Chile/ La hora de la verdad de la nueva Constitución. [Colectivo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de julio 2022

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Chile



La hora de la verdad de la nueva Constitución chilena



La Convención Constitucional presentó el texto de la nueva Carta Magna. El
próximo 4 de septiembre el texto deberá ser aprobado o rechazado en el
plebiscito «de salida». A pesar de que una abrumadora mayoría apoyó la
necesidad de una Convención Constitucional, los resultados de la consulta
son inciertos.



Arlette Gay/Christian Sánchez/Cäcilie Schildberg *

Nueva Sociedad, julio 2022

https://nuso.org/



Tanto la aprobación como el rechazo necesitan un campo progresista que pueda
darle viabilidad política a la profundización democrática. Si bien el
presente es auspicioso en relación a los años anteriores, ya que la
izquierda tradicional ha podido integrarse al gobierno liderado por la nueva
izquierda del Frente Amplio, está claro que no hay todavía una cultura y un
horizonte común. ¿Podrán lograrlo? Como siempre en política, la construcción
de respuestas es la manera de ir encontrando una solución.



Lo que comenzó hace un año como un nuevo inicio, con una salida
institucional a la crisis social y política de Chile, se parece ahora solo a
un remezón. Casi se podría pensar que los chilenos se han asustado de pronto
de su propio valor. El próximo 4 de septiembre, la suerte de la nueva Carta
Magna se jugará en un nuevo plebiscito, esta vez con resultado incierto.
Pero empecemos desde un poco más atrás.



En octubre de 2019, Chile vivió un estallido social. La ciudadanía salió a
las calles a protestar en contra de la elite política y económica,
expresando su rabia frente a la desigualdad social existente en uno de los
países más ricos de América Latina. Durante meses, el estrecho país andino
estuvo paralizado y la ira de sus ciudadanos, probablemente reprimida
durante años, se desató en las calles de las más diversas ciudades del país.
Una de las reivindicaciones centrales articulada durante las protestas fue
la de la necesidad de una nueva Constitución que sustituyera, de una vez por
todas, a la Carta magna neoliberal heredada de la dictadura de Augusto
Pinochet. El gobierno conservador de Sebastián Piñera acabó cediendo a la
presión de la ciudadanía y despejó el camino para un acuerdo amplio en el
Parlamento. Esto habilitó el desarrollo de un nuevo proceso constitucional.



El 25 de octubre de 2020, 78% de los votantes decidió en un referéndum que
se iniciara el proceso de redacción de una nueva Constitución. Además,
votaron por que el mecanismo para escribirla fuera el de una Convención
Constitucional electa democráticamente, echando por tierra las pretensiones
de la élite política de tener la redacción en sus manos.



En mayo de 2021 se celebraron las elecciones de convencionales
constituyentes, donde fueron derrotados los partidos políticos
tradicionales, especialmente los de derecha, que no alcanzaron el tercio al
que aspiraban para poder bloquear los cambios más importantes al actual
modelo. Las candidaturas cercanas ideológicamente a la izquierda, pero las
candidaturas independientes de cualquier militancia partidaria, consiguieron
alrededor de 60% de las bancas. La mayoría de ellos, provenientes de
movimientos sociales con agendas específicas y acotadas. La Convención tuvo,
también, una inédita composición paritaria entre mujeres y hombres, y 17 de
los 155 escaños fueron reservados para representantes de los pueblos
indígenas.



Finalmente, el 4 de julio pasado, los miembros de la Convención
Constitucional entregaron al nuevo presidente progresista, Gabriel Boric, el
proyecto de una nueva Constitución para Chile en una ceremonia republicana,
sobria y solemne. Inmediatamente, la Convención, con su papel ya cumplido,
un año de mucho trabajo y no pocas polémicas, se disolvió. Fueron sus
discordias, pero también una dura campaña de la derecha que teme por sus
privilegios, las que hacen que la aprobación del nuevo texto constitucional,
que se someterá a un nuevo plebiscito el 4 de septiembre próximo, esté al
día de hoy en duda. Los 14 millones de electores chilenos tendrán que
decidir entre el «apruebo» o el «rechazo», y actualmente las encuestas
muestran una tendencia hacia el crecimiento del «rechazo», aunque el grupo
de los indecisos sigue siendo muy elevado.



