Perú/ La crisis interminable. El harakiri de Castillo. [Dossier]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de diciembre 2022

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Perú



Entrevista a Marisa Glave



De Pedro Castillo a Dina Boluarte o la crisis interminable



El presidente peruano intentó cerrar el Congreso, que lo quería destituir,
en un casi inexplicable salto al vacío. Pocos minutos más tarde, era
detenido y reemplazado por la vicepresidenta.



Pablo Stefanoni *

Nueva Sociedad, diciembre 2022

https://www.nuso.org/



La crisis política peruana ha dado un vuelco. Tras asumir el poder el 28 de
julio de 2021 como expresión del «Perú profundo», despreciado por las elites
limeñas, Pedro Castillo nunca encontró un rumbo. Cambió un gabinete de
ministros tras otro, perdió aliados, se mostró políticamente errático y
terminó dependiendo de círculos oscuros de asesores y envuelto en crecientes
denuncias de corrupción de su entorno y su familia. Pero fue su decisión de
cerrar el Congreso -al que acusó de obstruccionista en un discurso con voz
temblorosa- lo que selló su fin. Dos horas después, el Congreso que hasta
ese momento no tenía mayoría para «vacarlo» la consiguió, y en pocos minutos
el mandatario fue detenido, al parecer mientras buscaba llegar a la embajada
mexicana. ¿Cómo se explican esta aceleración de la crisis y los errores del
mandatario peruano? En esta entrevista, Marisa Glave ofrece algunas claves
de lectura. Entre 2007 y 2013, Glave fue regidora de la Municipalidad
Metropolitana de Lima y entre 2016 y 2019, congresista de la República.
Actualmente es investigadora asociada del Centro de Estudios y Promoción del
Desarrollo (DESCO).



-¿Cómo se explica la torpeza de Pedro Castillo de disolver el Congreso sin
prever que en pocos minutos se quedaría completamente solo, cuando el
Congreso además no tenía los votos para destituirlo?



El pecado original de Pedro Castillo no solo fue cómo armó sus gabinetes de
ministros sino cómo dio lugar a opacos entornos palaciegos. Luego de formar
un gabinete más amplio, con figuras de diversos sectores progresistas,
terminó recostado en un entorno que la prensa ha llamado «los chotanos» o
«los chiclayanos», dependiendo de su origen, que concentraron poderes de
decisión alrededor del presidente y fueron además sus interlocutores en
relación con lo que estaba ocurriendo en el país.



Recordemos una de las más penosas entrevistas del presidente, en la cadena
CNN, en la que dijo que no leía periódicos ni veía televisión. De esa forma,
ha ido recibiendo información mediada de quienes le hablaban al oído. Este
entorno, muy poco capacitado, ha estado tomando decisiones y cometido error
tras error.



El presidente Castillo nombró por ejemplo como canciller a una persona,
Miguel Rodríguez Mackay, que había hecho declaraciones contra el propio
presidente, a quien había tildado de comunista, que apoyó el indulto a
Alberto Fujimori e incluso habló de fraude electoral, una denuncia sin
fundamento del fujimorismo. Castillo también nombró como ministro del
Interior a Mariano González, a quien terminó considerando un topo del
golpismo dentro de su gobierno. Hubo niveles de precariedad e ingenuidad, y
una especie de soberbia muy fuerte entre las personas que han estado tomando
las decisiones.



Recientemente, Castillo cambió a dos figuras importantes: al jefe de la
Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y al ministro de Defensa. En la
DINI colocó al ex-general Wilson Barrantes, y en Defensa, a Gustavo Bobbio,
dos personas muy enfrentadas entre sí. Hoy hay muchos rumores que están
circulando en redacciones y diversos espacios de que estos dos funcionarios
le habrían asegurado a Castillo que tenía la fuerza suficiente, entre las
Fuerzas Armadas y la Policía, para avanzar en el cierre del Congreso, hacia
ese golpe absurdo. Porque fue un golpe. La policía decidió de facto no
responder a las órdenes del presidente, y evidentemente los militares
también. Y luego hay un conjunto de personajes políticos del entorno del
presidente, incluida la premier, Betssy Chávez [33 años, quinta presidenta
del Consejo de Ministros desde que asumió Castillo], que creo que
sobredimensionaron un posible respaldo popular a la decisión del presidente
de cerrar el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente.



