Colombia/ El triunfo de Petro y las limitaciones del "progresismo tardío". Parte I (Daniel Libreros Caicedo)

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Dom Jul 10 22:22:23 UYT 2022


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Correspondencia de Prensa

10 de julio 2022

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Colombia



El triunfo de Petro y las limitaciones del “progresismo tardío”  (I)



Daniel Libreros Caicedo *

Bogotá, 9-7-2022



Una gran explosión de júbilo popular



El domingo 19 de junio, Gustavo Petro fue elegido como presidente de la
República en la segunda vuelta de la elección presidencial. Colombia cuenta
con un censo poblacional de 50 millones de personas y un censo electoral de
un poco más de 39 millones; Petro obtuvo 11.281.001 votos y el candidato de
la coalición de derecha Rodolfo Hernández, 10.580.412 elevando el monto de
la votación al 58% de los potenciales votantes una de las cifras más altas
en la historia electoral del país. Petro había obtenido 8.527.768,
aumentando en 2.7 millones de votos con relación a los que obtuvo en la
primera vuelta, de los cuales 1.000.000 los obtuvo en las ciudades, la mitad
en Bogotá, y el resto principalmente en las costas tanto en la del Pacífico
como en el Caribe. En las zonas más deprimidas y abandonadas del país ganó
el Pacto Histórico, movimiento liderado por Gustavo Petro. Igualmente, en
las ciudades votaron los barrios pobres y de clase media. En Cali, la ciudad
en la que el “estallido social” del año pasado tuvo mayor repercusión, la
huella de la rebeldía apareció en las votaciones de las comunas que
experimentaron los mayores grados de enfrentamientos y el despliegue impune
del terror de Estado que costó decenas de muertos.



Los resultados electorales por departamento confirman un mapa socio
territorial que viene repitiéndose desde el plebiscito del 2016, el cual
incluye desigualdades de ingresos. Efectivamente, en los departamentos en
donde ganó el Pacto Histórico, que suman una franja poblacional del 40.37%
del total nacional y una participación del PIB del 29.04 %, el porcentaje de
la votación fue del 66,35 % contra el 31, 88% mientras que en los
departamentos en que ganó Rodolfo Hernández con una población del 44.27% del
total nacional y con una participación del PIB del 44. 91% la votación fue
del 62.19% a favor y del 35.51% en contra.



Apenas conocido el resultado electoral, explotó el júbilo popular. Miles de
personas se volcaron a las calles y a plazas de todas las ciudades para
celebrar la victoria, al tiempo que circularon los videos de poblaciones en
los sitios más recónditos del país compartiendo esa misma euforia por el
logrado “cambio histórico”. Comenzando la noche, en el Movistar Arena, una
sala de espectáculos situada en el noroccidente de Bogotá, miles de votantes
y miembros del Pacto Histórico se concentraron para aplaudir la presencia en
el escenario de Gustavo Petro y Francia Márquez.



El protagonismo de Francia Márquez debe resaltarse. Es la primera mujer afro
que llega a ese cargo y fue el fenómeno electoral de la “consulta inter
partidaria” realizada el 13 de marzo con una votación cercana a los 800.000
sufragios, la tercera de una lista larga de candidatos que se presentaron en
esa ocasión. Proviene de los territorios costeros del Pacífico en donde el
extractivismo minero desplaza recurrentemente a las comunidades. Esa
votación expresó el rechazo de sectores populares al patriarcado y al
racismo y posibilitó la emergencia a la vida pública de las llamadas
“minorías étnicas” en un país en el que la tradición del “ethos” colonial ha
destinado el “ejercicio gubernamental” a un reducido círculo de hombres
blancos y de estratos altos que incluso comparten lazos familiares
(“República oligárquica”, llegó a caracterizarla un conocido historiador del
siglo XX).



