México/ Ayotzinapa, castigo sin excepción de todos los culpables del crimen. [LUS - Declaración]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de agosto 2022

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México



Castigo sin excepción de todos los culpables del crimen de Ayotzinapa



Declaración de la Liga de Unidad Socialista (LUS)

Ciudad de México, 22-8-2022



El pasado jueves 18 de agosto el Subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó en el Palacio
Nacional de la republica de México un informe en su carácter de Presidente
de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. El
informe que fue presentado verbalmente fue un resumen de la versión por
escrito
(http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/es/Comision_para_la_Verdad/Infor
me_Presidencia) , que consta de 103 páginas y 8 anexos, donde la Comisión
presentó sus hallazgos en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, hecho acaecido hace casi
ocho años la noche del 25-26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.



El  gran mérito de los familiares de los desaparecidos



Para hacer una evaluación del informe es necesario revisar con cuidado la
versión por escrito que consta de centenas de miles de caracteres, ya que
describe multitud de hechos que son de gran importancia para quienes
apoyamos el movimiento por la presentación de los estudiantes desaparecidos,
y también queremos saber y llegar a las profundas y gravísimas consecuencias
del significado y las implicaciones políticas de este atroz crimen. Debido a
la brevedad que debe mantener una declaración como la presente y la
necesidad de dar nuestra posición como socialistas revolucionarios nos
reduciremos a tratar sobre aspectos esenciales generales del informe,
reservándonos para más tarde el análisis detallado de muchos de los otros
aspectos dignos de consideración.



Es necesario señalar y tener presente que los avances contenidos en el
informe en cuanto al esclarecimiento de los hechos se han logrado, en gran
medida, gracias a la persistente y tenaz presencia –tanto a nivel nacional
como internacional– del movimiento masivo por la búsqueda y presentación de
los estudiantes desaparecidos, cuyo núcleo central fundamental ha sido y
sigue siéndolo, con su ejemplar y encomiable conducta, todas y todos los
familiares de los estudiantes desaparecidos.



Las instituciones gubernamentales conocieron los hechos y mintieron



En la página 31 de la versión por escrito podemos encontrar un claro ejemplo
de un avance de enormes consecuencias en relación a las versiones oficiales
que  habíamos conocido hasta la fecha: “Como se puede constatar a lo largo
de este informe, tanto las autoridades federales, estatales y municipales
(Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional], CISEN [Centro de Investigación
y Seguridad Nacional], Policía Federal Preventiva, Gobierno de Guerrero,
Policía Estatal, entre otras) estaban informadas y dando seguimiento a las
acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal
de Ayotzinapa y de la FECSUM [Federación de Estudiantes Campesinos
Socialistas de México] de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México”. En
otras palabras, los horrendos hechos acaecidos ese fatídico 26 de septiembre
del 2014 fueron seguidos, en tiempo real, por instituciones que forman parte
fundamental del aparato del Estado mexicano tanto en sus niveles estatales
como federales. Es necesario mencionar que la Comisión para la Verdad basa
sus aseveraciones en documentación y material proporcionados por las mismas
instituciones que fueron objeto de la investigación, como puede apreciarse
en la sección titulada “Acopio, análisis y sistematización” en la página 3
del informe.



El informe llega muy lejos cuando, en la página 84, establece claramente que
“existió una evidente colusión de agentes del Estado Mexicano con el grupo
delictivo de Guerreros Unidos que toleraron, permitieron y participaron en
los hechos de violencia y desaparición de los estudiantes, así como en el
intento del gobierno de ocultar la verdad sobre estos hechos”. Esta
aseveración ha ocasionado mucho malestar en la cúpula de la Secretaría de la
Defensa o sea en las altas jerarquías del ejército mexicano. La derecha
mexicana es muy consciente  de las peligrosas implicaciones que esta
situación tiene para los intereses fundamentales no de un gobierno en
particular, sea priista, panista u obradorista, sino para los intereses
fundamentales del Estado burgués mexicano. Un ejemplo típico de lo anterior
se puede aquilatar en el artículo del veterano analista político Raymundo
Riva Palacio publicado en la edición del 24 de agosto del diario El
Financiero-Bloomberg. Riva Palacio defiende a ultranza a los mandos
militares mexicanos, y se indigna especialmente con las órdenes de
aprehensión libradas –a raíz del informe– por la Fiscalía General de la
República contra puestos de mando y elementos de tropa que pertenecían al 27
Batallón de Infantería, con sede en Iguala, a fines del 2014.



Riva Palacio afirma que: “El informe tiene señalamientos que parten más de
conjeturas de los presuntos criminales –muchos de ellos hoy libres– que de
una investigación…” Sin embargo, una lectura correcta y desapasionada del
informe muestra que la evidencia fue recolectada de muy diversas fuentes,
incluyendo documentación proporcionada por la SEDENA misma. Es por ello que
carece de fundamento el argumento de muchos comentaristas y políticos que
consideran que el nuevo informe no añade nada al de la “verdad histórica” de
Jesús Murillo Karam claramente producto de vicios y carencias manifiestas al
debido proceso judicial en 2014.Tan son diversos los informes y conclusiones
que Murillo Karam principal responsable de la “verdad histórica”, como jefe
de la ya desaparecida Procuraduría General de la Republica en el gobierno de
Peaña está detenido y sometido a juicio. El tipo de ataques que lanza Riva
Palacio contra el informe del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro
Encinas, son típicos e imperan en los medios de la derecha mexicana, deben
ser firmemente rechazados por el movimiento que lucha por conocer la verdad
sobre el destino de los estudiantes desaparecidos. La investigación y el
debido proceso jurídico al que deben ser sometidos los acusados en el caso
Ayotzinapa deben continuar hasta su correcta conclusión que es el castigo a
los culpables, los cuales son señalados sin duda alguna en  las mismas
argumentaciones y hechos descritos del nuevo informe. Este objetivo
fundamental para que reine la justicia en México solo será posible lograrlo,
insistimos, con la movilización democrática, masiva, firme, independiente y
permanente de los trabajadores y del pueblo en general contra quienes
obstaculizan y deforman las evidencias.