Diría demás que estas fantasías estaban acompañadas de un temor real de
Pedro Castillo ante el avance de las investigaciones de la Fiscalía y el
surgimiento de nuevos «colaboradores eficaces» (de la justicia) con un
conjunto de testimonios que comenzaron a filtrarse en la prensa. Quizás el
que más lo ha golpeado es el del ex-jefe de la DINI, José Fernández Latorre,
hablando de posibles pagos a familiares de Castillo, así como del apoyo a
funcionarios que están fugados en este momento. Y el día de hoy [7 de
diciembre], el ex-jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda,
Salatiel Marrufo, ha dado detalles muy pormenorizados de la suma de nueve
millones de soles (más de dos millones de dólares) que habría recibido de
una empresaria para financiar un conjunto de acciones del presidente
Castillo, e incluso dinero que habría llegado para él. Creo que estos
temores explican en parte la decisión de avanzar en esta tentación
autoritaria, que se ha visto por otro lado como una característica en parte
de su entorno.



-Todo se terminó desarrollando en muy pocas horas y Perú tiene otro
ex-presidente preso, parece una crisis sin fin en la que todos los
mandatarios terminan en la cárcel, o incluso suicidados como Alan García...



Todo esto podría interpretarse como eficacia de la justicia peruana, pero lo
cierto es que, en realidad, se trata de muestras de la precariedad de la
representación política y de un conjunto de golpes a la propia confianza de
los peruanos. Si vemos las encuestas de IPSOS, Perú es uno de los países de
América Latina con menor confianza en la democracia y mayor desconfianza en
las autoridades. Entonces, ¿cómo sostener la democracia y las instituciones
cuando más de 80% de los peruanos cree que la clase política solo se fija en
su propia reproducción -y autoprotección- antes que en la búsqueda de
transformaciones mínimas o pautas básicas de justicia en el país?



-Castillo llegó como candidato del «Perú profundo» y desde el comienzo se
vio que su gobierno transitaba un rumbo errático, sin mayoría parlamentaria,
sin ideas y, como usted mencionaba, con entornos que terminaron sumergidos
en la lógica de clientelismo y corrupción. ¿Cómo afecta esta experiencia a
la izquierda peruana?



Yo creo que la experiencia de este gobierno, sin claridad programática, sin
ninguna reforma básica que pudiera darle alguna bandera de cambio social, de
justicia social, va a golpear mucho a la izquierda, y más aún al sector de
la izquierda autoritaria, como Perú Libre y otras organizaciones, que
mantuvieron por más tiempo su apoyo al gobierno. Pero también a la izquierda
democrática, que ha sido vacilante y no ha podido decir con claridad que,
más allá de la presencia de una derecha golpista que existió desde el día
uno de Castillo y ni siquiera reconoció su triunfo en las urnas, era
necesario marcar con claridad distancia con un gobierno con cero voluntad de
transformación. Además de los mencionados signos evidentes de corrupción y
de falta de capacidad para dar pasos mínimos en materia de salud y educación
tras los efectos de la pandemia, uno de los peores de América Latina.



Pero también diré que si bien todo esto le va a pasar factura a la
izquierda, no hay que olvidar que el Congreso, en manos de la derecha
opositora que vimos actuar durante este tiempo, tiene niveles de rechazo
cercanos a 90%. Estamos ante una profunda descomposición de la
representación política en su conjunto. Lo que es riesgoso por la
posibilidad de que crezcan supuestas soluciones autoritarias.



-¿Cuánto puede favorecer esta situación a la extrema derecha, con figuras
como el alcalde electo de Lima Rafael López Aliaga?