En medio del discurso de Petro apareció en tarima la madre de Dilan Cruz, un
adolescente de 18 años, que fue asesinado en el centro de Bogotá durante las
movilizaciones de noviembre del 2019 por uno de los integrantes del ESMAD
(Escuadrones Móviles Antidisturbios) de la Policía Nacional, asesinato que
aún sigue impune. Levantó el retrato de su hijo y tomó el micrófono pidiendo
justicia para él y para todas las víctimas del terror de Estado. Un
reconocimiento a tanto dolor acumulado por los familiares de las víctimas
durante décadas de asesinatos, torturas y desapariciones que continúan sin
que aparezcan los rostros de los responsables. En fin, era la confirmación,
tanto en ese auditorio como en las calles, de que la indignación frente al
“actual estado de cosas” había tomado la forma de un triunfo político.
Indignación frente al aumento de la pobreza, al desempleo de millones de
jóvenes y mujeres que deambulan sin futuro cierto y que participaron en el
reciente “estallido social” enfrentando el terror de Estado y una represión
desembozada, a los familiares de los muertos por la pandemia del Covid-19
que constataron la indolencia de un gobierno que los abandonó a su propia
suerte mientras entregaba el dinero público a gratuidad a los grupos
financieros, a los millones de desplazados.



Mientras tanto los analistas políticos y periodistas de medios
internacionales de comunicación acusaban el impacto por la llegada de un
“progresista” a la Presidencia de un país en donde sus elites han sido
incondicionales a los Estados Unidos, entregándole bases militares en su
territorio y aceptando la injerencia militar directa durante la ejecución
del Plan Colombia para citar los casos más recientes, pero cuya diplomacia
abyecta puede graficarse desde los inicios del siglo XX con la entrega de
Panamá.



El diseño de política económica para “tranquilizar los mercados” 



En esa misma tarima, Petro anunció los propósitos centrales de su gobierno
lejanos a este sentimiento popular. El primero de ellos, afirmó, es el de
“desarrollar el capitalismo”, porque significa el desarrollo de las fuerzas
productivas y posibilita acabar con los “residuos feudales” y señoriales que
perviven en nuestra geografía desigual. La mayoría de la izquierda
colombiana ha incluido en su acervo programático esta tesis que proviene de
la política exterior de la ex Unión Soviética en la década de 1930, la cual
acompañó el surgimiento de los partidos comunistas en América Latina. Petro
proviene de otra tradición, la del M-19, una guerrilla urbana de orientación
nacionalista.



Esta tesis deja de lado la crisis histórica del capitalismo sintetizada en
la combinación contemporánea de crisis económica, alimentaria, ambiental y
de pronóstico reservado frente al futuro de la especie humana producidas por
un tipo de acumulación de riqueza que la concentra y destruye la naturaleza.



Deja de lado igualmente, la crisis actual del capitalismo expresada en la
concentración de la riqueza, en el sufrimiento de millones de seres humanos
condenados a padecer hambre y al desempleo en la precarización del trabajo
para citar ejemplos relevantes de sus secuelas. Igualmente, desconoce las
dificultades que la forma de acumulación de capital en el período
neoliberal, que produjo una expansión inusitada de capital ficticio, les
plantea a las elites financieras en la actual coyuntura por lo que la
economía internacional camina hacia una de las peores crisis de la historia.




Desconoce, además, la actual división internacional del trabajo que,
organizada por las empresas transnacionales a través de cadenas de
producción de valor y suministro, les permite controlar el grueso de la
inversión y de la distribución de la riqueza al punto que en el actual
entorno del comercio internacional la mayor parte de los intercambios se
realizan entre estas empresas: por tanto, el tal “capitalismo nacional” es
un imposible. [1]



En una entrevista que Petro dio a los pocos días de su triunfo electoral a
la revista Cambio [2] precisó aún más esta caracterización con argumentos ya
suficientemente conocidos presentando al capitalismo como el “gran
disparador de las fuerzas productivas de una sociedad” como si ese
desarrollo, dadas las exigencias de la acumulación capitalista, no haya
producido una destrucción brutal de la naturaleza que tiene en vilo la
propia subsistencia de la especie humana. Prometió igualmente, el desarrollo
de “ un capitalismo democrático, regulado, con respeto al medio ambiente y a
la dignidad laboral humana”, como si desde un país periférico pudiera
transgredirse la desregulación financiera, el soporte de las ganancias de
los grupos transnacionales desde la década de los ochenta, cuando cayeron
las “ ganancias por productividad” y como si en un país periférico los
salarios pudieran programarse por fuera de las exigencias de la tasa de
ganancia de los inversionistas.