Lo cierto es que el proceso y los mismos convencionales constituyentes han
generado desconfianza. Algunos de ellos por ejemplo llegaron a levantar
reivindicaciones muy radicales o maximalistas, como la abolición de las
instituciones estatales vigentes. El hecho de que estas propuestas no hayan
alcanzado la mayoría en las votaciones del pleno y, por tanto, no se hayan
incluido en el texto de la propuesta constitucional, parece solo una nota al
pie: el malestar, las confusiones y las tergiversaciones ya se habían
instalado en la opinión pública. Además, se ha desplegado una campaña muy
masiva y con muchos recursos por parte de la derecha, que agita el miedo al
declive social y económico apelando a la ya desgastada pero efectiva imagen
de «Chilezuela», en referencia a una improbable -por no decir imposible-
bolivarianización de Chile.



Hasta el 4 de septiembre habrá que ver si el «apruebo», ya sin la Convención
en funciones, logra convencer a la mayoría de los votantes en un plebiscito
que, a diferencia del resto de las elecciones, será con voto obligatorio. El
despliegue de la campaña, que comienza oficialmente el 4 de agosto, será
clave. El texto en sí no confirma ninguno de los temores invocados y no es
revolucionario en absoluto, pero contiene muchas innovaciones y también
algunas características únicas que permitirían avanzar hacia una mayor
justicia social y sostenibilidad ambiental. En definitiva, la nueva
Constitución responde a lo que gran parte ciudadanía ha estado demandando
durante décadas a través de un sinfín de movilizaciones sectoriales
(estudiantes secundarios y universitarios, ambientalistas, pensionados,
sindicatos, feministas, asociaciones de consumidores, pueblos indígenas,
etc.). Veamos, entonces, qué trae esta propuesta de nueva Constitución para
Chile.



Democracia paritaria



Sin lugar a dudas, la gran innovación política del proceso constituyente
chileno es la inclusión de la paridad. Luego de conseguido el acuerdo que
habilitó la convocatoria a la Convención Constitucional, surgieron críticas
sobre aquellas cuestiones que no había incluido y que, en el contexto del
estallido social que vivía el país, parecían ineludibles: la participación
de independientes en igualdad de condiciones con los militantes de los
vilipendiados partidos políticos, la composición paritaria entre mujeres y
varones, y un cupo reservado a representantes de los pueblos indígenas. El
Congreso se puso a trabajar en ello y rápidamente consiguió el acuerdo para
la participación de independientes. El acuerdo para la paridad costó algunos
meses más, pero finalmente tuvo un apoyo transversal y generó el primer
órgano con resultado paritario en Chile, constituyendo un avance importante
respecto a la norma anterior para las elecciones parlamentarias, que solo
contemplaba una cuota en las candidaturas. El acuerdo de escaños reservados
demoró más, consiguiéndose un año después, al filo del plazo para que
pudiera hacerse efectivo en la elección de convencionales. Una vez instalada
la Convención Constitucional, la «paridad de resultado» comenzó a demostrar
en su aplicación práctica los cambios que iba a significar.



Desde los aspectos más formales, la presidencia de la Convención la tuvo
siempre una mujer –acompañada de un hombre como vicepresidente– y la
coordinación de las comisiones de trabajo siempre fueron encabezadas por
parejas mixtas o de dos mujeres, ampliando así la comprensión de la paridad
ya no como un techo, sino como un piso. Esta noción atravesó incluso a la
política institucional, algo que se demostró en enero de 2022, cuando
Gabriel Boric designó un gabinete ministerial en el que las mujeres son
mayoría (14 de 24).



