Argentina/ La declinación de Guzmán: un símbolo del fracaso del acuerdo con el FMI. [Pablo Anino]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de julio 2022

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Argentina



La declinación de Guzmán: un símbolo del fracaso del acuerdo con el FMI



El ahora exministro de Economía renunció en momentos en que Cristina
Fernández de Kirchner hablaba en Ensenada en conmemoración del fallecimiento
de Juan Domingo Perón. Hacía tiempo que la vicepresidenta había puesto la
política económica en el foco de sus ataques. ¿Guzmán tomó venganza por
Twitter con el anuncio de la renuncia para quitarle protagonismo a CFK? La
historia develará está incógnita. Las crónicas de la decisión de Guzmán se
centran en la interna del Frente de Todos, un factor, sin dudas, muy
importante. Pero Guzmán abandona su cargo en momentos en que el programa con
el FMI había empezado a hacer agua y el organismo formulaba mayores
exigencias. No solo eso. Hace semanas enfrentaba una corrida cambiaria y
contra los bonos en pesos que trajeron el fantasma de un default de la deuda
en moneda local. Además, no lograba poner freno a la inflación. En estas
horas, en medio de una crisis creciente, el régimen capitalista baraja
alternativas frente a una economía que no encuentra la salida hace una
década. La clase trabajadora, en unidad de los trabajadores ocupados y
desocupados, tiene el desafío de formular su propio programa para derrotar
el ajuste del FMI, el gobierno, la oposición derechista y los empresarios.



Pablo Anino

Ideas de Izquierda, 3-7-2022

https://www.laizquierdadiario.com/



En la carta de renuncia, dirigida al presidente Alberto Fernández, Martín
Guzmán formula una defensa de su gestión. Dice allí que “nuestro primer
objetivo era tranquilizar la economía”. Contra quienes no les genera mucho
entusiasmo ese concepto, el ahora exministro le otorga un valor supremo a
esa “épica” (así la califica) de tranquilizar la economía. El dardo parece
dirigido a los kirchneristas. Cuando se cerró la negociación con el FMI,
todos los que defendieron el acuerdo (de Martín Guzmán a Sergio Massa, entre
otros), como así también muchos que no lo defendieron, pero votaron el nuevo
endeudamiento en el Congreso (Juntos por el Cambio), e incluso quienes lo
criticaron en el último minuto porque creían que un acuerdo mejor era
posible, pero no tomaron ninguna medida para evitar que se lleve adelante
(los kirchneristas), adscribieron a una tesis: se trataba del mal menor. No
acordar era el caos económico.



A principios de marzo, en el Congreso, en su defensa del acuerdo, el ahora
exministro de Economía afirmó que “Es nuestra responsabilidad marcar lo
desestabilizante que potencialmente es la situación que Argentina enfrenta
en caso de no contar con las condiciones para poder refinanciar la deuda del
programa Stand-By de 2018. El acuerdo que se trae a debate al Congreso
establece un camino transitable ante un problema realmente muy grave. La
alternativa es un crecimiento de la incertidumbre que va a generar una
situación de profundo stress cambiario con consecuencias negativas sobre la
actividad económica, la inflación, el empleo y la pobreza”.



El exministró manifestó una fe casi ciega en la capacidad estabilizadora de
la varita mágica del Fondo. Es interesante traer esta larga cita con los
argumentos de Guzmán porque expone una a una las plagas que se prometía
exorcizar. A solo tres meses de firmado el nuevo acuerdo neocolonial con el
Fondo, todas las plagas azotan nuevamente el país. El acuerdo se articuló
alrededor de tres objetivos: el primero es la reducción del déficit fiscal
basado en la licuación de partidas presupuestarias por la inflación y en la
reducción de subsidios energéticos; el segundo es la reducción del
financiamiento del déficit a través de la emisión del Banco Central en
beneficio de su financiamiento a través del mercado financiero; el tercero
es la acumulación de reservas en el Banco Central.



Los tres ejes del programa convergen alrededor de un objetivo superior:
juntar dólares para pagar la fraudulenta deuda que dejó el Gobierno de
Mauricio Macri, tanto con acreedores privados como con el propio FMI. Pero a
poco de andar, el Gobierno enfrenta dificultades en los tres objetivos
fundamentales fijados en el acuerdo.



