Argentina/ Bien en el fondo. En la trampa del FMI. [Fabián Kovacic]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

7 de enero 2022

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Argentina



En la trampa del FMI

Bien en el fondo



Con los movimientos sociales en contra, el oficialismo forzando su interna y
la oposición de derecha lavándose las manos, el gobierno se apura por
renegociar la deuda milmillonaria dejada por el macrismo.



Fabián Kovacic, desde Buenos Aires

Brecha, 7-1-2021

https://brecha.com.uy/



El inminente cierre de la negociación con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) para resolver la forma de pago del préstamo de 45.000 millones de
dólares tomado por la administración de Mauricio Macri produce un
tembladeral en el escenario político argentino. El 11 de diciembre, miles de
argentinos marcharon en Buenos Aires en contra de pagar un solo centavo más
al FMI, que ya se ha embolsado en materia de intereses y pagos de capital
unos 4.350 millones de dólares. Para este mes, Argentina deberá pagar otros
731 millones de dólares. Para febrero, 372 millones. En marzo, las
obligaciones con el FMI llegan casi a los 3.000 millones… Al finalizar el
año, se totalizarán 19.020 millones de dólares. Y de acuerdo a lo pactado
por Macri, los pagos siguen, a ritmo similar, hasta 2024.



La situación hace crujir la estructura del oficialista Frente de Todos. Las
autoridades de gobierno están embarcadas en cerrar pronto un preacuerdo de
facilidades extendidas con el organismo multilateral que permita
reestructurar la deuda, alargar los plazos y achicar los montos. La mira
está centrada en cómo implementar el ajuste fiscal que se vendrá en los
próximos dos años, habida cuenta de las reformas que tradicionalmente
reclama el FMI como contrapartida: privatizar empresas públicas y el sistema
jubilatorio para generar divisas y empujar un programa de exportaciones que
rompa el bimonetarismo que aqueja a la economía argentina desde hace
décadas. Pero no todos dentro del oficialismo ven este rumbo con buenos
ojos.



El director del Banco Nación, Claudio Lozano, llegó a presentar el 21 de
diciembre un pedido de medida cautelar ante la justicia penal para evitar el
pago al FMI de 1.880 millones de dólares en materia de intereses, que ya
estaba pautado para esas fechas. La cautelar fue rechazada y el pago se hizo
al día siguiente. Pero el pedido hecho por Lozano fue más que simbólico. No
solo por provenir de un funcionario de la actual administración, sino del
presidente de uno de los 19 partidos que conforman la coalición oficialista.
A Lozano lo acompañaron ante la Justicia otras dos agrupaciones del Frente
de Todos: el Partido por el Trabajo y el Pueblo y Tres Banderas, formaciones
menores, pero con capacidad de movilización social. También adhirieron a su
iniciativa el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas,
de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y decenas de organismos de
derechos humanos, organizaciones ambientales, sindicatos nacionales, como el
de los funcionarios estatales, y asambleas vecinales.



Una semana antes, la Central de Trabajadores de la Argentina había
presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) por considerar que la deuda tomada por Macri y las
negociaciones entabladas por el gobierno de Alberto Fernández con el FMI
resultan violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos y «de
los derechos políticos y sociales de los argentinos». La presentación busca
que la CIDH «ordene al gobierno argentino no aprobar ninguna medida que
convalide la deuda tomada en 2018».



La oposición al acuerdo es tenaz entre la izquierda. Los cuatro diputados
del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Alejandro Vilca, Romina
del Plá, Nicolás del Caño y Miriam Bregman, advirtieron que votarán «contra
cualquier acuerdo con el FMI que convalide la deuda contraída bajo el
gobierno de Mauricio Macri». «Consideramos que todo endeudamiento del país
implica la participación de los representantes del pueblo en el Congreso
nacional para la toma de decisiones. Y esta deuda, además de ilegítima, es
una estafa por la forma en que fue tomada. Nos oponemos a cualquier acuerdo
con el FMI y votaremos en contra si llegara al recinto», aseguró Del Plá a
Brecha. El FIT y los movimientos sociales piqueteros ligados al Polo Obrero
estuvieron entre los principales organizadores del acto del 11 de diciembre
en Plaza de Mayo.



FMI autocrítico



El 23 de diciembre, el propio FMI presentó un informe crítico sobre el
programa crediticio acordado con el gobierno de Macri, el más grande de su
historia, por el que se había comprometido a entregar 57.000 millones de
dólares, de los que se terminaron ejecutando 45.800 millones. «El programa
no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de
las políticas económicas. El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de
capitales residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de
cambio. El tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación, el
valor de la deuda pública y debilitando los ingresos reales», dice el
informe. Los directores del organismo multilateral señalan que «las líneas
rojas establecidas por el entonces gobierno acerca de ciertas políticas
pueden haber llevado a que se descartaran medidas potencialmente críticas
para el programa. Entre esas medidas se encuentran una operación de
[reestructuración] de deuda y el uso de medidas de gestión de flujos de
capital».



