Cuba/ Violencia policial. Lectura antirracista sobre la muerte de otro joven afrocubano. [Alexander Hall Lujardo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de julio 2022

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Cuba



Lectura antirracista sobre la muerte de otro joven afrocubano



Alexander Hall Lujardo

La Joven Cuba, 5-7-2022

https://jovencuba.com/



La muerte de Zinadine Zidan Batista Álvarez
(https://jovencuba.com/violencia-policial/) a manos de las autoridades
policiales, fue reportada en horas de la tarde del viernes 1ro de julio de
2022 y ha conmocionado a gran parte de la sociedad cubana. Las primeras
noticias que circularon en redes sociales, mediante videos y testimonios de
los presentes, ilustran el incidente como resultado de un altercado que
ocasionó el despliegue de un operativo policial que culminó en el fatídico
suceso.



No pretendo asumir en este texto una perspectiva hechológica de las
circunstancias en que se produjo la muerte de la víctima; procuro más bien
arrojar luces sobre las condicionantes que ocasionan la reproducción de
estos eventos, bajo dinámicas similares de una recurrencia llamativa, que
han provocado el deceso de varios ciudadanos de piel negra en intercambios
violentos con miembros armados del Ministerio del Interior.



Zidan Batista se suma a otros jóvenes afrodescendientes que recientemente
han perdido la vida a manos de la PNR como resultado del uso letal de la
fuerza. El listado está precedido por: Hansel Ernesto Hernández Galiano (24
de junio de 2020), Yamisel Díaz Hernández (5 de julio de 2020) y Diubis
Laurencio Tejada (12 de julio de 2021). Este tipo de hechos se produce en
circunstancias en que la oficialidad alega peligro para su vida como
elemento justificativo de tales procedimientos.



En todos los casos predomina en la institucionalidad la ausencia de un
protocolo para tramitar demandas ante las autoridades, así como la
contratación independiente de profesionales para el esclarecimiento de los
hechos e indemnización económica de los familiares afectados. En tal
sentido, persiste un escenario de opacidad que favorece al aparato del
Estado en detrimento de los derechos ciudadanos.



Este desamparo resulta aún más lacerante cuando quienes se ven involucrados
en estos acontecimientos son personas que viven bajo condiciones de pobreza
y preterición económica, como resultado de la histórica desventaja que
caracteriza la diferenciación socioclasista. Dichos argumentos han sido
avalados por estudios sociológicos, históricos y antropológicos que dan
cuenta de la desigualdad que persiste entre los distintos componentes del
país.



Según una investigación efectuada por el Centro de Antropología de la
Academia de Ciencias de Cuba
(http://ftp.isdi.co.cu/Biblioteca/BASE%20DE%20DATOS%20DE%20GREENSTONE/revist
at/index/assoc/HASHcf89.dir/doc.pdfen)  los años noventa, el 58 % de los
blancos considera que los negros son menos inteligentes, el 65 % de la
muestra afirma que estos no tienen valores ni decencia, mientras que un 68 %
asevera estar en contra del matrimonio interracial. El elevado por ciento de
personas con esa mentalidad se ampara en una racionalidad que reafirma el
predominio de un imaginario racista ampliamente extendido.



En el 2019, un estudio desarrollado por el instituto alemán GIGA
(https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-working-papers/cuba-s-soci
al-structure-assessing-re-stratification-cuban-society-60-revolution) arrojó
que el 98 % de las empresas privadas en Cuba son propiedad de personas
blancas. El mismo análisis ratificó que el 50 % de este componente es
poseedor de una cuenta bancaria contra el 11 % de personas negras. En
cambio, solamente el 3 % de ellos alega haber viajado al extranjero,
mientras el 31 % de las personas blancas ha gozado los beneficios de
semejante privilegio.



La realidad descrita evidencia una gran diferenciación clasista por color de
piel, elemento que incide en la reproducción de actividades al margen de la
legalidad entre personas negras, sector que presenta además elevados niveles
de desempleo según las cifras del último censo publicadas en el 2016.
(http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/publicacion_completa_color_de_la
_piel__0.pdf)



Todo ello provoca que muchas de las actividades realizadas por las personas
de mayor melanina en la piel estén ceñidas a normas cívicas que tipifican
determinadas conductas en ámbitos carentes de condiciones para una vida
digna, lo que contribuye a la extensión de patrones asociados a la
marginalidad como elemento intrínseco de su comportamiento. A su vez, esto
ocasiona que sean más proclives ante las autoridades a la solicitud de
identificación, realización de cacheos, así como detenciones por sospecha de
delito. Y aunque el estado cubano no ofrece datos estadísticos al respecto,
los especialistas refieren que la mayoría de la población penal está
compuesta por sujetos racializados.



El imaginario delincuencial sobre las personas negras y mestizas se
encuentra sustentado, además, por condiciones de vida relegadas a los peores
sitios de convivencia, caracterizados por el abandono estatal, la
insalubridad y el deterioro de una infraestructura que deja pocos márgenes a
la inserción social. Este proceder se agudiza por la extensión de
estereotipos que visibilizan al negro(a) como no apto para determinadas
actividades laborales, por considerarlo carente de condiciones acordes a
empleos que demanden la presencia de un paradigma estético apegado a
patrones eurocéntricos.



¿Necropolítica?