Debe agregarse que las opciones económicas del presidente electo incluyen la
aceptación de la institucionalidad neoliberal. El primer elemento que
confirma esta caracterización es el reconocimiento a la Constitución de
1991, en cuya redacción el M-19 ya reinsertado jugó un papel protagónico,
como “carta de navegación” de su proyecto político en lo que viene
insistiendo esa constitución oficializó la normatividad neoliberal en el
país en temas claves como la internacionalización de la “economía de
mercado”, la privatización de los servicios públicos, la inclusión de la
salud y la educación en el catálogo de “servicios transnacionales”, la
consolidación de una tecnocracia asociada a la tecnocracia internacional que
define los planes de desarrollo y la política fiscal así como las garantías
de pago a los inversionistas de portafolio.



Más aún, esa constitución no es tan solo neoliberal: es monetarista.
Oficializó un tipo de Banco Central acorde con la desregulación financiera
cuya función principal es la de garantizar niveles bajos de inflación, lo
que tiene graves consecuencias en la actualidad. Efectivamente, la inflación
generalizada que de momento experimenta la economía mundial ha obligado a
los bancos centrales, coordinados por el Banco Internacional de Pagos (BIS)
a girar en contrario a lo que realizaron durante los últimos años hacia una
política contraccionista expresada en el alza de las tasas de interés. En
Colombia, el Banco de la República acaba de elevar la tasa de interés de
referencia al 7.5% la más alta en toda la historia de esa entidad. [3]



En un país con altos registros de desempleo, informalidad y pobreza y con
una inflación en los precios de los alimentos que supera el 20%, esta
política de contracción de la demanda agudizará el deterioro de las
condiciones de vida de la población. Además, el problema no se reduce al
plano interno, el alza de las tasas de interés por parte de la FED en
Estados Unidos ha precipitado la fuga de capitales arrastrando el
encarecimiento del dólar y dificultades mayores al endeudamiento externo que
en marzo de este año llegó a US$101.557 millones con un crecimiento
interanual del 14 % y mayores dificultades en el comercio internacional.



Adicionalmente, Petro aceptó las exigencias del Fondo Monetario
Internacional para este período. En entrevista publicada por el diario El
Tiempo el 14 de mayo, reconoció que se había comprometido con esa
Institución crediticia “a reducir el déficit fiscal”. [4] Esta declaración
tiene antecedentes y remite a exigencias que no se limitan tan sólo a la
reducción del déficit fiscal, el cual actualmente asciende al 6.8% del PIB,
(siendo relevante el aumento de la deuda pública que pasó del 36 % al 57 %
del PIB entre enero de 2019 y el mismo mes de 2022), sino a preservar
políticas económicas fondomonetaristas.



Efectivamente, unos pocos días antes de la declaración del entonces
candidato, el jefe de la misión de ese organismo para Colombia, Hamid
Faruqee, reconoció que habían aprobado “ un nuevo acuerdo de dos años con
Colombia en el marco del programa denominado Línea de Crédito Flexible (LCF)
por US$ 9.800 millones de dólares”, por cuanto la totalidad de los
candidatos que se presentaron en la primera vuelta acordaron “compromisos
políticos en el sentido de que habría política de continuidad, de mantener
los marcos de políticas sólidos”.[5]



La LCF constituye un programa de financiamiento del FMI creado tras la
crisis financiera de 2008. Su propósito es el de facilitar el acceso a
recursos de ese organismo a aquellos países que considera que cuentan con el
soporte normativo y orientaciones macroeconómicas estables. En principio los
créditos de este programa no vienen acompañados con las exigencias de
realizar “reformas estructurales”, aunque incluyen la supervisión de
políticas económicas que no coloquen en riesgo los recursos del Fondo: 



