Argentina/ La pesadilla eterna del FMI. El país hipotecado. [Pablo Anino]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

30 de enero 2022

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Argentina



La pesadilla eterna del FMI



El Frente de Todos llegó a un acuerdo neocolonial con el Fondo. Comprende
una fuerte reducción del déficit fiscal hacia 2024. El programa se
desenvolverá durante dos años y medio. Lejos del “nunca más” a la deuda que
enarboló el oficialismo, ahora asume un nuevo endeudamiento para cancelar y
convalidar el fraudulento préstamo que tomó Mauricio Macri. Además, habrá
diez revisiones trimestrales por parte de la burocracia del organismo: esto
implica una intervención directa en las políticas de la administración
nacional, en particular de las cuentas públicas. Cada revisión pondrá a las
autoridades nacionales al borde de un ataque de nervios frente a la
potencial quita de apoyo del Fondo y, por ende, la suspensión del envío de
recursos frescos para cancelar la vieja deuda macrista. El país queda
hipotecado.



Pablo Anino

Ideas de Izquierda, 30-1-2022

https://www.laizquierdadiario.com/



En un breve mensaje grabado en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández
anunció el viernes 28/1 que el Gobierno del Frente de Todos alcanzó un
entendimiento con el FMI. Allí afirmó que “teníamos una soga al cuello y
ahora nos queda camino por recorrer”. Esta frase grafica el modo en que el
oficialismo intenta disimular las consecuencias que ese acuerdo tendrá para
las condiciones de vida del pueblo trabajador. Los rasgos generales del
acuerdo brindados en la conferencia de prensa de Juan Manzur y Martín
Guzmán, posterior al mensaje presidencial, dejan a las claras que la soga
penderá en el cuello de la economía argentina al menos por una década.



En un libro publicado hace pocos meses [1], el sociólogo Juan Carlos Torre
relata las tribulaciones de la política económica de Raúl Alfonsín. En un
momento tenso de la negociación con el FMI, Adolfo Canitrot, uno de los
economistas del equipo económico, le cuenta a Torre las peripecias de su
viaje a Washington con una misión para destrabar un acuerdo [2]. “¿Qué es lo
que pide el Fondo?”, se preguntaba Canitrot. Su respuesta era la siguiente:
“Los funcionarios del Fondo van a hablar de filosofía económica, pero,
básicamente, lo que quieren es ver la cuenta fiscal, la cuenta exterior y la
cuenta monetaria […]; uno no necesita poner una hipótesis de salarios ya que
al poner una hipótesis de déficit fiscal ya está definiendo los salarios
públicos y, en buena medida, el resto de los salarios”.



La cita es valiosa porque echa luz sobre los detalles que ofreció en la
conferencia del viernes el ministro de Economía, Martín Guzmán. El
funcionario detalló tres aspectos claves del acuerdo con el Fondo: un
sendero de reducción del déficit fiscal (cuenta fiscal); la acumulación de
reservas (cuenta exterior); y una reducción del financiamiento del déficit a
través del Banco Central (cuenta monetaria). Es decir, las mismas tres
cuentas que mencionaba Canitrot. La misma receta una y otra vez. No es
necesario hablar de ajuste de salarios porque ese ajuste ya está definido en
las otras cuentas.



Por convicción o para producir un efecto distracción sobre las verdaderas
consecuencias de estar atrapados en las garras del Fondo, sectores del
oficialismo juguetearon con la idea de que un acuerdo podía ser, esta vez
sí, distinto: hablaron de confiar en una solución técnica novedosa que
supere las recetas tradicionales del organismo gracias a las habilidades de
Guzmán; de confiar en los oficios del Papa Francisco por un capitalismo más
humano, de confiar en la nueva gestión de la “compañera” Kristalina
Georgieva, de confiar en los oficios del premio Nobel Joseph Stiglitz y sus
amigos neokeynesianos. Pero en el último minuto del partido, el Frente de
Todos envió de urgencia al canciller, Santiago Cafiero, a hablar con el
verdadero Dios en este lio: con el Gobierno de los Estados Unidos, que posee
el 17 % de los votos en el directorio del FMI [3].



