Guatemala/ ¿25 años de paz? [Ricardo Sáenz de Tejada]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

27 de enero 2022

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Guatemala



¿25 años de paz?



El aniversario del fin de la guerra interna en Guatemala pasó desapercibido.
Parte de la ciudadanía prefiere hablar con amarga ironía de los «recuerdos
de paz». Las esperanzas de derechos, paz e igualdad se disiparon frente a la
corrupción, el neoliberalismo, las redes criminales y un proceso de
involución democrática que hoy se extiende por gran parte de Centroamérica.



Ricardo Sáenz de Tejada *

Nueva Sociedad, enero 2022

https://nuso.org/



El 29 de diciembre de 1996 se firmó en el Palacio Nacional de la Cultura el
Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Con la suscripción de este
documento terminaba una década de negociaciones y se ponía fin a una guerra
que tuvo, de acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, un
saldo de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos. Aquella tarde de diciembre,
miles de guatemaltecos se hicieron presentes en la Plaza de la Constitución
para celebrar la finalización del conflicto, festejos que se realizaron
también en la mayoría de las ciudades y pueblos que fueron afectados por la
violencia, así como en los campamentos insurgentes, donde los combatientes
guerrilleros se habían «concentrado» para iniciar su desmovilización.



Un cuarto de siglo después, la fecha pasó casi desapercibida para la mayoría
de la ciudadanía guatemalteca. El gobierno realizó un acto desangelado en el
Patio de la Paz presidido por el ministro de cultura y al que asistieron
mayoritariamente empleados de gobierno; el partido de la antigua
insurgencia, ahora denominado Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca-Movimiento Amplio de Izquierda (URNG-MAIZ), publicó un largo
comunicado en el que subrayaba la importancia de los acuerdos y las fallas
en su cumplimiento, mientras que la plataforma de organizaciones de víctimas
realizó una pequeña protesta frente al Palacio Nacional.



¿Cómo fue la negociación y qué se estableció en los acuerdos de paz?



Los grupos insurgentes aglutinados en la URNG negociaron el fin de la guerra
con cuatro gobiernos distintos: Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991), Jorge
Serrano Elías (1991-1993), Ramiro de León Carpio (1993-1996) y Alvaro Arzú
Irigoyen (1996-2000). Cuando iniciaron los diálogos, América Central era en
uno de los últimos escenarios de la Guerra Fría y el gobierno estadounidense
estaba obsesionado con contener la «amenaza comunista» en la región. Para
1996, el Muro de Berlín había sido derribado, la Unión Soviética se había
desintegrado, los sandinistas habían entregado el poder tras un proceso
electoral democrático y las guerrillas salvadoreñas aglutinadas en el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) eran ya la segunda fuerza
política en el vecino país.



Los cambios en el mundo afectaron a los actores en contienda. Las guerrillas
pasaron de pensar el diálogo y negociación como una táctica que les
permitiera ganar tiempo para recomponer fuerzas a considerarlo un proceso
estratégico que posibilitaría, desde su punto de vista, sentar las bases
para la solución de los problemas que causaron la guerra. Para el gobierno,
implicó también limitar la militarización del Estado y contener la autonomía
del Ejército en asuntos de contrainsurgencia. Para un sector de las elites
empresariales, la pacificación vendría a mejorar el «clima de negocios» y
atraería nuevas inversiones.



Fue entonces cuando se moldeó una compleja agenda de negociación dividida en
temas sustantivos y operativos. Lo sustantivo abordaba los problemas que la
sociedad guatemalteca venía arrastrando desde tiempos coloniales y
poscoloniales: el racismo, la discriminación y la exclusión de los pueblos
indígenas, pero también la concentración de la riqueza y la propiedad, así
como la persistencia de la pobreza y la desigualdad. Además, dentro del eje
sustantivo se ponía el foco en la militarización del Estado y el predominio
del Ejército en asuntos de seguridad ciudadana. Las cuestiones operativas,
que fueron colocadas al final de la agenda de negociación, se vinculaban con
la desmovilización e incorporación a la legalidad de las unidades
guerrilleras. Además, se trataron problemáticas como el retorno de la
población refugiada en México y en zonas montañosas y selváticas del país, y
el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.