En septiembre del 2020 el actual gobierno solicitó un monto de US$ 17.200
millones dentro de los lineamientos de la LCF solicitando un adelanto de US
$5.300 millones. “En el marco del programa del FMI, Colombia se ha
comprometido a un ambicioso programa de ajuste fiscal en los próximos años.
Entre 2021 y 2023 el país deberá lograr una combinación de aumentos de
ingresos y recortes del gasto por 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Si
existiera un “Mundial de Austeridad post-Covid-19”, el país ocuparía un
lugar de honor a nivel global. Las metas fiscales sitúan a Colombia con el
quinto programa de ajuste fiscal más considerable entre los 81 países que
han recibido créditos del FMI en el 2020…” [6]



Fue sobre la base de ese compromiso que en abril del 2021 el entonces
Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó al Congreso una
propuesta de Reforma Tributaria que pretendía recoger $26 billones (2.5% del
PIB) manteniendo el sesgo “pro ricos” de las anteriores y castigando
principalmente a las capas medias y a los pobres lo que precipitó el
estallido social que terminó por impedir el trámite legislativo de esta
propuesta y por precipitar la salida del Ministro Carrasquilla. Al mismo
tiempo dos de las calificadoras de riesgo que operan en el país Fitch
Ratings y Standard & Poor’s Global Ratings le quitaron a Colombia el grado
de inversión.



Entonces, el gobierno Duque, impuso una reforma tributaria menos ambiciosa
$15 billones (1.5% del PIB) y se comprometió a diferir el monto del
endeudamiento insolvente en el lapso de tiempo 2022-2025 lo que fue
establecido con carácter de regla fiscal (obligatoria) en una nueva ley de
presupuesto. Mauricio Cárdenas quien fuera Ministro de Hacienda durante el
segundo mandado de Santos, comentó a propósito de esa norma:



“En apenas un breve párrafo se define el techo al déficit fiscal que
obligará al gobierno que se posesione el 7 de agosto de 2022. La ley
establece que a partir de 2026 operará un mecanismo en función del nivel de
la deuda. Pero, entre 2022 y 2025, regirán los números perentorios señalados
en ese parágrafo transitorio. El próximo gobierno –independientemente de las
promesas de campaña y los resultados en las urnas– tendrá que limitar el
déficit a lo que ahí se fija (…) Según el parágrafo, el déficit tendrá que
bajar a 3 % del PIB en promedio en 2024 y 2025. Esto significa un ajuste de
7 puntos del PIB, casi 80 billones de pesos de hoy en los próximos tres
años. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Quién tendrá la capacidad para hacer
este ajuste? …” [7]



Contabilizando proyecciones de los ingresos fiscales por el alza transitoria
de los precios del petróleo y los de la reforma tributaria supletoria la
nueva regla fiscal exige que a finales del 2023 el déficit fiscal merme en 2
puntos del PIB (de -5.6 a -3.6 puntos) lo que condicionará la
gobernabilidad, la política social y las decisiones macroeconómicas. Como
normalmente ocurre en estos casos, los comunicados oficiales del FMI que
anuncian este tipo de acuerdos incluyen las perspectivas macroeconómicas:



“Colombia cuenta con fundamentos económicos muy sólidos y marcos de política
anclados en un régimen de metas de inflación creíble, una sólida regla
fiscal a mediano plazo, un tipo de cambio flexible y una eficaz supervisión
y regulación del sector financiero. Las autoridades están firmemente
comprometidas a mantener políticas macroeconómicas muy sólidas. Existe
igualmente un amplio consenso sobre la necesidad de preservar la gran
solidez de los marcos de política económica…” [8]



Las calificadoras de riesgo (Fitch y Standard & Poor’s) igualmente han
declarado que esperan la programación oficial, con reducción del déficit
público y con trámite parlamentario aprobado para modificar la calificación
negativa de grado de inversión a finales del año en curso. [9]