Canitrot le relató a Torre sus sensaciones en una entrevista con el entonces
número dos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, David Mulford:
“me llevó a pensar, para mis adentros, que si alguien dudaba de la
existencia del Imperio ahí lo teníamos, en carne y hueso”. ¿Habrá
experimentado Cafiero la misma sensación en su entrevista con el secretario
de Estado, Anthony Blinken? Nunca se sabrá. Lo que sí se sabe es que, a
pocos días de su regreso, el Frente de Todos anunció un acuerdo acorralado
por las urgencias de una corrida cambiaria que acechaba.



A ese callejón sin salida el oficialismo ingresó porque se quedó
prácticamente sin reservas en el Banco Central. Entre otros factores [4], la
falta de dólares en la entidad monetaria se explica por dilapidar U$S 7.185
millones en pagos al propio FMI [5] desde que asumió Alberto Fernández.



La negociación se desenvolvió en un secretismo importante, a espaldas del
pueblo trabajador. Incluso en la última campaña electoral el oficialismo
evitó hablar sobre el Fondo. Hasta el momento se conoció el trazo grueso del
acuerdo, el cual ya dibuja un futuro turbio para el país. Pero las
negociaciones siguen. Y como el Diablo está en los detalles, en la letra
chica del acuerdo podrían aparecer nuevos condicionantes inconfesables [6].



Todo el régimen político –pronunciamientos de la oposición cambiemita
incluidos–, el gran empresariado, los más poderosos grupos periodísticos,
los economistas del establishment presentan la necesidad de someterse a las
garras del Fondo como única alternativa. En realidad, defienden un salvataje
a los negocios capitalistas en detrimento de las condiciones de vida de las
mayorías trabajadoras. Esto queda más en evidencia en el festejo de los
“mercados”, un eufemismo para denominar al capital más especulativo. El
gobierno gana aire con el acuerdo y patea el problema de la deuda apenas
unos años: el fantasma del “default” reaparecerá como muy lejos en 2025.



El kirchnerismo quedó a la defensiva y mayormente en silencio: una evidencia
de que el acuerdo constituye un trago amargo en la base del Frente de Todos.
El Gobierno contribuyó, junto con la oposición derechista, a instalar en las
mayorías populares la idea de que el acuerdo es un “mal necesario”. El
Frente de Izquierda-Unidad, junto con varios aliados, denunció que se
preparaba este pacto desde la campaña electoral. Para enfrentarlo propone un
programa que marca una alternativa que acompañe la experiencia de la clase
trabajadora y los sectores populares con las consecuencias que traerán las
recetas del Fondo.



Ajuste fiscal



El programa acordado se desenvolverá durante dos años y medio. En ese
período, el Gobierno pagará la deuda de U$S 44.500 millones al FMI heredada
del macrismo con un nuevo préstamo del organismo. Esto significa que se
asume nueva deuda con el Fondo para pagar vieja deuda con el Fondo. El nuevo
préstamo contará con un plazo de gracia de cuatro años y medio, por lo cual
deberá cancelarse con pagos a realizar entre 2026 y 2032, en un cronograma
de desembolsos aún incierto. De este modo, el oficialismo entierra un poco
más su eslogan de “nunca más” a la deuda.



