Panamá/ ¿Por qué las protestas populares? [Nelva Marissa Araúz-Reyes]

[Ernesto Herrera]

l

Correspondencia de Prensa

11 de agosto 2022

 <https://correspondenciadeprensa.com/> https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

 <mailto:germain en montevideo.com.uy> germain en montevideo.com.uy

  _____



Panamá



¿Por qué protestan en Panamá?



Durante el último mes, Panamá se vio sumido en una ola de protestas. Los
detonantes se asocian al aumento del costo de vida y expresan que el país
está lejos de ser un oasis de prosperidad. Aunque las y los manifestantes y
el gobierno han logrado acuerdos, las manifestaciones han marcado un punto
de quiebre.



Nelva Marissa Araúz-Reyes *

Nueva Sociedad, agosto 2022

https://nuso.org/articulo/



Durante el último mes, Panamá ha vivido una ola de protestas inéditas por su
forma, los actores que involucra, su duración y sus resultados. A diferencia
de sus vecinos, el país había quedado al margen de la inestabilidad social
en los últimos años.



Las protestas actuales pueden comprenderse como producto de una serie de
factores institucionales, sociales y económicos acumulados que fueron
agravados por el covid-19 y que no fueron atendidos oportunamente por el
Estado, a pesar de las recurrentes alertas que se reflejaban en informes,
encuestas, artículos académicos y movilizaciones sectoriales antes y durante
la pandemia. Aunque  de menor magnitud, esas protestas albergaban reclamos
de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con el agua, la
alimentación, la salud (falta de insumos básicos para la atención,
disponibilidad de medicamentos en las instituciones públicas), el trabajo,
la educación, la desigualdad social y la corrupción. Pero las movilizaciones
también fueron activadas por el rechazo a la reforma de la Constitución
presentada por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ante la
Asamblea Nacional, con mayoría oficialista.



Los actores sociales movilizados son heterogéneos. Si bien las protestas se
iniciaron mediante un llamado de los gremios docentes de las escuelas
públicas a un paro nacional que comenzó el 1° de julio de 2022,
posteriormente fueron acompañadas y acuerpadas por diversas agrupaciones que
se sumaron tanto espontánea como organizadamente en todo el territorio del
país. En los 32 años que siguieron al fin del régimen autoritario de Manuel
Noriega en 1989 no se habían registrado protestas de esta magnitud y
duración.



Las protestas han sido protagonizadas por varios gremios, algunos de los
cuales están agrupados en dos grandes alianzas. Una de ellas, localizada en
la provincia de Veraguas, es la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo
Organizado (ANADEPO), que representa a 22 organizaciones docentes,
ganaderas, pesqueras, agrícolas, de transporte y estudiantiles. La otra,
situada en la provincia de Panamá, es la Alianza Pueblo Unido por la Vida,
integrada por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de
la Construcción y Similares (SUNTRACS), asociaciones de profesores y
diversos sindicatos y organizaciones populares. Además, participaron gremios
de la salud –tanto del sector médico como de la Asociación Nacional de
Enfermeras de Panamá–, centrales de trabajadores y trabajadoras, y
ciudadanos y ciudadanas en general. Y cabe destacar la participación de la
Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, que está
conformada por siete pueblos originarios.



Aun cuando cada gremio o sector tenía peticiones particulares o propias,
todos coincidieron en tres puntos: la baja del precio de combustible a tres
dólares –que a mediados de junio de 2022 había sobrepasado los seis dólares
por galón–, la disminución del precio de la canasta básica alimenticia y el
control de precios de los medicamentos.



Antes de la irrupción del covid-19, Panamá se ubicaba como uno de los países
con mayor crecimiento económico de la región, al tiempo que estaba
posicionado como el sexto país más desigual del mundo y el tercero de la
región. Esta desigualdad era sentida por las panameñas y los panameños,
68,9% de los cuales, según una encuesta realizada en 2019 por el Centro
Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), considera que en el
país no existe la igualdad de oportunidades.



Según la misma encuesta, 61,8% de los encuestados sostenían que los
servicios públicos son malos y 67,6% que los beneficios del canal -que une
el océano Atlántico con el Pacífico- no llegan a las mayorías. Además, 66%
de los encuestados refería haber sufrido alguna forma de discriminación y
70,6% las mujeres afirmaban ser quienes se encargaban de los cuidados. Otro
dato importante de la encuesta es el que expresa la poca credibilidad y
confianza que la población indicó tener en sus conciudadanos y conciudadanas
y las autoridades: 80,9% considera que pocas veces o nunca son confiables y
solo 40,1% expresó tener una buena o muy buena opinión sobre el gobierno.