Yo creo que la extrema derecha tiende a sobredimensionar las cosas. Castillo
se ha autovacado [autodestituído], y esto ha sido capitalizado
provisionalmente por el Congreso. Pero no creo que la extrema derecha pueda
sacar tanto provecho de este momento de crisis. Más bien, mi preocupación,
diré con sinceridad, es que proyectos como el de Antauro Humala, que es una
expresión autoritaria pero de signo diferente al de López Aliaga,
autoproclamado etnonacionalista, puedan crecer en algunos espacios y
territorios de Perú. [Antauro Humala propuso, por ejemplo, fusilar a los
ex-presidentes corruptos, incluido su hermano Ollanta «por traidor»]



-¿Qué se puede esperar de Dina Boluarte, a la luz de su perfil de
vicepresidenta tan inesperada como Castillo?



La señora Boluarte ha dado un mensaje, al momento de asumir la Presidencia,
llamando al diálogo nacional, a la construcción de un gobierno de unidad y
ancha base, pidiendo una tregua política y comprometiéndose en la lucha
contra la corrupción. Ella misma ha dicho que parte de los problemas se
vinculan con la necesidad de una reforma electoral que aún está pendiente.
Sin embargo, yo creo que la nueva presidenta y quienes piensan que esta
sucesión constitucional generará algo más de estabilidad se están
equivocando. Es difícil pensar que la mayoría de los peruanos acepten que
este Congreso y Dina Boluarte se mantengan hasta 2026 como si nada. Mi
impresión es que habrá movilización ciudadana en un contexto muy complicado:
hay una sequía muy fuerte que afecta a parte del país, que genera mucho
malestar entre los campesinos y agricultores, que ya se venían discutiendo
la posibilidad de un paro… y además la derecha en el Parlamento, sectores
como Fuerza Popular (fujimorista), Avanza País (con vínculos con el partido
español Vox) o Renovación Nacional (López Aliaga) tienen una voluntad
expresa de buscar también la salida de Boluarte. Sin bancada parlamentaria
propia, sería ingenuo de su parte pensar que tendrá una gestión tranquila en
relación con el Congreso. Boluarte haría bien en propiciar un diálogo sobre
posibles reformas políticas y electorales que decanten en un adelanto de las
elecciones. Es posible que no tenga luna de miel ni con el Congreso ni con
la ciudadanía, por eso es importante abrir el diálogo hacia un adelanto
electoral, que no será en los próximos tres meses, pero que debe abrirse
paso.



En fin, como colofón diría que estamos en transición hacia nuestra próxima
crisis. No creo que estemos solucionando la crisis, sino transitando hacia
otra.



* Pablo Stefanoni, jefe de redacción de Nueva Sociedad. Coautor, con Martín
Baña, de Todo lo que necesitás saber sobre la Revolución rusa (Paidós, 2017)
y autor de ¿La rebeldía se volvió de derecha? (Siglo Veintiuno, 2021).



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La nueva presidenta en Perú y una crisis que no acaba



El harakiri de Castillo



Abrumado por el constante cerco de la oposición parlamentaria y la fiscalía,
el ahora expresidente peruano se lanzó a un autogolpe que fue revertido en
un par de horas. La nueva presidenta aparece como rehén de un Congreso
enormemente impopular.



Jacqueline Fowks, desde Lima

Brecha, 9-12-202

https://brecha.com.uy/



La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, es, desde el miércoles, la
primera mujer que ocupa ese cargo. La vicepresidenta asumió de acuerdo a la
sucesión que establece la Constitución, luego de que el presidente Pedro
Castillo fue vacado por «permanente incapacidad moral» un par de horas
después de haber anunciado la disolución del Congreso, el establecimiento de
un Congreso Constituyente y la reorganización de todos los órganos de
Justicia. Fue un inesperado harakiri en vivo y en directo. Como las Fuerzas
Armadas y la Policía no apoyaron la medida inconstitucional del presidente,
lo detuvieron en flagrancia por el delito de rebelión. Boluarte, sin
embargo, ha quedado secuestrada por la oposición conservadora y los poderes
fácticos que buscaron la salida de Castillo desde julio de 2021, cuando
asumió la presidencia del país andino.



