Ecología/ Más allá de Glasgow. [Iain Bruce]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de enero 2022

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Ecología



Más allá de Glasgow



El acuerdo final de la COP26, apodado la «Evasión de Glasgow», es una obra
de humo y espejos laboriosamente construida que carece casi totalmente de
detalles: no especifica prácticamente nada sobre quién hará exactamente qué
y cuándo, ni cómo se podrá verificar, mucho menos hacer que se cumpla.



Iain Bruce *

Jacobin, 5-1-2022

https://jacobinlat.com/



Ha pasado algo más de un mes desde que Alok Sharma bajara el martillo de la
26º Conferencia de las Partes, la cumbre climática de las Naciones Unidas,
celebrada en Glasgow. La oleada inicial de reacciones y comentarios se ha
disipado. Aquí, en Escocia, ya hemos visto los primeros signos de su
impacto, con el comienzo de una victoria contra el desarrollo de un nuevo
yacimiento petrolífero en alta mar en Cambo.



El sábado 4 de diciembre, algunos activistas de Glasgow celebraron una
primera reunión para hacer un balance y planificar los pasos futuros. Este
texto pretende ser una contribución a ese proceso de ponderación de lo
ocurrido (tanto dentro de las conversaciones oficiales como fuera de ellas)
en la lucha por la justicia climática. Tenemos que hacerlo de la forma más
completa y precisa posible para que nos sirva de guía para el futuro.



Ello es quizás más urgente en Escocia, donde las enormes protestas en las
calles de Glasgow los días 5 y 6 de noviembre han tenido un gran impacto en
el panorama político e ideológico. Ese impacto podría ser mucho mayor en los
próximos años, en tanto seamos capaces de aprender las lecciones más útiles
y construir sobre ellas. Pero también es importante para el movimiento
climático en Inglaterra y en el resto del Reino Unido, que se enfrentan a un
posible momento de refundación. Y no carece de importancia tampoco a nivel
mundial donde, como afirmó un representante de una organización indígena que
acudió a Glasgow, es hora de pensar en un nuevo tipo y escala de
coordinación internacional.



Tres resultados



Podemos dividir las principales conclusiones de la COP26 en tres. La más
importante tiene que ver con el éxito de las movilizaciones realizadas fuera
de las negociaciones oficiales. Volveremos a hablar de ello más adelante.



La segunda también fue inmediatamente obvia para muchos: el espectacular
fracaso de la cumbre oficial, cuando se la mide con respecto a sus propios
objetivos declarados. Los líderes mundiales no «asumieron definitivamente
sus responsabilidades» para «actuar ahora», como les había pedido la
presidencia del Reino Unido seis meses antes, cuando Alok Sharma se puso
delante del enorme parque eólico comercial de Whitelee, a 15 kilómetros al
sur de la sede de la COP26 en el Clyde, y les pidió que «eligieran el
planeta».



No llevaron a Glasgow los compromisos de mantener el calentamiento global a
menos de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales
para finales de siglo. No eran lágrimas de alegría las que tenía Alok Sharma
al tener que clausurar la cumbre con un objetivo diluido de «reducción
progresiva» de la energía del carbón. La declaración final del Secretario
General de la ONU, Antonio Guterres, utilizó un lenguaje diplomático, pero
no dejó lugar a dudas: «lamentablemente, la voluntad política colectiva no
fue suficiente para superar algunas contradicciones profundas. (…) Seguimos
tocando a la puerta de la catástrofe climática. (…) No logramos [los
principales] objetivos en esta conferencia».



El tercer tipo de conclusión es menos evidente. Se mencionó muy poco en la
cobertura de los medios de comunicación, y en su mayor parte se encuentra
enterrada en los detalles de los debates deliberadamente opacos sobre la
redacción del reglamento del Acuerdo de París y los aspectos «técnicos»
relacionados. Aquí encontraremos los pasos dados por los gobiernos y el
sector privado, incluidas las empresas de combustibles fósiles y los grandes
bancos, para poner en marcha los procedimientos y la infraestructura
institucional para asegurar la respuesta de la clase dominante a la
emergencia climática, que aún está en evolución y sigue siendo
contradictoria.



No fue una casualidad que la mayor delegación de la COP26, más grande que
cualquier gobierno, estuviera constituida por grupos de presión de la
industria de los combustibles fósiles. Había al menos 503 de ellos, y no ha
habido informes de lágrimas en sus rostros. La segunda delegación más grande
fue la brasileña. Contaba con 480 miembros, entre ellos muchos lobistas de
los sectores de la agroindustria, la minería y la silvicultura, todos ellos
con un interés especial en resolver las reglas en torno a los mercados de
carbono, por ejemplo. Sus gestiones lograron importantes avances en Glasgow.
Pero no se salieron siempre con la suya. La presión de la sociedad civil
dentro de la COP26 les frustró (o tal vez solo les retrasó) en varias
cuestiones clave, como la inclusión de los bosques como créditos de carbono
comercializables de acuerdo con el artículo 6, o el uso de soluciones
basadas en la naturaleza como compensaciones (véase más adelante). Es en la
intersección entre estos tres niveles donde se decidirá el futuro del
movimiento climático y, de hecho, de la humanidad. Así que analicemos con
más detalle los dos últimos, antes de volver al primero.



La Evasión de Glasgow



El «acuerdo» final, denominado oficialmente Pacto Climático de Glasgow pero
apodado por algunos miembros del movimiento climático como la «Evasión de
Glasgow», es una obra de humo y espejos laboriosamente construida. En
algunos aspectos, es ambicioso. Es ciertamente más largo y más amplio de lo
que suelen ser estas «decisiones de cobertura» (el término técnico para
estos textos negociados intermedios). En consonancia con los últimos
informes científicos del IPCC, se centra mucho más claramente que el propio
Acuerdo de París de 2015 en un calentamiento máximo de 1,5 grados como
objetivo clave. Subraya la necesidad de «acelerar la acción en esta década
crítica».