A dos años del comienzo de la pandemia de covid-19, los esfuerzos por la
recuperación económica no parecen haber sido suficientes para acercarse a
los niveles previos. El desempleo alcanzó el 9,9% en 2022 (2,8 puntos
porcentuales más que en 2019), la informalidad laboral se ubica en 48,2%
-3,2 puntos porcentuales más que en 2019- y la inflación pasó de -0,2% en
2019 a 4,2% en 2022, el aumento más alto en 14 años. Por otro lado, el
salario promedio del 20% de las personas con mayores recursos es 18,6 veces
más alto que el del 20% en condición de mayor vulnerabilidad.



Estos datos, que reflejan la insatisfacción de una población que se
encontraba resistiendo los embates socioeconómicos de la desigualdad
magnificados por la pandemia, fueron el caldo de cultivo para las recientes
protestas. Los puntos detonantes de las movilizaciones sociales fueron el
aumento del precio de los combustibles en 47%, el alza de la canasta básica
alimenticia –que se incrementó en 3,5%– y el alto costo de las medicinas
ante el desabastecimiento de medicamentos de la Caja del Seguro Social.



Además, organizaciones docentes reiteraron la petición de que el Estado
panameño destine 6% del PIB a la educación. Estas consideran necesario
mejorar las condiciones de los centros educativos, así como resolver la
carencia de docentes en muchas comunidades (donde deben fungir como docentes
multigrados). Además, hicieron hincapié en la ausencia de comedores
escolares, lo que dificulta el aprendizaje de las y los estudiantes en medio
de un panorama socioeconómico complicado para las familias.



A todo este panorama se suma una situación política nacional caracterizada
por diversos escándalos asociados al mal uso de los fondos públicos. Estos
hechos terminaron de avivar la indignación de la población, que pedía
también poner un freno a la corrupción.



Las protestas fueron creciendo y fortaleciéndose a lo largo y ancho del
territorio panameño. Se registraron marchas masivas, acompañadas de diversas
expresiones artísticas. Se organizaron piquetes, paros de labores del sector
docente y de la construcción y cierres de las vías principales del país, lo
cual afectó la disposición de alimentos, medicamentos e insumos básicos como
el gas. Sin embargo, la respuesta del gobierno no llegaba. Por el contrario,
las redes sociales gubernamentales se llenaban de mensajes con información
que reflejaba los resultados positivos de su gestión, lo cual aumentaba el
enfado y la indignación de la población ante la poca atención y actitud de
escucha a sus demandas.



Recién 11 días después de iniciados el paro y las manifestaciones, el
presidente de la República, del Partido Revolucionario Democrático, emitió
un comunicado anunciando que a partir del 15 de julio el gobierno nacional
congelaría el precio del combustible en 3,95 dólares para todos los
vehículos particulares en todo el país. En el mismo comunicado, elevaba al
Consejo de Gabinete una propuesta de congelamiento del precio de diez
productos adicionales de la canasta básica familiar. Sin embargo, la medida
no satisfizo a la población, y mucho menos la lista de productos
alimenticios que el gobierno consideró congelar como parte de la canasta
básica, los cuales eran contrarios a aquellos que, en los días anteriores,
el mismo Ministerio de Salud había sugerido para mantener una alimentación
sana y balanceada.



El descontento social continuó, y 13 días después de iniciadas las protestas
el gobierno realizó un primer acercamiento a la dirigencia de ANADEPO en la
provincia de Veraguas. No obstante, manifestantes de otros puntos del país
reclamaban la instalación de una única mesa de diálogo que los incluyera,
desconociendo la mesa de Veraguas.



Tras varios intentos de mesas de diálogo en varios lugares del país y del
llamado del gobierno a un diálogo nacional en Ciudad de Panamá que no tuvo
acogida por quienes estaban protestando, la Iglesia católica se ofreció a
mediar y a facilitar un diálogo en un punto medio del territorio nacional.
La dirigencia aceptó la propuesta y se instaló la Mesa Única del Diálogo. El
25 de julio, esa mesa acordó discutir ocho puntos, integrando cinco a los
tres comunes de inicios de las protestas. Estos fueron la rebaja y el
congelamiento de la canasta básica sin afectar a los productores nacionales,
la rebaja y el congelamiento del precio de los combustibles, la rebaja y el
abastecimiento de medicamentos de la Caja de Seguro Social y del Ministerio
de Salud, el cumplimiento de la Ley 47 de 1946 (la Ley Orgánica de
Educación), que establece que 6% del PIB debe ser destinado a educación, la
rebaja de la energía, la discusión sobre la Caja de Seguro Social, la
garantía de transparencia y lucha contra la corrupción y, finalmente. la
creación de una mesa intersectorial de seguimiento.