Para rubricar estos compromisos faltaba escoger una personalidad del mundo
de la tecnocracia económica en el cargo de Ministro de Hacienda que pueda
llevar adelante la aprobación de una reforma tributaria, de gran
envergadura, que además, incluya recursos para poder ejecutar gasto social.
La persona escogida para cumplir con ese objetivo fue José Antonio Ocampo,
destacado economista e historiador, reconocido en el país y en la región,
quien fue director Ejecutivo de la CEPAL en el período 1998-2003 y
Secretario General Adjunto del Departamento de asuntos económicos y sociales
de Naciones Unidas (2003-2007) y propuesto por Joseph Stiglitz. como
candidato para dirigir el Banco Mundial en el 2013. Fue Ministro de
Agricultura en el gobierno de Cesar Gaviria y Ministro de Hacienda en el
gobierno de Ernesto Samper durante la década de los noventa y codirector del
Banco de la República en el lapso 2017-2019. Una vez oficializado su
nombramiento y preguntado por la reforma tributaria en ciernes, Ocampo
declaró, “El gasto social tiene que aumentar, pero cumpliendo la regla
fiscal”. [10] Entonces llegó la “tranquilidad en los mercados la totalidad
de los grupos económicos aplaudieron el nombramiento y abrieron las puertas
a negociaciones sectoriales.



Igualmente, Ocampo ha aclarado que el monto proyectado a alcanzar con esta
nueva reforma tributaria es de $50 billones (5% del PIB) los cuales se
obtendrán principalmente con el aumento del impuesto a la renta de las
personas naturales con mayor índice de riqueza, incluyendo la “clase media
alta”, aquella franja de la población que obtiene ingresos de US$2500
mensuales y que según las estadísticas oficiales representa el 10% de la
población. Esta orientación tributaria tiene soporte en recientes informes
de la OCDE según los cuales, Colombia es el país que, perteneciendo a ese
organismo, tiene la tributación más baja a la renta de personas naturales a
pesar de la alta concentración de la riqueza. [11]



La reforma incluiría una revisión a las exenciones a las empresas y “todo
ello complementado con un impuesto al patrimonio que también busca lograr
una mayor equidad ". En el caso de la propiedad rural de la tierra
asistiríamos a la implementación del “catastro multipropósito” aumentando
ingresos territoriales que el peso político de latifundistas y ganaderos ha
impedido recaudar.



Mensaje ambientalista a los países dominantes: “Ustedes contaminan y
nosotros tenemos la Amazonía”



En el mismo discurso victorioso y en la misma tarima del Movistar Arena el
19 de junio, Petro ratificó otra de las “líneas estratégicas” de su
gobernabilidad, sobre la que había insistido en campaña, que es el de
incorporarse a las campañas internacionales en pro de la descontaminación
del planeta asociando ese propósito con las desigualdades en la
responsabilidad de los daños ambientales, mucho mayor en el caso de los
países dominantes; “ustedes contaminan y nosotros tenemos el Amazonas”
afirmó y llamó a los “gobiernos progresistas” de la región a coordinar
actividades bajo esta perspectiva.



Desde la COP 21, la “Conferencia de las partes de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el cambio climático”, realizada en 2015 en París en la
que 195 países y “actores no estatales” se comprometieron a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y principalmente aquellas
asociadas a las de dióxido de carbono, lo que ha sido ratificado en otras
cumbres, la última en Glasgow en noviembre del año pasado. Más allá de la
discusión sobre el incumplimiento de estos acuerdos, que ha sido recurrente,
importa resaltar el hecho de que abrieron un segmento en el mercado de
capitales, el de los “mercados verdes”, un área importante de la
“financiarización de la naturaleza”.



Las instituciones financieras de inversión encargadas de proveer este
segmento del mercado son los fondos verdes o sostenibles “que integran su
cartera en función de criterios ambientales, sociales y de gobierno
corporativo (ASG)”.