Incluso tiene algunas promesas aparentemente específicas, como que los
países desarrollados dupliquen para 2025 sus contribuciones financieras al
Fondo de Adaptación para ayudar a los países del Sur Global a ajustarse al
cambio climático que ya está en marcha. Esto se consideró una ganancia para
los países en desarrollo, ya que no figuraba en el orden del día oficial y,
cuando apareció por primera vez en los borradores, el lenguaje era mucho más
vago. El texto final toma como referencia 2019, lo que significa que se
insta a los países desarrollados a aportar 40.000 millones de dólares
adicionales al año para la adaptación de aquí a 2025.



Sin embargo, esta cifra sigue siendo muy inferior a la necesaria. El
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que las
necesidades anuales actuales son de 70.000 millones de dólares, y sugiere
que es probable que se cuadrupliquen para 2030. Tampoco está claro que los
países en desarrollo acepten que esto no forme parte de los 100.000 millones
de dólares anuales que prometieron en 2009 y que aún no han cumplido.



Parte de este lenguaje más agudo es el resultado de duras batallas
emprendidas por los países más pobres y los delegados de la sociedad civil
sobre la posición de las comas y tal o cual adjetivo. Pero, sobre todo,
refleja que la mayoría de los gobiernos imperialistas entienden que, como
mínimo, tienen que dar la impresión de que se toman en serio la crisis
climática. Saben que el nivel de preocupación entre sus ciudadanos ha
aumentado de forma muy significativa en los últimos años, incluso en los
últimos meses, ya que las inundaciones y los incendios han asolado tanto
Europa y Norteamérica como India, China o Bolivia.



Los ciudadanos están a la espera de que sus gobiernos actúen. Y estos
gobiernos, a su vez, temen que la preocupación de la población aumente.
Cuando su discurso sobre el vandalismo o incluso el terrorismo aplicado a
los grupos de acción directa se queda en nada, cuando un gran número de
personas empatiza con quienes cortan calles y autopistas o con las
comunidades indígenas que ocupan pozos de petróleo y bloquean minas, las
autoridades saben que la situación es grave.



La gran carencia del Pacto Climático de Glasgow es la ausencia casi total de
detalles. No se especifica prácticamente nada sobre quién hará exactamente
qué y cuándo, ni cómo se podrá verificar, mucho menos hacer que se cumpla.
En inglés, un pacto suele significar un acuerdo para hacer algo. En ese
sentido, no se trata de un pacto, sino más bien de una declaración política
sobre una serie de cosas que las partes acuerdan, más o menos, que les
gustaría que ocurrieran.



Los dos textos principales del Pacto Climático de Glasgow, que se solapan,
tienen 71 y 97 puntos respectivamente[1]. Casi todos ellos comienzan con
palabras como reconoce, expresa, señala, subraya, enfatiza, insta, invita,
pide. Solo un punto de la versión CP.26 del Pacto comienza con resuelve,
mientras que el texto más largo, CMA.3, tiene 6 puntos que comienzan con
decide y 3 con resuelve. Estas escasas «decisiones» se refieren todas a
cuestiones organizativas de organización de futuras reuniones y procesos y
mecanismos de trabajo. Ninguna de ellas se refiere directamente a las
cuestiones de fondo de la reducción de emisiones o de la financiación
climática.



De lo vinculante a lo voluntario



Esto ilustra una de las dos transformaciones generales de las negociaciones
de la ONU sobre el clima que debemos tener en cuenta si queremos entender lo
que ocurrió en Glasgow. Se trata de cómo el proceso se ha alejado de
cualquier tipo de compromiso vinculante, como los que contiene el Protocolo
de Kioto que entró en vigor en 2005. Durante y después de la COP15 de
Copenhague en 2009, Estados Unidos y la UE asaltaron sistemáticamente este
enfoque. Esto significó que el Acuerdo de París de 2015, aunque logró
avances en algunos aspectos, solo contenía compromisos voluntarios de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos fueron el
núcleo de las famosas NDC, o contribuciones determinadas a nivel nacional.



El objetivo de la COP26 —la razón por la que fue aclamada como un momento
decisivo— era que este era el momento, cinco años después del Acuerdo de
París, en el que se suponía que los 193 signatarios debían haber presentado
sus NDC mejoradas, sus planes para hacer recortes más grandes y proporcionar
una mayor financiación, lo que permitiría mantener el calentamiento global
por debajo de 2 grados Celsius, y preferiblemente por debajo de 1,5 grados.
Pero cada parte podía anunciar lo que quisiera, cuando quisiera. Nunca iba a
haber (ni podía haber, dada la naturaleza del Acuerdo de París) un acuerdo
negociado en Glasgow para garantizar este resultado.



La magnitud del déficit dejado por estas contribuciones voluntarias con
respecto a la cuestión central de la reducción de emisiones, o mitigación,
como se denomina en el lenguaje de la CMNUCC, está contenida en los párrafos
22 y 25 de la versión CMA.3 del texto final. El primero reconoce lo que el
Informe del IPCC sobre 1,5 grados había puesto en primer plano de la agenda
del cambio climático en 2018: que «limitar el calentamiento global a 1,5 °C
requiere reducciones rápidas, profundas y sostenidas de las emisiones
globales de gases de efecto invernadero, incluyendo la reducción de las
emisiones globales de dióxido de carbono en un 45% para 2030 en relación con
el nivel de 2010 y a cero neto alrededor de mediados de siglo, así como
profundas reducciones de otros gases de efecto invernadero». Ahora, el
movimiento por la justicia climática, centrado en la Coalición COP26, ha
cuestionado en profundidad la escala, el calendario y la distribución de
estos objetivos del IPCC, incluyendo especialmente el nuevo y muy poco
científico mantra de «cero neto» para 2050. Y por supuesto no es porque sean
demasiado ambiciosos.



