México/ Juárez, feminicida en serie. [Beatriz Guillén]
Ernesto Herrera
germain5 en chasque.net
Lun Ene 31 20:50:29 UYT 2022
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Correspondencia de Prensa
31 de enero 2022
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México
Juárez, feminicida en serie
En la ciudad fronteriza han asesinado a más de 2.300 mujeres en tres décadas
y cientos están desaparecidas. La entrada de nuevas fuerzas del crimen
organizado y la transición de las Administraciones tras las elecciones de
junio recrudecen ahora un escenario en el que campa la violencia y la
impunidad.
Beatriz Guillén, Ciudad Juárez, México
El País, 30-2-2022
https://elpais.com/
¿Cuál fue el nombre de la primera chica hallada? ¿Sería ella la primera?
Estaba tirada en un arroyo de aguas negras con las manos en la espalda,
agarradas con alambre de paca. Seis días después los periódicos de 1991
recogieron la muerte de la siguiente, quemada ya por el sol del desierto.
Las dos habían sido violadas. Pasaban los años y eran tantas: jóvenes,
pobres, migrantes. Había un asesino en serie suelto en Ciudad Juárez y
mataba niñas, hablaban la policía y los barrios. Detuvieron a un hombre,
egipcio, y los crímenes siguieron. A dos conductores de autobús, mexicanos,
y los crímenes siguieron. Han pasado 30 años y 2.376 mujeres han sido
asesinadas, 282 están desaparecidas. Juárez se ha quedado marcada por las
cruces cavadas y las cruces pintadas, por sus paredes y postes y árboles
llenos de fotos de chicas sonrientes en búsqueda. En una ciudad de 1,5
millones de habitantes, en los primeros días de enero mataron a 11 mujeres:
calcinadas, descuartizadas, de un disparo en el rostro. Es el horror frente
a la lucha de las familias y de las organizaciones feministas que acusan al
Estado de ser incapaz de lograr justicia.
La carretera es larga y árida. Desde la ruta se ve el muro; al otro lado
queda El Paso, Estados Unidos, a este, casas abandonadas, pastizaje seco,
camiones cargados hacia las maquilas. A las chicas las encontraron en mitad
del asfalto, al pasar un tope ahí estaban: las piernas, los brazos, el
torso, las cabezas. Los vecinos de San Agustín no quieren hablar, dicen que
no vieron, que no saben. A Tania Montes y Nohemí Medina se las llevaron este
15 de enero por la tarde a una casa en un poblado en el Valle de Juárez. La
Fiscalía define lo que pasó al interior de esa vivienda como “un asesinato
con saña”. Porque a las chicas las decapitaron, las desmembraron y después
las tiraron en el camino Juárez-Porvenir. Eran pareja, cuidaban de tres
hijos. Medina se hacía llamar chaparrita y Montes era Yulizsa en las redes
sociales, donde quedan las decenas de canciones de amor que se enviaron y
ahora los mensajes de condolencia. Sus presuntos asesinos —un hombre y una
mujer de 24 y 25 años— están detenidos. El Gobierno lo considera un crimen
resuelto.
“La violencia está alcanzando nuevas cotas de expresión. Es un mensaje para
las mujeres, para la comunidad LGTB, para toda la población. Es el terror
como herramienta de control del territorio”, dice Salvador Salazar,
investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En la población
fronteriza se está viviendo en los últimos meses una escalada de violencia
tras la reorganización de los poderes gubernamentales después de las
elecciones del 6 de junio y la entrada de nuevas fuerzas del crimen
organizado, como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a disputarse la
plaza. En respuesta, a la ciudad han llegado de nuevo los retenes y los
camiones de la Guardia Nacional.
La frontera todavía guarda malos recuerdos de la última vez que se llenó de
militares y policías. En el 2008 se implementó el conocido como Operativo
Conjunto Chihuahua en el marco de la guerra contra las drogas del presidente
Felipe Calderón (2006-2012). Ese año empezaron a dispararse los asesinatos
en Juárez, también los de las mujeres. El pico se alcanzó en 2010 con 305
muertas. “Los casos de feminicidios fueron disfrazados como asesinatos entre
bandas del crimen organizado”, recoge en un documento la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, que añade que “la militarización se convirtió en
una forma encubierta de facilitar la desaparición, la trata y el
feminicidio”.