La violencia episódica del accionar represivo está usualmente acompañada por
el predominio de una violencia sistémica, que relega a los afrocubanos(as) a
los peores espacios de remuneración, lo que incluye sitios de segregación
que generan la expansión de desigualdades y una restricción en su capacidad
de compra. Téngase en cuenta que por cada dólar que recibe un
afrodescendiente, las personas blancas pueden ser capaces de apercibir hasta
cinco veces más. A tenor con ello, se perpetúan sus condiciones de
marginación, atendidas de manera poco eficiente por las autoridades, que
proponen estrategias de reparación y asistencialismo epidérmico no dirigidas
hacia la raíz estructural del fenómeno.



El contexto cubano no está caracterizado por la definición necropolítica,
propuesta por el teórico y filósofo Achille Mbembe. Este autor enuncia que,
como resultado del modelo neoliberal que tiene lugar en el continente
africano, la vida humana se convierte en fin mismo de la acumulación
capitalista; a diferencia del pasado esclavista de la modernidad, donde el
sujeto negro era entendido como mero instrumentum vocale en los ciclos de
obtención de las riquezas, a través de las relaciones sociales de producción
establecidas.



No obstante, el escenario antillano adquiere expresiones más evidentes de
capitalización que endurecen la vida de los afrocubanos(as). Dado su endeble
situación económica, estos han pasado a ocupar los peores sitios del trabajo
asalariado bajo deprimentes garantías laborales. A su vez, el aumento en los
niveles de pobreza e inseguridad alimentaria inciden en su deterioro
económico, al tiempo que los efectos de la escasez tributan hacia una severa
restricción en sus niveles de consumo.



Estas condicionantes desvían parte importante de sus actividades al sector
no legal del mercado, debido a la incapacidad gubernamental para garantizar
la viabilidad de un modelo que ofrezca bienestar social por vías
convencionales. De tal manera, esto contribuye a la extensión de estrategias
criminalizadas que, sumado a la violencia sistémica en la reproducción de
patrones de dominación, obstaculizan las alternativas autonómicas de
emancipación y autoorganización, cuyo marco restrictivo lesiona su
prosperidad e independencia económica, subordinada al verticalismo estatal
y/o la servidumbre que implica la sujeción a las lógicas del capital
privado.



El predominio de este depauperado escenario refleja la ausencia de
posibilidades para el mejoramiento cualitativo en la vida de los
subalternos. De igual forma, predomina la inexistencia de acciones
afirmativas dirigidas a revertir los efectos de la desigualdad.



A su vez, resulta evidente la carencia de metodologías adecuadas en los
órganos policiales para un tratamiento humanista hacia la población
afrodescendiente, como debe caracterizar el desempeño descolonizado de las
autoridades. Todo ello reafirma los enormes desafíos para enfrentar el
racismo sistémico que predomina en la sociedad cubana, al tiempo que resulta
indiscutible la responsabilidad del estado en su sostenimiento.



antirracistaEl escenario antillano adquiere expresiones más evidentes de
capitalización que endurecen la vida de los afrocubanos(as). (Foto: Eliana
Aponte / The New York Times)

A pesar de que las instancias gubernamentales alegan la ausencia de racismo
institucional, resulta aberrante la forma en que el Ministerio del Interior
justifica el uso desproporcionado de la fuerza mediante la emisión de una
declaración en la que reproduce los marcos estigmatizantes de la
criminalización, cuando exalta —contra toda norma ética y accionar
responsable— los antecedentes policiales del fallecido, acto que pretende
resaltar un prototipo delincuencial en quien ha sido en realidad la víctima
mortal del desenlace y padece las consecuencias orgánicas de la opresión.



La solución debe ser estructural e inclusiva



Para el abordaje del fenómeno racial, las instancias gubernamentales han
optado por atrincherarse en: discursos triunfalistas, omisión de
estadísticas, adopción de prácticas excluyentes hacia el activismo crítico,
predominio de una concepción paternalista/colonial de matriz estadocéntrica,
instrumentalización de la racialidad en función de intereses populistas, a
la vez que han adoptado estrategias que promueven la condición de «eterno
agradecimiento» que se aparta de los propósitos emancipatorios.



La conjunción de esos factores poco contribuye a la resolución definitiva de
un asunto complejo, que requeriría una transformación estructural y
participación política inclusiva, tanto de la amplia composición ciudadana
como de aquellos actores que han sido fundamentales en la visibilización del
fenómeno.



La situación demanda además una extensión de valores antirracistas,
potenciación de espacios culturales que reivindiquen las tradiciones
afrodescendientes, gestión de alternativas económicas de reparación racial,
consecución de nuevas herramientas teórico-metodológicas en los niveles de
formación educacional, incorporación a los medios de comunicación de los
numerosos aportes realizados desde diversos campos de las ciencias sociales,
mayor transparencia de los informes públicos para la realización de análisis
certeros y penalización de las acciones discriminatorias, como se ha
realizado en otros países de América Latina.



Igualmente, es impostergable la adopción de estrategias integrales dirigidas
a erradicar el flagelo de la composición social del país, al ser esta una de
las deudas históricas del proyecto revolucionario jamás saldadas con la
población residente de la Isla, a pesar de las reiteradas promesas
instrumentales
(https://periodicos.ufpe.br/revistas/realis/article/view/15219) sobre su
definitiva erradicación.

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