Argentina/ El nefasto regreso del FMI. [Claudio Katz]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

1° de febrero 2022

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Argentina



El nefasto regreso del FMI



Claudio Katz *

Buenos Aires, 31-1-2022



Finalmente el gobierno firmó un acuerdo con el FMI que convalida la
fraudulenta deuda tomada por Macri. Fernández endulzó el anunció con la
promesa de evitar el ajuste y sugirió que es la mejor opción posible. Pero
desechó las alternativas a esa rendición y olvidó que el país nunca salió
airoso de esos compromisos.



Legitimación de una estafa



El acuerdo legaliza las irregularidades de un crédito que violó todas las
normas del FMI y financió la fuga de capitales, sin aportar un sólo dólar a
los emprendimientos productivos. Todas las denuncias del oficialismo de ese
fraude quedan ahora archivadas y las querellas contra los funcionarios de
Cambiemos pierden sentido. No es cierto que “Fernández resuelve el problema
generado por Macri”. El presidente ratifica las tropelías de su antecesor y
avala el endeudamiento forzoso de las próximas generaciones.



El mandatario ofreció ciertas precisiones de lo acordado para los próximos
dos años y medio, pero no dijo nada del escenario posterior. A partir del
2025 reaparecerá toda la carga de los 45.500 millones de dólares adeudados
al Fondo. En ese momento resurgirá la imposibilidad de pago y la
consiguiente obligación de concertar otro acuerdo más gravoso.



Por esta razón, Guzmán soslayó esta vez su término predilecto de “convenio
sustentable”. Concertó un deshago inmediato que pospone el problema,
repitiendo la dilación ya negociada con los bonistas privados. Acordó una
relativa tregua para el próximo bienio, que mantiene activada la bomba de un
endeudamiento explosivo.



Si la postergación funciona, al concluir el período de gracia habrá que
afrontar la misma montaña de vencimientos impagables. Los 20.000 millones de
dólares anuales que demanda el Fondo no aparecerán tampoco en el futuro. En
ese momento el FMI volverá a la carga con sus conocidas exigencias de
reforma laboral y previsional. Guzmán se jacta de haber logrado la
eliminación de esos atropellos en el convenio actual, pero oculta que
resurgirán en la próxima refinanciación.



Algunos funcionarios argumentan que el país podrá negociar con mayor fuerza
dentro de dos años. Pero no explican cómo emergerá esa redoblada capacidad
de Argentina para plantarse ante el Fondo. Los inspectores de ese organismo
ya estarán cómodamente instalados en el Ministerio de Economía y el Banco
Central y se habrá perdido la gran carta de la ilegitimidad del pasivo.



Ningún funcionario podrá objetar en el futuro la estafa que convalida en la
actualidad. No podrán alegar la responsabilidad de Macri, Trump y Lagarde en
un crédito ratificado por Fernández, Biden y Giorgieva.



Todas las denuncias de un pasivo odioso irán al cajón de los recuerdos. Lo
mismo ocurrirá con las demandas de intervención a la ONU y la Corte
Internacional de Justicia, para que declaren la nulidad de una operación
financiera irregular.



Fernández repite la misma aceptación del fraude que asumieron todos los
gobiernos de las últimas cuatro décadas. Esa sucesión de ratificaciones ha
transformado al endeudamiento en un aluvión inmanejable. Por enésima vez una
gestión progresista blanquea los atropellos de su antecesor derechista, con
la misma repetición de la división del trabajo. El escandaloso pasivo
asumido por los equipos económicos ortodoxos es bendecido por sus pares de
la heterodoxia.



Mientras el país se hace cargo de la estafa, los funcionarios del FMI
respiran aliviados. Transformaron a la Argentina en el principal deudor del
organismo y no tendrán que explicar por qué razón, ninguna otra nación
afronta una situación semejante. Los otros dos pagadores pendientes (Egipto
e Irak) adeudan montos incomparablemente más bajos.



El mismo auxilio oficial se extiende a los grandes capitalistas locales, que
transformaron el dinero otorgado por el FMI en cuentas propias depositadas
en el exterior. La investigación ya realizada por el Banco Central tiene
identificados a los beneficiarios de esa fuga, que naturalmente aprueban la
convalidación de su maniobra. Las principales entidades del establishment ya
anticiparon ese entusiasta apoyo al convenio.



