Colombia/ Las cinco tesis incómodas de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado. [Santiago Rodríguez Álvarez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

6 de julio 2022

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Colombia



Las cinco tesis incomodas de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto



Santiago Rodríguez Álvarez

La Silla Vacía, 5-7-2022

https://www.lasillavacia.com/

En Colombia el conflicto armado ha sido contado por los medios, la academia
y las mismas víctimas. Por eso, la Comisión de la Verdad más que desenterrar
algo que el país no conocía buscó entregar un relato completo y complejo
sobre lo que pasó en el conflicto armado. A raíz de esto llegó a
conclusiones que consignó en el corazón de su informe – el tomo de Hallazgos
y Recomendaciones– que confirman tesis incómodas para el país sobre el
conflicto armado.



Estas son las cinco tesis incómodas que el país necesita conocer según la
Comisión de la Verdad:



1. El modelo de seguridad que ha tenido el Estado generó más violencia



Según el Informe, altos niveles del Estado han tomado decisiones, y
militares han ejecutado acciones bajo la idea del “enemigo interno”, una
lógica contrainsurgente y de defensa del Estado que produjo más violencia.



“El Estado ha caracterizado las propuestas alternativas políticas y las
comunidades o los territorios ocupados por las guerrillas, como si fueran
parte de la insurgencia o del conflicto armado, y entonces los ha
considerado una «amenaza» para la seguridad y los ha etiquetado
frecuentemente como «enemigos» que pueden y deben ser perseguidos a través
de las facultades represivas del Estado”, se lee.



Esta visión ha tenido diferentes matices, pero ha persistido desde el
Estatuto de Seguridad del expresidente Julio César Turbay (1968 - 1972),
hasta la política de seguridad democrática durante los dos gobiernos de
Álvaro Uribe (2002 -2010). En esos dos periodos se cometieron detenciones
arbitrarias, estigmatización y violaciones a los DD.HH.



Para la Comisión esa continuidad se da en parte por la influencia de Estados
Unidos en el diseño de la política de seguridad. “Primero, la guerra contra
el comunismo; segundo, la guerra contra las drogas, y tercero, la guerra
contra el terrorismo”, dice.



Esa visión, por ejemplo, terminó propiciando graves crímenes como son los
falsos positivos. “La presión por bajas en combate aumentó en las Fuerzas
Armadas, lo cual alentó la comisión de crímenes muy graves, como los
llamados «falsos positivos»”, afirma la Comisión. Entre 2002 y 2008 hubo
6.402 casos de este crímen, según la Jurisdicción Especial para la Paz.



Esta tesis ha generado ampolla en sectores de derecha. Por ejemplo, el
actual ministro de Defensa, Diego Molano, pidió a la Comisión que "no se
enfoquen solo en las instituciones, sino también en los verdaderos
victimarios”, como las Farc. También motivó la salida del único comisionado
con origen militar, el mayor retirado Carlos Ospina.



2. El paramilitarismo fue un proyecto con intereses políticos y económicos



Para la Comisión de la Verdad el paramilitarismo no fue ni es meramente un
actor armado del conflicto armado. Es una red de intereses económicos y
políticos que usaron la violencia para lograr sus fines.



“Es un entramado de intereses y alianzas asociado a proyectos económicos,
sociales y políticos que logró la imposición de controles territoriales
armados por medio del uso del terror y la violencia”, dice el Informe, en
contraposición a la visión del paramilitarismo como un fenómeno
esencialmente armado



Para la Comisión, lo que el país ha conocido visiblemente como
paramilitarismo es solo su “brazo armado”. ”Ha sido la parte más visible, el
fenómeno paramilitar ha mantenido una participación de componentes del
Estado como la fuerza pública, entidades de seguridad y de inteligencia,
órganos estatales colegiados”, se lee en el Informe.



También afirma que el proyecto paramilitar buscaba defender al
establecimiento y sus privilegios económicos y políticos; proteger las
tierras acaparadas; consolidar el control territorial con el exterminio de
grupos armados rivales y la imposición de formas de control social violento;
robar plata de la contratación pública; exterminar rivales políticos;
cooptar instituciones del Estado y el sistema político.



Los grupos armados paramilitares son responsables del 47 por ciento de los
hechos victimizantes, más que las guerrillas o el Estado. La mayoría de esos
hechos ocurrieron entre finales de los 90 y principios de los 2000, cuando
los paramilitares estaban en una cruzada para ser reconocidos como el tercer
actor del conflicto, “a sangre y fuego contra la población civil”, dice la
Comisión.



Lo que pasó en Urabá es clave para entender cómo se configuró el
paramilitarismo, pues ese modelo luego se exportó al resto del país y dio
origen a la Autodefensas Unidas de Colombia. En esta región, a partir del
modelo legal de las Convivir, se tejieron alianzas de civiles armados que
prestaban “servicios de seguridad”, que posteriormente se convertirían en
paramilitares, con empresarios, ganaderos y terratenientes.



“Parte de lo que queda por desmantelar son, precisamente, los profundos
entramados de las alianzas”, dice la Comisión sobre los retos que quedan.
Eso queda latente con lo poco que se conoce del testimonio de “Otoniel”,
quien habló de alianzas del Clan del Golfo, un grupo de origen paramilitar
que tiene su retaguardia en Urabá, con civiles y militares.