El gobierno debe generar las condiciones que permitan en el futuro cancelar
los compromisos asumidos desde 2026 en adelante: en criollo, sacar plata de
algún lado para pagar la deuda. Para eso se necesita un ajuste, el cual está
implícito en el sendero fiscal anunciado. Comenzará con un recorte del
déficit primario (es decir, la diferencia entre lo que recauda y lo que
gasta sin considerar los pagos de deuda) para llegar al de 2,5 % del PIB
(Producto Interno Bruto) para este 2022. El ministro de Economía ni pestañeó
al decir este número mientras en diciembre defendió un Presupuesto con
déficit distinto: de 3,3 %. De estos números resalta que el Fondo impuso un
recorte adicional de 0,8 % del PIB para el corriente año: siguiendo los
cálculos del PIB que hizo el Ministerio de Economía para 2022, el recorte de
0,8 % adicional impuesto por el FMI alcanzaría a alrededor de $ 481 mil
millones o el equivalente a cuatro meses de pagos del haber mínimo
jubilatorio a cuatro millones de adultos mayores.



Este recorte se suma al realizado durante 2021 que comprendió, entre otros
ajustes, un ahorro de $ 160 mil millones en jubilaciones y pensiones [7] y
al que había decidido Guzmán para 2022 antes del acuerdo. La dimensión del
recorte entre 2021 y 2022 fue disimulada por el efecto de factores operantes
el año pasado que no estarán presentes en el actual: recaudación por aporte
solidario; recaudación incrementada de retenciones gracias a los elevados
precios internacionales; y los Derechos Especiales de Giro (DEG) que envío
el Fondo a todos los países miembro.



El sendero de ajuste fiscal continuará en 2023 con un recorte adicional de
0,6 % del PIB para que el déficit llegue a 1,9 % del Producto. Otro tanto
ocurrirá en 2024 con otro ajuste del 1 % para alcanzar la meta de 0,9 % de
déficit en relación al PIB. Este sendero, presuntamente gradual, de ajuste
establecerá estrechos límites al crecimiento de la economía.



El ajuste fiscal afectará por la vía directa el presupuesto público. En el
futuro se develará en qué medida el ajuste afectará a la educación, a la
salud, a los jubilados, a los beneficiarios de programas sociales y a los
empleados del Estado, entre otros destinos sociales de los recursos
públicos. Es que se necesitan liberar esos recursos en favor de los
acreedores privados y el FMI.



Como discípulo de Joseph Stiglitz (y su credo neokeynesiano), el ministro
Guzmán sabe muy bien que el sendero de reducción del déficit fiscal
comprometido le quita herramientas al Estado para incentivar el crecimiento
económico [8]. El oficialismo hace malabares para explicar que no habrá
ajuste en términos reales del presupuesto afirmando que la reducción del
déficit se alcanzará gracias al crecimiento y a mayor recaudación. Pero es,
justamente, el crecimiento el que se está comprometiendo con el sendero de
reducción del déficit acordado.



Ajuste inflacionario



El gobierno cuenta con cierto margen discursivo para intentar disimular el
ajuste porque una de las armas privilegiadas para recortar el poder de
compra de las partidas presupuestarias estatales y de los ingresos populares
es a través de la inflación. No es un ajuste que se anuncia formalmente en
una conferencia de prensa, sino que opera por la “mano invisible” de los
“mercados” a través de distintos mecanismos: el más evidente es la
remarcación de precios por parte del gran capital que concentra la
producción en las ramas alimenticias, de productos de consumos popular o
insumos difundidos como el acero o el cemento.



Pero hay más. La proclamada reducción de la brecha cambiaria que pide el
Fondo no significa otra cosa que aumento del dólar oficial que, aunque sea
gradual, y no comprenda (por ahora) un salto cambiario violento, impactará,
como todo el mundo sabe en este país, retroalimentando el ya elevado nivel
de inflación. En el polo opuesto, el ajuste cambiario beneficia en
particular a los exportadores (principalmente a los agroexportadores) porque
ganan más pesos argentinos por cada dólar exportado y, más en general, a
toda la clase capitalista vía la devaluación del salario local medido en
dólares.



Por último, como señaló el comunicado del Fondo sobre el acuerdo alcanzado,
un aspecto central del programa será la reducción de subsidios a los
servicios públicos. Esto implica aumento de tarifas de gas y luz que, aunque
por el momento no se anuncian con el alcance de los tarifazos macristas, se
aplicarán sobre ingresos populares que acumulan cuatro años de deterioro
desde 2018.