Guzmán tuvo en su escritorio el listado completo de esos enriquecidos y
congeló la investigación. No permitió siquiera el cruce de datos con los
registros de la AFIP, para evaluar si los dólares expatriados fueron
declarados al fisco.



Los funcionarios sólo emitieron vagos pedidos de colaboración al FMI, para
que contribuyera a la recuperación de los dólares escondidos en los paraísos
fiscales. Obviamente el principal cómplice de la estafa no aportó ninguna
información y el cajoneo de la investigación anticipó el acuerdo propiciado
por Washington.



¿Un recorte sin ajuste?



El gobierno sustituirá el crédito suscripto por Macri por otro que
refinancia el incumplimiento de ese préstamo. El FMI se asegura el cobro de
lo adeudado con la prolongación de los plazos y la custodia de la política
económica. Esa auditoría se concretará a través de diez revisiones
trimestrales, que le garantizan al Fondo una estratégica cogestión durante
los próximos mandatos presidenciales.



Guzmán presenta esa reinstalación del FMI como un dato “razonable” que
contribuirá a reducir la “incertidumbre”. Pero omite que esa injerencia
reactivará el desprecio que exhibieron por el país todos los emisarios del
Fondo, en los 22 acuerdos suscriptos en las últimas seis décadas. Mientras
Giorgieva pone cara de ocasión y comparte con el Papa Francisco los mensajes
indulgentes, los directivos reales del organismo (David Lipton, Ilan
Goldfajn) son viejos cómplices de Macri, que exigen una gran cirugía de
Argentina.



Por esa razón han demolido todas las peticiones de benevolencia. Rechazaron
la posibilidad de una condonación o quita del capital adeudado y también la
conversión de los pasivos en obligaciones climáticas o la extensión a 20
años de los vencimientos. Incluso mantuvieron el cobro de una insólita
sobretasa por el exorbitante volumen del crédito que ellos mismos colocaron.
Han vetado, además, el eventual otorgamiento de fondos adicionales por parte
de otros socios de la institución.



Guzmán disimula esa dureza, alabando los cuatro compromisos acordados con el
FMI para los próximos dos años y medio. Realza, en primer lugar, la
reducción del déficit fiscal que el gobierno proponía situar en 3,3% del PBI
para el año en curso y que finalmente se ubicará en 2,5%. Para el 2023
deberá ser de 1,9% y en 2024 de 0,9%.



Estas disminuciones han sido el gran estandarte de la ortodoxia derechista,
que sitúa la principal desgracia de la economía argentina en el gasto
público. Guzmán siempre proclamó lo contrario, pero ahora descubre los
méritos de esos recortes. Afirma que esas podas tendrán efectos virtuosos,
puesto que en lugar de asentarse en ajustes del gasto, emergerán del mayor
ingreso obtenido por el fisco con el crecimiento y la tributación.



Pero en la gestión de los últimos meses no prevaleció ese criterio y por esa
razón el rebrote de la pandemia fue privado del correspondiente subsidio
(IFE). Además, el pacto fiscal negociado con los gobernadores y el frustrado
proyecto de presupuesto del 2022 fueron diseñados con recortes, para
sintonizar con el Memorándum de Entendimiento que exige el FMI.



Guzmán presenta igualmente lo ocurrido en el último trimestre del 2021, como
un ejemplo de reducción del gasto por efecto del crecimiento y la
tributación. En ese período los ingresos del Estado aumentaron
significativamente, al compás de un rebote de la economía que compensó la
caída previa (10%).



El ministro generaliza a futuro ese dato y afirma que no habrá ningún ajuste
en partidas relevantes (como obra pública o ciencia y tecnología). Pero no
aclara qué tasa de crecimiento y recaudación se necesitaría, para lograr la
drástica reducción del déficit que ha comprometido para el próximo bienio.



Se concertó con el FMI los porcentuales de esa disminución, pero no los
guarismos que permitirían el achicamiento. No se estableció cuánto aumentará
el salario, qué nivel de recuperación tendrán las jubilaciones o cuánto
bajará la pobreza y subirá el PBI. Mientras que esas cifras son magnitudes a
revisar, el recorte del déficit ha quedado rigurosamente preestablecido. Los
auditores del Fondo estarán presentes para monitorear ese cumplimiento.



