América Latina/ La nueva ola progresista: entre la moderación y una derecha intolerante. [Raúl Zibechi]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Jue Jul 14 14:30:43 UYT 2022


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Correspondencia de Prensa

14 de julio 2022

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América Latina



La nueva ola progresista: entre la moderación y una derecha intolerante



Desde 2018, en América Latina se han registrado seis triunfos de fuerzas de
izquierda, una auténtica segunda ola de gobiernos progresistas que lo tendrá
aún más difícil que la primera.



Raúl Zibechi

El Salto, 13-7-2022

https://www.elsaltodiario.com/



En algunas ocasiones, un resultado electoral enmascara el panorama político
en vez de clarificarlo ya que, desgajado del entorno y de la relación de
fuerzas existente, puede confundir a quienes lo observen desde la distancia.
Con el paso del tiempo, cuando las corrientes profundas de la sociedad hacen
su inexorable trabajo, las posibilidades de cambios se verán mermadas y
hasta anuladas.



En los análisis de las recientes victorias electorales progresistas, se
suele omitir que llegan a palacio sin mayorías parlamentarias, en sociedades
profundamente divididas, donde las derechas se han fortalecido al punto de
poder vetar los cambios. Sin olvidar dos hechos adicionales: que los
mercados globales juegan en contra de la más pequeña modificación de las
reglas del juego y que las fuerzas progresistas a menudo no tienen ni la
voluntad ni las propuestas adecuadas para modificar la realidad que heredan.



En muy poco tiempo en América Latina se han registrado seis triunfos de
fuerzas de izquierda y progresistas, desde 2018: Andrés Manuel López Obrador
en México, seguido por Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia,
Pedro Castillo en Perú y, sólo a lo largo de este año, Xiomara Castro en
Honduras, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia.



Aunque cada caso es diferente —la segunda edición de los progresismos
argentino y boliviano contrasta vivamente con la primera— existen campos de
fuerza que atraviesan a todos los procesos, que acotan las posibilidades de
transformaciones profundas y los alcances que puede tener esta segunda ola
progresista.



Para ajustar la comprensión de los procesos en curso, deberían contrastarse
con el clima y el contexto de los triunfos que se dieron entre 1999 y 2005
en Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Bolivia. En gran medida,
esos gobiernos fueron producto de ciclos de luchas populares intensos, que
desbarataron la gobernabilidad neoliberal focalizada en privatizaciones de
empresas estatales. En no pocos casos, hubo una relación directa entre la
pelea callejera y la llegada al gobierno. Algo que no sucede ahora, salvo en
el caso de Colombia.



La primera limitación es la crisis global y de la globalización, así como la
crisis civilizatoria en curso. El creciente enfrentamiento entre EE UU y la
UE con Rusia y China, configura un escenario complejo ante el cual los
gobiernos progresistas no parecen sentirse cómodos



Más allá de algunas situaciones excepcionales, como la errática presidencia
de Pedro Castillo, los nuevos gobiernos progresistas deberán convivir con un
nuevo escenario, que tiene algunas características comunes y constituye la
principal limitación de los nuevos gobiernos. Sin excluir las debilidades y
contradicciones internas, las opciones poco claras o definitivamente
sistémicas que están tomando, debemos detenernos en ellas antes de pasar a
las otras.



La crisis global



La primera limitación es la crisis global y de la globalización, así como la
crisis civilizatoria en curso. El creciente enfrentamiento entre Estados
Unidos y la Unión Europea con Rusia y China, configura un escenario complejo
ante el cual los gobiernos progresistas no parecen sentirse cómodos. La
presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dio marcha atrás en su promesa
electoral de establecer relaciones con la República Popular China para
mantenerlas con Taiwán.



En similar sintonía, López Obrador defiende la integración de América —no de
América Latina—, para destacar que es el modo de enfrentar el crecimiento de
China (Milenio, 9 de junio de 2022). A la vez, se mostró molesto con las
exclusiones de Venezuela, Cuba y Nicaragua por parte de Estados Unidos en la
Cumbre de las Américas.