Como bien grafica la anécdota antes citada de Canitrot, un objetivo poco
explicitado, pero siempre buscado, en los programas que aplica el Fondo en
todo el planeta es atacar el salario real: es decir, su poder de compra. Al
contrario de lo que dijo Guzmán en la conferencia sobre el aumento del
salario real, el combo de ajuste fiscal, reducción de la brecha cambiaria y
reducción de subsidios a servicios públicos, ubicará al salario real en
situación de fragilidad.



El nuevo acuerdo llega sobre condiciones sociales agravadas por la pandemia
y por las restricciones sobre las que operó la economía argentina aún antes
de un entendimiento con el Fondo: nuestro país fue uno de los que menos
gasto público realizó para enfrentar las consecuencias del Covid, no solo en
comparación con las potencias económicas, sino incluso en relación con
países vecinos con gobiernos ubicados a la derecha. Las declaraciones de la
vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con denuncias sobre el
ajuste fiscal se basan en esta realidad: en 2021, según dijo CFK, el
gobierno gastó más en pagos al FMI que en atender la emergencia por el
Covid. A confesión de partes, relevo de pruebas.



Negocios para especuladores locales



El sendero acordado de reducción del déficit primario requiere que en la
transición el Estado consiga recursos para cubrir el rojo fiscal: esto es,
cubrir la diferencia entre lo que recauda y lo que gasta. Esquemáticamente,
para cubrir esa diferencia puede recurrir a diversas fuentes: a)
endeudamiento externo, pero está cerrado por la actual crisis de deuda; b)
emisión monetaria del Banco Central, pero se va a reducir por lo acordado
con el Fondo; c) aumento de impuestos, pero nunca está en el debate con el
organismo internacional afectar fuertemente los intereses de los grandes
capitalistas para “equilibrar” las cuentas con impuestos progresivos; d)
financiamiento en el mercado local.



El acuerdo anunciado conduce a desarrollar esta última vía de
financiamiento. Es así que se va a expandir un jugoso negocio con la deuda
pública en favor del capital financiero que actúa en estas pampas. Esta vía
ya la venía desarrollando Guzmán hace rato, pero ahora adquirirá una nueva
escala. Esto significa un reemplazo del financiamiento del déficit en
detrimento de la emisión monetaria del Banco Central (que en sí misma no es
buena) y en favor del capital privado (que seguro es peor). Es evidente, que
para el Ministerio de Economía será más difícil obtener financiamiento de
los bancos y fondos de inversión que del Banco Central (aunque este
formalmente sea “autónomo” de Economía): según lo acordado, la asistencia de
la autoridad monetaria para atender el déficit fiscal se deberá reducir
desde el 3,7 % del PBI que registró en 2021 al 1 % para este año. Este
desplazamiento del financiamiento estatal a favor del capital privado es un
refuerzo, un reaseguro del FMI, para forzar la reducción del gasto público.



Para que el financiamiento en el mercado local se desarrolle es que se
anunció el aumento del actual esquema de tasas de interés: la idea es que
sean positivas en términos reales (es decir, que le ganen a la inflación).
Constituye un incentivo adicional a la especulación, que también el Banco
Central había comenzado a poner en práctica antes del acuerdo. El aumento de
tasas de interés implica encarecer el crédito productivo: por ejemplo, para
un pequeño productor que quiere comprar una máquina nueva o para un
comerciante que busca ampliar su modesto local será más caro tomar un
préstamo. Lo mismo ocurrirá con el crédito al consumo: para una trabajadora
o un trabajador que quiere adquirir una heladera, un televisor o cualquier
producto en cuotas, ahora será más difícil gracias al Fondo.



De este modo, el aumento de tasas de interés implica una traba adicional al
crecimiento económico que el Frente de Todos dice defender como principio.