Las organizaciones temen que la historia se repita ahora ante un Estado
congelado. “En una ciudad desolada, en la que faltan servicios de cuidado
infantil, programas para el desarrollo, una nueva arquitectura de parques y
museos, todo lo que están llegando son tanques. Esa es su propuesta: más
armas. Somos el segundo Estado con más asesinatos de mujeres por arma de
fuego”, dice Catalina Castillo, socióloga de la Red por la Infancia de
Ciudad Juárez.
Viajaban en una camioneta cuando discutieron. Erick R.H., apodado El Gordo,
integrante de la pandilla Artistas Asesinos, frenó a la altura de la colonia
de El Papalote, al suroriente de la ciudad. Bajó a Martha Karina y le
descargó dos tiros. Volvió a la parte de atrás del vehículo y agarró el
brazo de Tania Judith, ella se cayó, él le disparó, trató de volver a
hacerlo, se le encasquilló el arma. No le hizo nada al otro hombre que
viajaba en el coche y que ahora se ha convertido en testigo protegido de la
Fiscalía. A las dos las dejó metidas en bolsas de plástico. Cuando las
encontraron, en la madrugada del 18 de enero, los paramédicos oyeron el
lamento de Tania, que seguía viva. Falleció en el hospital a causa de las
heridas. La madre de Martha había ido esa mañana a casa del agresor a
preguntar por ella. Tenía 21 años. ¿Dónde estaba su hija?
“Esta violencia extrema es rebobinar a lo que ya vivimos en otros momentos”,
analiza María Elena Ramos, del Movimiento de Mujeres por Ciudad Juárez, “la
ciudad está armada hasta los dientes y todos están respondiendo con fuego.
En medio de ese fuego cruzado quedamos la ciudadanía, las mujeres”.
Ciudad Juárez se convirtió hace años en la referencia mundial de
feminicidio. Se llegó a hablar de la juarificación de México, de
Latinoamérica, cuando se repetían lejos de estas montañas los patrones de
desaparición, de tortura, de asesinato. Algunas preguntas se volvieron una
obsesión. ¿Por qué Juárez? ¿Por qué mataban aquí y así a las chicas? ¿Por
qué no encontraban a los culpables? ¿Por qué continuaban los crímenes? Los
últimos asesinatos devuelven a la falta de respuestas.
México: condenado por desaparecer y asesinar mujeres
Fue un campo algodonero pero ahora ya es solo un baldío. La tierra cruje
hasta el montículo. Es discreto, apenas se ve de lejos, donde están las tres
cruces de madera. En una de ellas cuelga una mochila blanca y rosa que está
empolvada. Las clavaron en los lugares donde aparecieron el 6 de noviembre
de 2001 los cuerpos de Claudia Ivette González (20 años), Esmeralda Herrera
Monreal (14 años) y Laura Berenice Ramos (17 años). Al día siguiente
encontraron a cinco chicas más (Ángeles Acosta, María Rocina, Elizabeth
Rodríguez, Juliana Reyes), una nunca fue identificada. Todas violadas, con
“evidentes signos de tortura”.
Esos asesinatos atroces pusieron en la mira a Juárez. A la ciudad empezaron
a llegar a principios de los noventa miles de familias de otros lugares de
México atraídos por las posibilidades de trabajo y de cruzar al sueño
americano. La principal mano de obra de esas empresas transfronterizas, las
maquiladoras, eran mujeres, muchas migrantes y sin redes familiares, pobres,
que tenían que tomar varios camiones y andar largos trechos por caminos
abandonados hasta sus puestos de trabajo. “Es un sistema que se sostiene con
la reproducción de mujeres desechables”, escribe la investigadora Julia
Mónarrez, en su ensayo Trama de una injusticia: feminicidio sexual sistémico
en Ciudad Juárez. Mujeres desechables, de fácil reemplazo, nadie iba a dar
la voz de alarma si faltaban. Ellas fueron las primeras muertas.
Las madres de Claudia Ivette, Esmeralda y Laura acusaron a las autoridades
de no tomarles la denuncia de desaparición, de no haberlas buscado con vida,
de entregarles los restos de sus hijas en una caja cerrada sin análisis de
ADN. Ante las irregularidades, presentaron una denuncia ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien en 2009, en una sentencia
histórica, condenó al Estado mexicano como responsable en la desaparición y
muerte de las jóvenes. La Corte daba la razón a las mujeres y culpaba a
México de incumplir su deber de prever e investigar debidamente el
asesinato. El dictamen obligó a construir un memorial, reiniciar las
investigaciones, mejorar los procedimientos de búsqueda de mujeres y hacer
cambios “con vocación transformadora” en la ciudad.