La guerra de Rusia contra Ucrania afectó los precios de la energía y, por
ende, la posibilidad de reducir los subsidios energéticos a pesar de las
subas de las tarifas de la energía eléctrica y del gas que se están
implementando. Además, el oficialismo, en el laberinto de su interna, no
logra ordenar la política energética. Según informó en la red Twitter la
periodista María O’Donnell, “La demora en la publicación del formulario para
segmentar tarifas y quitar subsidios de luz y gas fue una de las últimas
trabas internas que precipitó la renuncia de Guzmán (el secretario de
Energía introdujo sin aviso un régimen diferente para la Patagonia)”.



Los trascendidos indican que el exministro habría reclamado tener bajo su
mando todo el panel de control de la economía, pero el presidente que
gobierna con el método de la procastinación permanente no le habría dado
respuesta. En la nota que dirigió a Alberto Fernández se trasluce este
reclamo: “considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político
dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá
por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de
los instrumentos de política macroeconómica”, señala Guzmán.



A los problemas para reducir los subsidios energéticos, se suman otros
factores, como desembolsos imprevistos que desordenaron relativamente la
ecuación fiscal. Es lo que ocurre con la nueva ronda de un IFE, que el
gobierno tuvo que activar para hacer control de daños en una situación
social muy grave azotada por la espiral del proceso inflacionario. De este
modo, las cuentas públicas empiezan a mostrar desvíos en relación a lo que
manda el acuerdo con el FMI.



El fantasma del default



Como un dominó, el problema fiscal opera creando dificultades en otro
objetivo del acuerdo con el FMI: el Ministerio de Economía viene enfrentando
dificultades para colocar deuda en pesos en el mercado local. Para intentar
superar ese inconveniente, Guzmán hizo una ofrenda a los “mercados”: elevó
las tasas de interés. En un país donde todos los ingresos de la clase
trabajadora y del pueblo pobre se licuan, los especuladores financieros son
los únicos que tienen resguardo, garantía, para ganarle a la inflación y a
la posible devaluación. Este concepto está en la letra del acuerdo con el
FMI, en tanto indica que la tasa de interés real (descontada la inflación)
tiene que ser positiva.



Aun así, Economía enfrentaba dificultades crecientes para lograr
financiamiento. La semana que terminó, la cartera que conducía Guzmán logró
pasar un test crítico de renovación de deuda (roll over), pero al costo se
agrandar la bola de nieve de deuda en pesos. Además, la renovación de deuda
se consiguió gracias a la compra que realizaron organismos públicos (como el
FGS de la ANSES, entre otros).e Se trata de una suerte de canje de deuda sui
generis. Los especuladores financieros se sacan de encima los bonos y se van
a comprar dólares. En algunos casos para sacarlos del país. Otros test como
el de la semana deberá afrontar todos los meses quien reemplace a Guzmán. El
esquema económico está sometido al humor de los “mercados” a causa del
acuerdo con el Fondo: allí se establece límites para recurrir al
financiamiento a través del Banco Central. No es que ese financiamiento sea
bueno, pero es una obviedad que entregarse a la buena voluntad del
financiamiento de los que viven de la especulación es peor.



No obstante, para evitar que se derrumbe la cotización de los bonos locales
en pesos, el Banco Central está interviniendo mediante la compra de un
volumen importante de estos títulos. Pero lo hace volcando más pesos a la
calle. En este contexto, los “mercados” especulan con una posible
reestructuración de la deuda pública en moneda local y muchos de los pesos
que entregó el Central en la adquisición de bonos también fueron a comprar
dólares. Otros los absorbió con Leliq, lo cual agranda la deuda del Central.
Es decir, tapa un agujero y abre varios otros.



Los economistas de la oposición de Juntos por el Cambio, además, alientan la
idea de una reestructuración: dicen que el endeudamiento en pesos es
insostenible. Esta idea toma cuerpo frente a un eventual cambio de gobierno
en 2023 basado en la experiencia práctica. Es que, Hernán Lacunza, el último
ministro de Hacienda de Mauricio Macri, cometió una herejía para un gobierno
de CEO: impuso un default de la deuda en pesos ¿Por qué no lo haría de nuevo
un gobierno cambiemita? Entre otros factores, esta posible reestructuración
de la deuda en pesos que se olfatea en el aire es la que está detrás de la
corrida cambiaria en curso, que disparó la cotización de los dólares
paralelos.