Este tipo de equilibrios de presidentes de la nueva ola progresista son
moneda corriente. Boric critica frontalmente a Venezuela y Nicaragua.
Incluso Petro, que promueve el restablecimiento de relaciones con Caracas,
anunció que no le parece “prudente” que Nicolás Maduro asista a su
investidura el próximo 7 de agosto.



Imposible ocultar que existe una profunda división en los temas centrales
del escenario internacional —invasión de Ucrania, papel de China y Estados
Unidos—, pero sobre todo actitudes dubitativas y hasta temerosas de provocar
roces con Washington, cuestión que caracteriza al progresismo actual, preso
de contradicciones que en apariencia los paralizan.



Los gobiernos de la región necesitan comerciar con China, ya que suele ser
su principal socio comercial, pero siguen mirando a Estados Unidos como
referente con el cual, con la excepción de Venezuela, Nicaragua y Bolivia,
no quieren tener problemas. Por un lado, el bloqueo de Washington contra
Caracas —con sus tremendas secuelas económicas— puede estar funcionando como
un factor disciplinador para los progresismos. Por otro, los equipos de
gobiernos progresistas parecen encontrarse desorientados ante la gravedad de
la crisis global, a la que no han podido anticiparse ni encuentran el modo
de posicionarse como naciones.



En este punto habría que establecer una clara distinción entre Sudamérica,
que tiene una profunda relación comercial con China, y Centroamérica y
México que siguen escorados hacia Estados Unidos. El caso de México es el
más desconcertante: López Obrador formula críticas verbales, pero está
firmemente alineado con su vecino del norte, tanto en la represión a los
migrantes como en las relaciones con China.



Las nuevas derechas



El segundo problema que enfrenta la nueva ola progresista es el crecimiento
y la movilización de las nuevas derechas. Con la relativa excepción de
México, en el resto de los países está tallando una nueva derecha que no
tiene el menor empacho en mostrarse como racista y antifeminista, haciendo
gala de discursos peyorativos en relación a las mujeres, el aborto, el
matrimonio igualitario y las disidencias sexuales.



Durante mucho tiempo las izquierdas, los sindicatos y movimientos populares
tuvieron el monopolio de calles y plazas, pero desde la crisis de 2008 la
derecha comenzó a ocuparlas de forma casi permanente, como sucedió en
Brasil, y en particular en las coyunturas que les resultaron convenientes,
como en Argentina, Chile, Perú, y ahora Ecuador. Esta presencia no sólo pone
límites a las fuerzas progresistas y de izquierda, sino que a menudo las
desconcierta y desmoviliza.



Esta nueva derecha reacciona contra el destacado papel que están jugando las
mujeres, los colectivos LGTBQ, los pueblos originarios y negros, a las que
considera como amenazas al lugar de privilegio que ocupan las minorías
blancas de clase media urbana. Colombia y Brasil han sido los países donde
más éxito han tenido. En el primer caso, el impacto de esta derecha se
tradujo en el triunfo del No en el plebiscito que debía aprobar los acuerdos
de paz entre el gobierno y las FARC, en octubre de 2016. En el segundo, se
hizo visible en el masivo apoyo a Jair Bolsonaro, en una sociedad ofuscada y
desorientada que permitió que un personaje sin escrúpulos ascendiera a la
presidencia.



El segundo problema que enfrenta la nueva ola progresista es el crecimiento
y la movilización de las nuevas derechas. Con la relativa excepción de
México, en el resto de los países está tallando una nueva derecha que no
tiene el menor empacho en mostrarse como racista y antifeminista



Estas nuevas derechas han tejido una alianzas con las iglesias evangélicas,
con fuerte presencia en barrios populares, pero también con militares,
policías y grupos paramilitares que comparten su rechazo visceral a las
izquierdas y a la agenda de derechos. En este entramado de intereses no debe
descartarse el papel del narcotráfico, y de otros negocios ilegales, en la
configuración de fuerzas políticas con amplio apoyo social que desdeñan los
valores democráticos y odian a los diferentes.