Sin embargo, incluso frente a estos objetivos inadecuados, el párrafo 25
«Observa con grave preocupación las conclusiones del informe de síntesis
sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del
Acuerdo de París, según el cual se estima que el nivel agregado de emisiones
de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta la aplicación de todas
las contribuciones determinadas a nivel nacional presentadas, será un 13,7%
superior al nivel de 2010 en 2030». El fracaso de la COP26 en la consecución
de su principal objetivo no puede ser más claro. Si se suman todos los
nuevos planes más ambiciosos (NDC mejoradas) presentados por 151 partes
hasta el día 3 de la COP (2 de noviembre de 2021), no proyectan un recorte
del 45% de las emisiones de CO2 para 2030, sino un aumento del 13,7%.



No se trata de una pequeña discrepancia que podamos compensar después. Es un
movimiento colosal en la dirección equivocada. Carbon Action Tracker, un
organismo de investigación muy respetado, calculó que estas promesas, en el
mejor de los casos, mantendrían el calentamiento en 2,4 grados centígrados
para 2100. Más probablemente, dado el recurrente incumplimiento incluso de
las promesas inadecuadas, acabaríamos con 2,7 grados. Otros consideran que
incluso esto es demasiado optimista.



El hecho de que el Pacto de Glasgow pida a los países que presenten nuevas
NDC más ambiciosas antes de la COP27 que se celebrará en Egipto el año que
viene, y después cada año, se ha considerado una prueba de mayor ambición.
Se trata, sin duda, de una mejora respecto al ciclo de 5 años acordado en
París. Pero el hecho de que se haya hecho este llamamiento no hace más que
poner de manifiesto el espectacular fracaso en el cumplimiento de los
objetivos fijados para la COP26.



La presidencia británica conocía de antemano la dimensión de este fracaso.
Su estrategia consistió en tratar de enterrarlo en una maraña de retórica
sobre el mantenimiento del 1,5. Esa es la función del lenguaje más ambicioso
del texto final. La misma preocupación, la de aparentar que se están tomando
medidas, caracterizó el aluvión de anuncios realizados durante la Cumbre de
Líderes Mundiales, que ocupó el lunes y el martes de la primera semana de la
COP.



Primero fue el compromiso de 130 países de «detener e invertir la pérdida de
bosques y la degradación de la tierra para 2030». Luego fueron 109 países
que prometieron reducir en un 30% las emisiones de metano para 2030, 190
países que anunciaron su compromiso de eliminar la energía del carbón y 30
países e instituciones financieras que dejarán de financiar el desarrollo de
los combustibles fósiles en el extranjero. Más allá de los titulares, nunca
quedó perfectamente claro quién había acordado hacer qué.



Algunos de estos anuncios empezaron a desmoronarse tan pronto como fueron
hechos. Por ejemplo, los críticos señalaron inmediatamente que la mayor
parte de la promesa de deforestación era la misma que la Declaración de
Nueva York sobre los Bosques de 2014, que no había producido resultado
alguno. El ministro de Medio Ambiente de Indonesia, que había sido
promocionado como uno de los principales firmantes, utilizó Twitter para
calificar el compromiso de «claramente inapropiado e injusto». Bolivia, uno
de los pocos países que adoptó una postura firme de justicia climática
dentro de la COP26, también figuraba como firmante; pero cuando
entrevistamos al presidente boliviano, Luis Arce, el día del anuncio, nos
dijo que su país no había firmado y que aún estaba evaluando el compromiso.



Como dijo Alex Rafalowizc, de Colombia, en una de las Asambleas del
Movimiento en Glasgow esa semana, el proceso de la COP ha pasado de los
acuerdos vinculantes a través de objetivos voluntarios a la retórica de
anuncios grandiosos pero no verificables.



Olvídese de la equidad



Este cambio en la forma de las negociaciones de la ONU sobre el clima
consistente en abandonar los acuerdos vinculantes va de la mano de otro: el
abandono del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este
principio de responsabilidad común pero diferenciada fue consagrado en la
CMNUCC por la Cumbre de la Tierra de Río, en 1992. Significa que los países
que históricamente han sido los más responsables de la emisión de gases de
efecto invernadero a la atmósfera desde el comienzo de la revolución
industrial, los países industrializados del Norte Global —países del Anexo
1, en la terminología de la Convención—, deben asumir la mayor
responsabilidad para hacer frente al cambio climático resultante. Se
convirtió en una parte importante del movimiento para exigir justicia
climática.



Durante las discusiones sobre un nuevo tratado que sustituyera al Protocolo
de Kioto, en Copenhague y en las COP que siguieron, Estados Unidos y sus
aliados atacaron el principio de la CBDR con el argumento de que todos los
países debían aportar su parte, del mismo modo que pretendían anular la
práctica de los acuerdos vinculantes. En parte, esta oposición se debió a la
previsible reticencia de los países imperialistas a pagar por el daño que
han causado. Pero también tuvo que ver con la creciente obsesión en
Washington, bajo el mandato de Obama y desde entonces, con la amenaza que
supone China para la hegemonía estadounidense.