El stress cambiario que Guzmán buscó evitar con el acuerdo fondomonetarista
ahora invade cada día de la gestión económica. El programa económico
acordado empieza a hacer agua por todos los frentes. El oficialismo superó
con algo de “contabilidad creativa” la primera revisión del Fondo, que
corresponde a las metas del primer trimestre (enero-marzo) del año, es decir
de un trimestre que estaba prácticamente concluido cuando se firmó el
acuerdo. Pero, ahora empezó a sentir el rigor del organismo que dice que las
metas anuales se mantienen, no obstante, se flexibilizan las metas
trimestrales. Parece un Fondo más benévolo, pero no lo es.



En realidad, lo que pide el Fondo es que, para el segundo semestre del año,
que arrancó este viernes 1/7, se haga un ajuste más profundo para corregir
las desviaciones ocurridas durante el segundo trimestre (abril-junio). La
“flexibilidad” del Fondo es no aceptar que se repita lo que pasó en el
segundo trimestre. El último documento del staff señala que para alcanzar la
meta de este año se “requerirá políticas fiscales más estrictas en la
segunda mitad del año”: más precisamente, reclama, que el gasto real
disminuya al 7,8 % anual en el segundo semestre. No solo eso. Además,
empieza a hablar con voz más alta de reformas estructurales en el ámbito
previsional y energético.



La reestructuración de deuda que hizo Guzmán en 2020 en beneficio de los
lobos de Wall Street pateó la mayor parte de los pagos de la deuda en
dólares hacia adelante: los vencimientos más duros empiezan en 2025. A
priori parecía que este capítulo del endeudamiento no traería problemas
hasta entonces. Sin embargo, los grandes fondos de inversión observan que
los bonos reestructurados se devalúan al calor de los desequilibrios
económicos. Por eso exigen al Fondo vigilar y castigar con más dureza las
cuentas de la Argentina.



La interna del Frente de Todos, no hay dudas, afectó la continuidad de
Martín Guzmán en el Gobierno. Pero reducir a ese factor su renuncia es
desconocer los profundos desequilibrios que afectan a la economía argentina,
que atraviesa una década de estancamiento y cuya decadencia hay que
rastrearla hace al menos cuatro décadas atrás. El discípulo del premio Nobel
Joseph Stiglitz y especialista en reestructuración de deuda se retira del
gobierno asediado por los buitres internacionales, los buitres locales y el
FMI, que lucran con la especulación financiera.



El estruendoso ajuste inflacionario



Hace tres meses Guzmán presentó en el programa fondomonetarista un sendero
de desinflación. Pero, en realidad, ese acuerdo tiene como requisito que la
inflación sea alta. ¿Con qué objetivo? Con el fin de erosionar las partidas
presupuestarias de salud, de educación, las jubilaciones, las remuneraciones
de las trabajadoras y trabajadores públicos. Y, más en general, todos los
ingresos populares. El acuerdo original contempla la suba de tarifas de
energía eléctrica y de gas. Más leña al fuego inflacionario.



El último informe del staff del Fondo deja más claras las intenciones: habla
de una “una gestión salarial prudente para mantener sin cambios la masa
salarial del gobierno como porcentaje del PIB”, pide que el presupuesto en
jubilaciones caiga como porcentaje del PIB (más ajuste); que se reduzcan los
subsidios al transporte (aumento de tarifas), entre otros “detalles”.



El acuerdo también comprende el aumento del dólar oficial que, aunque
gradual, mueve todo el estema de precios hacia arriba. Con el desarrollo de
la crisis no está descartado un salto cambiario que devalúe más los
salarios. Es lo que le sugirió Carlos Melconian a Cristina Fernández de
Kirchner en la reunión que sostuvieron recientemente. Es una política para
poner un freno a la actividad económica, pero que también puede disparar más
los precios.



Desde que aprobó el acuerdo, la inflación no baja del 5 % mensual: 6,7 % en
marzo; 6 % en abril; 5,1 % en mayo. Para junio se anticipa una cifra por
encima del 5 %. En este contexto, Guzmán había reestimado por enésima vez la
proyección de inflación para este año hasta el 62 %. Es muy probable que se
haya quedado corto. Un 5 % anualizado ubica la inflación anual en el 80 %
mientras que un 6 % anualizado la lleva al 101 %. Es claro que al
oficialismo no le conviene un desborde inflacionario, pero juega con esa
arma de fuego que le es útil para el ajuste generalizado. Este jueguito,
seguramente, también hay que incluirlo entre los factores que dejó fuera de
juego a Guzmán.



