Myanmar/ Los sindicatos reclaman más sanciones a un años del golpe militar. [Khaing Zar Aung/Cecilia Brighi]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

20 de febrero 2022

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Myanmar



Los sindicatos reclaman más sanciones a un año del golpe militar



Khaing Zar Aung/Cecilia Brighi *

Open Democracy, 14-2-2022

https://www.opendemocracy.net/

Traducción de Viento Sur

https://vientosur.info/



Un año después del golpe militar en Myanmar, es hora de intensificar la
acción diplomática, política y económica internacional, derrotar a la junta
militar y volver a situar el país en la senda de la democracia. También es
hora de que los países proclives acuerden una estrategia diplomática
unitaria con respecto a la junta y a quienes le apoyan, particularmente
Rusia y China, que se oponen a un embargo vinculante de armas en el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.



Este mes de febrero se cumple un año desde que las fuerzas armadas de
Myanmar tomaron el poder y declararon la ley marcial en Mandalay y Yangon,
importantes centros industriales en que se fabrica ropa para los mercados
occidentales. En marzo hará un año desde que de 150.000 a 200.000
trabajadoras y trabajadores huyeron de Yangon ante los asesinatos
aleatorios, las detenciones arbitrarias y los incendios provocados.



Quienes salieron en desbandada se encontraron con muchas dificultades para
volver a sus aldeas. Los militares habían instalado controles en las
carreteras y acosaban, registraban y detenían a todo el mundo. Quienes
lograron llegar a casa no se sintieron seguras en el medio rural, atacado
también por el ejército, que destruyó lugares de culto y lanzó incursiones
aéreas contra los grupos armados que luchaban en defensa de la población
civil. En Jatea, una aldea en el Estado de Shan, las tropas capturaban
habitantes, les vendaban los ojos y maniataban y les obligaban a marchar en
primera línea como escudos humanos.



La junta ha condenado al paro y al destierro a millones de gente
trabajadora. También ha atacado a los sindicatos, una fuerza clave en la
movilización de la oposición no violenta, y ha suprimido los derechos de
reunión y asociación. Ha habido numerosos incidentes con la detención, el
apaleamiento y el asesinato de sindicalistas en el curso de las protestas.
La situación hizo que el Consejo de Administración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) declarara el pasado mes de junio:



su profunda preocupación por las prácticas continuadas de las autoridades
militares, incluido el uso a gran escala de la violencia letal y del trabajo
forzoso, así como el acoso, la incesante intimidación, la detención y el
encarcelamiento de sindicalistas y otras personas, incluidas las de etnia
rohingyá, por ejercer sus derechos humanos, llamando a las autoridades
militares a suspender de inmediato tales actividades y poner en libertad a
las personas detenidas y retirar todos los cargos contra sindicalistas que
han participado pacíficamente en actividades de protesta.



Un informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de finales del
año pasado describe la situación de forma aún más sucinta: “El golpe se ha
convertido en una catástrofe para los derechos humanos que no da señales de
concluir.”



Después de un año de inacción en el plano internacional, el pueblo birmano
pide a la comunidad internacional que actúe, que redoble las sanciones y
deje de aportar a la junta militar los recursos que la nutren. No hay más
tiempo que perder. El pueblo de Myanmar se muere de hambre.



Quienes se oponen al aumento de las sanciones por el hecho de que agravarán
la ya de por sí desesperada situación humanitaria de la población no tienen
en cuenta la peculiaridad del caso birmano: las sanciones han sido
reclamadas repetidamente por la oposición política y social de Myanmar. Se
impondrían de acuerdo con nuestra voluntad y no solo por la de los gobiernos
extranjeros, gozando así de una sólida legitimidad. Además, en el pasado han
demostrado su eficacia.



La población de Myanmar ya boicotea productos fabricados por empresas que
son propiedad del ejército y rechaza el pago de las facturas de electricidad
y otros impuestos con ánimo de acelerar el fin de esta dictadura. Está
dispuesta a aceptar más sacrificios, incluidos los que se deriven de amplias
sanciones económicas, considerando que es preciso generalizar las medidas
restrictivas.



Restricciones internacionales efectivas en respuesta al llamamiento popular



En 1997, durante el anterior régimen militar, la OIT publicó un informe en
que acusó a la junta militar de practicar de forma extensiva y sistemática
la explotación del trabajo forzoso. Se basó en más de 10.000 páginas de
datos, inclusive entrevistas con víctimas, testigos y sindicatos,
denunciando la impunidad con la que cargos del gobierno y oficiales del
ejército utilizaban el trabajo forzoso como herramienta para intimidar a la
gente y controlar el país.



Impulsado por la realidad reflejada en el informe de la OIT, el sindicato
birmano FTUB y otros grupos lanzaron una campaña contra la presencia de
multinacionales en Myanmar. Queríamos que abandonaran el país y se llevaran
sus inversiones. Esta campaña logró que importantes compañías, como Pepsi,
Heineken, Texaco, Sony Erikkson, Reebook y Levi’s se fueran del país. Los
sindicatos también registraron una queja ante la Comisión Europea, y esta
aceptó suspender el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) con Myanmar
es respuesta a su violación sistemática de los derechos humanos.