El segundo compromiso oficial es la reducción del financiamiento fiscal con
la emisión monetaria. Ese recorte comenzó en el 2020 (7,3%), se afianzó el
año pasado (3,7%) y se intensificará en forma fulminante en el 2022 (1,00%),
2023 (0, 6%) y 2024 (0%). Con ese cronograma se llegaría a la gran meta de
la ortodoxia que es la emisión cero. Los monetaristas siempre han fantaseado
con encarrilar la economía, mediante la simple aspiración del dinero
circulante.

Ahora Guzmán adopta ese programa y promete reintroducir tasas de interés
reales positivas para pavimentar la disciplina monetaria. Afirma que por ese
camino se consolidará un mercado de financiamiento del gasto público en
pesos, que compensará la continuada marginación de Argentina del mercado
crediticio internacional.



Pero el ministro omite los conocidos problemas de las gigantescas emisiones
locales de bonos. Con esas colocaciones los bancos son inducidos a especular
con el crédito público, en desmedro de la financiación de la industria, el
agro o los servicios. No se entiende cómo se logrará sostener un alto
crecimiento con tasas de interés positivas que desalientan la inversión
productiva.



Tarifas y dólar en la letra chica.



El tercer compromiso concertado con el Fondo es la reducción de la inflación
para facilitar el superávit fiscal y la adquisición oficial de los dólares
destinados al FMI. Guzmán subraya que el organismo ahora acepta el carácter
multicausal y no sólo monetario del aumento de precios. Pero omite que esa
concesión retórica no tiene consecuencias prácticas. Los inspectores del
Washington sólo revisarán si la inflación baja con el corte de la emisión y
las altas tasas de interés.



El ministro también afirma que combatirá la carestía con el instrumento
heterodoxo de los acuerdos de precios. Pero olvida que esos fallidos
convenios han persistido en toda la variedad de ministros neoliberales (que
por ejemplo tuvo Macri).



Con la auditoria del FMI aumentará la erosión de esos controles. El Fondo
aspira a cobrar sus acreencias con los dólares aportados por la exportación
y para incentivar esas ventas fomenta el traslado de los precios
internacionales de los alimentos al mercado local. Como también promueve un
gran incremento de tarifas, el acuerdo recalentará la carestía que ya tiene
un piso del 50% anual.



El tarifazo figura en la letra chica del convenio e incluirá un
desdoblamiento de precios, para encarecer el servicio a los sectores de
ingresos altos y medios. Las ganancias de las empresas de electricidad,
telefonía o gas continuarán siendo un insoldable misterio para el grueso de
la población.



El cuarto compromiso con el FMI es la recomposición de la paridad cambiaria.
El gobierno promete evitar una mega-devaluación, pero acepta acelerar el
ritmo de desvalorización del peso para intensificar a acumulación de
reservas, que el Fondo observa como una garantía de cobro. Ya se fijó la
meta de reunir 5000 millones de dólares en las arcas del Banco Central
durante el 2022. Pero nadie explica cómo lograrán ese objetivo.



El año pasado se alcanzó un superávit comercial del 14.000 millones de
dólares y no hay un sólo dólar en las reservas disponibles del BCRA. Aunque
se pospongan los pagos durante dos años y medio, no hay forma de engrosar el
reaseguro de las divisas si persiste la fuga de capitales.



El pico de esa evaporación se produjo con Macri y ha persistido en el último
bienio. El mecanismo financiero de esa erosión ha sido sustituido por
modalidades equivalentes, en el manejo del comercio exterior por parte de un
puñado de grandes empresas. Ese drenaje podría ser cortado mediante
drásticas regulaciones que vetará el FMI.



Los auditores del organismo sólo exigirán mayores exportaciones y
consiguiente primarización de la economía. Ese rumbo incluye los
emprendimientos destructivos del medio ambiente, que el gobierno intensificó
en los últimos meses (exploración de petrolero en el mar, megaminería en
Chubut).



En síntesis: nadie sabe por ahora cuál será el ajuste requerido para cumplir
con los compromisos asumidos por el gobierno en el plano fiscal, monetario,
inflacionario y cambiario. Pero ya está a la vista el escenario de mayor
vulnerabilidad y dependencia que generan esas obligaciones.