“México fue avergonzado internacionalmente”, dice Mónarrez, que fue perito
del caso, “pero no actúa”. No cambió nada tras la sentencia. Todavía hoy el
Gobierno no tiene ninguna línea de investigación que permita saber quién
cometió los crímenes de Campo Algodonero. El memorial, colocado entre dos
grandes avenidas, es imperceptible desde fuera. La zona experimentó una
explosión inmobiliaria tras la construcción del consulado de Estados Unidos
y ahora desde las ventanas de los hoteles de paso se ven las cruces rosas de
las chicas. Nadie llega a leer la placa: “En Ciudad Juárez se registra una
violencia sistémica contra las mujeres”. Cuando el memorial fue inaugurado
en agosto de 2012 por el gobernador, hacía más de 1.000 días que Susana
Montes buscaba a su hija. Ahí pegó su foto y ahí todavía queda, decidida a
que no la borren los años.
La red feminicida del Hotel Verde
El edificio del Hotel Verde es amarillo. La pintura está descolorida y
desconchada en algunos trozos, las ventanas y las puertas están tapiadas,
hay un gato peludo muerto al girar una de sus esquinas. Fue clausurado por
orden de la Fiscalía después de haber sido identificado como el punto
central de una red de trata de mujeres, que operó entre 2008 y 2011 en
Juárez. En los peores años de la guerra contra el narco, decenas de chicas
fueron secuestradas en el centro de la ciudad y obligadas a vender droga y
prostituirse, las mataban cuando ya no servían. Juárez era entonces la
ciudad de México donde más mujeres eran asesinadas, también era la más
violenta del mundo. Las paredes del hotel están ahora cubiertas de cruces
rosas, algún poema y, sobre todo, de las caras de las desaparecidas. ¿Has
visto a Bianca Olegaria? ¿A Grisel Paola? ¿A María Guadalupe?
Hasta ahí, hasta el centro controlado por el cartel de La Línea y sus
facciones, llegó Susana Montes a poner las pesquisas de su hija, María
Guadalupe Pérez. Susi es una mujer bajita, con un par de cadenas de plata,
que viste un chándal y sonríe a veces, pero llora más. Recuerda que el día
que desapareció Lupita —el 31 de enero de 2009— había ido al centro a
comprarse unos tenis. Ella le había dado permiso porque, dice orgullosa, la
niña sacaba todo dieces en la escuela. Tenía 17 años, quería estudiar
criminología, le encantaba el rock, era bien vergonzosa. “Pensaba a veces
‘dios mío de mi vida cómo se va a sentir mi hija, que yo la estoy poniendo
en la televisión, que estoy poniendo su foto en todas partes’, pero nada más
me interesaba que me mirara ella, que ella supiera que yo la andaba
buscando”, cuenta una mañana fría a finales de enero.
Susi, que buscó durante tres años cualquier pista que la acercara a Lupita,
unió su lucha a la de otras madres. Juntas caminaron kilómetros, cubrieron
Juárez de volantes, entraron en colonias violentísimas, subieron cerros y
pensaron: “No, mi hija no puede estar aquí”. Eran las familias, asegura, las
que llevaban a la Fiscalía toda la información que recababan, ellos nunca
les dieron nada, nunca hicieron por encontrarlas. “Ponías una pesquisa y la
gente se acercaba y te decía: “Sabe qué, señora, dicen que en el centro,
señora, en una casa, señora, las traen vendiendo”. Y yo me iba luego luego a
la Fiscalía a decírselo. Y mientras yo esperaba llegaba otra señora: ‘Es que
mi hija desapareció’. Y siempre era lo mismo: no tenemos agentes, señora,
ahí no podemos entrar, señora”.