Juntar dólares para la deuda



Según la reestructuración de deuda que hizo Guzmán en 2020, el cronograma de
vencimientos que enfrenta Argentina con acreedores privados, con los lobos
de Wall Street, es gigantesco a partir de 2024/2025. A eso se sumará, desde
2026, la nueva deuda a pagar al FMI. Se trata de un cronograma de pagos de
deuda tan exigente que será prácticamente imposible de abordar. Por lo
tanto, otra crisis de deuda está en el horizonte inmediato.



No basta con la generación de recursos fiscales para pagar la deuda. Además,
el Estado necesita adquirir los dólares porque una parte significativa de
los vencimientos que enfrentará desde 2024/2025 será en moneda
estadounidense. En tal sentido, se entiende porque otro de los puntos
centrales del acuerdo anunciado comprende la acumulación de reservas en
dólares en el Banco Central: son reservas para pagar la deuda. Pero la
acumulación de reservas para pagar deuda en el país de la “restricción
externa” (es decir, la escasez de dólares para sostener el crecimiento, que
en parte se explica por la fuga de capitales) implica que los dólares
disponibles en estas pampas estarán en disputa entre los que hay que guardar
para pagar la deuda y los que se necesitan para sostener la actividad
económica. En un país atrasado y dependiente como el nuestro, el crecimiento
depende de la disponibilidad de dólares: se necesitan para importar bienes
de capital (máquinas, tecnología, etcétera), bienes intermedios (insumos) o
bienes de consumo final.



En este contexto, también se entiende la política talibán del oficialismo
para impulsar el extractivismo minero, hidrocarburífero y agropecuario con
el fin de obtener dólares en el comercio exterior: es reventar el medio
ambiente para pagar la deuda.



Estancamiento económico y degradación social



El acuerdo llega a relegar más las necesidades sociales urgentes cuando la
pobreza afecta al 40,6 % de la población y ronda el 60 % entre los niños y
jóvenes de hasta 14 años. Ni en el mensaje del presidente ni en la
conferencia de prensa posterior de Manzur y Guzmán se indicaron políticas
para terminar con esta grave realidad social. Tampoco se explicitaron metas
de crecimiento económico, a pesar de que defender la “recuperación” es uno
de los latiguillos del oficialismo.



El crecimiento de 2021 permitió recuperar la caída de 2020 por el Covid,
pero no la retracción acumulada desde 2018. No solo eso: el crecimiento
sostuvo en niveles elevados los graves índices sociales y aumentó la
desigualdad en la distribución del ingreso: es decir, es un crecimiento que
se lo quedaron unos pocos, los más poderosos del país, los más ricos.



La economía argentina se encuentra en situación de virtual estancamiento
desde 2012/2013. La CEPAL habla de una “década pérdida” para América Latina.
En este panorama está inmersa la realidad del país. Por eso, el crecimiento
2021, desigual socialmente y también por ramas de actividad, no significa
ningún “milagro”. El combo de ajuste fiscal, aumento de tasas de interés y
acumulación de reservas afecta la actividad económica por distintas vías,
como se intentó explicar más arriba al analizar cada factor en particular.
Con el FMI al mando de la economía, el país difícilmente saldrá de esta
situación de letargo.



Entrega soberana



El acuerdo fue presentado por el oficialismo con la intención de ocultar las
graves consecuencias que traerá para las condiciones de vida del pueblo
trabajador. “Alcanzamos un acuerdo que no contempla restricciones, que
posterguen nuestro desarrollo, no limita, no restringe, no condiciona los
derechos de nuestros jubilados, no nos obliga a una reforma laboral y no nos
impone llegar a un déficit cero", afirmó el presidente Fernández.