Las negociaciones establecieron mecanismos para vincular a las
organizaciones de la sociedad civil. Primero, se las incorporó a través de
una ronda de diálogos con la insurgencia, que facilitó a las guerrillas
encontrar puntos de coincidencia con las organizaciones sociales.
Posteriormente, se dio lugar a Asamblea de la Sociedad Civil, espacio en el
que por primera vez organizaciones, grupos, y pueblos pudieron dialogar y
elaborar propuestas de solución a los problemas del país. La Asamblea
produjo documentos de consenso sobre cada uno de las temáticas de la
negociación. Aunque no eran vinculantes, estos documentos permitían
constatar los alcances reales de cada uno de los acuerdos.



Antes de negociar los temas sustantivos, se suscribieron varios acuerdos
enmarcados en la defensa de los derechos humanos. En marzo de 1994, se
suscribió el Acuerdo global sobre derechos humanos que entró en vigencia
inmediatamente y dio lugar al despliegue de la Misión de Naciones Unidas
para Guatemala (MINUGUA), cuya presencia no solo contribuyó a la disminución
de las violaciones a los derechos humanos, sino que creó un ambiente
propicio para la participación y movilización social. En junio de ese mismo
año se firmó el Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones
desarraigadas por el enfrentamiento armado, bajo el cual se institucionalizó
el retorno organizado y en condiciones dignas de las miles de familias que
tuvieron que desplazarse por las campañas contrainsurgentes. También en
junio de 1994, se firmó el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión
para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos
y los Hechos de Violencia que han causado sufrimientos a la población
guatemalteca. La discusión de este tema fue compleja, ya que para el
gobierno y el Ejército resultaba inaceptable aceptar que se juzgara a los
responsables de las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos
ocurridos durante la guerra, mientras que, para las bases de la insurgencia
y las organizaciones sociales, esta era una demanda central. En el acuerdo
se aceptó crear una comisión de la verdad que no individualizaría
responsabilidades ni tendría consecuencias judiciales.



El primer acuerdo sustantivo, Identidad y derechos de los pueblos indígenas,
fue el más avanzado, tanto en términos conceptuales como políticos. Firmado
en marzo de 1995, este documento reconoció el carácter multiétnico y
pluricultural de la sociedad guatemalteca y la identidad de los pueblos
maya, xinca y garífuna. A partir de ese acuerdo se alcanzaron una serie de
medidas y acciones para el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos
culturales y políticos de los pueblos indígenas. Pero para su efectivo
cumplimiento se acordó la realización de una reforma constitucional.



A diferencia del resto de los documentos, el Acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria, firmado en mayo de 1996, fue ambiguo e
insuficiente. En esto influyeron varios factores, como la vocación de los
mandos guerrilleros de lograr un entendimiento rápido durante el primer año
de gobierno del presidente Arzú, así como la presión de los grupos
empresariales para que este acuerdo no afectara ni la propiedad ni la
estructura tributaria. A esto se sumó la disolución del equipo de asesores
de la comandancia insurgente, que no estaba de acuerdo en firmar un
documento tan laxo. Con esto se perdió la posibilidad de establecer, por lo
menos en el papel, una solución de fondo para cambiar el modelo económico
excluyente y concentrado que se mantiene en el país hasta la actualidad.



Finalmente, el Acuerdo sobre Fortalecimiento del poder civil y papel del
Ejército en una sociedad democrática, firmado en septiembre de 1996,
estableció la reducción efectiva del Ejército, tanto en términos numéricos
como de funciones. A su vez, bajo este acuerdo se robustecía a las entidades
civiles de seguridad, incluyendo a la Policía Nacional Civil y a los
servicios de inteligencia.  Sin embargo, el cambio de atribuciones para el
Ejército en materia de seguridad interna requería también de una reforma
constitucional.



Con la suscripción del acuerdo sobre la desmilitarización quedaban
pendientes temas que permitirían la desmovilización e incorporación
democrática de la insurgencia y afinar los mecanismos de su cumplimiento:
cronograma, reformas constitucionales y régimen electoral. Pero, ya en la
recta final de la negociación, se dio a conocer que la Organización del
Pueblo en Armas (ORPA) —uno de los grupos integrantes de la URNG— había
secuestrado a la matriarca de uno de los principales grupos empresariales
del país (la familia Novela, monopolista del cemento) para cobrar un
millonario rescate. Dos insurgentes fueron capturados: uno de ellos fue
desaparecido y el otro fue intercambiado por la anciana. La negociación fue
suspendida y no se reanudó hasta que Rodrigo Asturias Amado (comandante
Gaspar Ilom) se retiró de la mesa de negociaciones.