Desde los contenidos, también se puede observar que la paridad hizo lo suyo.
El esperado cambio en los temas que se tratarían en la Convención, se ve
reflejado, por ejemplo, en la inclusión del derecho a los cuidados, el
derecho a una vida libre de violencia de género y la incorporación del
enfoque de género en la justicia y en la política fiscal y tributaria. Pero
el resultado más resonante es la instauración de lo que se ha denominado
«democracia paritaria», que establece las condiciones para conseguir una
igualdad sustantiva de género. Esto se traduce en el principio de la paridad
para cargos de representación popular en los niveles nacional, regional y
municipal, que también se aplicará para los órganos autónomos y las empresas
públicas, y que se promoverá para los cargos unipersonales y en el ámbito
privado.



Plurinacionalidad y ambiente



Sumándose a la tradición del constitucionalismo latinoamericano de las
últimas décadas, la propuesta de nueva Constitución chilena incluye la
definición de plurinacionalidad, haciéndose cargo de la deuda histórica de
reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan el país. El uso de la
bandera mapuche durante las manifestaciones del estallido social y la
presencia de pancartas que hacían alusión a la represión que se estaba
viviendo –como un espejo de lo que ese pueblo ha vivido por décadas–, fueron
los últimos detonantes que hicieron necesaria la presencia indígena en la
Convención. Y una consecuencia esperada de contar con esos 17 escaños
reservados para los diez pueblos indígenas reconocidos por Chile fue la
inclusión del concepto de plurinacionalidad en el texto constitucional.



Sin embargo, esta decisión ha sido tremendamente controvertida y resistida
por no pocos sectores de la sociedad que manifiestan que se les estarían
otorgando «privilegios» a un grupo minoritario (12,9% de la población se
autoidentificó como indígena en el censo de 2017) por sobre el resto de la
ciudadanía, en un país donde además su presencia es menor que en otros de la
región. Resulta curioso observar que la mayor resistencia proviene
justamente de grupos de la elite social, política y económica.



Cabe destacar que la primera presidenta de la Convención fue una mujer
mapuche, Elisa Loncon, lo que constituyó un hito simbólico de gran
trascendencia en el país, siendo la primera vez que un indígena, hombre o
mujer, encabezaba uno de los máximos órganos institucionales y de
representación política del país.



Otro aspecto interesante en el que Chile se suma a una nueva corriente
constitucional es la inclusión de la temática ambiental. De nuevo, los
antecedentes del estallido y la elección de convencionales ayudan a
comprender su presencia en la nueva Constitución. La privatización de los
derechos de agua y su priorización para el uso industrial por sobre el uso
de las personas, han desatado importantes olas de protestas en distintas
localidades en las últimas décadas. La existencia de las llamadas «zonas de
sacrificio ambiental» generaron también potentes movimientos sociales que
denunciaron por años no solo el deterioro ambiental, sino también su impacto
en las personas que viven en esos lugares.



De muchas de estas organizaciones surgieron liderazgos locales
independientes que resultaron electos para la Convención, que se articularon
en la comisión que trabajó estos temas, siendo una de las más controvertidas
por la radicalidad de sus propuestas. Sin embargo, los artículos finalmente
aprobados por el pleno de la Convención recogen lo esencial de estas
materias, reconociendo la crisis climática y ecológica, así como la
necesidad de que nos hagamos cargo de ella. Contiene un catálogo de derechos
humanos ambientales, consagra los derechos de la naturaleza y el deber
especial de custodia del Estado sobre los bienes comunes naturales –como la
protección de glaciares y humedales–, garantiza a todas las personas el
derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable y accesible,
declarando al agua como un bien inapropiable en todos sus estados.



Derechos sociales y distribución del poder



Para muchas personas no resulta evidente que la respuesta institucional a la
crisis de 2019 haya sido la habilitación de un proceso para cambiar la
Constitución que, al menos en los primeros días del estallido, no apareció
como una demanda nítida. Sin embargo, después de un mes de intensas
movilizaciones e inestabilidad general, toda la clase política comprendía
bien que ese era el único camino que podía abrir la puerta para poder
realizar los cambios concretos que se esperaban desde hacía demasiado
tiempo.