La definición de servicios ambientales en cuanto incluye un amplio espectro
de acciones hacia el “medio ambiente”, codificadas en estándares
internacionales y el pago de las mismas soportan estos activos financieros.
[12]



Uno de esos activos son los “bonos de carbono”. “Un bono de carbono se
convierte en un Certificado de Emisiones Reducidas (CER) y, por lo tanto, un
CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera. Los
bonos de carbono pueden ser vendidos a países del Anexo I del Protocolo de
Kioto, es decir, a todos los países industrializados”



Dado que en la Amazonía existen grandes sumideros naturales de carbono y que
una parte del territorio colombiano incluye a esa región selvática, el país
ha suscrito protocolos de descontaminación del 51% del carbono para el año
2030 en los que el impedir la deforestación selvática y recuperar la parte
que ha sido convertida en praderas constituye uno de los elementos claves
para cumplirlos. [13] El gobierno de Duque ha venido realizando adecuaciones
institucionales en esta perspectiva y en línea de continuidad con la
tradición uribista diseñó zonas de accionar militar coordinadas en la
denominada “operación Artemisa” bajo la justificación de “frenar la
deforestación en el país, recuperar la selva húmeda tropical y judicializar
a quienes están detrás de la tala y quema de bosques”.



Igualmente ha abierto la oferta de negocios verdes en el Amazonas a grandes
inversionistas internacionales. En marzo de este año el propio presidente
sobrevoló con Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el parque de Chiribiquete para
mostrarle los avances en la lucha contra el cambio climático y los programas
ambientales que impulsa el Gobierno Nacional. El parque de Chiribiquete es
la zona protegida más grande del país y fue declarado por la Unesco como
patrimonio natural y cultural de la humanidad. (…) Además, posee 62 tipos de
ecosistemas que brindan beneficios relacionados con la regulación del clima,
provisión de agua, purificación del aire y almacenamiento de carbono…” [14]



Debe resaltarse la forma de integración de las comunidades étnicas y
campesinas en los territorios escogidos para ejecutar proyectos orientados
hacia la “economía verde”. La REDD+ (“Reducción de emisiones por
deforestación y degradación evitada) un programa definido dentro de los
acuerdos de la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático” es un ejemplo de ello. Se trata de un programa que “otorga
compensaciones a los países del Sur para mantener sus bosques en pie, por
parte de los países del Norte que tienen compromisos de reducción de
emisiones en el Protocolo de Kioto. REDD se transformó en REDD+ al agregarle
como funciones para mitigar el cambio climático la conservación, el manejo
sustentable del bosque y el incremento en los inventarios de carbono. Se
busca que estos certificados puedan entrar a los mercados secundarios y
puedan venderse y comprarse tantas veces como sea necesario, incluso en los
mercados especulativos. (…)



REDD+ es un instrumento para dinamizar y hacer crecer los mercados de
carbono. Estos mercados existen aún sin REDD+ y tienen como trasfondo la
privatización del aire, que es un bien común. Por más ciencia ficción que
parezca, a partir de contratos de compra-venta los países industrializados
están comprando a los países del Sur la capacidad de sus bosques de capturar
carbono. Es decir, están comprando y vendiendo aire. (…) Uno de los mayores
riesgos que entraña REDD+ es la ruptura de la gobernabilidad de los
territorios que participan en el Programa, pues implica la entrada de
actores ajenos a la vida de las comunidades forestales, como los
funcionarios de instituciones multilaterales, las organizaciones
internacionales de conservación, los inversionistas y empresas, y los
gestores o consultoras ambientales. Además, para cumplir con los compromisos
de captura de carbono y conocer y medir sus existencias, REDD+ involucra una
mayor presencia de los distintos niveles de gobierno...” [15]



La resistencia a estas políticas a escala internacional por parte del
movimiento campesino e indígena organizado y de asociaciones ambientales ha
sido continuo y expresado de diversas maneras. Previo a la cumbre y en las
propias calles de Glasgow, coordinaciones activas de las mismas se
pronunciaron en contra de instrumentos como los bonos de carbono y de la
“financiarización de la naturaleza”. Citamos los apartes relevantes de uno
de ellos:



- “Estas estrategias empresariales deliberadas, distraen la atención de la
necesidad urgente e innegable de eliminar las emisiones de combustibles
fósiles;



- Encubren la responsabilidad de las grandes empresas y las élites por sus
emisiones de carbono, así como la responsabilidad de los gobiernos de
regularlas; y:



- Profundizan la financiarización de la naturaleza, reduciendo a carbono
comercializable la increíble diversidad de los bosques, pastizales y
humedales de nuestro planeta y desencadenando una nueva y masiva apropiación
de recursos de los Pueblos Indígenas, campesinos y comunidades locales,
principalmente en el Sur global.