El secuestro y sus consecuencias afectaron las negociaciones. La URNG llegó
debilitada a la discusión de los últimos acuerdos, se rompió la confianza
construida entre las partes y la guerra terminaba con la desaparición
forzada y el posible asesinato de un combatiente guerrillero. El 29 de
diciembre de 1996, se firmó el documento final, con el que se cerraban tres
décadas de guerra y se abría una nueva etapa para el país.



¿Qué pasó con los acuerdos?



La implementación de los Acuerdos de Paz llevaba implícitas tres condiciones
necesarias para su cumplimiento. La primera era la aprobación de las
reformas constitucionales necesarias para ajustar el orden legal y el diseño
estatal a lo acordado. La segunda era la decisión gubernamental de invertir
recursos políticos, administrativos y financieros para hacer realidad los
cambios establecidos. La tercera era que los grupos guerrilleros,
convertidos en partido político, lograran tener suficiente fuerza para
impulsar desde el Congreso y el Ejecutivo la agenda de la paz.



Ninguna de estas condiciones se cumplió. En mayo de 1999, después de una
compleja negociación en el Congreso, se realizó una consulta popular para
aprobar las reformas establecidas en los acuerdos. Una coalición de grupos
empresariales, denominaciones protestantes y sectores conservadores se
movilizaron contra las reformas, particularmente las referidas al
reconocimiento de los pueblos maya, xinca y garífuna. Con una campaña de
desinformación y miedo, lograron que una mayoría de electores rechazara las
reformas. Con esto, se limitaron las posibilidades de cumplimiento del
acuerdo.



Por su parte, el gobierno firmante de la paz optó por impulsar un programa
de reformas neoliberales que eran contrarias al espíritu y la letra de los
acuerdos.  Aunque se creó una secretaría adscrita a la presidencia, se optó
por cumplir varios de los compromisos de manera aislada y no de la forma
integral en la que originalmente fueron concebidos. Temas clave como la
participación indígena a todo nivel, la reforma tributaria progresiva y la
ley de desarrollo rural fueron postergadas. Finalmente, después de lograr
una votación de 12% en las elecciones de 1999, el partido político de la
guerrilla (URNG-MAIZ) entró en una dinámica de pugnas internas que lo llevó
a una votación y una presencia política marginal, de entre 2% y 4% de los
votos, que limitó su capacidad de influencia.



Sin embargo, tanto el proceso como los acuerdos de paz produjeron una serie
de transformaciones que fueron liderados por las organizaciones de la
sociedad civil y los pueblos indígenas. Y, por supuesto, la propia
finalización de la guerra terminó con la violencia política como práctica
institucional, la proscripción política por razones ideológicas y posibilitó
la desmovilización e incorporación de los insurgentes sin que se dieran
venganzas ni el rearme de ex-combatientes.



En relación a los derechos de los pueblos indígenas, la irrupción del
movimiento maya en la década de1990, la suscripción del acuerdo y la
continuidad de las organizaciones y autoridades indígenas han posibilitado
un cambio en la forma en la que se concibe el país y la sociedad. Hoy,
Guatemala se reconoce como un país plural. Pese a que persiste el racismo,
este no solo es rechazado, sino perseguido y sancionado por entidades
públicas que se crearon como resultado de los acuerdos. Ahora bien, la
población indígena continúa siendo excluida en términos económicos y
sociales, y la persistencia del Estado monoétnico y el fracaso de la reforma
constitucional han contribuido a que la demanda por una Asamblea Nacional
Constituyente Plurinacional sea asumida hoy no solo por los pueblos y
organizaciones indígenas, sino por buena parte de las organizaciones
sociales y partidos políticos progresistas. Por su parte, pese a que no
existió un acuerdo específico sobre los derechos de las mujeres, las
organizaciones de mujeres organizadas en la Asamblea de la Sociedad Civil
lograron articular un fuerte movimiento que ha logrado cambios en la
estatalidad y las políticas públicas, así como en la construcción de una
agenda en favor de la plena igualdad.