El Acuerdo de París mantuvo algo del lenguaje relativo a la CBDR. Pero la
práctica ya había cambiado. Y sin ningún mecanismo para hacer cumplir los
compromisos, cualquier diferenciación entre la cantidad realizada por los
países ricos y los países pobres también sería totalmente voluntaria.



Este claro abandono del principio de equidad fue una de las características
de la COP de Glasgow, en todos los ámbitos y a cada paso, aunque las
delegaciones de los países en vías de desarrollo consiguieran reintroducir
algunas referencias al CBDR en el Pacto Climático de Glasgow. Está inscrita
en la narrativa dominante de «cero neto para 2050», que la presidencia del
Reino Unido se esforzó por imponer. Muchos delegados del Sur Global lo
calificaron de colonialismo del carbono. Esto se debe a que contradice por
completo cualquier idea de que existe un presupuesto de carbono finito, una
cantidad de dióxido de carbono y gases equivalentes que la raza humana aún
puede permitirse emitir mientras se mantiene el calentamiento a 1,5 grados,
y que los países ricos ya han gastado toda su parte de ese presupuesto. Por
lo tanto, lo que queda, unos 600Gt de CO2 equivalente, debe reservarse, en
la medida de lo posible, para los países del Sur, para que puedan combatir
la pobreza extrema.



El concepto de «neto cero» se centra en la idea de que los países ricos y
las grandes empresas pueden seguir emitiendo gases de efecto invernadero,
bien porque pagarán a otros para que no lo hagan (compensaciones), bien
porque utilizarán alguna tecnología no probada o inexistente para eliminar
esos gases de la atmósfera en el futuro. Así que, además de estas dos
premisas falsas —que las compensaciones pueden conducir a reducciones reales
de las emisiones, y que finalmente podremos contar con tecnologías de
emisiones negativas—, la narrativa del cero neto depende de que se deseche
cualquier pretensión de justicia para los habitantes del Sur Global, que son
las principales víctimas del cambio climático.



Se pide a todos los países que persigan este objetivo común de cero
emisiones netas para mediados de siglo, pero se pasa por alto que la ruta
prevista para conseguirlo está concebida enteramente teniendo en cuenta las
capacidades financieras y tecnológicas de los países ricos.



Fue este juego de manos el que permitió a la presidencia del Reino Unido y a
los principales medios de comunicación del Norte culpar a India e
indirectamente a China de esa suavización de última hora de la redacción
sobre la «reducción progresiva» en lugar de la «eliminación progresiva» de
la energía de carbón. Por supuesto, India, al igual que China, quiere
distanciarse de la responsabilidad por su propia dependencia del carbón.
Pero su argumento era que no es justo —y no está en consonancia con los
principios CBDR de la CMNUCC— esperar que los países en desarrollo con altos
niveles de pobreza apliquen la misma escala de mitigación a la misma
velocidad que los países ricos. De hecho, a principios de la semana, India
propuso un texto en el que se sugería que todos los combustibles fósiles
debían reducirse progresivamente, no solo el carbón. Pero Estados Unidos y
Europa no lo aceptaron.



La otra cara de este alejamiento de la equidad quedó patente en la actitud
mostrada por los países ricos en Glasgow respecto a la financiación
climática. Después de barajar cifras y fechas, acabaron todavía sin
comprometerse sobre la fecha en la que aportarán los 100.000 millones de
dólares anuales que prometieron en 2009 para ayudar a los países en
desarrollo a pasar a la energía limpia y a las tecnologías verdes, una cifra
que se sacó de la manga en Copenhague para apaciguar a los gobiernos del Sur
indignados por el asalto a la CBDR, y que ya entonces era lamentablemente
insuficiente. Otro informe de la ONU sugirió recientemente que la cantidad
necesaria sería más bien de 6 billones de dólares. Lo importante es
comprender que estas importantes sumas de financiación climática son un
requisito absoluto para una transición justa a nivel mundial. Sin ese apoyo,
la mayoría de los países del Sur no tendrían forma de avanzar hacia el
carbono cero invirtiendo en energías renovables, reciclaje, transporte
público limpio, vehículos eléctricos, etc.



Y, lo que es peor, los países ricos se resistieron firmemente a los intentos
de los países en desarrollo de establecer una definición común de
financiación climática. Puede sonar burocrático, pero los gobiernos del Sur
querían dejar claro que para ser considerada como financiación climática
debía tratarse de dinero nuevo, concedido en forma de donaciones u otros
tipos de financiación en condiciones favorables (por ejemplo, préstamos a
tipos de interés inferiores a los del mercado). Al rechazar una definición
común, los países ricos señalaron su intención de seguir falseando sus ya
escasos compromisos, reetiquetando la ayuda al desarrollo existente como
financiación climática e incluyendo préstamos comerciales que solo
aumentarán la carga de la deuda del Sur y los beneficios de los bancos del
Norte. Encabezados por Estados Unidos y la UE, también se negaron a aplicar
una tasa del 5% a la compra y venta de créditos de carbono entre gobiernos,
que los países en desarrollo querían como fuente fiable de financiación para
el Fondo de Adaptación.



Tal vez lo más revelador sea que Estados Unidos se negó rotundamente a
aprobar un flujo de financiación separado para pagar las pérdidas y los
daños, que ha sido una de las demandas más apremiantes de muchos países del
Sur durante las últimas COP. Es decir, dinero para pagar los daños ya
causados por el cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos
extremos como huracanes e inundaciones. El primer ministro de Antigua y
Barbuda, Gaston Browne, dijo a los líderes en el segundo día de la COP que
países como el suyo podrían verse obligados a recurrir a los tribunales
internacionales si no se acuerda una financiación por pérdidas y daños. La
segunda isla del país, Barbuda, quedó inhabitable por el huracán Irma en
2017.



