Venezuela/ Madres Poderosas: mujeres se organizan contra los crímenes de las fuerzas policiales del gobierno. [Yohana Marra]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

27 de enero 2022

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Venezuela



Mujeres contra las ejecuciones extrajudiciales de sus hijos



Madres Poderosas se fundó para impulsar a familiares de víctimas de
ejecuciones extrajudiciales a luchar por esclarecer la verdad



Yohana Marra

openDemocracy, 25-1-2022

https://www.opendemocracy.net/



Ivonne Parra tomó ocho sedantes durante 15 días, después del asesinato de su
hijo. Solo quería llorar la pérdida de su único varón. Sus amigas se
encargaron de todos los trámites en la medicatura forense y en la funeraria,
mientras ella estaba en casa. Llorando.



Casi un mes después del ajusticiamiento, Ivonne sintió que tenía que pararse
de la cama y hacer algo. Debía limpiar el nombre de su hijo, quien fue
tildado de delincuente según la versión policial. A Guillermo José Rueda
Parra, de 20 años de edad, lo asesinó una comisión de funcionarios de las
Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo élite de seguridad del
Estado venezolano, adscrito a la Policía Nacional Bolivariana.



Eran las 6:00 de la mañana del 12 de diciembre de 2017, cuando Ivonne le
abrió la puerta de su casa a cinco agentes. Ella no crio a un delincuente,
por eso no se esperaba que en el primer piso de la vivienda, ubicada sector
Blandín de la carretera vieja Caracas-La Guaira, asesinaran a su hijo,
desarmado y en pijama. Luego los funcionarios simularon un enfrentamiento y
pusieron un arma en la mano de Guillermo. Ivonne vio todo.



—Pásame una bala de otro calibre.



—No, chamo, de esas no tenemos —recuerda Ivonne que decían los funcionarios,
mientras ella los observaba desde la calle.



Según el Derecho Internacional las ejecuciones extrajudiciales son los
asesinatos cometidos por agentes del Estado, o con su complicidad y
tolerancia. Entre enero y septiembre de 2021 el proyecto Lupa por la Vida,
de la organización Provea y del Centro Gumilla, documentó 1197 crímenes a
manos de policías y militares en toda Venezuela.



Cuatro años después de la ejecución extrajudicial de Guillermo José, como le
dice su madre, los funcionarios involucrados no están detenidos aunque en el
expediente reposan sus nombres. Sobre el agente Winder Rafael Flores,
presuntamente hay una notificación de alerta roja de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) pero
tampoco ha sido apresado.



En la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo, Ivonne conoció a Carmen
Arroyo, otra madre a quien las fuerzas de seguridad del Estado venezolano le
asesinaron a su hijo. Ambas decidieron conformar una organización no
gubernamental llamada Madres Poderosas, luego de asistir a varios talleres
de formación en el ámbito de derechos humanos, impartidos por el Comité de
Familiares Víctimas del Caracazo (Cofavic) y por miembros de las Naciones
Unidas que estuvieron en el país.



Madres Poderosas nació en septiembre de 2021 y hasta ahora ha acogido a
siete mamás y a una hermana de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en
Caracas. Además del acompañamiento y apoyo que se brindan entre familiares,
aspiran obtener ayuda psicológica, asesoría legal y colaboraciones de comida
o útiles escolares para los hijos huérfanos de los jóvenes asesinados.



Los menores de edad están bajo la manutención de sus abuelas, quienes no
pueden buscar un empleo formal por el tiempo que invierten en asistir
regularmente a los tribunales venezolanos. Lina Rivera es una de las mujeres
que integra Madres Poderosas. En seis meses, miembros de las fuerzas de
seguridad del Estado asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos. A
su cargo tiene a nueve nietos, que mantiene con mucho esfuerzo.



Estas ocho mujeres no quieren que las llamen víctimas porque no lo son.
Realmente son aguerridas y están dispuestas a intentar todo lo que esté a su
alcance para limpiar el nombre de sus hijos y hermanos, y obtener justicia.



—Nada me va a devolver a mi hijo, pero yo quiero evitar que estas
ejecuciones extrajudiciales sigan pasando, quiero evitar que otras madres
pasen por el dolor que nosotras estamos pasando. Nosotras no criamos
delincuentes —dijo Ivonne, una mujer de tez blanca, con el cabello teñido de
amarillo, que transmite fortaleza aunque sus ojos se inunden de lágrimas
cada vez que habla de su hijo.



A Carmen Arroyo le asesinaron a su hijo Christian Alfredo Charris Arroyo, un
día después de su cumpleaños, el 24 de septiembre de 2018 en La Dolorita,
una comunidad de Petare, la barriada más grande de Caracas. En el expediente
del caso están identificados los 20 funcionarios de las FAES que
participaron en el operativo. Ninguno ha sido detenido.



Christian era el único hijo de Carmen. Lo crió sola. El joven, de 25 años,
era un popular barbero y jugador de baloncesto de la comunidad. La versión
policial fue que él pertenecía a una grupo criminal y estaba solicitado por
los delitos de robo, hurto, extorsión y homicidio.



—Si se supone que Christian había matado a un hombre llamado Jeferson Gil en
2016 ¿por qué a mi hijo no lo buscaron antes? El delincuente no tiene
residencia fija y a mi hijo lo podían encontrar en su casa. A mi hijo lo
criminalizaron por ser un joven que vivía en un barrio —contó Carmen, en voz
pausada. Su rostro, de piel morena, refleja el dolor con sus expresiones
pronunciadas.