Pero el devenir del exministro es mucho menos importante que lo que sufren
las mayorías. Los datos del Índice de Salarios de abril, difundidos esta
semana por INDEC, grafican la situación. Los salarios del sector privado
registrado aumentaron 5,6 %, los del sector público 2,7 % y en el sector
informal un extraño 7,1 %. Cuando se toma el promedio de todos los salarios
el aumento fue del 5 %, por lo cual quedaron por detrás de la inflación del
mes de abril que fue del 6 %. Comparado el poder de compra de abril con el
que existía cuando comenzó el Gobierno de Alberto Fernández (diciembre de
2019), el resultado es el siguiente: en el sector privado, el poder de
compra está estancado; en el sector público, retrocedió casi 3 %; en el
sector informal se redujo casi 7 %. A eso hay que agregar el sacudón de
entre el 20 % y el 30 % (aproximadamente) que les dio Macri y que Alberto
Fernández prometió devolver. Falsas promesas.



Las centrales sindicales están en una tregua infinita, subordinadas a la
interna del gobierno. Es una tarea para la clase trabajadora la organización
desde abajo para pelear por recuperar el robo salarial de los últimos años,
exigir que las centrales convoquen de inmediato a un paro nacional y a un
plan de lucha por las demandas más urgentes, en la perspectiva de la huelga
general. Es urgente recuperar todo lo perdido desde la gestión de Macri
hasta actualidad y establecer la actualización automática de las
remuneraciones según la inflación. Al mismo tiempo, es necesario que nadie
cobre un salario menor a lo que cuesta una canasta básica de pobreza ($100
mil para el mes de mayo) en el camino de conquistar un mínimo equivalente al
costo de una canasta familiar ($161 mil para el mes de mayo, según ATE
Indec). El mismo reclamo vale para los haberes jubilatorios.



Los dueños de la lapicera de remarcar



En algunos aumentos de precios, es cierto, inciden factores internacionales,
como la suba de las materias primas. Eso se ve claro, por ejemplo, con el
incremento del precio del trigo que impacta en el aumento del pan, los
fideos y otros productos alimenticios. Pero la vía de transmisión de esos
aumentos de precios internacionales hacia el mercado interno tiene lugar
gracias a que el comercio exterior de granos está dominado por un puñado de
empresas, mayormente multinacionales, pero también algunas nacionales. Se
trata de Cofco-Nidera-Noble (China), Cargill (EEUU), ADM-Toepfer (EEUU), AGD
(Argentina), Moreno (Glencore, Suiza), LDC (Francia), ACA (Argentina),
Molinos (Argentina).



Estas empresas, fundamentalmente las multinacionales, dominan las cadenas
mundiales de valor agroindustriales: establecen pautas financieras,
productivas y tecnológicas. En Argentina hacen lo que quieren gracias a que
gozan prácticamente de un oligopolio privado del comercio de granos. Es por
eso que, desde la izquierda, se plantea el monopolio estatal del comercio
exterior: para que las ventas externas (y también las importaciones) se
realicen en función de las necesidades de la población; para que en un país
donde existen condiciones para reorientar la producción hacia fines
sociales, los alimentos estén accesibles para todos; para que no existan los
niveles de pobreza e indigencia inauditos para los parámetros históricos del
país.



La estructura oligopólica (es decir, dominada por unos pocos grandes
jugadores) del comercio exterior se repite a nivel de la producción. Un par
de ejemplos lo ilustran. Según CEPA (Centro de Economía Política Argentina)
tres cuartas partes de la facturación de los productos de las góndolas es
explicada por veinte empresas. Entre el 2016 y el 2019, tres empresas
(Mastellone, Sancor y Danone) explicaron casi el 75 % de la facturación del
rubro lácteo. Otras tres empresas (Coca-Cola, ADA y Pepsico) concentran el
85 % de la facturación de bebidas sin alcohol. En aceites, las compañías
Molinos Ríos de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza (AGD),
explicaron el 90% de la facturación. Otro tanto ocurre con la concentración
en las grandes cadenas de supermercados, que son el eslabón final por el
cual llegan los productos al consumidor.



En este entramado está la clave de porqué los Precios Cuidados y otras
tímidas regulaciones estatales resultan medidas impotentes para frenar la
suba de precios. Es que, si no se afecta esa estructura donde unos pocos son
los dueños de casi todos los alimentos que se producen, las armas para ganar
la guerra de la inflación las tienen los que suben los precios, los que
tiene la lapicera para remarcar. La clase trabajadora tiene el potencial
para garantizar el abastecimiento a precios accesibles para toda la
población. Para eso, es necesario acabar con los secretos comerciales y
abrir toda la contabilidad de las empresas para develar el verdadero costo
de los productos y poner toda la información al servicio de comités de
trabajadores y sectores populares.