Sin embargo, Estados Unidos, aterrorizado por admitir la responsabilidad de
esos costes, solo aceptaría una medida mínima de financiación de las
operaciones de la Red de Santiago, creada en la COP25 pero no activada, para
asesorar y dar apoyo técnico a las naciones que se enfrentan a esas
pérdidas. Como comentó irónicamente otro delegado del Sur, lo que no
necesitamos son más consultores volando por el mundo para decirnos qué son
las pérdidas y los daños.



La arquitectura del capital climático



Todos estos detalles aparentemente oscuros alimentan el tercer tipo de
conclusión que mencionamos anteriormente. Justo por debajo del radar de los
principales medios de comunicación, la COP26 logró avances significativos en
la creación de las estructuras y los procedimientos mediante los cuales un
sector importante del capital internacional pretende poner la crisis
climática en el centro de su modelo de negocio para las próximas décadas. La
pieza central de este proyecto es el artículo 6 del Acuerdo de París.



El artículo 6 trata de tres tipos de lo que se denomina, de forma
eufemística y engañosa, «cooperación voluntaria» entre los países con el fin
de permitir «una mayor ambición en sus acciones de mitigación y adaptación».
Esencialmente, esto significa compensaciones y mercados de carbono. En otras
palabras, el artículo 6 establece los mecanismos por los que los países con
altas emisiones —principalmente en el Norte Global— pueden maquillar sus
promesas de reducir las emisiones (sus NDC), continuando con algunas de esas
emisiones o incluso con la mayoría de ellas, si pagan a otro —principalmente
a los países del Sur Global— para que no emita (o absorba) una cantidad
equivalente. El apartado 6.2 se refiere a esa «cooperación», o comercio de
créditos de carbono, de forma bilateral entre partes o países. El apartado
6.4 se refiere a ese comercio de carbono de forma más amplia entre entidades
públicas y privadas, es decir, a los mercados de carbono como tales. El
párrafo 6.8 se refiere a los enfoques «no comerciales» de dichos
intercambios, que implican principalmente a los programas de ayuda de los
países ricos.



Estos mecanismos son absolutamente fundamentales en la forma en que los
países imperialistas han abordado la crisis climática y la necesidad de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Son lo que les permite
«comprometerse» con los objetivos de «cero neto para 2050» y similares,
porque hacen posible —en teoría— que el capitalismo parezca que está tomando
medidas audaces para afrontar la crisis, mientras que en realidad solo hace
cambios comparativamente modestos en su forma de operar a corto plazo. Es
decir, parecen ofrecer la posibilidad de trasladar al futuro la
contradicción existencial a la que se enfrenta el capitalismo, entre su
obligación inherente de crecer y el imperativo medioambiental de que
consumamos menos.



Mientras tanto, también ofrecen una nueva e importante área de acumulación a
un sector del capital global, especialmente del capital financiero. Esto es
lo que David Harvey llamaría acumulación por desposesión; en este caso, la
desposesión es de vastas franjas de «naturaleza» en el Sur Global, compradas
(o confiscadas) a las comunidades locales, a veces indígenas, por los
gobiernos y empresas del Norte para compensar su fracaso en la reducción de
emisiones en casa.



No es de extrañar que el debate sobre las normas precisas que regirían el
funcionamiento de esta pieza vital del rompecabezas haya sido complicado y
conflictivo. Las batallas se han visto ocultas por una jerga impenetrable,
pero sobre todo han tenido que ver con la contabilidad: con quién podría
incluir qué, y cuándo, como parte de este comercio de carbono y, en
consecuencia, quién se beneficiaría más. Las sucesivas COP que siguieron a
la de París no consiguieron llegar a un acuerdo. Los grupos de la sociedad
civil argumentaron que ningún acuerdo sería mejor que uno malo, y casi
cualquier acuerdo en estos términos sería malo. En Madrid organizaron una
protesta de última hora que contribuyó a bloquear un acuerdo. El problema se
trasladó a Glasgow.



En Glasgow se llegó a un acuerdo sobre las normas del artículo 6. El bloqueo
parece haberse superado gracias a una inteligente sugerencia contable de
Japón. Se trata, sin duda, de una victoria importante para quienes apuestan
por el futuro de las compensaciones y los mercados de carbono. Junto con los
acuerdos alcanzados sobre los plazos para informar de las reducciones de
emisiones y las normas de transparencia, significa que el libro de reglas
que rige el Acuerdo de París está ahora, en términos generales, completo.
Sin embargo, no todos los detalles están resueltos. El ejemplo de los
bosques ilustra cómo se seguirán librando batallas en torno a esta agenda de
mercado para la crisis climática.



A diferencia de lo que suponen algunos activistas climáticos, hasta ahora
los bosques no han formado parte del régimen de comercio de carbono de la
CMNUCC. En el Acuerdo de París están incluidos en el artículo 5, no en el 6.
Así que sí ha habido programas como REDD+, que prevén lo que se llama «pagos
basados en resultados» a los países que reducen sus emisiones por
deforestación y conservan los bosques como sumideros de carbono. Pero esa
protección de los bosques no ha podido generar créditos de carbono que
puedan comercializarse en los mercados de carbono y que, por tanto, puedan
ser comprados por otros gobiernos o empresas para compensar sus continuas
emisiones y, por tanto, ayudar a esos países a cumplir sus NDC.