En cuanto a la justicia transicional, a pesar de que el propio Acuerdo de
paz firme y duradera establecía una nueva amnistía para los involucrados en
la guerra, las asociaciones de víctimas, las organizaciones de derechos
humanos y las agrupaciones de abogados continuaron trabajando para alcanzar
justicia. En los últimos 25 años se han impulsado juicios contra miembros
del alto mando militar que han sido condenados por crímenes de lesa
humanidad.



Como se señaló, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos fue el más
limitado y el que menos resultados tuvo. En el documento suscrito, se
planteaba que Guatemala alcanzara una carga tributaria de apenas 12% del
PIB. En la última década, el promedio de la carga tributaria ha sido de 10%
y cada intento de reforma ha sido bloqueado y limitado por los grupos
empresariales que en este tema continúan teniendo poder de veto. Otro de los
desafíos, el de la situación agraria, ha tendido a deteriorarse, tanto por
el proceso de reconcentración de la tierra asociada a la expansión de
monocultivos, como por la profundización del empobrecimiento en las zonas
rurales.



En cuanto al papel del Ejército, aunque este efectivamente se redujo, las
redes de militares en situación de retiro han seguido articuladas e
influyendo en el proceso político. Ya en el acuerdo de derechos humanos, se
mencionó la necesidad de identificar y desarticular a los denominados
Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), estructuras
formadas en la contrainsurgencia que anidaron en varias instituciones del
Estado (aduanas, finanzas, entidades de seguridad) y que se asociaron con
estructuras de crimen organizado y mutaron a lo que la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denominó «redes
políticas y económicas ilícitas (RPEI)».



Estas redes, formadas por militares en activo y situación de retiro, pero
también por políticos y funcionarios, así como por empresarios y grupos
criminales propiamente dichos, fueron ampliando su influencia y control
sobre las instituciones del Estado para beneficiarse económicamente de este
y garantizarse impunidad. Con el gobierno del general retirado y firmante de
la paz Otto Pérez Molina (2011-2015), estas redes lograron el control del
Ejecutivo, la subordinación mediante sobornos de parte del Legislativo y el
control parcial del sistema de justicia. La acción de la CICIG y la
movilización ciudadana de 2015 contra esas estructuras, provocaron la
renuncia y encarcelamiento de los más altos funcionarios del Ejecutivo.



Los gobiernos sucesivos, encabezados por Jimmy Morales (2016-2020) y
Alejandro Giammattei, actualmente en el poder, fueron electos con el apoyo y
la participación directa de estas redes. Morales se encargó de limitar el
trabajo y terminar con el mandato de la CICIG, mientras que Giammattei
facilitó el pleno control del Estado por parte de estas estructuras. Hoy,
los tres poderes del Estado son parte de la coalición conocida como «pacto
de corruptos». Instituciones que resultaron claves en la lucha contra la
impunidad como la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público fueron
finalmente cooptadas por estas redes.



Esto ha implicado retrocesos tanto para el Estado de derecho como para el
respeto de los derechos humanos. Una de las decisiones del actual presidente
fue desmantelar las entidades públicas que fueron creadas para acompañar el
cumplimiento de los acuerdos de paz: la Secretaría de la Paz, el Consejo
Nacional de los Acuerdos de Paz y el Programa Nacional de Resarcimiento,
entre otras. Las amenazas contra periodistas, defensores de derechos
humanos, opositores y voces independientes han aumentado, incluidas acciones
de criminalización y el asesinato de defensores del territorio. En el
Congreso de la República se discuten abiertamente iniciativas «antiderechos»
y los actores conservadores sigan apelando al discurso anticomunista para
descalificar al campo progresista.



De este modo, no es extraño que irónicamente se haga referencia a los
«recuerdos de paz» y no a los acuerdos. 25 años después de su firma,
Guatemala está en un proceso de involución democrática, la deriva
autoritaria que enfrentan otros países de la región está presente en el país
y el control que las redes criminales tienen sobre el Estado y sus
instituciones eleva el peligro. Frente a esto, las autoridades ancestrales
de los pueblos indígenas han asumido un liderazgo nacional que puede
contener al autoritarismo e impulsar un proceso de reformas que actualicen y
profundicen la agenda esbozada por los acuerdos de paz.



* Ricardo Sáenz de Tejada, es antropólogo y politólogo. Es profesor de la
Escuela de Historia, Antropología y Arqueología de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.

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