El acuerdo del Fondo con el macrismo tampoco contempló reformas jubilatorias
ni laborales. Estaba en el aire (y sigue estando) el rechazo a la fórmula de
actualización jubilatoria con la movilización de diciembre de 2017. Pero
aquel acuerdo, igual implicó un ataque a los ingresos de los adultos mayores
y de los trabajadores. El nuevo pacto, obviamente, no plantea devolver lo
robado a los jubilados en cuatro años de ajuste ni terminar con las
jubilaciones de miseria: solo en este sentido es cierto que “no condiciona
los derechos de nuestros jubilados”.



Además, lejos de la afirmación del presidente Fernández, la falta de
resguardo ante la inflación de la nueva fórmula de actualización de
jubilaciones que impulsó el Frente de Todos podría implicar nuevas pérdidas
del poder de compra de los adultos mayores y otros beneficios sociales
atados a esa fórmula, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), si se
deteriora el salario de los trabajadores activos o la recaudación.



El régimen capitalista, frente al seguro rechazo de una reforma laboral
general por parte del movimiento obrero, busca avanzar por sectores o por
empresa. Es lo que hizo el macrismo con la flexibilización del convenio
petrolero para Vaca Muerta, o como hizo el Frente de Todos dando vía libre a
una flexibilización del convenio automotriz en Toyota. No solo eso: avanza
el trabajo precario en las empresas que operan con aplicaciones con el visto
bueno del Ministerio de Trabajo; el crecimiento del empleo reciente se
caracteriza por una fuerte proporción de informalidad; entre otros ejemplos.



Pero el acuerdo de facilidades extendidas al que llegó el gobierno actual
comprende reformas estructurales: así lo explicita la página web del FMI. No
se puede descartar que ese tipo de reformas puedan aparecer como exigencia
del Fondo si no se cumplen las metas acordadas. No es descabellado que el
acuerdo deba readecuarse en poco tiempo: el Fondo siembra las condiciones
del fracaso con metas potencialmente incumplibles. Esto ocurrió incluso con
el macrismo a quien el Fondo le “dio todo”: en el mes de octubre de 2018, a
pocos meses del primer acuerdo, tuvo que readecuar el programa económico con
cierre de ministerios, metas de emisión monetaria cero y déficit cero para
2019.



El Fondo contará con un instrumento formidable con las revisiones
trimestrales que establecerá sobre la economía argentina: ese escaneo casi
permanente implicará una intromisión insoportable en todos los asuntos de
estado, en particular en las cuentas públicas. Los burócratas del organismo
dirán qué está bien y qué está mal. Este sometimiento se afianzará con un
arma adicional sobre la sien de la economía argentina en manos de los
mandantes de Washington: cada tres meses, el Fondo decidirá si manda fondos
frescos para cancelar los gigantescos pagos comprometidos por el macrismo.



Si el Fondo decide cerrar el grifo ante un incumplimiento argentino,
provocaría una crisis de dimensión mayor que la que supuestamente se está
exorcizando con el acuerdo.



Convalidar una estafa



El endeudamiento macrista está plagado de fraudes. Desde el pago a los
fondos buitres (con el apoyo de “ventajita” Sergio Massa) en atención a un
fallo de un juez de Nueva York; pasando por la emisión del bono a cien años
que realizó el exministro de Finanzas, Luis Caputo, en beneficio de un fondo
de inversión del cual él había sido accionista y de la J.P. Morgan, banco
del que había sido empleado; hasta el capítulo final del préstamo del FMI,
que implicó un aval del gobierno de los Estados Unidos, presidido por Donald
Trump, a la continuidad de Macri en el poder.



Durante el mandato de Macri se fugaron U$S 86 mil millones de dólares del
país. Esa fuga gigantesca de recursos que salieron se financió con la deuda.
Un informe del Banco Central indica que “un reducido grupo de 100 agentes
realizó compras netas por USD 24.679 millones” [9]: se destacaron
Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell, Quilmes, Monsanto, Aluar,
Procter & Gamble, Arcor y Techint, entre muchas otras. [10]. Esa fuga es
organizada por el sistema bancario.