Por supuesto, muchas comunidades forestales y otras del Sur Global temían
que esta era el rumbo probable, y que el objetivo de muchas delegaciones del
Norte era convertir los bosques del mundo en una cosa más que pudiera ser
comprada y vendida para poder evitar hacer los recortes de emisiones que son
necesarios.



En el período previo a Glasgow, la mal llamada Coalición para las Naciones
con Bosques Tropicales (CfRN), supuestamente representada en la COP26 por
Papúa Nueva Guinea, organizó una campaña concertada en este sentido. La CfRN
dice incluir a 50 naciones con selva tropical. Sin embargo, la revelación
está en la preposición. Porque no se trata de una verdadera alianza de
países, sino de una «organización sin fines de lucro», creada «para las
naciones de la selva tropical» por dos egresados de la Columbia Business
School, de Estados Unidos e Italia, uno de los cuales se crio en Papúa Nueva
Guinea. Sus oficinas están en Manhattan, su junta directiva y su personal
son casi todos banqueros de inversión, y desde 2005 es la principal
defensora de poner precio a las selvas tropicales del mundo como forma de
compensar a los países por conservarlas. Desde entonces, ha liderado la
promoción de RED, REDD y REDD+, cada una de las cuales ha dado un paso más
para convertir los bosques en una de las compensaciones más importantes a la
venta en los mercados de carbono del mundo.



La CfRN, con el apoyo de varias delegaciones de países del Norte, presionó
mucho para que la COP26 incluyera las reducciones de emisiones de REDD+ como
créditos de carbono en el apartado 6.2. Esto cubriría tanto las reducciones
pasadas de REDD+, de 2015 a 2021, como una vía rápida para tales reducciones
en el futuro a partir de 2021, permitiendo así por primera vez que los
gobiernos de los países con altas emisiones compren tales «créditos
forestales» como una forma de lograr sus NDC. También apoyaron la redacción
del párrafo 6.4, que definiría las «eliminaciones» de carbono como
relacionadas específicamente con el sector de la agricultura, la
silvicultura y el uso de la tierra, con lo que los bosques entrarían
directamente en los mercados de carbono por primera vez.



Los defensores del medio ambiente de Brasil y de otros países argumentaron
con firmeza que estas medidas serían desastrosas para las comunidades
forestales de la Amazonia y de otros lugares y también para los propios
bosques, porque desencadenarían una oleada aún más intensa de acaparamiento
de tierras y de presión comercial sobre sus territorios, a medida que los
países ricos y las grandes empresas se apresuraran a comprar los derechos
para seguir contaminando.



Al final, estos activistas obtuvieron una pequeña victoria. Las reducciones
de REDD+ no se mencionaron en relación con el punto 6.2, y la referencia a
la silvicultura en el punto 6.4 se sustituyó por una definición más genérica
de las eliminaciones de carbono. Sin embargo, es posible que se trate de
suspensiones temporales. Los bosques no están excluidos en ninguno de los
dos mecanismos, y seguramente se harán nuevos intentos de incluirlos
explícitamente cuando se debatan algunas de las definiciones posteriores.



Algunas conclusiones iniciales para el movimiento



Estos tres tipos de resultados de la COP26 apuntan a tres tipos de
conclusiones que pueden ayudar a orientar nuestra acción futura.



1) Es cada vez más improbable (podría decirse que está cada vez más cerca de
excluirse) que las 197 partes de la CMNUCC tomen las medidas necesarias en
la década actual —ni en términos de reducción de emisiones ni en términos de
financiación del clima para el Sur Global— para garantizar que el
calentamiento global se mantenga por debajo de 1,5 grados centígrados. Al
menos, no lo harán sin un cambio drástico en el equilibrio de poder político
que les obligue a actuar.



2) No obstante, seguirá habiendo una presión masiva, procedente de la
opinión pública y de las protestas en las calles y en las comunidades, para
exigir a esos gobiernos que sí tomen tales medidas. Esto no se debe a que la
mayoría de estas personas confíen en que sus gobiernos hagan lo necesario.
La mayoría de las 100 o 150 mil personas que estaban en las calles de
Glasgow ciertamente no lo creen. Lo mismo ocurre con muchos de los millones
más que observaban con simpatía. Seguramente, la mayoría de esos
manifestantes ya piensan que es necesario un «cambio de sistema», aunque no
tengan claro en qué puede consistir.



Sin embargo, por el momento, siguen considerando que presionar a los
gobiernos es la mejor opción disponible. Cuanto más no actúen esos
gobiernos, y cuanto más se sienta el impacto de los fenómenos meteorológicos
extremos en los centros de población más importantes, más se puede
radicalizar el movimiento. Ya existe una simpatía generalizada por quienes
emprenden acciones directas. Esa simpatía puede aumentar. En algunas
circunstancias concretas, el propio movimiento de masas puede recurrir más a
la acción directa para bloquear minas, centrales eléctricas o lo que sea.



Pero, en general, y a menos que se produzca un cambio drástico en el
equilibrio de poder político, el movimiento de masas no asumirá por sí mismo
la tarea de cerrar la industria de los combustibles fósiles, como algunos
sugieren que debería hacer.



3) Mientras que los gobiernos del Norte Global siguen proclamando que están
trabajando para mantener vivo el 1,5 grados, los sectores más coherentes de
la clase capitalista, especialmente en el sector financiero, trabajarán duro
y rápido para poner en marcha los mecanismos que puedan convertir las crisis
climática y de la biodiversidad en un nuevo campo central para la
acumulación de capital.



