso, tanto la ONU, Human Rights Watch,
como organismos de control en Colombia exigen al Ejército esclarecer quiénes
eran las víctimas y cómo se desarrolló la operación.



Este diario, que visitó la zona, conoció imágenes que muestran cómo al menos
uno de los cuerpos, el del menor de edad, Brayan Santiago Pama, fue movido
en la escena en dos oportunidades. En una fotografía se le ve en tierra,
boca arriba y vestido de jean, camiseta negra y en medias, junto a otro
cuerpo. A sus pies se observan tres armas largas. En otra imagen ya aparece
dentro de un bote, sin armas; y en una tercera, se ve en el mismo bote con
un fusil sobre su cuerpo. En otras, se observan chalecos camuflados limpios
sobre los cuerpos con sangre.



¿Quiénes eran los 11?



Pama tenía 16 años y fue una de las decenas de personas que se reunieron
desde el sábado 26 de marzo en un bazar comunitario para recoger dinero para
el pueblo, según la invitación que circuló entre la población. Serían tres
días de campeonato de fútbol trinacional (Colombia, Perú y Ecuador), pelea
de gallos, música, comida y bebida. El lunes, tras el operativo, solo
quedaron restos de una fiesta, licor, sangre y muchas dudas.



Después de la pandemia, el joven había abandonado temporalmente el colegio,
donde alcanzó hasta noveno grado, para trabajar en una finca que tenía su
padre en El Alto Remanso. Según testimonios de varios pobladores, cuando
sonaron los disparos corrió hacia su casa y cayó muerto unos metros antes de
poder refugiarse en ella. También relataron que su cuerpo fue movido del
lugar donde murió. En Puerto Leguízamo, estudiantes y sociedad civil
acompañaron sus exequias. La Defensoría del Pueblo ha alertado en varias
oportunidades del riesgo de reclutamiento de menores por parte de los grupos
armados en la zona.



Junto a su féretro despidieron también al gobernador Indígena del Cabildo
Kicwa Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche. Un día después del operativo,
cuando se supo que él era uno de los muertos que el Gobierno presentó como
disidentes, se encendieron todas las alarmas de organizaciones sociales en
Bogotá y fuera del país. “Tenemos evidencias creíbles que indican que cuatro
de los muertos eran efectivamente civiles. Todavía hay incógnitas sobre cómo
murieron y cuál fue el objetivo de este trágico operativo militar”, dijo
Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.



En Puerto Asís y también en Puerto Leguízamo hablan del trabajo que hacía el
gobernador para revitalizar la lengua Kicwa, un pueblo indígena en vías de
desaparición; recuerdan que era el médico tradicional de la comunidad, que
enseñaba religión a los niños y que le gustaba el fútbol. A eso habría ido
al bazar. Panduro participó en el campeonato de fútbol y se quedó tomando
licor. Cuando empezaron los disparos, corrió para salvarse y cayó antes de
llegar a la cancha.



En la vereda reconocen también a Divier Hernández y a Ana María Sarrias, el
presidente de la Junta de Acción Comunal y su esposa. Él recibió un disparo
en la frente y ella, según fuentes forenses, murió desangrada por un tiro
entre las piernas. Sarrias pertenecía a la iglesia pentecostal y cayó cerca
de la ribera del río. “Nos impidieron el paso. Ese día tuvieron como a 60
personas detenidas en la plaza y no las dejaban mirar para atrás. A mi me
dio rabia y después de 8 horas me rebelé y dije ‘mátenme si me quieren
matar’ pero tengo que ver a mi hijo”, contó Argemiro Hernández, padre de
Divier. “Ahí lo vi con un disparo en la cien, lo abracé”, narró. La pareja
dejó dos niños, de 2 y 6 años.



En el parque Cementerio de Puerto Asís, una estructura aún en construcción,
reposan los cuerpos de Óscar Oliva Yela y José Antonio Peña Otaya. Sus
tumbas se ven apenas cubiertas con cemento y un par de corazones o una frase
escrita de forma improvisada para recordarlos. De ellos se sabe que el
primero había recibido turno en el bazar y que su compañera, Nora Andrade,
resultó herida; y de Peña, que era un campesino que estuvo en la fiesta y
estaba tan borracho que no pudo escapar de los disparos.



De los demás muertos, cuyas identidades conoció EL PAÍS, se sabe que había
un excombatiente de las FARC, que había sido condenado por porte de
estupefacientes. Del resto, nadie habla.



¿Cómo ocurrió?



Ante las críticas, el Gobierno colombiano evita responder sobre los civiles
muertos y esgrime que se trató de una “operación legítima” contra alias
‘Bruno’, un hombre de las disidencias de las FARC también conocidas como
Comandos de la Frontera, que según el Ejército se encontraba en la fiesta.
El ministro Molano difundió un video donde un francotirador lo tiene
supuestamente ubicado. Varios testimonios de la comunidad admiten que
‘Bruno’ sí estuvo en la región, pero no se encontraba el día de la fiesta
que terminó en muerte y que ese video correspondía a días atrás.