- Los bosques, las tierras, los ecosistemas son mucho más que el carbono
almacenado en ellos. Son ecosistemas vivos, que respiran, sitios culturales
y espirituales, fuentes de vida para millones de personas en todo el
planeta. (…)



- Pero la compensación de emisiones no reduce realmente las concentraciones
atmosféricas de dióxido de carbono (CO2). En el mejor de los casos no
conducen a un aumento neto de las concentraciones atmosféricas.



Sin embargo, y las emisiones a nivel mundial, y por lo tanto las
concentraciones de CO2, continúan aumentando a un ritmo letal…” [16]



Contrario a estas reivindicaciones anti-sistémicas en uno de los apartes del
programa de la campaña presidencial “Gustavo Petro Presidente” sobre el
Amazonas, puede leerse:



“Usaremos al máximo los bonos de carbono con la garantía de recuperación de
la selva amazónica hasta su frontera natural. Se crearán concesiones para
familias campesinas actualmente residentes en la Amazonía, quienes podrán
producir sosteniblemente con la condición de recuperar la selva en las área
de praderización Las comunidades rurales se vincularán a la rehabilitación,
conservación y manejo sostenible de los bosques mediante el pago de
servicios ambientales…”. [17]



* Daniel Libreros Caicedo, es docente de la Universidad Nacional de Colombia
– Sede Bogotá, y militante del Movimiento Ecosocialista. Artículo enviado
por el autor.



Notas:



[1] Este dato ha sido reconocido por la UNCTAD desde el 2013, “El 80% del
comercio tiene lugar en las "cadenas de valor" vinculadas a las empresas
transnacionales.
https://unctad.org/es/press-material/el-80-del-comercio-tiene-lugar-en-las-c
adenas-de-valor-vinculadas-las-empresas

[2]  “Petro, si nos aislamos nos tumban” , Revista Cambio en
https://cambiocolombia.com/articulo/poder/petro-si-nos-aislamos-nos-tumban

[3] El Banco de la República subió 150 puntos básicos las tasas de interés,
llegando hasta el 7,5 %. Este es el aumento más alto en la historia de la
entidad. Para esta decisión, el Banco tuvo en cuenta la alta tasa de
inflación anual que alcanzó niveles de 9,23 % en abril y 9,07 % en Mayo “
(subrayados nuestros) “Banco de la República incrementa tasa de interés a
7,5 %”,
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/tasas-de-interes-decision-banco-
de-la-republica-junio-2022-en-vivo-567654

[4]  “Gustavo Petro: Yo me comprometí ante el FMI a reducir el déficit
fiscal “, El Tiempo, 14 de Mayo,
https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/presidencia/elecciones-2022-gustavo
-petro-habla-n de-su-plan-si-gana-la-presidencia-672404
<https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/presidencia/elecciones-2022-gustav
o-petro-habla-n%20de-su-plan-si-gana-la-presidencia-672404>

[5]El Espectador, “Garantías políticas en elecciones permiten renovación de
crédito del FMI a Colombia”
https://www.elespectador.com/economia/garantias-politicas-en-elecciones-perm
iten-renovacion-de-credito-del-fmi-a-colombia/

[6] Daniel Munévar, “ Colombia : El FMI ha llegado para quedarse en
Colombia: austeridad post-Covid 19”, 20 de Dicimebre del 2020,
https://elcomejen.com/2020/10/21/el-fmi-ha-llegado-para-quedarse-en-colombia
-austeridad-post-covid-19 /