La Constitución todavía vigente tiene un marcado sesgo ideológico neoliberal
que dejó muy poco espacio para hacer reformas en aspectos clave. Uno
esencial fue el de los derechos sociales, escasamente consagrados en su
texto y en cuya provisión se considera siempre a los prestadores privados,
en lo que se conoce como una «mercantilización» de los derechos sociales y
cuyo énfasis está en la «libertad de elegir» pero sin considerar que la
elección está restringida al tamaño de la billetera de cada quien. El nuevo
texto constitucional se hace cargo de esto desde el inicio, definiendo en su
primer artículo que «Chile es un Estado social y democrático de derecho» y
desarrollando un nutrido catálogo de derechos que incluye desde los clásicos
salud, educación, seguridad social y vivienda (este último, del todo ausente
en la Constitución de 1980) hasta otros de nueva generación, como los ya
mencionados derechos ambientales al agua y a vivir en entornos seguros.
Además, se suman algunos derechos específicos para grupos de especial
protección como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con
discapacidad. Por supuesto, el derecho a la propiedad quedó también
debidamente resguardado, pero menos detallado que en la Constitución aún
vigente, en la que constituía una anomalía por su extensión.



Otro problema largamente debatido en Chile, en el que los avances han sido
muy lentos, es el del centralismo y la concentración de poder.
Históricamente, la toma de decisiones ha estado en la capital, Santiago, y
los gestos simbólicos, como el traslado del Congreso al cercano Valparaíso,
no han generado cambios importantes. Quizás la creación durante el segundo
gobierno de Michelle  Bachelet del nuevo cargo de elección popular de
gobernador regional haya sido el paso más decidido que se ha dado, pero sus
efectos recién se empiezan a sentir luego de transcurrido cerca de un año
desde la primera elección para esos cargos.



La propuesta constitucional transforma de manera mucho más decidida la
situación actual, manteniendo el carácter unitario e indivisible del estado
chileno. Se crea nueva institucionalidad y se traspasan competencias de
manera clara a las regiones, incluido el nivel comunal. Se crea lo que se ha
llamado un «Estado regional», que consiste en autonomías regionales y
comunales. A la figura del gobernador que encabezará el gobierno regional se
suman las Asambleas Regionales, que en conjunto tomarán decisiones de
política pública, inversión y políticas de desarrollo. Estos cambios
constituyen el mayor avance en descentralización y distribución del poder
político y responden a una demanda cada vez creciente de las regiones de
poder tomar sus propias decisiones, con la perspectiva que les da el
conocimiento directo y cotidiano de su propia realidad.



En términos de distribución del poder, también se destaca la inclusión de
diversos mecanismos de participación que conectan con una demanda creciente
en la sociedad chilena, especialmente proveniente de diferentes movimientos
sociales y que se manifestó también durante las movilizaciones del 2019 en
los cabildos que se organizaron espontáneamente por todo el país. La nueva
Constitución sumaría a Chile en la lista de países que cuentan con
mecanismos de participación directa, como la iniciativa popular de norma
para revocar una ley o para reformar la Constitución, y mecanismos de
plebiscitos, referendos y consultas a escala regional y municipal.



El proyecto constitucional también enmienda el bloqueo a los cambios que
tiene la Constitución de 1980, reduciendo el quórum general de reformas del
actual de dos tercios a cuatro séptimos. Para algunas materias específicas
consideradas como esenciales, se incluye la necesidad de realizar un
plebiscito, siempre que no se alcance un quórum de dos tercios en su
tramitación en el Parlamento. Así, devuelve a la propia ciudadanía la llave
de los cambios futuros, lo que remarca el sello profundamente democrático
que ha caracterizado a este proceso constituyente. La propuesta contiene
también un procedimiento para elaborar un nuevo texto constitucional
(ausente en la versión original del texto aún vigente), que replica los
principios democráticos, participativos, paritarios e inclusivos del proceso
en curso.