A Idaly Juache Laguna la vieron durante dos años esclavizada en los bares,
en los hoteles, del centro de Juárez. “Le decían a mi hijo: ‘¿Sabes que a tu
hermana la llevaron unos hombres a este bar el fin de semana? Cuando traen
así a las muchachas no dejan que nadie se les arrime’. Nosotros íbamos y la
buscábamos, pero ya no estaba, ya se la habían llevado”, recuerda Norma
Laguna, su madre. “En ese tiempo los agentes nos decían que estaban en
resguardo por la violencia, que no podían salir a buscarla. Si no pueden o
tienen miedo a hacer su trabajo, entonces, pues dennos a nosotros las
herramientas, porque nosotros ya no conocemos el miedo”.
Era delantera en un equipo de fútbol, tenía 19 años y se iba a casar en un
par de meses, pero a Idaly se la llevaron el 23 de febrero de 2010, cuando
fue a recoger unas fotografías que se había hecho en una agencia. Esa
empresa formaba parte de la trama, vinculada al crimen organizado, que
captaba a las chicas con la promesa de ofertas de empleo, en las que les
pedían los datos personales y familiares para después amenazarlas. No se
sabe con certeza el número de las que fueron secuestradas ni asesinadas en
esos años.
El 16 de abril de 2012, la Fiscalía anunció que había encontrado huesos en
un lugar llamado Arroyo El Navajo, en el Valle de Juárez. Había restos de
por lo menos 27 chicas. “Lo de mi hija era un pedazo de cráneo de 10
centímetros y eso es toda mi hija. Nuestras hijas salieron enteras,
completas y nos quieren entregar un pedazo nomás”, dice y llora Norma
Laguna. “El corazón de madre es muy difícil, yo tuve una hija con mucho
amor, completita, con carnita, y la fui protegiendo como yo pude, y en un
momento te dicen ‘sabe qué encontraron restos, y eso es lo que le voy a
entregar”, dice y llora Susana Montes.
Los relatos se quiebran. El nieto de tres años de Norma Laguna interrumpe la
entrevista para abrazar a su abuela. “No nomás mataron a nuestras hijas,
mataron nuestro deseo de vivir. Seguimos adelante por nuestras familias, yo
todavía tengo hijas más chicas, pero a veces ya no quiero. Estamos
cansadas”, dice esta mujer con gafas, seria, que habla claro y con pausas,
que ha perdido el gusto por comer, que los que se llevaron a Idaly le
robaron hasta cómo le sabía el mole.
Las dos recuerdan el horror con un objetivo: que no lo tengan que vivir
otras madres, que cesen las desapariciones y los asesinatos de chicas, que
recordar a Idaly y Lupita —que sí vivieron, que sí existieron—, sirva para
que las autoridades hagan su trabajo. En los conocidos como Juicios del
Siglo, en 2015, ocho hombres fueron condenados a cientos de años por el
delito de trata y homicidio agravado de 11 de las chicas del Hotel Verde. El
resto de ellas todavía no ha encontrado justicia. Las investigaciones
demostraron que había muchos más implicados en la trama, evidenciaron que
militares, policías municipales y federales acudían a los lugares donde las
jóvenes eran prostituidas, que permitían salir por sus retenes a los
sicarios que se llevaban a las mujeres. “Nos toca seguir luchando para
recordar a la autoridad que nuestras hijas no están porque hubo una mala
investigación. Y no queremos que siga pasando”.
La resistencia frente a los muertos
Sus amigos no la olvidan, así que han escrito su nombre en cada esquina del
centro de Juárez, han pintado su rostro en colores, han dibujado cruces
negras, han asegurado: Isa vive. A Isabel Cabanillas, artista y activista
feminista de 26 años, la mataron el 18 de enero de 2020. Volvía en bicicleta
de madrugada a su casa cuando un coche la persiguió y la tiró al suelo.
Había cámaras, pero ahí le dispararon. Todavía no hay culpables. El crimen
ocurrió a dos cuadras de una de las nuevas estaciones de policía que había
puesto el Gobierno municipal para evitar la violencia, ocurrió aunque estaba
dentro del llamado Corredor Seguro de Mujeres.
Ese circuito fue una de las iniciativas estrella del Instituto Municipal de
Mujeres (IMM) de Juárez. Se instalaron en el centro de la ciudad 12 botones
de pánico, alumbrado, estaciones de policía y de carga y wifi, también
algunos baños públicos, para tratar de reducir la inseguridad. “No es un
chaleco antibalas”, dice Verónica Corchado, directora del IMM, en una
entrevista con EL PAÍS un día antes de tener que renunciar al cargo, “pero
trata de que si tú estás en una situación de riesgo, tengas al menos alguna
herramienta a la mano para pedir auxilio”. Al llegar al puesto en 2016,
Corchado, una reputada feminista, logró 10 millones de pesos (unos 200.000
dólares) de presupuesto anual: “Una ley, un instituto, sin dinero no sirve
para nada”. En estos años, ha creado un sistema de atención municipal para
las mujeres que sufren violencia y ha tratado de apostar por la prevención.