La presión social y el diálogo instalado en la Mesa Única han dado
resultados importantes que, poco a poco, han ido poniendo término a las
protestas en las calles. Conforme a las actas de la mesa, a la fecha de este
escrito, se han adelantado acuerdos en cuatro de los ocho puntos de la
discusión. Entre los principales acuerdos está la ampliación de la canasta
básica mediante la inclusión de 72 productos de primera necesidad, entre
alimentos y artículos de aseo. Algunos de los productos serán subsidiados
por el Estado, a otros se les estableció un margen máximo de ganancia (no
mayor de 15% a 20% en determinados productos) y, en otros casos, se aprobó
la eliminación del arancel de importación para que se refleje en precio
final al consumidor.



Respecto de la solicitud de rebaja y congelamiento de los combustibles, el
principal acuerdo fue la congelación de la gasolina a 3,25 dólares por galón
para  todo tipo de maquinaria a motor, excepto yates o embarcaciones de lujo
y placer, así como vehículos con placa de gobierno.



La solicitud de rebaja y abastecimiento de medicamentos de la Caja del
Seguro Social y del Ministerio de Salud es, hasta el momento, el punto más
disputado. No obstante, se acordó modificar las regulaciones sobre
transparencia para hacer que la información del abastecimiento sea con
reportes reales, de manera pública y a través de una plataforma digital, así
como escrita y de forma obligatoria. Además, se incluyeron sanciones a
quienes falseen u oculten información sobre abastecimiento de medicamentos o
dejen de cumplir con los procesos de compra para beneficiar a empresas o en
detrimento de las instituciones. Los informes de abastecimiento de
medicamentos se tendrán que emitir digitalmente y por escrito, por cada
renglón de medicamentos, y deben incluir su uso, según corresponda: si son
de alta, mediana o baja rotación. También se acordó que en 30 días se debe
conformar una comisión para iniciar actividades de regulación de los
medicamentos, además de mejorar los procesos de compras de la Caja de Seguro
Social y del Ministerio de Salud, a la vez que incentivar a empresas para
que la fabricación de medicamentos sea dentro del territorio nacional.



En materia de educación, se acordó aplicar un incremento gradual de la
inversión del PIB en esa materia. El acuerdo establece que debe producirse
con una distribución equitativa que fortalezca la calidad educativa del
primer y segundo nivel de enseñanza, hasta alcanzar 6% del PIB en 2024, de
manera que se aumente a 5,5% en el presupuesto de 2023 y a 6,0% en el
presupuesto de 2024. Además, se acordó la modificación de la Ley de
Contrataciones Públicas para facilitar la disposición de fondos asignados
para la administración de los centros educativos, para que estos sean
utilizados de forma más expedita. El Ministerio de Educación también selló
compromisos en varios puntos, entre los que están la erradicación de las
escuelas rancho (chozas), el fortalecimiento de los comedores escolares, el
mantenimiento preventivo de la infraestructura escolar, el escalamiento del
proyecto de instalación de tanques de agua y la instalación, dentro de 15
días, de una mesa con los actores del sector educativo para fortalecer la
hoja de ruta trazada en el Compromiso Diálogo por la Educación en el Plan
Estratégico 2019-2024. Con estos acuerdos, y luego de un mes exacto de
protestas, los gremios docentes levantaron el paro de labores y retornan a
las escuelas, en tanto se discuten los otros puntos.



La oleada de protestas en Panamá es el reflejo del agotamiento de una
población que, ante condiciones de vida cada vez más indignas y la
concentración de la riqueza en pocas manos, no tiene más remedio que ejercer
su legítimo derecho a la protesta. Por otro lado, deben ser un llamado de
atención para que las autoridades tengan una actitud más atenta y de mayor
escucha de la población a la que le sirven, para evitar riesgos que pudieron
prevenirse con una más pronta atención de los reclamos de sus ciudadanas y
ciudadanos. El rol del gobierno es generar los puentes necesarios para la
solución de los problemas del país, así como garantizar los derechos
individuales y sociales de la gente. Si la población no siente que el Estado
le garantiza tales derechos, la responsabilidad gubernamental es la de
escuchar y atender sus demandas, buscando soluciones viables, concretas y
prontas.



Al mismo tiempo, es importante que el gobierno panameño materialice los
acuerdos consensuados en la Mesa Única de Diálogo con fechas ciertas, para
evitar un mayor estallido social y el incremento de la desconfianza en las
autoridades, lo que podría poner en riesgo el joven sistema democrático
panameño. Finalmente, los acuerdos alcanzados en la Mesa Única de Diálogo,
si bien son resultado de la lucha de las organizaciones sociales,
constituyen al mismo tiempo una oportunidad para la administración pública
para aumentar la confianza y para buscar soluciones a mediano y largo plazo
que contribuyan a mejorar la situación de vida de quienes habitan Panamá.



* Nelva Marissa Araúz-Reyes, es doctora en Derecho y Maestra en Política
Criminal por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es
investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales
(CIEPS) de Panamá.

  _____





--
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20220811/820d24bd/attachment-0001.htm