Experiencias demoledoras



Algunos funcionarios propagan el espejismo de “un gran éxito para el país”,
con las mismas fantasías que acompañaron a todos los convenios precedentes.
Auguran un gran crecimiento con redistribución bajo la égida del FMI,
olvidando lo ocurrido durante los tres últimos desembarcos del Fondo.



Bajo la gestión Alfonsín se concretaron cinco acuerdos con el organismo. Los
inspectores revisaban las cuentas y emitían periódicos veredictos de
incumplimiento de las metas pactadas. Para afrontar los temblores cambiarios
e inflacionarios que generaban esas evaluaciones los ministros ajustaban sus
planes, mientras el Fondo administraba a cuenta gotas la refinanciación de
los vencimientos.



Finalmente Alfonsín tiró la toalla en medio de la hiperinflación y el FMI
propició la llegada de un mandatario afín. Avaló directamente la
conspiración auspiciada por Cavallo y el boicot a un crédito final que
pavimentó la presidencia de Menen



En sus recientes discursos Cristina recordó esos episodios sin extraer
conclusiones de lo ocurrido. Su cogobernante Alberto ha quedado entrampado
en el mismo laberinto que asfixió a Alfonsín. Fernández recibirá cada tres
meses la visita de los chantajistas y deberá aprobar el examen.



Si se repite la historia y los inspectores quedan insatisfechos, el FMI
buscará un reemplazante. El organismo se especializa en apretar el cuello de
los gobiernos progresistas. Los empuja a realizar el trabajo sucio que
desmoraliza a la población y facilita el regreso de los neoliberales a la
Casa Rosada.



Pero el Fondo no ha sido más contemplativo con los presidentes derechistas
que fracasaron en la aplicación de sus recetas. El FMI patrocinó la
convertibilidad en el cenit del neoliberalismo y tuteló la apertura
comercial, la flexibilización laboral y las privatizaciones que precipitaron
la degradación económica de los años 90.



Durante el mandato de De La Rúa promovió la reforma jubilatoria y laboral
junto al programa de déficit cero. Cuando la economía colapsó, incentivó un
endeudamiento mayor y frente a la imposibilidad de saldar ese pasivo, impuso
los dos socorros que precipitaron el derrumbe del 2001 (blindaje y
magacanje). Los técnicos del Fondo lograron el récord de triplicar la deuda
en tan sólo dos años.



Quiénes ahora celebran el Memorándum que prepara Guzmán deberían recordar
cómo terminaron los dos famosos auxilios del FMI, que desencadenaron el fin
de la convertibilidad, el default, la corrida cambiaria, el corralito y
pesificación asimétrica.



La experiencia del Macri está más fresca y nadie ha olvidado cómo el Fondo
apuntaló un enloquecido endeudamiento, para sostener la mayor bicicleta
financiera de la historia contemporánea. Argentina fue la principal tomadora
de préstamos del mundo para mero beneficio de los financistas, que lucraban
con las altísimas tasas de interés ofrecidas por el Estado.



Los ministros de Macri naufragaron en la implementación de algunas recetas
que ahora reflota Guzmán (reducción del déficit, emisión cero), pero con el
socorro-préstamo que envió Trump lograron traspasar el problema al gobierno
actual. Como los directivos del Fondo son expertos en culpar a otros por los
desastres propios, han emitido una crítica a Macri por las medidas que ellos
promovieron. Con ese despliegue de hipocresía eluden sus propias
responsabilidades.



También los macristas ocultan el desmadre que consumaron y prometen resolver
el agobio de la deuda, con la misma velocidad que Macri auguraba el fin de
la inflación. Esa gestión refutó la ridícula creencia que los gobiernos
derechistas gestionan con más seriedad o cuentan con expertos para lidiar
con las complejidades de las finanzas.



En las últimas décadas el FMI ha sido el principal culpable de las
desgracias financieras de Argentina. Es totalmente falsa la difundida
creencia que los problemas “son nuestros”. El Fondo ha estado directamente
involucrado en todas nuestras pesadillas sin asumir nunca las consecuencias
de sus fallidos.