Por supuesto, gran parte de la clase dirigente del Sur Global ya está bien
integrada en este proyecto. Los gobiernos y las organizaciones de la
sociedad civil que no lo están seguirán luchando en el marco de las
negociaciones climáticas de la ONU. No tienen muchas opciones. Puede que
haya contradicciones cada vez más agudas entre algunos de ellos y la forma
en que los gobiernos del Norte Global están impulsando el proceso a su
costa.



Pero también habrá muchas ocasiones en las que estos representantes del Sur
Global, tanto los gobiernos como a veces los movimientos, se traguen los
beneficios a corto plazo que aparentemente ofrece el capital transnacional y
sus mecanismos de mercado para abordar la crisis climática. Un ejemplo de
ello es cómo incluso algunos sectores radicales del movimiento indígena de
Brasil han caído en la tentación de suscribir aspectos de la
mercantilización de los bosques como forma de conseguir el tan necesario
dinero en efectivo para sus comunidades.



Es comprensible que el punto primero produzca —y de hecho ya lo ha hecho—
llamamientos a la radicalización del movimiento. En parte, esos llamamientos
son correctos. Pero sería un grave error malinterpretarlo. La tentación de
«desvincularse de la COP» por completo y «establecer nuestra propia agenda»
corre el riesgo de abrir una brecha entre algunos de los sectores más
radicales del movimiento por la justicia climática, que sigue siendo una
minoría relativamente pequeña, y aquellas fuerzas mucho mayores que estaban
tanto en las calles de Glasgow como representadas, de forma mediada, por
algunos de los gobiernos del Sur Global y muchos de los grupos de la
sociedad civil que operan y luchan dentro del proceso de la CMNUCC. Muchas
organizaciones indígenas latinoamericanas, por tomar de nuevo ese ejemplo
destacado, fueron muy activas tanto en las calles de Glasgow como dentro de
la Zona Azul.



Cuando 1000 delegados abandonaron la Zona Azul en el último viernes, fue la
mayor revuelta de este tipo en la historia de las COP, al menos desde que
los países del Alba golpearon la mesa y rechazaron el montaje de Obama en
Copenhague. 750 delegados de la sociedad civil abarrotaron una de las salas
principales para celebrar una improvisada sesión plenaria popular, que acabó
con ellos cantando «el poder para el pueblo». Luego se les unieron varios
cientos más que no pudieron entrar, para marchar por el recinto del Scottish
Events Campus cantando «el pueblo se va a levantar como el agua…», y
finalmente salir de la Zona Azul y enlazar con los movimientos que
protestaban fuera de las puertas. Fue una ilustración poderosa y conmovedora
del tipo de vínculos que son posibles y necesarios.



Lo que tenemos que encontrar, tanto en Escocia como en otras partes del
Reino Unido y en todo el mundo, son las formas organizativas concretas que
pueden unir estos diferentes componentes en una fuerza más duradera,
consistente y potente en lugar de separarlos.



Justicia climática, justicia social e independencia en Escocia



Aquí, en Escocia, las consecuencias de la COP26 nos ofrecen una oportunidad
especial. Esto puede ilustrarse con una breve historia contada hacia atrás.
En el momento de escribir estas líneas, la empresa de exploración
petrolífera Siccar Point Energy, respaldada por private equity o capital de
riesgo, acaba de anunciar que «pone en pausa» su proyecto de explotación del
yacimiento petrolífero de Cambo, situado a 1000 metros de profundidad en el
Mar del Norte, al oeste de las Islas Shetland.



Aunque no es un gran yacimiento, y económicamente es marginal, tanto para
los activistas como para el gobierno del Reino Unido, Cambo se había
convertido en el símbolo de la confrontación entre una estrategia oficial de
máxima extracción de combustibles fósiles en el camino hacia un futuro con
bajas emisiones de carbono, y la exigencia de dejarlo en el suelo, ya. Para
las y los activistas, el anuncio de Siccar se siente como una gran victoria.
La decisión de Siccar se produjo ocho días después de que Shell se retirara
de su participación del 30% en el proyecto, alegando que «la justificación
económica (…) no es lo suficientemente fuerte en este momento».



Poco más de dos semanas antes, el 16 de noviembre, la Primera Ministra de
Escocia, Nicola Sturgeon (del gobierno autónomo, regional, con competencias
limitadas), expresó por primera vez su abierta oposición al nuevo yacimiento
petrolífero, afirmando que no debía recibir luz verde y que era incompatible
con los objetivos de «cero neto». Anteriormente solo había pedido una
reevaluación del proyecto por parte del gobierno británico en Londres, que
tiene la facultad de aprobar las licencias de exploración petrolífera. 



Diez días antes, Glasgow acogió la mayor manifestación por el clima jamás
vista en el Reino Unido, y una de las mayores protestas de cualquier tipo
jamás celebradas en Escocia. Cuando Shell anunció su decisión de retirarse,
Amigos de la Tierra Escocia comentó con razón que «el poder popular ha hecho
que la explotación de Cambo, que destruye el clima, sea tan tóxica que
incluso el gigante petrolero Shell ya no quiere verse asociado a ella». Eso
era cierto. Pero también hubo un paso intermedio. Dos pasos, de hecho: el
gobierno y la cuestión nacional.



El hecho de que tanta gente se manifestara en Glasgow, y que «Stop Cambo»
fuera una de sus demandas más visibles, sin duda tuvo un impacto en Shell.
El gigante petrolero puede prescindir de tal o cual nuevo yacimiento del
tamaño de Cambo (170 millones de barriles en 25 años, más o menos lo mismo
que produce Arabia Saudí en tres semanas y media). Y le preocupa su imagen,
sobre todo porque ahora se ha comprometido públicamente a ser «neto cero» a
mediados de siglo. Esas manifestaciones, sin embargo, no fueron el factor
decisivo en su decisión. Probablemente pesó más la amenaza de que los
defensores del clima emprendieran una guerra legal y arrastraran el proyecto
a través de interminables recursos y retrasos judiciales.