3. El narcotráfico prolongó el conflicto e incrementó las tensiones en lo
rural



Para la Comisión de la Verdad el narcotráfico ha sido un factor de
persistencia del conflicto y quizás “el más grande obstáculo para avanzar en
la construcción de paz”. Un factor que no ha estado desligado de las
desigualdades y los problemas en el campo que han señalado académicos y
expertos como una de las causas del conflicto.



En el informe se afirma que el narcotráfico tuvo relación con todos los
actores armados y contribuyó a su degradación.



Pero, en contraste con la narrativa del conflicto como la lucha de un Estado
contra unas "narcoguerrillas", La Comisión dice: que “irrumpió en el país
como un actor político y económico, que encajó sin problemas en el sistema
clientelista, con una doble articulación social: por las élites, a través
del comercio de la droga y el lavado de activos; y por los sectores
populares, a través de los cultivos y los ejércitos privados”.



El narcotráfico y los conflictos rurales se han incentivado el uno al otro.
Por un lado, la expulsión de miles de familias campesinas de la frontera
agrícola por los problemas rurales ha “generado incentivos para la expansión
del narcotráfico”, se lee en el informe. Y luego, el narcotráfico a su vez
“ha tenido en Colombia un profundo impacto en la estructura de la tenencia y
el uso de la tierra”.



Eso, sumado, ha generado estigmatización hacia y violencia en las
comunidades a lo largo de la frontera agrícola, donde se concentran los
cultivos ilícitos y hay líos en la tenencia de la tierra. Por ejemplo, la
Comisión menciona el asesinato de civiles en Puerto Leguízamo en medio de
una operación militar este año.



Todo esto es lo que la lleva a recomendar un cambio en la política
prohibicionista de drogas.



4. La democracia colombiana permitió más violencia que regímenes
dictatoriales



“La democracia ha sido violenta”, afirma la Comisión. ”Se ha desarrollado
más desde las trincheras ideológicas que buscan la destrucción física y
moral del adversario, que desde el diálogo constructivo”.



En el Informe dice que el conflicto fue una disputa por el poder político
nacional y local, lo que ha afectado profundamente la democracia. Y que
todos los actores armados (guerrillas, paramilitares y Estado), han
degradado el sistema político, al mezclarlo con las armas.



“Colombia no es una dictadura y siempre han existido resquicios y espacios
para ampliar la democracia e impulsar reformas de manera pacífica”, dice el
Informe de la Comisión. Pero también dice que ha sido una democracia
precaria con cifras de crímenes de lesa humanidad que superan a las
dictaduras de otros países de Latinoamérica.



Según las cifras de la Comisión, 121.768 personas fueron desaparecidas
forzadamente en el marco del conflicto armado, entre 1985 y 2016. Esto es
cuatro veces más que las personas desaparecidas durante la dictadura militar
de Argentina entre 1976 y 1983.



Otro flagelo que ocurrió en medio de la democracia colombiana en guerra fue
el desplazamiento forzado, que dejó a 7 millones 700 mil víctimas. Es como
si todos los habitantes de Paraguay hubieran tenido que emigrar.



5. Las guerrillas violentaron al pueblo que decían defender



Las guerrillas siempre buscaron apoyarse en la población civil. Pero
cometieron graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y
se relacionaron con los civiles con “formas de control y órdenes violentos
basados en la coacción”, dice la Comisión.



Las insurgencias de izquierda nacieron bajo la idea de la combinación de las
formas de lucha política y armada. Por eso, las guerrillas combinaron la
violencia con la política y tejieron redes de apoyos civiles con su
aspiración de lograr lo que veían como una sociedad más justa. Esto terminó
estigmatizando a sectores de izquierda que no tenían necesariamente relación
con las guerrillas.



Además, buscaron asentarse en territorios con grandes ausencias del Estado
para legitimarse como actor político y autoridad de facto. En estas zonas de
retaguardia convivían con comunidades, contra las que terminaron cometiendo
graves crímenes.



Solo la guerrilla de las Farc cometió 122 mil homicidios, el 27 por ciento
de todos los cometidos en el conflicto. Y sobre todo incidieron en el
secuestro, que fue una política nacional de esta guerrilla, pues según
cifras del Sistema Integral para la Paz, cometieron el 40 por ciento de los
secuestros, un total de 20.223 casos.



Entre ellos no sólo hubo secuestros de quienes consideraban sus “enemigos”,
sino también de la población que decían defender. En las recientes
audiencias de la JEP, antiguos miembros del secretariado de las Farc
reconocieron que secuestraron, torturaron, violaron, esclavizaron y
desaparecieron a colombianos solo para asegurar su dominio territorial.



La Comisión encontró que el secuestro afectó profundamente la relación entre
las guerrillas y los civiles, justo cuando se estaban degradando por su
involucramiento con el narcotráfico. “El poder del dinero y la protección
del negocio se convirtieron en objetivos estratégicos con conflictos
permanentes por la producción y, en general, el endurecimiento en las
relaciones con la población civil”, afirma el Informe.

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