Tampoco se hizo cargo de los giros que propiciaron sus directivos.
Apuntalaron la convertibilidad y la devaluación, el shock de los ortodoxos y
el rescate de los heterodoxos, el endeudamiento de los neoliberales y los
pagos de los progresistas. Argentina se habituó a gestionar su economía bajo
un timón fondomonetarista, que ha hundido una y otra vez al país. No existe
ninguna razón para esperar un desenlace diferente del nuevo convenio.



Otro camino es factible



Muchos oficialistas entienden que el acuerdo es un compromiso indeseado,
pero insoslayable en el escenario actual. Con esa postura de resignación han
incorporado los argumentos de la derecha, que equiparan la resistencia al
Fondo con el abandono del planeta.



Afirman que el FMI es un “banco del mundo” que asocia a todos los países del
orbe. Pero olvidan que el escandaloso crédito a Macri no fue aprobado por
esa comunidad. Irrumpió repentinamente mediante una simple llamada
telefónica de Trump. Estados Unidos no sólo es el principal accionista con
poder de veto en el organismo, sino que maneja todas las decisiones
estratégicas de la institución. La pulseada es con Washington y no con “todo
el mundo”. Para recuperar la soberanía económica hay que asumir esa tensión.



El temor a la disputa con el Norte encegueció al gobierno a la hora de
evaluar otras alternativas. No sólo descartaron una ordenada cesación de
pagos, muy distante del periódico default que impone el agotamiento de las
reservas. También desecharon los cursos más cautelosos que sugirieron
algunos integrantes de la coalición oficial.



Se podía demorar los pagos para alargar la negociación o cancelar los
intereses sin abonar el capital o buscar algún status quo de congelamiento
de las tratativas. Pero bajo la presión de los financistas en el mercado
cambiario, el gobierno aceptó un pacto de rendición.



Con esa decisión perdió la oportunidad de aprovechar la reactivación de la
economía para iniciar otro camino. Si esa expansión incuba un ciclo alcista
(que desborda el simple rebote) se ha renunciado a introducir la
redistribución del ingreso, en un contexto de repunte del PBI.



Con una reforma fiscal progresiva, el control estatal del comercio exterior
y el manejo directo del sistema financiero se podría empalmar esa
reactivación, con una contundente mejora del salario y el empleo. El retorno
del FMI impedirá discutir ese proyecto, porque el gobierno ha cedido un
poder de veto a los enemigos de las conquistas sociales.



El oficialismo desperdició también el contexto de división y pérdida de
iniciativa que afecta coyunturalmente a la derecha. Esa oposición no ha
logrado consensuar una respuesta frente al dilema que plantea el FMI. Un
sector propone acompañar al gobierno en los recortes de los próximos dos
años y otro motoriza la confrontación, para asegurar la base electoral de un
próximo presidente de Cambiemos. Ninguno de los dos grupos define cómo
gestionaría la futura renegociación del convenio.



El Frente de Todos podría aprovechar el desprestigio de Macri para forjar un
amplio frente de rechazo al FMI. No lo hace porque tiene más afinidades con
sus adversarios de la grieta, que con las corrientes populares enfrentadas
con el Fondo.



La resignación que impera en el gobierno le impide registrar, además, el
gran cambio político de América Latina. Este giro podría aportar un sostén
continental a la confrontación con el FMI. El año pasado cerró con tres
victorias electorales del progresismo (Perú, Chile y Honduras) y en el 2002
hay grandes chances de un triunfo en Brasil y posibilidades de una grata
sorpresa en Colombia. El acoso imperial sobre Venezuela continúa fracasado y
la arremetida de la derecha en Bolivia naufragó.



El propio Alberto Fernández ha sido ungido como presidente de un organismo
regional que excluye a Estados Unidos y rivaliza con la OEA (CELAC). Ya
circulan, además, contundentes pronunciamientos del presidente mexicano
contra la asfixia financiera que el FMI impone a la Argentina. El país no
afronta, por lo tanto, el adverso aislamiento que por ejemplo padecía Grecia
en Europa, cuando el FMI introdujo el terrible ajuste que todavía padece el
pueblo heleno.



Por otra parte, Argentina no es la única víctima regional de las compulsivas
cobranzas del Fondo. Ecuador soporta todos los efectos de una refinanciación
que recorta salarios y encarece los combustibles. Costa Rica padece, a su
vez, las consecuencias de un acuerdo que erosiona el sistema de Seguridad
Social. Fernández podría retomar las campañas regionales contra la deuda de
las últimas décadas, pero no puede solicitar acompañamiento para una demanda
que él mismo archiva.