La nueva jefa de Estado no tiene bancada en el Congreso. Ella y el maestro
rural se inscribieron en el partido Perú Libre, invitados para postularse en
2021 como fórmula presidencial, debido a que el fundador de ese partido, el
leninista Vladimir Cerrón, estaba inhabilitado políticamente; pero, una vez
en el gobierno, ambos fueron expulsados de ese grupo político: Boluarte en
enero y Castillo en junio. Ni él ni ella tenían ni tienen una posición
doctrinaria definida. La oposición parlamentaria buscó inhabilitar a la
vicepresidenta desde 2021, pero el mes pasado cambió de postura y esta
semana archivó la denuncia constitucional que el Congreso procesaba en su
contra. Fue una decisión lógica de acuerdo a los intereses del sector que
desde 2017 busca inhabilitar a los presidentes que ganaron las elecciones
frente a la conservadora Keiko Fujimori: si luego de una destitución de
Castillo –por vía de la vacancia o la suspensión– la vicepresidenta asumía
como jefa de Estado, los parlamentarios podían mantenerse en sus escaños.



De acuerdo a las últimas encuestas, el parlamento tiene más de 85 por ciento
de desaprobación ciudadana. Especialmente en las regiones que votaron
masivamente por el hoy destituido presidente, el pedido es de elecciones
generales anticipadas: es decir, que se vaya también el Congreso.



¿En qué circunstancias Castillo se lanzó a la aventura dictatorial? Entre
enero y julio, había acumulado seis denuncias fiscales en su contra por
corrupción en funciones, y cada día más exfuncionarios de la Presidencia y
del Ministerio de Vivienda repetían a la prensa lo mismo que habían
declarado a la fiscalía: que recibían sobornos –de los cuales una parte era
para el mandatario o sus parientes– o que habían ayudado a fugar a un
sobrino de Castillo o a un exministro involucrados en tramas ilegales
relacionadas con obras públicas o adquisición millonaria de biodiésel.



El Congreso había intentado vacar al presidente por permanente incapacidad
moral dos veces –en noviembre y en marzo–, y este miércoles 7 iba a debatir
nuevamente su destitución con una tercera moción de vacancia. No había los
votos suficientes (se necesitaban 87), pero había otras opciones. La semana
pasada, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó dos dictámenes de
proyectos de ley para echar al maestro rural en el corto o mediano plazo.
Uno regula la suspensión del presidente por incapacidad temporal y coloca
como requisito 66 votos –que la oposición sí tiene–. El otro es un cambio
constitucional para adelantar las elecciones generales. Ambos estaban
pendientes de debate en el pleno y eran boletos que conducían eventualmente
a Castillo a la cárcel mientras duraran las investigaciones fiscales por las
graves imputaciones en su contra: por tráfico de influencias, colusión
agravada y organización criminal.



Es decir, el Congreso tenía decidida la suerte del exdirigente sindical del
magisterio. La pretensión de la oposición parlamentaria de echar a Castillo
era compartida desde 2021 por la mayoría de los medios de comunicación de
Lima, el empresariado, jefes militares retirados y jerarcas conservadores
católicos, entre otros poderes fácticos. Por otro lado, algunos organismos
del sistema de Justicia se han colocado en ese lado de la cancha desde
agosto: el Tribunal Constitucional elegido por el actual Parlamento; la
fiscal general, Patricia Benavides, y algunos miembros de la Junta Nacional
de Justicia, el órgano que evalúa, nombra y destituye a los magistrados.



