México/ Falsos relatos. La responsabilidad estatal en las desapariciones. [Eliana Gilet]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de agosto 2022

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México



La responsabilidad estatal en las desapariciones



Falsos relatos



Desde el comienzo de la guerra contra el narco, el Estado mexicano ha
buscado establecer la noción de que las muertes y las desapariciones que
sacuden ese país son «culpa de los cárteles». Sin embargo, como muestran
casos como el de Ayotzinapa, las autoridades públicas tienen un rol clave en
esa violencia.



Eliana Gilet, desde Ciudad de México

Brecha, 26-8-2022

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Desde el comienzo de la guerra contra el narco, el Estado mexicano ha
buscado establecer la noción de que las muertes y las desapariciones que
sacuden ese país son «culpa de los cárteles». Sin embargo, como muestran
casos como el de Ayotzinapa, las autoridades públicas tienen un rol clave en
esa violencia.



Familiares de personas desaparecidas toman la antigua Glorieta de la Palma,
en Ciudad de México, como espacio de denuncia de personas que han sido
desaparecidas en el país. 5 de junio. ELIANA GILET

Pasaron siete años entre que su hijo fue desaparecido y le informaron que
había muerto aquel mismo día de su desaparición. Marcela Balderas recibió
esa noticia a comienzos de 2018, de un funcionario de la fiscalía de
Coahuila, el estado norteño donde nació y donde vive, donde sigue buscando a
su hijo Cosme Humberto Alarcón Balderas. Cosme tenía 16 años en el momento
de ser desaparecido, en 2011, cuando salía de cubrir un turno como empacador
en una cadena de supermercados. Marcela debe seguir buscando a su hijo a
pesar de saber que murió, porque, desde hace cuatro años, la autoridad
pública tampoco logra encontrarlo.



En 2018, Marcela reconoció por medio de una serie de fotografías del
registro forense su perfil lastimado por los impactos de bala, tres, en la
cara. El cuerpo estaba herido pero intacto. Fue en Saltillo donde vio las
fotos; allí las recibió de parte de un agente del Ministerio Público,
Fernando González, quien años después pasó a estar encargado del Plan de
Exhumaciones e Identificación Forense del Estado. «Marcela, tú sabes que con
tu dolor te puedes equivocar», le dijo el agente judicial, pero hubo un
segundo elemento que le dio la razón a la madre. En el expediente donde se
hallaron las fotografías de ese cuerpo hasta entonces desconocido, también
había una prueba: el proyectil de una de las balas recuperadas del cuerpo.
La madre presionó y consiguió que los peritos del nivel federal de
investigación criminal le confirmaran que el material genético en esa prueba
coincidía en un 99,9 por ciento con la toma que le hicieron a ella. Era su
hijo.



«El problema, Marcela, es que al cuerpo lo traemos desaparecido, no sabemos
dónde está tu hijo», le dijeron. La primera exhumación de una fosa común
donde podría estar el cuerpo de Cosme, en el panteón número dos de la ciudad
de Torreón, no dio resultados. Eso ocurrió en noviembre de 2018 y fue la
primera vez que las autoridades abrieron sus propias fosas para buscar a un
desaparecido. Volvieron a intentarlo en una ubicación distinta en febrero de
2021, y ya un mes más tarde, el 8 de marzo de 2021, se inició un trabajo
continuado durante 17 días para la exhumación masiva de las fosas comunes
existentes en el panteón público de Torreón. El gobierno federal anunció que
este trabajo sentaría el modelo que se replicaría en el resto del país para
identificar a los 52 mil cadáveres desconocidos que están en fosas comunes,
y que fueron enviados allí desde la explosión de violencia que significó el
inicio de la llamada guerra contra el narco, en diciembre de 2006. Hasta el
momento, Cosme no ha sido hallado en ninguna de las exhumaciones hechas en
Coahuila.



Crisis forense



Es común en México vincular el aumento de la violencia con la guerra al
narco, ya que, cuando esta fue lanzada, el país registraba sus más bajos
índices de muertes violentas en décadas. Con las desapariciones pasó algo
similar y, aunque hay casos registrados desde 1969, su crecimiento
exponencial –especialmente a partir de 2010– hizo que hoy el país esté
hundido en una crisis de dimensiones inéditas en el mundo, con más de 100
mil personas desaparecidas en este período. Al menos la mitad de ellas, 52
mil, están en manos de la autoridad pública, que las inhumó sin haberlas
identificado y que las mantiene desaparecidas, como a Cosme Humberto.