Ivonne y Carmen guían a las otras madres en el proceso judicial, las
acompañan a los tribunales y las animan para que no desmayen en el proceso.
Ninguna de ellas tiene un empleo formal, por lo que a veces no tienen dinero
para usar el transporte público que las lleve de sus casas, que quedan en
barriadas populares retiradas del centro de la capital.



Al menos dos veces a la semana o cada 15 días, las fundadoras de Madres
Poderosas visitan a los fiscales que llevan los casos para averiguar si hay
avances. Lo mismo hacen con el resto de las compañeras. La mayoría de las
veces no obtienen respuestas de los funcionarios públicos, pero no se
cansan, ya no tienen nada que perder porque les arrebataron a sus hijos.



—Estamos luchando contra el verdugo, sabemos que no es una lucha fácil pero
seguiremos, no podrán con nosotras porque no criamos a delincuentes, criamos
a jóvenes de bien y ahora nos queda defender su nombre —agregó Carmen.



Estas madres se han convertido en abogadas, fiscales, defensoras de los
derechos humanos y en correos especiales de los fiscales que llevan sus
casos. Manejan términos judiciales y conocen que las ejecuciones
extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad.



Cifras de la organización Cofavic apuntan que 92% de los casos de
ejecuciones extrajudiciales no cuentan con ninguna acusación formal. En 30%
existe retraso injustificado en la tramitación de experticias esenciales,
como las autopsias, y en 96% no se ha registrado la detención de los
responsables.



Las madres deben encargarse de costear las copias de los expedientes cuando
logran tener acceso a ellos, porque en los tribunales no hay presupuesto
suficiente. Además, son revictimizadas con los cambios frecuentes de
fiscales en diversas oportunidades, con malos tratos de los funcionarios o
cuando no las atienden. Incluso han llegado a los tribunales y se encuentran
con que no hay electricidad. En el caso del hijo de Ivonne, han removido a
los funcionarios al menos seis veces.



—La única forma que yo deje de denunciar es que me muera. No saben con
cuánto esfuerzo criamos a nuestros hijos, para sacarlos adelante en un
barrio, donde se ven drogas y armas —dijo Carmen.



Lina Rivera siente que Madres Poderosas son su luz en el túnel oscuro que ha
significado la pérdida de sus cuatro familiares. En la organización le dan
un impulso para luchar. Cuando asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos
sobrinos, entre 2017 y 2018, tuvo miedo hacerle seguimiento a los casos.
Pero cuando conoció a Ivonne y a Carmen sintió el valor para regresar.



En julio de 2019, Ivonne y Carmen formaron parte del grupo de familiares
víctimas de violaciones a los derechos humanos que relataron sus testimonios
de violaciones de la letalidad policial a Michelle Bachelet, alta
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en su
visita a Venezuela, en 2019.



La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recomendó al gobierno
de Nicolás Maduro que detenga y prevenga el uso excesivo de las fuerza en
las manifestaciones, que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales y se
disuelvan las FAES. Al contrario, el mandatario Maduro reiteró el apoyo al
cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana.



Datos de la exfiscal  general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, revelan que
entre enero de 2015 y junio de 2017 se cometieron 8.291 ejecuciones
extrajudiciales. Mientras que Cofavic documentó 11.328 ajusticiamientos por
fuerzas de seguridad del Estado, entre 2012 y marzo del 2020.



Una de las mujeres que se incorporó recientemente a la organización de
Madres Poderosas fue Miyanllela Fernández. A su hijo Richard Jesús Briceño
Fernández, de 23 años, efectivos de las FAES le dieron dos tiros. Ella lo
vio herido y lo escuchó gritar de dolor, luego perdió el conocimiento.



El 8 de enero de 2021 se desplegó un operativo policial en la zona popular
de La Vega, al oeste de Caracas, para capturar a miembros de una megabanda
de delincuentes. El Monitor de Víctimas documentó que 14 jóvenes fueron
asesinados por los cuerpos de seguridad. Un informe de Amnistía
Internacional considera que hay suficientes indicios para considerar que se
cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir
crímenes de lesa humanidad.



Miyanllela Fernández se ha topado frecuentemente con el funcionario de las
FAES, que presuntamente le disparó a su hijo. Carmen Arroyo también se
encontró al efectivo supuestamente involucrado en el crimen.



“Cada vez que veía a tres de los funcionarios que estaban ese día, llevaba a
mi nieta y me provocaba vengar la muerte de mi hijo. Si yo hubiese sabido
que me iban a matar a mi hijo me lo hubiese llevado y no nos hubiésemos
quedado en la casa”, dijo Miyanllela.



Carmen se planteó estudiar Derecho en la universidad, desde la ejecución de
sus hijo. Hasta el momento no ha logrado obtener el cupo en una institución
pública, pero mantiene claro su objetivo de formación y empoderamiento.



Maritza Molina, otra mujer que integra Madres Poderosas, ya está por
terminar la carrera de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa. A su
hijo, el doctor Billi Daniel Mascobeto Molina lo asesinaron en Barlovento,
estado Miranda, el 29 de febrero de 2012.



En casi 10 años el expediente del caso de su hijo consta de 14 piezas y han
cambiado a 21 fiscales nacionales y auxiliares. Ninguno ha resuelto el caso.
Se unió a Madres Poderosas por ese impulso y motivación que le dan las otras
mujeres para insistir en la búsqueda de justicia.

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