Los trabajadores de las distintas empresas podrían contar con la
colaboración de contadores públicos y técnicos para esta tarea. Esos mismos
comités estarían en condiciones de detectar las maniobras y trampas de los
capitalistas en todas las etapas de la cadena de producción y
comercialización e impedir que se lleven adelante. Las empresas que se
nieguen a dar toda la información, que sigan especulando con los precios y
el abastecimiento deberían ser nacionalizadas y puestas bajo la gestión de
sus trabajadores en colaboración con profesionales de las universidades
públicas, como parte de una planificación racional para acabar con el hambre
y garantizar una alimentación de calidad.



Los dueños de los dólares



El Banco Central tiene dificultades para lograr alcanzar las metas de
acumulación de reservas pactada con el FMI. Recién esta semana logró comprar
U$S 1.300 millones luego de aplicar algunas restricciones para el acceso al
dólar, por ejemplo, para las importaciones. Hay quienes indican que Miguel
Pesce, el presidente de la entidad monetaria, llegó tarde, con la crisis en
un grado de desarrollo avanzado.



El lunes 20/6 en el plenario de la CTA en Avellaneda, la vicepresidenta,
Cristina Fernández de Kirchner, había afirmado que existía un festival de
importaciones. ¿Qué pidió la vicepresidenta? Que Daniel Scioli, ahora a
cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, área donde se “regulan” las
importaciones, y Guillermo Michel, un funcionario que llegó a la Aduana de
la mano de Sergio Massa, se dediquen a “reencauzar” la situación luego de la
salida de Matías Kulfas. Este capítulo de la interna incluyo la respuesta de
la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti: rechazó que exista un
“festival de importaciones” y afirmó que las mayores compras al exterior se
deben al crecimiento industrial. Aunque admitió algún tipo de “tirantez” con
el sector industrial.



A favor del argumento de Cerruti, es cierto que, por ahora, existe una
recuperación industrial relativamente fuerte (aunque la crisis preanuncia al
menos un desaceleramiento) y que, dada la estructura industrial, que es
atrasada en relación a las potencias económicas, esa recuperación demanda
dólares para la compra de bienes intermedio y de capital (por ejemplo,
máquinas). Pero, también a favor de Cerruti lo que ocurre es que aumentaron
los precios internacionales. Esto afecta en particular las importaciones de
combustibles y lubricantes, que aumentaron 205 % interanual en el acumulado
entre enero y mayo de este año.



Por otro lado, en favor del diagnóstico de CFK, cuando se observa el
resultado agregado del comercio exterior, resalta que las importaciones
acumuladas en los primeros cinco meses del año alcanzaron el nivel más alto
de la serie que comienza en 2012: se importaron casi U$S 33 mil millones, lo
que implica un aumento del 44 % en relación a 2021.



Por eso, no son pocos los que ven allí importaciones especulativas: esto es
empresas que adelantan importaciones o sobrefacturar las compras al exterior
con el fin de obtener dólares baratos por parte del Banco Central. O
incluso, en un país con casi 40 % de la población pobre, es probable que
estén aumentando las importaciones de bienes suntuarios: por ejemplo, autos
de alta gama, embarcaciones u otros bienes de lujo. Por eso, el Gobierno
anunció la última semana restricciones para la importación de bienes
considerados suntuarios.



Aunque la verdad es probable que esté a mitad de camino entre lo que
denunció CFK y lo que dijo Gabriela Cerruti, lo interesante de este debate
es que se expone a un público más general el comportamiento de los dueños
del país. CFK habló de 600 empresas que explican el 75 % del total de las
importaciones nacionales. Esas empresas, presuntamente, son las que
sobrefacturan importaciones o anticipan compras al exterior para sacarle
dólares baratos al Banco Central.



Pero, por el lado de los exportadores se observa una concentración mayor.
Como se señaló más arriba, el comercio exterior de granos está dominado por
una decena de empresas. Es conocido, como demostró el caso Vicentin, que
estas empresas subfacturan las exportaciones para eludir el ingreso de
dólares al país o que directamente triangulan las operaciones para, no solo
no entrar los dólares, sino también para eludir el pago de impuestos.