En junio de 2000, la Conferencia de la OIT aprobó una resolución en que
recomendaba:



a las partes que constituyen la Organización que revisen sus relaciones con
Myanmar y tomen las medidas oportunas para asegurar que dichas relaciones no
perpetúen o extiendan el sistema de trabajo forzoso u obligado en este país
[e invitó] al Director General de la OIT a informar a las organizaciones
internacionales que colaboran con la OIT de que reconsideren toda
colaboración que puedan mantener con Myanmar y, en su caso, suspendan lo
antes posible toda actividad que pudiera dar pie directa o indirectamente a
alentar la práctica del trabajo forzoso u obligado.



Empezaron a adoptarse sanciones, pero debido a la lentitud de la toma de
decisiones por parte de los gobiernos, la mayoría de sanciones económicas se
adoptaron tras la represión de las protestas antigubernamentales de 2007 (la
revolución azafrán) y la aprobación de la constitución de 2008. Pero gracias
a un conjunto de sanciones importantes, a la negociación con la OIT y a las
presiones políticas, la junta militar acabó traspasando el mando a un
gobierno semicivil, con lo que se abrió un nuevo capítulo.



Las demandas de hoy coinciden con las de esa historia



El 7 de octubre de 2021, el Parlamento Europeo aprobó una resolución
contundente en que llama al Consejo de la UE a congelar los activos,
bloquear las transferencias a los bancos estatales e incluir la Empresa de
Petróleo y Gas de Myanmar, propiedad del Estado, en la lista de sanciones.
Dicha empresa, de acuerdo con la resolución, es “la empresa que genera el
principal flujo de moneda extranjera de la junta”.



Estas decisiones responden en parte a la demanda de sanciones económicas
integrales formulada por cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil
desde Myanmar. Para ilustrar la amplitud de la coalición que lanza este
llamamiento, incluye la Alianza del Trabajo, que abarca 16 organizaciones
sindicales, asociaciones de enfermeras, de mujeres, sindicatos estudiantiles
y de enseñantes, el Sindicato de Artes Gráficas, el Sindicato de la
Distribución de Electricidad, el Sindicato de Maquinistas de Myanmar,
diversas redes de personal médico y la Alianza LGBT. Estos grupos, y muchos
más, reclaman amplias sanciones económicas.



Las 183 organizaciones firmantes son conscientes de que preocupa el hecho de
que las sanciones decretadas en su día sobre Myanmar tuvieron efectos
humanitarios negativos. En respuesta a ello, dicen lo siguiente:



Entendemos que unas sanciones económicas integrales pueden costar millones
de puestos de trabajo en Myanmar y tal vez seguir agravando la situación en
el país. Sin embargo, la presencia a largo plazo del ejército no hará más
que empeorar y prolongar las violaciones de los derechos humanos y
laborales, los trabajos forzados, el desempleo, la escasez de alimentos, las
crisis de refugiados y otras opresiones. Para escapar de estas crisis y esta
opresión, la única vía es acabar completamente con el régimen militar. Las
sanciones económicas integrales permitirán destruir pilares que sustentan el
régimen militar y acortar su permanencia en el poder. Por tanto, es la
opción que debemos tomar, para construir una nueva democracia federal, que
es lo que desea el pueblo.



Estas organizaciones piden a las instituciones internacionales y a los
gobiernos, incluidas la Unión Europea y EE UU, que bloqueen los servicios
financieros y de seguros internacionales, paralicen puertos y aeropuertos y
suspendan el comercio de armas, productos petroquímicos y otros recursos
naturales. Para surtir efecto, las sanciones han de ser integrales y
suspender todas las actividades comerciales con el régimen de Myanmar. En
combinación con la acción diplomática hacia China, Rusia y otros gobiernos
que apoyan a la junta, será posible ahogar el régimen y hacerlo caer. Todos
los gobiernos deberían comprender que únicamente un gobierno elegidos
democráticamente puede estabilizar el país y traer prosperidad para todas y
todos.



Los gobiernos y las organizaciones internacionales deberían escuchar las
voces birmanas que reclaman ahora sanciones internacionales. La Federación
de Trabajadores Industriales de Myanmar, que encabeza la campaña por
sanciones económicas integrales, ha estado esforzándose durante todo este
año por oponerse al golpe militar, con huelgas y manifestaciones en que la
gente trabajadora, y especialmente mujeres, han estado en primera línea.
Merecen que se les escuche. Y saben que las sanciones serán un duro golpe
para su país, pero de todas maneras las reclaman porque cuando lo hicieron
en el pasado, su llamamiento, debidamente atendido, contribuyó a la caída
del gobierno militar.



Claro que las sanciones por sí solas no bastarán. Para superar el punto
muerto actual, tendrán que venir acompañadas de una fuerte acción
diplomática que reúna a la ASEAN, a China, Rusia, la UE y EE UU en torno a
una mesa con el Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar a fin de buscar una
posible vía de salida. Esto debe venir acompañado asimismo de una decisión
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que decrete el embargo de armas.
Solo si las grandes potencias van codo con codo será posible derribar la
junta y reanudar la transición hacia una democracia real.



* Khaing Zar Aung es presidente de la Federación de Trabajadores
Industriales de Myanmar, tesorero de la Confederación de Sindicatos de
Myanmar y miembro de la Alianza del Trabajo de Myanmar. Cecilia Brighi es
secretaria general de ITALIA-BIRMANIA.INSIEME.

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