La militarización de la sociedad



Una tercera limitación, que tampoco afectó a la primera ola progresista, es
la creciente militarización de nuestras sociedades. Se trata de un proceso
que se viene intensificando desde la crisis mundial de 2008, que atraviesa a
todos los países con modos y formas diferentes según sus historias y los
niveles de racismo y machismo presentes en cada uno de ellos. Siendo América
Latina el continente más desigual del mundo, la intervención de las fuerzas
armadas y policiales en el control de las poblaciones persigue congelar esa
situación.



Pese a la creación de la polémica Guardia Nacional, dirigida por las fuerzas
armadas, la violencia no ha disminuido en México donde se registran índices
similares a los que tuvieron los gobiernos anteriores. La militarización
creció de forma exponencial: el Programa de Seguridad Ciudadana de la
Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, destaca que durante el
sexenio de Vicente Fox hubo 35.000 militares desplegados en tareas de
seguridad pública en y que bajo López Obrador, en mayo de 2022, el número
llegó a 239.865 uniformados en las calles. Siete veces más. Peor aún, en sus
tres primeros años de gobierno han sido asesinadas 132.088 personas y 67.122
han desaparecido, crecimiento exponencial que permite a algunos analistas
asegurar que el sexenio de López Obrador será el más violento de la
historia.



El coordinador de dicho programa señala que “la militarización de la
seguridad jamás fue un proyecto de uno u otro gobierno, de una u otra
ideología, representando más bien una tendencia histórica de raíces
estructurales” (Animal Político, 13 de junio de 2022).



El otro gran país de la región, Brasil, presenta tendencias militaristas
similares, aunque uno y otro están gobernados por fuerzas que se dicen
ideológicamente opuestas.



Mientras López Obrador ha entregado las grandes obas de infraestructura
—como el Tren Maya y el Corredor Transístmico— a los militares, Bolsonaro
incluyó a 6.157 uniformados en activo o en la reserva en cargos civiles, lo
que representa un aumento del 108% respecto a 2016, último año del Gobierno
del Partido de los Trabajadores (PT).



En Chile, Boric hizo campaña electoral prometiendo la desmilitarización de
Wall Mapu, pero semanas después de asumir la presidencia volvió a decretar
el estado de excepción en la región, enviando incluso más uniformados y
blindados que su antecesor, el neoliberal Sebastián Piñera



El Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (ANDES) publicó un
dossier sobre la militarización del Gobierno de Bolsonaro, en marzo pasado.
Asegura que se han creado 216 escuelas primarias cívico-militares, en la que
se implementa el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los
patrones de enseñanza de los colegios del Ejército, policías militares y
cuerpos de bomberos militares. También están nombrando miembros de las
fuerzas armadas en servicios básicos como la salud, para evitar que sean
ocupados por fuerzas opositoras.



En Chile, Boric hizo campaña electoral prometiendo la desmilitarización de
Wall Mapu, pero semanas después de asumir la presidencia volvió a decretar
el estado de excepción en la región, enviando incluso más uniformados y
blindados que su antecesor, el neoliberal Sebastián Piñera. Tiene escasa
utilidad criticar al gobierno o a los grupos mapuche, porque la
militarización del territorio mapuche es un asunto estructural, que
atraviesa gobiernos de todos los colores, así como dictadura o democracia.



Un aspecto central de la militarización es el despliegue de grupos ilegales
integrados por exmilitares y policías, dedicados al control de la población
y a hacer negocios con sus necesidades básicas como el transporte, el acceso
al gas y la internet.



La ciudad de Medellín ha sido completamente copada por grupos armados con
apoyo del Estado que controlan los barrios populares. En esta ciudad se
puede constatar “una suerte de reordenamiento criminal del territorio
urbano, un reordenamiento impuesto a la fuerza, sobre engaños, dilaciones,
mentiras y con la fuerza del Estado” (Rebelión, 22 de junio de 2022).



Estos casos no son excepcionales sino estructurales, porque los Estados
latinoamericanos ya no son capaces de gobernar todo el territorio. En Rio de
Janeiro, las milicias armadas —herederas de los escuadrones de la muerte
nacidos en dictadura— controlan no sólo una parte de las favelas, sino
también los conjuntos de edificios del programa estatal Mi Casa Mi Vida
creado durante los gobiernos del PT.