Pasos pequeños, todavía endebles, para arañar algún espacio seguro al
monstruo de mil cabezas de la violencia en Juárez.
Para los locales andar por la ciudad es caminar sobre sus muertos. En ese
callejón aparecieron tres cadáveres, en esa gasolinera acuchillaron en la
mañana al señor que la cuidaba, en esa calzada dispararon a Isabel. Ante la
inseguridad, muchos dueños han abandonado el centro y sus casitas bajas de
adobe; la población migrante hacinada, la venta de droga en las plazas, la
prostitución forzada, los picaderos han propiciado la huida. Lugares como la
panadería Rezizte del artista y amigo de Cabanillas Yorch Otte o el llamado
edificio de los sueños —un proyecto de un grupo de jóvenes que rehabilita un
inmueble abandonado para convertirlo en un espacio cultural— insisten en
crear oasis en un horizonte desolado.
La desigualdad de Juárez frente a El Paso, una de las localidades más
seguras de Estados Unidos, se acrecienta también dentro de la ciudad. Están
las colonias desechas de la periferia, sin infraestructura ni transporte ni
iluminación, frente a las zonas de fraccionamientos blindados. Pero ni las
cámaras ni las rejas impiden la violencia. A Jessica Ivette Ochoa, de 40
años, la asesinaron el pasado junio en el interior de su vivienda en un
barrio de clase alta después de cenar unas pizzas. “Yo había escuchado de
las muertas de Juárez, pero lo veía muy lejos, nunca nos imaginamos que nos
iba a pasar a nosotros algo así”, cuenta su hermana Luisa Ochoa desde
Arizona (EE UU), donde vive. Su hermana fue estrangulada y golpeada, la
encontraron desnuda. Detuvieron al presunto culpable, pero la familia debe
lidiar ahora con un laberinto judicial en el que a los jueces y los
ministerios públicos se les acumulan miles de carpetas de investigación
sobre la mesa. Las muertas y sus familias son solo una más. Ochoa ha creado
en homenaje a su hermana una beca económica para niñas de Juárez que hayan
perdido a su madre. Son las víctimas ayudando a otras víctimas.
En Ciudad Juárez, la prevención, atención y acompañamiento de mujeres nunca
ha estado en manos de instancias públicas, sino de prestigiosas
organizaciones como Casa Amiga y Red Mesa de Mujeres. Ellas empezaron a
contar en una libreta los feminicidios desde 1993, consiguieron con su lucha
crear en 1998 la Fiscalía Especializada para Delitos de Género del Estado de
Chihuahua, que en el 2007 que se tipificara el delito de feminicidio y en el
2012 se abriera el primer Centros de Justicia para la Mujer de México. “Lo
que hace a Ciudad Juárez diferente es que las organizaciones feministas
pusieron siempre la violencia contra las mujeres en el centro. Lo
convirtieron en un problema político”, explica la investigadora de El
Colegio Frontera Norte Julia Monárrez.
La batalla de todas está ahora en la impunidad de los crímenes. “Juárez
tiene una deuda histórica con sus mujeres”, sentencia Lidia Cordero,
directora de Casa Amiga. Hace 30 años que ellas persiguen la verdad y la
justicia en la ciudad fronteriza. Mónarrez ha dedicado su carrera a estudiar
los feminicidios en Juárez y está segura de que no hay voluntad política
para frenarlos: “Mientras no se sepa quiénes iniciaron esta matanza de
mujeres, por qué, cuáles fueron los motivos, quiénes participaron y se haga
justicia, mientras, los asesinatos van a continuar”.
* Beatriz Guillén, redactora de El País en México. Trabaja en la mesa
digital y suele cubrir temas sociales. Antes estaba en la sección de
Materia, especializada en temas de Tecnología. Es graduada en Periodismo por
la Universidad de Valencia y Máster de Periodismo en El País. Vive en Ciudad
de México.
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