[7] Mauricio  Cárdenas, La  Cuadratura del círculo, “El Tiempo”, 6 de Agosto
del 2021,
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-cardenas-santamaria/la
-cuadratura-del-circulo-columna-de-mauricio-cardenas-608932

[8] El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un nuevo acuerdo de dos años a
favor de Colombia por USD 9.800 millones en el marco de la Línea de Crédito
Flexible, Comunicado de prensa 22/135,
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/29/pr22135-imf-executive-board-
approves-two-year-us-billion-flexible-credit-arrangement-for-colombia#:~:tex
t=Washington%2C%20DC%3A%20El%20Directorio%20Ejecutivo,que%2

[9] Declaraciones del director senior de Fitch Ratings, Richard Francis y de
Manuel Orozco Escudero, director y analista principal de Standard & Poor’s
Global Ratings, en La W-Radio, 21 de Junio,
https://www.wradio.com.co/2022/06/21/calificadoras-de-riesgo-analizan-el-pan
orama-economico-del-gobierno-de-gustavo-petro/

[10] Revista Cambio, “El Gasto social tiene que aumentar pero cumpliendo con
la regla fiscal”
https://cambiocolombia.com/articulo/economia/jose-ocampo-el-gasto-social-tie
ne-que-aumentar-pero-cumpliendo-la-regla-fiscal

[11]  “Los registros de la Dian señalan que el 51% de los ingresos brutos
declarados por las personas naturales se concentra en el decil más alto de
ingresos, el decil 10, y no solo eso, el ingreso del uno por ciento más rico
es 294 veces más grande que el ingreso de las personas de menores ingresos,
las del decil 1; y el ingreso del uno por mil más rico es mil trecientas
(1300) veces superior al del decil 1…” Libreros&Espitia; “Reforma
Tributaria”, que pasa con la deuda pública?”, periódico de la Universidad
Nacional, abril 21 del 2021,
https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/reforma-tributaria-que-pasa-con
-la-deuda-publica/

[12] El Ministerio de Ambiente  de Colombia utilizando criterios
convencionales  los define como “ el incentivo económico que reconocen los
interesados de los servicios ambientales a propietarios o poseedores  por
las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas
estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios (..) La EM
clasifica los servicios ecosistémicos en cuatro (4) categorías: servicios de
provisión, como alimentos, agua, madera y recursos genéticos; servicios de
regulación, como regulación climática, desastres naturales y purificación
hídrica; servicios de sostenimiento,
https://www.minambiente.gov.co/negocios-verdes/pagos-por-servicios-ambiental
es/

[13] Los países que comparten territorio amazónico han conformado  la
“Organización del Tratado de Cooperación Amazónica –OTCA-“ (Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) en el que han
realizado compromisos ambientales en esta misma perspectiva.

[14] “La República” “Fundador de Amazon puso su atención en Chiribiquete y
apoyará metas ambientales, viernes, 4 de marzo de 2022,
https://www.larepublica.co/empresas/fundador-de-amazon-puso-su-atencion-en-c
hiribiquete-y-apoyara-metas-ambientales-3315488

15]  “REDD+ y los territorios indígenas y campesinos “, Centro de Estudios
para el Campo Mexicano (CECCAM) , México, Agosto del 2012.

[16] “En Busca de Unicornios de Carbono”, Amigos de la Tierra Internacional,
La Vía Campesina, Indegenous Enviorement Network , Corporate Accountability,
Asian Peoples, Movement on Debt and Development, Third  World  Network,
Corporate Accountability, Asian People, Movement on Debt and Development, ,
Third World Network , CrassRoots Global Justice Alliance,Climate Justice
Alliance Justicia Ambiental.
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/02/Amigos-de-la-tierra-intern
acional-unicornios-de-carbono-espanol-1.pdf

[17] Programa-Territorios-Amazonía, “Pacto Histórico”,
https://gustavopetro.co/programa-de
gobierno/temas/propuestas-por-territorio/amazonia/
<https://gustavopetro.co/programa-de%20gobierno/temas/propuestas-por-territo
rio/amazonia/>

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