En esta zona del bajo Putumayo, donde hay 22.041 hectáreas sembrados de hoja
de coca, hacen presencia dos grupos armados que se disputan el control del
narcotráfico en límites con Ecuador. De un lado, los Comandos de la
Frontera, que según analistas del conflicto están integrados por disidencias
de las FARC de la llamada Segunda Marquetalia junto a desmovilizados de los
paramilitares; y, por otro lado, el frente Primero Carolina Ramírez, otra
ala de las disidencias de las FARC y vinculado a alias ‘Gentil Duarte’.



Desde finales de diciembre se han presentado enfrentamientos con bajas de
ambos lados y con la población civil en el medio. “De una u otra manera
llegan a nuestras comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas y
estas se ven involucradas en algunos casos porque toca, porque les toca
hacer algún tipo de favor a estos grupos, por ejemplo”, dijo el alcalde de
Puerto Leguízamo, Rubén Arturo Velásquez, para explicar el contexto de la
muerte de civiles en medio del operativo del Ejército. En la comunidad no
niegan la presencia de al menos una persona armada.



“Hay inconsistencias”



Desde el tuit del presidente Iván Duque anunciando que “neutralizaron 11
integrantes de disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales
más”, mucho ha cambiado en la historia.



La Defensoría del Pueblo confirmó que sí había civiles entre los muertos y
la Fiscalía desmintió al gobierno en relación con los capturados. “Solo se
recibió la información sobre las tres personas heridas y el menor de edad
recuperado. El componente militar a cargo de la actividad conocida no
reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un
procedimiento de este tipo”, informó la Fiscalía. Esas personas, que
estuvieron en hospitales, recuperaron la libertad pero dicen estar
atemorizadas por el señalamiento del Gobierno de Iván Duque.



“Hasta ahora, la versión de los hechos que han presentado el Ministerio de
la Defensa contiene graves inconsistencias y errores. Urge que las
autoridades colombianas realicen una investigación creíble, imparcial y
exhaustiva sobre estos hechos”, agregó Pappier, quien dijo que el ministro
les debe una disculpa pública “a las personas que tildó injustamente de
“criminales”.



Aún no es claro quién disparó primero. El Ejército, en un documento enviado
a la Procuraduría y divulgado por Caracol Noticias, dice que se dio la orden
de disparar una vez identificaron un objetivo y que el combate ocurrió
cuando desde un burdel “se empiezan a escuchar ráfagas y disparos de fusil
en varios sentidos por parte del enemigo porque no tenían identificada
nuestra posición”.



De esa manera, dice el informe, resultó herido el soldado Robinson Beleño,
el único herido de los militares. Él, sin embargo, ha dado otra versión. “Se
inició el combate, avancé unos 10 metros cuando me encontré de frente con un
bandido vestido de civil, por eso me hiere, porque confié que era un civil,
pero sacó un fusil y me impactó”, dijo Beleño y aseguró que se salvó porque
se cubrió. Ahora se recupera después de un implante de arteria en el
hospital militar.



Pero entre los pobladores aseguran que los soldados llegaron vestidos de
negro y con los rostros tapados y que antes de empezar a disparar encerraron
a algunas mujeres en casas de madera. Para ellos, hay muchas más sombras y
afirman que muchas pruebas pueden haber sido alteradas. Según varios
testimonios, los cuerpos no solo fueron movidos, sino envueltos en sábanas y
cortinas, que los mismos soldados pidieron a la comunidad. Los cuerpos
tampoco habrían llegado a los forenses con las manos protegidas para las
pruebas de absorción atómica lo que permitiría determinar si dispararon,
como afirma el Gobierno.



La defensora de derechos humanos y directora Asociación Minga, Diana
Sánchez, dice que aun suponiendo que dentro del bazar hubiera hombres de
grupos al margen de la ley e inclusive con armas, “se trató de un operativo
altamente desproporcionado para el contexto en el que se dio (un bazar
comunitario)”. Sánchez agrega que fue, además, un falso positivo, como se
conoce en Colombia a un episodio oscuro de su historia en el que militares
asesinaron a al menos 6.402 civiles y los presentaron como guerrilleros
muertos en combate. “Se trató de un falso positivo inocultable, pues los
cuerpos de las 11 personas fueron manipulados y presentados a la opinión
como “criminales de disidencias de las FARC”, denunció.



Las investigaciones y un debate de control político en el Congreso apenas
empiezan, pero en Putumayo y también en Bogotá solo hay una cosa clara, el
operativo fue un fracaso porque terminó con la muerte de civiles, en medio
de dudas de legitimidad y sin obtener el objetivo buscado, la captura de
alias ‘Bruno’. El miedo permanece.



* Catalina Oquendo, corresponsal de EL PAÍS en Colombia. Periodista y
librohólica hasta los tuétanos. Comunicadora de la Universidad Pontificia
Bolivariana y Magister en Relaciones Internacionales de Flacso. Ha recibido
el Premio Gabo 2018, con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, y otros
reconocimientos. Coautora del Periodismo para cambiar el Chip de la guerra.

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