Luego de denunciar que el crédito que concedió el organismo a Mauricio Macri
fue un crédito político para facilitar su reelección, un crédito que
extralimitó la cuota de Argentina, un crédito que facilitó la fuga de
capitales a guaridas fiscales, un crédito que no pasó por el Congreso, el
oficialismo, sin beneficio de inventario, decidió convalidar la estafa.



El fraude macrista tuvo consecuencias graves: por ejemplo, en los 19 meses
que van desde junio de 2018 (primer acuerdo con el Fondo) a diciembre de
2019 (fin del mandato), el poder de compra del salario retrocedió 13 puntos
porcentuales en el sector privado registrado, 10 puntos porcentuales en el
empleo público y 19 puntos porcentuales entre los trabajadores y
trabajadoras informales. El porcentaje de personas pobres pasó de ser el
27,3 % en el primer semestre de 2018 al 35,5 % en el segundo semestre de
2019. Estos números grafican con claridad que el acuerdo con el Fondo fue
contra los intereses de la población. En la actualidad, las cifras de las
penurias sociales se agravaron.



No repetir la historia de decadencia



La historia es abundante en testimonios de cómo el Fondo hundió al país
desde la dictadura a esta parte. Por donde se la mire, la deuda asumida por
Macri con el FMI califica como deuda odiosa y su pago debe ser rechazado
[11]. Para evitar repetir siempre la misma historia, la izquierda plantea
una salida opuesta al régimen capitalista: el desconocimiento soberano de la
deuda basado en la movilización obrera y popular; y un programa de
reorganización económica y social en beneficio de las mayorías.



Un desconocimiento soberano (no pago), en el horizonte que lo plantea la
izquierda, no es lo mismo que la aventura de un default, como el de
Argentina en 2001 o como hizo Macri con la deuda en pesos al final de su
mandato. El default es una medida a la que recurren los Estados capitalistas
cuando se quedan sin recursos, para luego volver a pagar, a hacer negocios
como siempre. Es una aventura porque es una medida aislada y circunstancial,
que les permite a los grandes grupos empresarios hacer lo que quieran: fugan
capitales o presionan por una devaluación mientras se hunde en la pobreza a
las mayorías.



Un desconocimiento soberano apoyado en la movilización popular debe ser
acompañado con una serie de medidas de defensa nacional que impidan la fuga
de capitales y el caos económico que quieren generar los buitres
especuladores. Establecer la nacionalización de la banca mediante la
expropiación de los bancos privados para conformar un banco público único,
bajo gestión de los trabajadores, permitiría terminar con el vaciamiento del
país vía la fuga de capitales y cuidar el ahorro nacional; además,
constituiría una herramienta para financiar la obra pública (escuelas,
hospitales, viviendas), para otorgar créditos accesibles para la vivienda y
otros fines a los trabajadores y sectores populares; o para ayudar a los
pequeños comerciantes o productores arruinados por la crisis.



También la nacionalización del comercio exterior es clave para barrer con el
actual oligopolio privado manejado por unas pocas empresas transnacionales y
nacionales que todo el tiempo especulan con el dólar y hacen fraude al
fisco. Para terminar con el régimen de las privatizadas, de los tarifazos y
los cortes de luz, es esencial la nacionalización de los servicios públicos.
La expulsión del Fondo del país debe ser obra de la movilización obrera y
popular. Liberarse de la dependencia del capital financiero internacional es
fundamental para reorganizar la economía de modo que todos los recursos se
orienten al desarrollo económico del país y a la atención de las necesidades
sociales más urgentes. Lo contrario, es someterse a la pesadilla eterna del
FMI.



Notas



[1] Juan Carlos Torre, Diario de una temporada en el quinto piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Edhasa, 2021.

[2] El sociólogo registró el pensamiento de varios miembros del equipo de
Juan Sourrouille, del cual formó parte.