De la “verdad histórica” a la semiverdad histórica



Precisamente es aquí donde es necesario insistir ya que el informe no
prosigue de manera consecuente con las implicaciones lógicas de sus propias
argumentaciones, a saber que el hecho que los sucesos acaecidos el 26 de
septiembre del 2014 fueron seguidos por varias instituciones que forman
parte del núcleo del aparato del Estado. Lo que es más, a partir de la
página 84, en la sección acertadamente titulada “La ‘Verdad Histórica’: Una
Acción Concertada desde el Aparato Organizado del Poder”, el informe narra
la macabra operación de encubrimiento, manipulación de evidencias y
“limpieza” con la “participación de autoridades del más alto nivel del
gobierno federal”. Pero las 103 páginas del informe se quedan cortas y se
detienen sin llegan a la conclusión lógica de señalar y revelar el papel que
jugaron tanto la cúpula gubernamental –incluyendo, por supuesto, al
presidente Enrique Peña Nieto– como el entramado de intereses y fuerzas que
dominan amplias zonas del Estado de Guerrero. La Comisión Para la Verdad
llegó a tocar verdades fundamentales del caso, pero ha detenido su avance, y
se ha negado a revelar todo lo que hay en el fondo de la tragedia. Continúa
así encubriendo parcialmente a los involucrados en los acontecimientos del
25-26 de septiembre. Este enredo de complicidades es notorio con la
participación en los gobiernos obradoristas de antiguos notorios priistas y
perredistas, uno de cuyos ejemplos más conspicuos es el de Omar García
Harfuch, mencionado explícitamente en el informe, quien es el jefe de la
policía de la Ciudad de México y que en tanto jefe de la policía federal en
Guerrero en ese año fue un protagonista central en la tragedia. La jefa de
gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, públicamente ha salido a
defenderlo.



Encubrimientos y complicidades.



Las repercusiones de la investigación del informe de Alejandro Encinas
seguirán dándose. Muchas de ellas ya eran sabidas y no representan ninguna
novedad, como por ejemplo su contundente afirmación de que los estudiantes
no están vivos. Tampoco su conclusión más general de que se trata de un
“crimen de Estado”. Millones de mexicanas y mexicanos han gritado y repetido
eso en las manifestaciones que se dieron en muchas ciudades de México desde
octubre de 2014. Lo nuevo es que tal verdad se reconozca en una de las más
altas tribunas de tal Estado, culpable del crimen.



El propio presidente López Obrador, aunque no estuvo al lado de Encinas
durante la presentación del informe, salió a su defensa en la mañanera del
24 de agosto cuando declaró que la operación de la investigación del crimen
de Ayotzinapa había sido un “montaje”. “En vez de investigar y castigar a
los responsables, se optó por ocultar la verdad e inventar algo que no se
correspondía a lo que había sucedido” afirmó contundentemente. Una acusación
con mucha carga jurídica y política contra el gobierno de su antecesor Peña
Nieto, que enfatiza y exacerba las pugnas y fricciones ya existentes de
poderosos sectores burgueses priistas y morenistas, las cuales tenderán a
agravarse con molitivo de las elecciones del Estado de México en 2023 y las
presidenciales en 2024.



Estamos en medio de una grave crisis política que se agravará en los
próximos años en la cual están mezclados muchos y complejos procesos de la
decadencia del sistema capitalista en México. Uno de los más nefastos y
peligrosos es el de la vinculación del aparato de estado con los colosales
intereses económicos que se enriquecen de modo fabuloso con el tráfico de
drogas y con los demás negocios y actividades criminales en las que
participan los protagonistas de estos carteles. Los indescriptibles horrores
que hoy suceden, uno tras otro en México, continuarán en tanto no se
resuelvan los problemas de fondo, a saber la decadencia de un sistema
capitalista en el que al pueblo mexicano sólo le esperan aún más violencia,
represión, carestía y deterioro general de vida.



Sólo un movimiento unido, decidido y tenaz que luche de manera independiente
contra este sistema va a ser capaz de obligar al gobierno a resolver los
pendientes que quedan para alcanzar la verdad y la justicia en el caso
Ayotzinapa e instaurar en México las bases de una sociedad verdaderamente
democrática, justa, libre y soberana que gobernada por un gobierno de los
trabajadores de las ciudades y el campo enrumben al país hacia una sociedad
solidaria, una nación socialista.



¡Castigo sin excepción a todos los culpables de los crímenes de la
desaparición de los 43 de Ayotzinapa!

¡Solidaridad total con los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa!

¡Justicia y Verdad para los estudiantes de Ayotzinapa

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