Esta crisis forense mexicana desafía las consideraciones que la legislación
internacional en derechos humanos ha pautado para acreditar la participación
de los Estados en casos de desaparición forzada. Al presentar su informe
tras su visita a México a fines de 2021, el Comité contra la Desaparición
Forzada de las Naciones Unidas definió el problema, por medio de su
presidenta, Carmen Villa Quintana, como «la incapacidad de responder a las
inmensas necesidades de identificación de cuerpos y restos localizados, que
se agrava por las deficiencias de registro, porque la información suele ser
incompleta, estar desactualizada, carecer de datos relevantes, además de que
varios registros previstos en la ley general de desaparición, a cargo de la
Fiscalía General de la República, aún no han sido creados».



Villa Quintana destacó, sin embargo, el trabajo emprendido por el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador en la creación de Centros Regionales de
Identificación Humana (CRIH). El primero fue el de Coahuila, asentado en
abril de 2020 en Saltillo, donde están resguardados los 737 cadáveres
exhumados de 427 fosas comunes de cinco panteones, intervenidos a partir de
la insistencia de Marcela, la madre de Cosme Humberto. Según cifras
oficiales, a fines de 2021 se habían identificado siete de esos cuerpos,
apenas el 1 por ciento.



Hasta el momento, el CRIH de Coahuila enviaba al exterior las muestras
genéticas de los cuerpos para confrontarlas con las tomadas a los familiares
de personas desaparecidas, ya que no tenía la capacidad técnica para hacerlo
localmente. Sin embargo, en el primer semestre de este año, anunció la
puesta en marcha de su propio laboratorio de genética, gracias a la
capacitación de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Pero, al
no haber sido hechos en tiempo y forma, los procesos de identificación se
han encarecido, elevando el costo debido al deterioro que sufren los cuerpos
en las fosas, que requieren forzosamente su análisis de ADN, así como la
construcción de buenas bases de datos de los familiares en búsqueda con las
que cotejarlos.



Aunque los centros regionales, particularmente el CRIH de Coahuila, han
comenzado a construir sus propias bases de datos de información genética,
algunos familiares señalaron a Brecha que su reducido tamaño impide las
identificaciones. Estas nuevas bases de datos no han logrado desbordar los
límites de su delimitación territorial estatal para regionalizarse y
encontrar en el resto del país a las familias que buscan esos cuerpos.



Además, las adecuaciones legales hechas para avalar el funcionamiento de los
CRIH solo les permiten exhortar a la colaboración de los verdaderos
guardianes del proceso: las fiscalías federal y local, y los servicios
médicos forenses. Aunque los CRIH tengan acceso a donde se resguarden
cadáveres sin identificar, no tienen herramientas para obligar al resto del
sistema a que les comparta su información, más allá de apelar a su buena fe.



Universo de casos



A Marcela también la llevaron en su momento con el director de la Escuela de
Medicina de Torreón, quien le aseguró que a partir de 2017 habían dejado de
aceptar cadáveres para su estudio. Pero «ahí usted chéquele», le dijo el
director al franquearle la entrada a una pequeña bodeguita en donde hoy se
lleva el conteo de, al menos, 1.500 huesos, de los que no se tiene
trazabilidad alguna, ni fechas ni origen. Desde 2013 se prohíbe esta
práctica y también la incineración de cadáveres sin identificar.



Antes de la exhumación masiva iniciada en Coahuila en busca de Cosme, la
insistencia de otras familias había revelado en 2016 que la fiscalía del
estado de Morelos llevaba años alimentando panteones clandestinos, a donde
enviaba gente que ni siquiera había pasado por un protocolo forense básico.
La identificación de los cuerpos exhumados de esas fosas –y de fosas
oficiales– en Tetelcingo y Jojutla, en el sur de México, lleva el mismo
lento ritmo que en el otro extremo del país. A comienzos de agosto, se
inauguró en Morelos la sede del CRIH a donde se trasladarán los cuerpos
exhumados en ese estado. Según comentaron a Brecha algunas de las familias
presentes durante la inauguración, el lugar todavía está completamente
vacío, por lo que su puesta en funcionamiento aún dista de concretarse.