Sin embargo, esa enorme protesta en Glasgow sin dudas pesó mucho en el
cambio de postura de Nicola Sturgeon, al oponerse a Cambo. Y el cambio de
opinión de Nicola Sturgeon probablemente tuvo una influencia aún mayor en
los cálculos económicos de Shell. Puede que el gobierno escocés no tenga
ahora el poder de decir «sí» o «no» a los nuevos yacimientos petrolíferos,
pero podría dificultar mucho los aspectos prácticos de acceso y operaciones.
E incluso Shell probablemente puede ver que mucho antes de que termine la
vida útil de 25 años del campo petrolífero y su viabilidad económica, existe
una posibilidad real de que Escocia se convierta en un país independiente,
con un gobierno que ahora puede querer deshacerse de todos esos campos
petrolíferos.



Este es un ejemplo concreto de cómo la cuestión nacional está agudizando la
cuestión climática en Escocia, y viceversa. La combinación entre la
insultante exclusión de Nicola Sturgeon y del gobierno del SNP por parte de
la presidencia unionista británica de Johnson-Sharma de la COP26, sumada a
la escala histórica de la movilización en las calles escocesas, ha aumentado
la presión sobre ese gobierno ambiguo del SNP y ya ha dado algunos
resultados modestos, como el de Cambo. El presupuesto del gobierno escocés,
revelado la semana pasada, también da algunos pasos parciales en una
dirección positiva, con el tratamiento de la crisis climática como una de
sus tres principales prioridades.



Esto, por supuesto, ha coincidido con la incorporación al gobierno del
Partido Verde Escocés, significativamente a la izquierda de los Verdes en
Inglaterra, Alemania o probablemente en cualquier otro lugar de la UE. El
gobierno escocés dio otro paso muy pequeño, pero simbólico, en la primera
semana de la COP26, cuando se convirtió en la primera administración del
Norte Global en hacer una oferta concreta, de solo 1 millón de libras, que
más tarde se incrementó a 2 millones de libras, a un fondo para pérdidas y
daños en el Sur Global, una iniciativa que fue rápidamente desechada por la
administración Biden.



En el otro sentido, la cuestión climática está empezando a dividir y
polarizar la lucha nacional. Puede que sea poco más que una nota a pie de
página, de cierto interés en Escocia pero no mucho en otros lugares, pero
esto ha quedado claro en la actitud del antiguo Primer Ministro, Alex
Salmond. Salmond rompió con Sturgeon y formó el año pasado Alba, un partido
nacionalista supuestamente más radical, respaldado por una extraña amalgama
de «feministas» antitrans y de izquierdistas misóginos. Después de que
Sturgeon se declarara en contra de Cambo, éste la atacó rápidamente por
vender el derecho de Escocia a su propio petróleo y por poner en peligro los
puestos de trabajo.



En otras palabras, las cuestiones de la justicia climática y la acción
climática atraviesan ahora la lucha nacional en Escocia, al igual que la
cuestión del cierre del petróleo del Mar del Norte y la necesidad de una
transición justa dirigida por los trabajadores del sector atraviesa y
polariza el movimiento sindical en Escocia.



Son combinaciones potencialmente explosivas. Las luchas climáticas ya están
avivando las reivindicaciones nacionales, y podrían añadir una nueva
dimensión a la lucha por la independencia. Al mismo tiempo, cualquier avance
hacia una Escocia independiente va a plantear necesariamente las cuestiones
de justicia climática de forma mucho más aguda. El gobierno del SNP ha dado
algunos pasos modestos y positivos, al igual que en varios ámbitos de la
política social. Pero su orientación general «social-liberal» y su apego a
las políticas de mercado significan que sigue aferrado a la visión de cero
neto (para 2045) y a las ilusiones sobre la captura y el almacenamiento de
carbono, sobre Escocia como centro neurálgico y exportador de energía
renovable, etc. Por lo tanto, desmantelar la narrativa del cero neto y las
falsas soluciones que conlleva adquiere una importancia especial aquí en
Escocia, tanto para el movimiento climático como para el ala radical del
movimiento independentista.



El gran reto de los próximos meses —y es un reto que hay que aceptar
rápidamente, o el momento habrá pasado— radica en encontrar las formas
organizativas y las iniciativas políticas que puedan captar, consolidar y
desarrollar la energía, la diversidad y la radicalización política que
estalló en las calles de Glasgow en noviembre. Para ello será necesario
algún tipo de iniciativa específica aquí en Escocia, pero que al mismo
tiempo se articule con movimientos similares en otras partes del Reino Unido
e internacionalmente.



* Iain Bruce, periodista y activista de la Coalición COP26 residente en
Escocia. Junto con Sabrina Fernandes presentaba un video-resumen diario de
lo que pasaba en Glasgow, Inside Outside.



Nota



1) De forma característicamente confusa, hay tres versiones del texto
principal de la decisión de cobertura, una para cada una de las tres
reuniones que se celebraron oficialmente en paralelo bajo el paraguas de la
COP: en primer lugar, la propia COP26, es decir, la 26° Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático; en segundo lugar, la CMP16, la 16° Conferencia de las Partes que
actúa como reunión de las Partes del Protocolo de Kioto, que es en gran
medida irrelevante y cuyos textos dicen muy poco: y la CMA3, o la 3ª
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Acuerdo
de París, que es la que realmente tiene más detalles en relación con la
aplicación del Acuerdo de París.

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