Atada de manos



El experimentado sociólogo Sinesio López afirma en una columna periodística
que el autogolpe de Castillo fue la respuesta repudiable a otros golpes que
se estaban produciendo: «El del Congreso contra el presidente y el del
Congreso contra el pueblo soberano». Pero ha añadido, entrevistado este
jueves en un programa radial, que Boluarte es ahora rehén de la oposición,
debido a que no tiene bancada, experiencia política ni popularidad. López
sugiere que, para lograr aprobación ciudadana, la presidenta responda a los
pedidos de convocar a elecciones generales.



Tras la destitución de Castillo, hubo entre miércoles y jueves
movilizaciones ciudadanas a favor del adelanto de elecciones, en especial en
regiones andinas del centro y sur del país, y también en Lima (aunque con
poca participación). La elección en 2021 de un presidente campesino, nacido
fuera de la capital, que prometía una nueva Constitución, creó muchas
expectativas en la población pobre y con menos derechos en una sociedad
desigual y racista. Castillo propuso una asamblea constituyente para que la
nueva carta magna considerara la educación y la salud como derechos
fundamentales. Además, prometió una segunda reforma agraria que diera
mejores condiciones de trabajo a la agricultura familiar. En nada de esto se
pudo avanzar en 18 meses de mandato. El exprofesor rural estuvo a salto de
mata; en vez de gestionar y gobernar, él y algunos miembros del gabinete de
ministros solo se ocupaban de encarar la obstrucción del parlamento y,
luego, de intentar defenderse de las denuncias fiscales.



El presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales y gobernador de la
región Cusco, Jean Paul Benavente, también ha llamado al adelanto de
comicios generales. Lo mismo ha hecho la principal organización que reúne a
las federaciones indígenas de la Amazonia, la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana. A su vez, una asociación de mujeres
indígenas se ha pronunciado contra el Legislativo en un comunicado tras el
golpe y la vacancia. «Dina Boluarte ahora es parte de la dictadura
congresal. No a la continuidad del Congreso dictatorial», tuiteó el
miércoles la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del
Perú.



El antropólogo y analista político Carlos Ernesto Ráez afirma que Boluarte,
como presidenta, le debe mucho a este Congreso. «Archivaron la investigación
en su contra: entonces, está no solo de rehén, sino de títere. Está por
verse cuánto puede cumplir de la agenda original de Castillo, o si termina
derechizándose, o si adelanta elecciones, que es lo que debería hacer.
Aunque, si lo hace, [el caudillo nacionalista] Antauro Humala va a segunda
vuelta», opinó Ráez consultado para este artículo.



En Ideele Radio, Laura López, alcaldesa del distrito de Quequeña –en la
sureña región de Arequipa– hizo un balance de lo ocurrido. «El pueblo
siempre paga los platos rotos de la crisis política: es una verdadera pena
por la gente que menos tiene. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo piensan que,
si vamos a hacer un cambio, deberían irse todos. Esto que ha sucedido es muy
negativo para la imagen del país: la de un presidente con su propio
desgobierno y un Congreso que no ha dado nada, solo la inestabilidad»,
refirió este jueves.



La presidenta Boluarte, al prestar juramento, indicó que asumía el cargo
hasta el fin del período, julio de 2026, y horas después recibió un mensaje
de saludo vía Twitter de la lideresa opositora Fujimori. «Podrá contar con
el apoyo y respaldo de Fuerza Popular. No es momento de ideologías ni de
derechas o izquierdas», dijo la procesada por los delitos de lavado de
activos y organización criminal, e hija mayor del autócrata preso Alberto
Fujimori.



En un recorrido por distritos de clase media de Lima, la mayoría de
ciudadanas y ciudadanos consultados por este semanario rechazó la decisión
de Castillo y pidió que también se fuera el Congreso. Una de las analistas
políticas liberales con mayor visibilidad en Lima, Rosa María Palacios, ha
señalado que Boluarte debe ocuparse de las elecciones anticipadas. «El
Congreso no tiene nada que celebrar. Primero debe cumplir con el deseo de la
ciudadanía. Castillo perdió la presidencia, pero ellos no le han ganado a
nadie. Boluarte debe reconocer su carácter transitorio y trabajar en el
adelanto de elecciones y reformas constitucionales», tuiteó la abogada y
periodista este jueves.