No pocos ven en estas líneas un reconocimiento indirecto de lo que múltiples
instancias nacionales e internacionales vienen denunciando desde 2019: que
buena parte de los dólares prestados al gobierno de Macri alimentaron la
fuga de capitales al extranjero a manos de acreedores privados y empresas
con residencia legal en el exterior, entre otros. Así lo estableció, por
ejemplo, una investigación del Banco Central de la República Argentina
publicada en mayo de 2020 y titulada «Mercado de cambios, deuda y formación
de activos externos, 2015-2019». Allí se establece que durante ese período
la fuga de capitales experimentó un crecimiento sostenido que hizo volar del
sistema argentino 94.700 millones de dólares. Tras la firma del acuerdo
entre el gobierno de Macri y el FMI en 2018, y hasta diciembre de 2019, la
fuga total alcanzó los 45.100 millones de dólares, una cifra peligrosamente
parecida a los 45.800 millones que por entonces desembolsaba el FMI (véase
«Plata fugada», Brecha, 29-V-20).



Letra muerta



El documento en el que el FMI reconoce el fracaso del programa crediticio
que hoy tiene de rehén a Argentina no hace mención alguna a una eventual
violación de las propias pautas de funcionamiento del organismo y más bien
se ocupa de descargar las culpas de la catástrofe sobre Macri y su entorno.
En el artículo 6 del estatuto del FMI, sin embargo, se establece que un país
miembro «no puede utilizar los recursos generales del Fondo para hacer
frente a una importante o sostenida salida de capitales» y que el organismo
«puede solicitar a un miembro que ejerza controles para evitar dicho uso de
los recursos generales».



En vistas de esto, y apenas publicada la autocrítica del FMI, el gobierno de
Fernández decidió insistir en que la entidad reconozca que violó su propio
código estatutario. Por otro lado, ya venía impulsando desde marzo, a través
de la Oficina Anticorrupción, una demanda judicial penal por la toma de
deuda durante el macrismo. La jueza de la causa reclamó toda la
documentación obrante en otros juzgados y en la comisión parlamentaria
permanente de seguimiento de la deuda externa argentina, conformada por
diputados y senadores nacionales. El Estado se constituyó como querellante a
través de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo del abogado Carlos
Zannini, pero los resultados no han sido alentadores por el momento: la
causa se encuentra en etapa de producción de prueba a cargo de la jueza,
bajo trámite secreto.



«Zannini debiera reclamar con insistencia a la jueza y al fiscal del caso,
porque es la única instancia con el poder suficiente para hacer ese reclamo:
se trata del propio Estado que reclama por un fraude», asegura enojado a
Brecha el director del Banco Nación.



¿Un buen acuerdo?



En un documento presentado por el gobierno la semana pasada al que accedió
Brecha, las autoridades del Ministerio de Economía se muestran optimistas.
El país vendría haciendo los deberes: la inversión creció un 35 por ciento
en 2021, el PBI, un 10 por ciento, se achicó la emisión monetaria interanual
en un 50 por ciento, el desempleo bajó en el último trimestre del 9,6 al 8,2
por ciento (y quedó en los niveles de fines de 2018) y el déficit fiscal
cerrará en torno del 3 por ciento del PBI. En el debe quedó la inflación: la
pautada en el proyecto de presupuesto 2022 (33 por ciento interanual) ya
quedó desactualizada y se prevé que termine rondando el 50 por ciento.



Con estos números, el ministro de Economía, Martín Guzmán, pretende forzar
cuanto antes el acuerdo de reestructuración con el FMI, pero desde el
organismo multilateral le reclaman consensos políticos mayores. Aún «falta
consensuar con algunos actores internacionales», debió reconocer el ministro
en una entrevista otorgada recientemente al diario español El País. Pero
desde el FMI tienen en cuenta, sobre todo, el fracaso del oficialismo al
intentar aprobar el presupuesto 2022 en el Congreso, donde no pudo vencer el
trancazo de la oposición macrista.



Este miércoles, Guzmán y Fernández se reunieron con los gobernadores
provinciales para brindar información sobre las negociaciones con el FMI.
«En términos absolutos no existe un buen acuerdo porque el mundo no cuenta
con la posibilidad de distribuir los pagos en el tiempo. Lo que existe es un
buen acuerdo en términos relativos», admitió el ministro, que explicó que
aún hay diferencias en torno a cómo se procederá con respecto a la
disminución del gasto público que busca el organismo multilateral. «El
sendero fiscal es el punto en el que hoy no hay acuerdo», sostuvo. Lo cierto
es que el panorama para el gobierno no es alentador ni en el plano externo
ni en el interno, en el que viene de sufrir una importante derrota en las
parlamentarias y con una economía aún golpeada por la crisis y con altos
índices de pobreza. Un verano caliente cuyo desenlace aún está abierto. La
experiencia indica que el ganador de estas pulseadas suele ser el FMI.



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Historia de un secuestro



A lo largo de su historia y desde 1956, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) firmó 22 acuerdos con Argentina. Nunca terminaron bien para las clases
populares, según apunta la economista Noemí Brenta en su libro Historia de
la deuda externa argentina. De Martínez de Hoz a Macri (Capital Intelectual,
Buenos Aires, 2019). Las recetas de los 22 acuerdos incluyeron como
condición el ajuste fiscal, la restricción del crédito interno, el aumento
de tarifas de servicios públicos y la «racionalización» de las empresas
estatales, eufemismo para disfrazar la privatización del patrimonio público.
Veinte fueron acuerdos stand-by y dos, de facilidades extendidas, firmados
durante 41 años de gobiernos civiles o dictaduras militares. Solo durante
nueve años el país no estuvo atado a programas económicos impuestos por las
autoridades del FMI.

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