«Está pasando el tiempo y siento que no lo voy a recuperar, se me hace muy
difícil, siento que mis esperanzas se van. Recuerdo el dolor tan fuerte que
sentí en los primeros días de la desaparición de mi hijo, cuando me decían
que se había ido porque yo lo trataba mal, porque ya no quería vivir
conmigo… Y saber ahora que mi hijo falleció ese mismo día, qué angustia el
saber que como madre yo lo buscaba vivo, con la esperanza de poder verlo ahí
sentadillo. Ya ves que nos dicen que los grupos delictivos se los llevaban
para trabajar. ¡Cómo viví con esa esperanza cuando mi hijo ya estaba muerto!
Eso me da coraje, me duele. Me da rabia saber que ellos tenían la
información y la manera de buscarlo», cuenta Marcela.



Prácticamente una situación idéntica vivió la familia de otro adolescente,
Braulio Bacilio Caballero, desaparecido en 2016 a 1.000 quilómetros de
distancia de Torreón, en la capital del país. La familia recibió las mismas
respuestas que Marcela. Fueron responsabilizados por la desaparición de su
hijo mayor –de 13 años–, que les desbarató la vida. La falta de
investigación en el sitio donde fue desaparecido ocultó durante casi seis
años que Braulio había sido atropellado ese mismo día por una camioneta del
transporte público; en cambio, las autoridades alimentaron la hipótesis de
que su desaparición se debía a que el niño estaba en situación de calle o
que había sido apropiado por una red criminal (véase «Desaparecer en la
burocracia», Brecha, 12-VIII-22).



La falta de investigación en la desaparición de Cosme impide aún saber, a
una década de lo sucedido, cómo un adolescente que vivía con su madre, que
comenzaba la preparatoria y mientras tanto ganaba propinas en un súper
terminó sus días de una forma tan violenta y feroz. En los documentos
forenses del cuerpo desaparecido de Cosme se indica que había sido hallado a
las 8.40 de la noche, bajo el puente Plateado, que conecta los municipios
conurbados de Torreón y Gómez Palacio, y hace de frontera entre los estados
de Coahuila y Durango. Ese puente, por ser de frontera, tiene un retén
permanente de las fuerzas de seguridad, las que poblaron Coahuila desde el
estallido de la violencia.



Ayotzi vive



El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de
Ayotzinapa, Guerrero, es el paradigma de este mecanismo estatal que solapa
la verdad con una versión falsa de los hechos. Esta semana fue detenido y
procesado el exprocurador federal Jesús Murillo Karam, acusado de haber
fraguado sin pruebas una versión que culpaba únicamente al crimen organizado
de la desaparición de los estudiantes, inhibiendo la investigación de una
línea de responsabilidad que lleva a los mandos federales de seguridad civil
y militar de la época. Luego de detenido Murillo Karam, la Fiscalía General
anunció 83 órdenes de captura, que incluyen a 20 mandos del Ejército. Las
acusaciones también implican a altos cargos de la Marina, del Centro
Nacional de Inteligencia, de la Policía Federal, de la Agencia de
Investigación Criminal y de otras dependencias federales.



La Justicia documentó ahora el uso de la tortura como método de
interrogatorio y como herramienta principal para crear las confesiones con
las que se articuló, desde 2014, la fraudulenta narración oficial sobre el
caso, la llamada «verdad histórica». Esa práctica ha sido señalada en
repetidas ocasiones como una de las más nefastas consecuencias de la guerra
contra el narco.



Desde 2006, el deterioro en los procesos de investigación criminal, sumado a
la explosión de muertes y violencia que está en el origen de las
desapariciones, fue terreno fértil para instalar un discurso oficial que
dice que todo «es culpa de los cárteles». Pero, como demuestran el caso de
Ayotzinapa y tantos otros, solo siguiendo la historia de las víctimas,
atendiendo sus casos, los procesos de reivindicación y lucha que llevan sus
familias, se puede encontrar lo que brilla en medio del caos y hacerles
espacio, uno a uno, a los 100 mil que faltan y a todas las personas
afectadas por la oscuridad y el silencio.

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