Una demanda transversal de la sociedad chilena es el fin de los abusos en el
más amplio sentido. El estudio «Desiguales», publicado en 2017 por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, destacaba la desigualdad de
trato percibido por gran parte de la población chilena. Esa sensación se
manifiesta, por ejemplo, en las bajas sanciones que recibieron algunos
importantes empresarios y dirigentes políticos vinculados a los casos de
financiamiento ilegal de la política frente al peso de la ley que recae con
toda su fuerza sobre personas comunes que cometieron delitos menores. Esa
sensación también se hace visible en el trato que reciben los usuarios del
sistema público de salud frente al que reciben quienes pueden acceder al
sistema privado. Igualmente, los escándalos de colusión de empresas de un
mismo rubro para elevar artificialmente los precios de sus productos, el
cobro abusivo de intereses por parte de algunas casas comerciales, el cobro
de las denominadas «comisiones fantasmas» por parte de las AFP y un sinfín
de casos que han sido denunciados en las últimas décadas, constituyen el
telón de fondo de este creciente malestar por los abusos de poder que se
expresó de manera clara en las calles en octubre de 2019.



La propuesta constitucional recoge el guante de este malestar, instruyendo
que sean sancionadas todas las conductas contrarias al interés social, como
la colusión y los abusos que afecten el funcionamiento eficiente, justo y
leal del mercado. Y extiende al Estado el deber de promover la integridad y
erradicar la corrupción, con medidas para prevenir, investigar, perseguir y
sancionar estos delitos. Estipula también la transparencia como principio
constitucional, y se amplía la definición de información pública.



Un punto débil: sistema político



Lo que ha generado más dudas respecto al resultado de la Convención es el
diseño del nuevo sistema político. En el desarrollo del trabajo de la
comisión que tuvo a cargo su redacción se mostraron las profundas
divergencias que había entre las propuestas de los distintos colectivos,
incluidos los convencionales de los partidos políticos que, por eso mismo,
no lograron sostener en conjunto algunas premisas básicas que apoyaran el
fortalecimiento del debilitado sistema político chileno.



Quizás lo más significativo es que el proyecto de nueva Constitución no
incluye el concepto de «partidos políticos», reemplazado por el de
«organizaciones políticas», sin duda, una de las concesiones más evidentes
que se tuvieron que hacer frente a la masiva presencia de convencionales
independientes. Aún está por verse si esto se traducirá en algo concreto en
la nueva ley electoral que tendría que dictarse, lo que no parece muy
plausible, al menos con la composición del actual Congreso. Por ejemplo, el
hecho de que no se acordaran umbrales mínimos de entrada para la asignación
de curules en el Parlamento por un lado permite la representación de grupos
minoritarios pero por el otro puede fragmentar aún más el sistema político.



El Congreso bicameral existente se reemplaza por uno asimétrico, que
potencia al Congreso de Diputados y Diputadas y reemplaza al actual Senado
por una Cámara de las Regiones con atribuciones más acotadas. Este
importante cambio ha sido fuertemente rechazado por los partidos políticos
tradicionales, ya que tienen su mayor representación en el Senado. Al
Congreso de Diputadas y Diputados se le otorgan facultades para proponer
reformas que incluyan gasto público, pero que necesitarán del patrocinio de
la Presidencia, lo que podría ser foco de fuertes tensiones entre ambos
poderes.



Respecto del Poder Ejecutivo, a pesar de toda la discusión previa respecto
de la necesidad de transitar a un sistema semipresidencial, se mantuvo el
presidencialismo con pocos cambios, básicamente referidos a un mayor reparto
de poderes para las iniciativas de ley y el control de las urgencias de
discusión parlamentaria. La mezcla de Congreso bicameral asimétrico con
presidencialismo no tiene precedentes en el orden internacional. Será
interesante observar cómo cuaja.



En suma, el nuevo diseño crea fuentes de problemas potenciales y no se hace
cargo de los que ya arrastra el sistema actual, altamente fragmentado, con
un multipartidismo en expansión y con muy pocos y débiles incentivos a la
cooperación. Todo esto ha llevado, en la práctica, al bloqueo de los últimos
gobiernos, impedidos de llevar adelante sus programas, lo que sin dudas ha
sido una de las fuentes de frustración ciudadana con una política que,
finalmente, no logra resolver sus problemas.