Aún con todas las maniobras que hacen las empresas importadoras y
exportadoras, la escasez de dólares no se explica por ese solo factor. Entre
los años 2000 y 2021, el país acumuló un ingreso neto de U$S 184 mil
millones de dólares en el comercio exterior: se trata de la diferencia entre
exportaciones e importaciones. Más recientemente, desde 2019, el comercio
exterior muestra números positivos muy altos. Aun así, en el país escasean
dólares. ¿Por qué? Porque existe una fabulosa y sistemática fuga de
capitales a guaridas fiscales. Además, hay empresas que simulan pagos de
deuda al exterior para sacar dólares baratos del país, dólares que provee el
Banco Central. A eso se suma que los pagos de deuda insumen una gran
cantidad divisas y otro tanto ocurre con la remisión de ganancias de las
empresas extranjeras que operan en estas tierras.



Es decir, así como la salida de Guzmán no se puede reducir a la interna, la
escasez de dólares no se puede reducir a maniobras (que obviamente existen),
sino que se explica por un saqueo sistemático, estructural, del país por
parte del empresariado local y extranjero. Y en ese debate estructural,
profundo, nadie se quiere meter. Para terminar de raíz con este saqueo es
que la izquierda propone, como se señaló, el monopolio estatal del comercio
exterior del comercio exterior bajo el control de los trabajadores.



Pero esta medida en sí misma no es suficiente. El sistema bancario en manos
privadas es el que organiza la evasión impositiva y la fuga de capitales que
hacen los dueños del país hacia el exterior por todas las vías posibles.
Para evitar ese saqueo es necesaria la nacionalización del sistema bancario,
con la expropiación de los bancos privados (pero no para apropiarse de los
ahorros de los sectores populares, sino para preservarlos) y la conformación
de un banco público único, bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores.



Salidas de distinta clase



Este fin de semana las formaciones políticas que defienden el régimen
capitalista cocinarán sus salidas frente a la crisis. Querrán cambiar los
fusibles, pero con el Fondo en el timón de la economía seguirá el hambre y
la miseria. Hay quienes especulan que CFK pacte con Alberto Fernández un
nuevo gabinete que implemente un plan de estabilización tipo el Plan
Austral, siguiendo la experiencia de Raúl Alfonsín bajo el tutelaje del FMI.
Todo plan de estabilización tiene como fundamento ajustar a la clase
trabajadora, al pueblo pobre.



La vicepresidenta dio señales en la última semana de un giro a la derecha
con el ataque a los movimientos sociales y su simbólica reunión con Carlos
Melconian, que está al frente del centro de estudios de la Fundación
Mediterránea, un “think tank” neoliberal que regaló al país a Domingo
Cavallo. Tampoco se puede descartar un salto mayor en la crisis con mayores
desavenencias entre Alberto y Cristina. Los próximos días develarán hacia
dónde se mueve el gobierno. En la oposición de Cambiemos, con sus propias
internas a cuestas, tal vez se ilusionen con otra salida alfonsinista: la
del caos de 1989. Les dejaría la mesa servida para su sueño eterno: un
ajuste de shock que reconfigure la relación de fuerzas entre las clases
sociales.



No bastó con el endeudamiento fraudulento del macrismo con los lobos de Wall
Street que financió la “bicicleta financiera” y una fuga de capitales
escandalosa. Un motivo para desconocer esa deuda. No bastó que el FMI, bajo
la impronta de Donald Trump, haya apostado a la continuidad de Mauricio
Macri en el poder y también financiado la fuga de capitales de la burguesía
nacional e internacional que opera en el país. Otro motivo para desconocer
la deuda. ¿No basta que a tres meses de firmado el acuerdo la crisis
económica se haya devorado al ministro que fue el ingeniero de la
negociación? En un país con cuatro de cada diez habitantes pobres, con más
de la mitad de las niñas, los niños y las adolescencias en la miseria y con
la inflación ajustando a todas y todos, el Gobierno del Frente de Todos, más
allá de las internas, no tiene en agenda otra alternativa que seguir
subordinado al capital financiero internacional que saquea todo lo que
encuentra a su paso.



La unidad de los trabajadores ocupados y desocupados, en pie de lucha, es el
único camino para derrotar el ajuste del FMI, el gobierno, la oposición
derechista y los empresarios. Es urgente el desconocimiento soberano de la
deuda en manos de los especuladores y romper con el Fondo. Liberarse de la
dependencia del capital financiero internacional es la única vía para
reorganizar la economía y utilizar todos los recursos disponibles en función
del desarrollo económico y la atención de las necesidades sociales más
urgentes. Es bajo esta perspectiva que el Frente de Izquierda Unidad, junto
a organizaciones sociales, políticas, de trabajadores convoca a una masiva
movilización para este 9 de Julio.

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