Boluarte se desempeñó hasta hace un par de semanas como ministra de
Desarrollo e Inclusión Social: era una de las tres que continuaba desde el
primer gabinete designado a fines de julio de 2021. No fue poco, pues
Castillo nombró casi 80 ministros durante su breve mandato. Este jueves, en
una comparecencia ante la prensa de siete minutos, la presidenta pidió a los
medios una tregua para ordenarse en el despacho presidencial y luego «dar
alguna noticia de primera mano». Cuando le preguntaron sobre el adelanto de
comicios generales, contestó: «Eso democráticamente es respetable. Creo que
la asunción de la presidencia es para reorientar qué hay que hacer con el
país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos
viendo alternativas para orientar mejor el país».



Futuro nuboso



En estos 18 meses de desgobierno, Perú ha acumulado un gran listado de
problemas, pero, en el último mes, se han sumado otros, como la sequía, que
causará no solo el hambre y la quiebra de los pequeños agricultores y los
pequeños ganaderos, sino también la escasez y el alza de precios de
alimentos en las ciudades. Los productores dedicados al cultivo de café ya
habían anunciado protestas a partir del 12 de diciembre contra la inercia de
los políticos. Desde mediados de año, este sector ya estaba golpeado por el
alza del precio de los fertilizantes –debido a la guerra entre Ucrania y
Rusia– y la incapacidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de
hacer una compra a proveedores internacionales.



La escasez de lluvias en los Andes significa, además, el posible
desabastecimiento de agua en la capital. Según la Autoridad Nacional del
Agua, el caudal de los ríos de Lima es el más bajo desde 1983. No hay ningún
plan de previsión para este escenario. La sequía, como en otros países
sudamericanos, ha agravado la dimensión de los incendios forestales, sobre
todo en las regiones andinas de Ayacucho, Apurímac y Cusco, y los
damnificados principales son campesinos que pierden sus sembradíos y lloran
la muerte de sus animales quemados, especialmente vicuñas y ovejas, entre
otras especies.



Por si eso no bastara, hace un par de semanas una epidemia de gripe aviar ha
afectado a pequeños productores de aves de corral: hasta este miércoles,
22.583 aves habían muerto de esa enfermedad, reportó el diario La República,
citando como fuente el Ministerio de Salud.



Adicionalmente, para contrarrestar los efectos adversos de la economía
internacional en el ámbito interno, el entonces ministro de Economía, Kurt
Burneo, había presentado al Congreso en noviembre un plan de acción para
«impulsar la actividad económica» y mantener los indicadores macroeconómicos
en azul. Sin embargo, el parlamento no dio prioridad al debate de dichas
medidas. La política pública del gobierno de Castillo, a diferencia de la de
los gobiernos de Chile y Colombia, abdicó tempranamente, en 2021, de llevar
a cabo una reforma tributaria, cediendo a la negativa de la oposición
parlamentaria, la elite económica y el sector más fuerte de la prensa
limeña.



En este panorama, los grupos de choque de ultraderecha y ciudadanos
conservadores se han mostrado el miércoles fortalecidos en las calles, luego
de que Castillo fuera detenido en flagrancia, cuando iba a pedir asilo a la
embajada de México. «También botaremos a Dina Boluarte», decía el cartel de
uno de los colectivos que varias veces intentaron llegar al Palacio de
Gobierno, emulando a los trumpistas que asaltaron el Capitolio en Estados
Unidos.



En medio de la tormenta política, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha reiterado su mensaje de octubre acerca de la deformación del
diseño institucional que impide la gobernabilidad desde 2018 en Perú. La
sucesión de crisis constitucionales continuará en Perú mientras «no existan
definiciones objetivas de figuras constitucionales, como la disolución
unilateral del Congreso, la vacancia por incapacidad moral permanente y la
acusación constitucional», puntualizó la entidad.

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