Resultado del proceso y significados para el progresismo



El camino constituyente del Chile post-estallido social de 2019 tiene su
cierre electoral con el plebiscito del próximo 4 de septiembre. En Chile
esta es la primera vez que una crisis social y política conduce a un cambio
constitucional como una salida democrática y no a través de la fuerza. En
este sentido, la señal de que para los problemas de la democracia la
solución es profundizar la democracia puede ser clave para el futuro, en un
mundo en el que la democracia es crecientemente desafiada.



Establecer la posibilidad de pensar en una democracia con carácter paritario
como una realidad alcanzable es también un aspecto que puede ofrecer un
camino de transformación social hacia el futuro. Gran parte del mundo
occidental se ha visto atravesado por la irrupción de un movimiento
feminista, que cada vez cuestiona con mayor éxito los elementos patriarcales
que definen la sociedad. Avanzar en el desarrollo de un sistema político y
social que se define a sí mismo como paritario y que establece igualdad para
todos sus niveles políticos y administrativos puede ofrecer una
transformación hacia el futuro de alcances insospechados. De concretarse el
éxito de esta Constitución, también tendremos un ordenamiento construido
desde la revalorización de un Estado que cuida a sus ciudadanos a través de
derechos sociales, aspecto que, si bien es común en Cartas Magnas de Europa
y América, constituye una novedad absoluta para la experiencia histórica
chilena. Implementar la Constitución, en caso de victoria del «apruebo»,
será una tarea de largo alcance para la sociedad chilena, que deberá
reestructurar una parte importante de la institucionalidad política y
administrativa, creando nuevos cuerpos legales que articulen sus principios
y diseñando un nuevo modelo de desarrollo que permita financiar una
transición de esta magnitud.



Otro escenario muy distinto se abre en caso de que se rechace la propuesta
constitucional. Esto representaría una verdadera derrota histórica para el
conjunto de las fuerzas sociales y políticas progresistas y dejaría al nuevo
gobierno en una situación de gran debilidad. De ocurrir esto, la
institucionalidad chilena estaría en la paradoja de haber desechado por más
de un 78% su antigua Constitución creada en la dictadura cívico-militar y,
luego, haber rechazado la propuesta constitucional de la instancia más
democrática y diversa de su historia republicana. Todo esto en medio de la
crisis económica global y los efectos de la pandemia.



El estallido de 2019, que cristalizó una larga crisis incubada por décadas,
se estaría quedando, en ese caso, sin la solución construida de manera
democrática y nos llevaría al punto de inicio, pero ahora sin un camino
claro para recorrer. La derecha, la elite económica y los grupos más
conservadores de la sociedad están llamando a «rechazar para reformar»,
asegurando que ahora sí estarían dispuestos a hacer los cambios que el país
demanda. Hablan de una «tercera vía», pero cuyas opciones –entregar al nuevo
Congreso la redacción de una nueva Constitución, convocar a un grupo de
expertos o elegir a una nueva Convención Constitucional sin las
«distorsiones electorales» de la primera (constituyentes independientes,
escaños reservados indígenas y paridad)–, claramente no concitan la adhesión
mayoritaria de la ciudadanía. Es decir, nos llevaría a un camino sin salida.



Tanto la aprobación como el rechazo necesitan un campo progresista que pueda
darle viabilidad política a la profundización democrática. Si bien el
presente es auspicioso en relación a los años anteriores, ya que la
izquierda tradicional ha podido integrarse al gobierno liderado por la nueva
izquierda del Frente Amplio, está claro que no hay todavía una cultura y un
horizonte común. ¿Podrán lograrlo? Como siempre en política, la construcción
de respuestas es la manera de ir encontrando una solución.



* Arlette Gay, directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en
Chile. Christian Sánchez, director de proyectos de la Fundación Friedrich
Ebert en Chile. Cäcilie Schildberg, doctora en Ciencia Política por la
Universidad de Dortmund. Es directora de la oficina de la Fundación
Friedrich Ebert en Chile.

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