También el contexto internacional difiere de los momentos de mayor
iniciativa imperialista y unipolaridad estadounidense. El propio viaje de
Fernández a Rusia (en pleno conflicto de Ucrania) y a China (para un evento
boicoteado por Washington) ilustra la existencia de un marco propicio para
rechazar la sumisión al Fondo.



Basta contrastar el tipo de crédito con finalidades productivas que se
gestiona en Beijing (infraestructura, central nuclear, represas,
modernización ferroviarias) con la estafa financiera que monitoreó el FMI,
para corroborar el carácter nocivo del nuevo convenio suscripto con el
Fondo.



Habrá que ver además las consecuencias geopolíticas de ese tratado.
Seguramente acrecentarán la presión de Estados Unidos para que Argentina
abandone sus ambigüedades de política exterior y se amolde al guión del
Departamento de Estado. Biden tendrá ahora embajadores adicionales en el
Ministerio de Economía y el Banco Central. Los utilizará para exigir
contraprestaciones políticas a la indulgencia de esos auditores. Un anticipo
de ese rumbo ya afloró en el acompañamiento argentino a las recientes
sanciones votadas en Ginebra contra Venezuela.



Rechazo y movilización



El Parlamento y las calles serán los próximos ámbitos de la disputa que
concentra el acuerdo con el FMI. La izquierda ya anticipó su frontal
oposición y auspicia una amplia convocatoria para sostener ese
cuestionamiento con la movilización popular. Hay muchos indicios de mayor
predisposición para esa lucha, pero todavía no irrumpe un movimiento masivo
de rechazo al FMI.



La gran tradición nacional de resistencia al Fondo continúa viva, pero el
gobierno y la derecha han sembrado el temor a retomar esa batalla. Las
estafas de los banqueros son conocidas y la complicidad del FMI es
archisabida, pero muchos sectores han internalizado la creencia que es mejor
agachar la cabeza y aceptar el mal menor. La polémica con esa actitud es la
gran tarea del momento.



Hay evidencias de un clima más propicio para desenvolver esa lucha. Basta
comparar las críticas que ya afloran contra el acuerdo, con la ausencia de
cuestionamientos al canje de papeles con los bonistas privados, para notar
el cambio de percepciones.



El resurgimiento de consignas y movilizaciones contra el FMI han contribuido
a ese replanteo. Las campañas que desarrollan los partidos de izquierda y la
Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda ya
se plasmaron en actos de impactante concurrencia.



El mitin realizado a mitad de diciembre en la Plaza de Mayo fue ignorado por
la prensa, pero contó con una elevadísima participación. Compitió en número
con el acto realizado por el gobierno el día anterior en el mismo lugar.
También las conmemoraciones del 20 aniversario de la rebelión del 2001
estuvieron centradas en la denuncia del rol jugado por el FMI en esa crisis.



Por otra parte, la capitulación del oficialismo ha disparado fuertes
críticas de los sectores radicalizados del kirchernismo. Esas corrientes
deberán definir ahora su voto en el Congreso. Allí no habrá espacio para la
ambigüedad y la convergencia con la izquierda en un rechazo común
constituiría un gran avance para la causa popular.



El gobierno le tendió una mano a la derecha para que vote el Memorándum y la
Carta de Intención. El FMI propicia ese sostén compartido, pero si prima la
rivalidad y reaparece la grieta se verá un fuego de artificio entre dos
bancadas que avalan el retorno de los inspectores del Fondo.



El pre-acuerdo con los acreedores ya está firmado, pero la batalla para
efectivizarlo recién comienza. Conviene recuperar la memoria de todos los
estragos causados por el FMI para impedir otra repetición de la misma
desventura. El rechazo del convenio es el primer paso de una larga batalla
contra el enemigo serial del pueblo argentino. Con actitudes firmes, ideas
convincentes y fuerza en las calles se reabrirá el camino de la resistencia
al Fondo.



*  Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA (Universidad de
Buenos Aires), miembro del EDI. (Economistas de Izquierda) Su página web es:
www.lahaine.org/katz <http://www.lahaine.org/katz>

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