[3] Las otras potencias del G7 concentran otra buena parte de los votos. Más
reciente en el tiempo, China se ubicó como tercer país con más poder de
voto. Este dato debería haber dado por tierra con cualquier ilusión de usar
a China para contrarrestar las presiones del FMI financiándose por otras
vías para postergar el acuerdo, tal como creían sectores del Frente de
Todos.

[4] El Banco Central también perdió una gran cantidad de reservas en el
intento de contener la cotización de la divisa yanqui mediante
intervenciones donde alimentó con dólares a los fondos especulativos.

[5] Incluye los U$S 731 millones pagados el último viernes 28/1.

[6] Un capítulo importante a develar se vincula con los controles
cambiarios. El espíritu neoliberal del Fondo tiene como credo la
liberalización de los “mercados”. Un levantamiento prematuro de los
controles cambiarios que implementó el país para tratar de contener el caos
con el dólar que devino al final del Gobierno de Mauricio Macri, que amenazó
hacia finales de 2020 y volvió como fantasma recientemente, podría desatar
tormentas inesperadas. Esos controles, es cierto, afectan de manera desigual
al pequeño ahorrista afectado por el “cepo” que a los grandes capitalistas
que recurren a diversas maniobras para sacar dólares del país. Aunque no es
lo habitual que acepta el organismo, algunos analistas señalan como
antecedente el esquema de Islandia. En ese país el Fondo actuó distinto a su
tradición y permitió ciertos controles que perduraron entre 2008 y 2017. La
jefa de la misión en Islandia era Julie Kozack, quien ahora negocia con
Argentina. También trasciende que el FMI podría exigir un desdoblamiento en
el tipo de cambio entre uno comercial y otro financiero. Si es que tiene
éxito, lo cual es dudoso, esta medida, potencialmente, cerraría la brecha
cambiaria en favor de los que especulan contra el peso argentino.

[7] La cifra la señaló el periodista Gabriel Sued en el DiarioAR en ¿Ahora
el kirchnerismo apoya el “ajuste”?. Disponible en:
https://www.eldiarioar.com/opinion/ahora-kirchnerismo-apoya-ajuste_129_86986
63.html

[8] De hecho, hace pocas semanas, en la presentación del estado de situación
de las negociaciones a los gobernadores (donde se ausentaron los de Juntos)
el ministro defendió un sendero de ajuste fiscal distinto al ahora aceptado.
Y enfatizó que era el principal punto de disputa con el Fondo. Es decir, el
gobierno defeccionó ante el organismo internacional al igual que lo hizo en
2020 en la negociación con los lobos de Wall Street para la reestructuración
de deuda con acreedores privados.

[9] Banco Central de la República Argentina (BCRA), Mercado de cambios,
deuda y formación de activos externos, 2015-2019, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Marzo de 2020. Disponible en:
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Informe-Mercado-cambio
s-deuda-%20formacion-de-activos%20externo-%202015-2019.pdf

[10] Así lo develó el periodista Horacio Verbitsky en El Cohete a la luna en
una nota titulada “Los 100 de Macri". Disponible en: https://www.elcohe
tealaluna.com/los-100-de-macri/

[11] La Doctrina Jurídica de Deuda Odiosa fue desarrollada por Alexander
Sack en 1927. Establece que una deuda puede ser categorizada de esta forma
cuando cumple dos condiciones: la primera es la ausencia de beneficio para
la población, es decir que ha sido contraída no en beneficio del pueblo y
del Estado, sino contra su interés y en beneficio personal de los dirigentes
y las personas próximas al poder; la segunda es la complicidad de los
prestamistas, que sabían (o estaban en condiciones de saber) que los fondos
prestados no beneficiarían a la población. Para Sack, la naturaleza
despótica o democrática de un régimen no se tiene en cuenta. Por eso, Éric
Toussaint, quien integra el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas
(CADTM), señaló tiempo atrás, en una conversación con Ideas de Izquierda,
que “Argentina tiene la facultad de rechazar el pago de la deuda” que dejó
el macrismo, en función de la doctrina de la deuda odiosa.

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