El Grupo de Estudios de Nuevos Ilegalismos, de la Universidad Federal
Fluminense, estima que el 57% del territorio de la segunda ciudad brasileña
está siendo controlado por las milicias, lo que supone que más de seis
millones de personas están a merced de los paramilitares. Por eso el
sociólogo José Claudio Alves, que estudia las milicias desde hace 30 años,
asegura que no son un Estado paralelo, sino el Estado mismo.



En su conjunto, estamos ante una crisis de gobernabilidad democrática en
América Latina, que se hizo muy evidente desde las grandes manifestaciones
de junio de 2013 en Brasil y de la decena larga de levantamientos, revueltas
y protestas que atravesaron la región. Una ingobernabilidad que abarca
gobiernos de derecha y de izquierda y que dificulta el despegue de procesos
de cambios estructurales. El problema desde el lado de los progresismos, es
que buscan resolverla falta de gobernabilidad virando hacia el centro o la
derecha, lo que termina estrechando la posibilidad de cambios.



Obstáculos enquistados



Parece evidente que los tres obstáculos principales que enfrentan los
progresismos llegaron para quedarse, que no son fruto de una coyuntura sino
de largos procesos incubados en las dictaduras de los 70 y 80, pero
revitalizados en democracia bajo el modelo extractivista o acumulación por
despojo. Petro prometió “desarticular de forma pacífica el narcotráfico”,
algo justo y necesario, pero imposible de concretar. No dice cómo piensa
hacerlo porque intuye que es un camino estéril: no se puede negociar con
fuerzas que rechazan cualquier tipo de acuerdos.



En la misma dirección, aunque Lula gane las elecciones de octubre, el
bolsonarismo seguirá vivo y constituirá un obstáculo mayor para su gobierno.
Como recuerda el sociólogo Rudá Ricci, hay 25 millones de brasileños “con
valores de extrema derecha, fanáticos y que estarán con Bolsonaro en la
oposición”. Por lo tanto, habrá caos político y para evitarlo, Lula deberá
hacer alianzas con el gran empresariado y la derecha (IHU Unisinos, 8 de
julio de 2022).



Como se desprende de este relato, el panorama no es nada alentador, ni para
los progresismos ni para los movimientos sociales. Para superar el estado de
cosas heredado y no solamente para gestionarlo, los gobiernos de signo
progresista deberían construir fuerzas sociales organizadas y contundentes,
capaces de neutralizar a las nuevas derechas que los desestabilizan y
bloquean los cambios.



La historia reciente dice que los gobiernos progresistas dilapidaron el
entusiasmo popular que tuvieron al comienzo del ciclo, hace ya 20 años. El
apoyo que están recibiendo ahora se debe más al rechazo a las ultraderechas

Sin embargo, la historia reciente dice que los gobiernos progresistas
dilapidaron el entusiasmo popular que tuvieron al comienzo del ciclo, hace
ya 20 años. El apoyo que están recibiendo ahora se debe más al rechazo a las
ultraderechas, que a un respaldo a sus propuestas y formas de actuación.
Podemos decir con Massimo Modonesi que los progresismos se asimilaron al
orden existente y rompieron con sus raíces izquierdistas. “De esta manera,
se definen en antítesis a las derechas más por una postura defensiva y
conservadora que por aspectos propositivos y transformadores”, sostiene el
filósofo ítalo-mexicano (Jacobin, 4 de julio de 2022).



La conversión de los progresismos en conservadurismos está arrastrando a
buena parte de los movimientos sociales, en particular los más visibles e
institucionalizados. Lo más grave, empero, es que tendrá consecuencias
nefastas en el espíritu colectivo emancipatorio en el largo plazo, aislando
a los sectores más consecuentes y más firmes que, en América Latina, son a
su vez los más castigados por el modelo extractivista, como los pueblos
originarios y negros, los campesinos y los pobres de la ciudad y del campo.

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