Argentina/ Con el agua al cuello: se acelera la crisis. [Pablo Anino]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

24 de julio 2022

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Argentina



Con el agua al cuello: se acelera la crisis



La corrida contra el peso se acelera, mientras la carta de la reunión con
Biden queda en la nada. Pero la ministra Silvina Batakis igual peregrina a
Washington.



Pablo Anino

Ideas de Izquierda, 24-7-2022

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Existen momentos de la política en los cuales no se puede evitar afirmar lo
que todo el mundo sabe que no es cierto. Es que, por el contrario, reconocer
la verdad, implica reconocer una debilidad. Uno de esos momentos atraviesa
el presidente, Alberto Fernández. “Sepan los que me quieren torcer el brazo,
que no me lo van a torcer”, lanzó este viernes 22/7 desde el Museo del
Bicentenario.



A pocos metros de allí, en la city porteña, los especuladores financieros
seguían jugando a la devaluación del peso argentino. Las cotizaciones del
dólar paralelo continuaban en niveles de pánico. El Banco Central cerraba la
semana con una pérdida neta de U$S 300 millones. Esta cifra se suma al
saqueo que sufrieron en los últimos meses las reservas de la entidad
monetaria por parte del gran capital. Fernández no lo puede reconocer, pero
el brazo se lo torcieron hace rato. En este momento, en todo caso, solo
puede buscar hacer control de daños. Evitar que el caos económico siga en
expansión, tal vez, puede ser su mayor legado.



“Les pido que recuerden que a ninguno de los problemas escapé. Superé la
deuda (con los acreedores privados), tuve que discutir con el FMI y superar
los problemas que el Fondo Monetario generó, todo eso en medio de una
pandemia que nadie sabía cómo sobrellevar”, afirmó el presidente. De este
modo, intentó dar cuenta de su carácter, de su firmeza, cuando el tema de
conversación pública es su fragilidad.



Eligió el ángulo equivocado. Justamente, en la negociación con los lobos de
Wall Street (es decir, con los acreedores privados) su gobierno no solo
convalidó una deuda fraudulenta que heredó de Mauricio Macri, sino que
también cedió a la presión de los fondos de inversión imperialistas, entre
ellos BlackRock, que obligaron a que a cada “última oferta” del exministro
de Economía, Martín Guzmán, le siguiera otra “última oferta”, hasta que los
buitres consiguieron imponer sus términos.



Otro tanto ocurre con el Fondo. En marzo, cuando cerró la negociación con el
FMI, Guzmán, se abrazó a una hipótesis: creyó que con el programa aprobado
por Washington lograría la "épica” de tranquilizar la economía de la que
habló en su carta de renuncia. La ilusión duró un suspiro. Bajo el mismo
catecismo, su reemplazante, Silvina Batakis, confió en que al reafirmar los
términos del acuerdo fondomonetarista lograría tranquilizar a los
“mercados”. En el momento de su asunción el foco de incendio se encontraba
en la corrida contra la deuda pública en pesos emitida por Economía. Ese
foco sigue ardiendo, pero ahora la emergencia se trasladó al terreno de la
corrida cambiaria.



En esta historia el kirchnerismo cumplió un papel clave. Mientras en 2018
“rechazaba” verbalmente el acuerdo con el FMI, lo dejaba pasar con total
pasividad de los sindicatos y movimientos sociales que dirigía, concentrados
bajo el lema “hay 2019” en el recambio electoral. Luego Cristina Fernández
de Kirchner designó por dedazo a Alberto Fernández lanzando una especie de
“épica” de los tiempos duros por venir y las decisiones difíciles, es decir,
planteando que no quedaba otra que pagar.



Alberto Fernández y su ministro Guzmán arrancaron a pura “emergencia
económica”, haciendo votar en el congreso (con aval kirchnerista) leyes que
permitieron ajustar a la baja las jubilaciones para ordenar las cuentas
fiscales y renegociar la deuda, primero con los bonistas y luego con el
Fondo. Ante el nuevo acuerdo con el FMI de 2022 todo el oficialismo acompaño
hasta último momento, y una vez que estaba garantizada su aprobación, y
cuidándose de no entorpecerla, Máximo Kirchner dio un paso al costado para
evitar quedar pegado. Pero como planteamos hace años desde el Frente de
Izquierda, de la mano del acuerdo con el Fondo venía la profundización del
saqueo, y esto es lo que sucede hoy.



El dólar a la estratosfera



El 11 de julio, en su primera conferencia de prensa, la ministra Batakis
afirmó que “el tipo de cambio multilateral está en una situación de
equilibrio”. De esta forma, intentó poner un dique de contención a las
presiones por una devaluación del peso argentino. Pero a diez días de
aquella conferencia, las decisiones que tomó el gobierno implican, en los
hechos, una devaluación de algunos segmentos del mercado cambiario.



Es lo que ocurre con la decisión anunciada el 13 de julio de aumentar del 35
% al 45 % la retención a cuenta de los impuestos a los bienes personales y a
las ganancias para los consumos en dólares que realizan con tarjetas los
turistas argentinos que visitan otros países. A esto, siguió otra medida
decidida esta semana: a los visitantes extranjeros que visitan a nuestro
país se les reconoce un tipo de cambio más alto, vinculado al “dólar bolsa”.
Es una invitación, un incentivo, a que los visitantes vendan dólares en el
circuito oficial para evitar que las divisas se pierdan en el agujero negro
del circuito ilegal: el del “dólar blue”. De esta forma, el Banco Central se
transforma en un “cuevero” más de la calle Florida. Resta saber si el
gobierno logra el resultado que se propone. Por el momento, se disparó más
el dólar “blue”.



Con esta iniciativa, el oficialismo reconoce lo que negaba hasta ayer: que
el circuito del dólar “blue”, aunque es menor en volumen de dólares
transados, mueve bastante el amperímetro de las expectativas. No solo eso.
Además, en los hechos, legaliza la brecha cambiaria. Pagar más pesos por
cada dólar a los turistas extranjeros tiene un costo en emisión de pesos por
parte del Banco Central, que deberá “neutralizar” con el aumento de la bola
de nieve de las Leliq.



Los barones del agronegocio miran de reojo. Se estima que retienen cereales
y oleaginosas sin exportar por unos $ 14 mil millones para presionar por una
devaluación del tipo de cambio oficial. Ahora tienen a mano un buen ejemplo
para exigir al gobierno que se consagren para ellos los mismos “derechos”
reconocidos a los turistas extranjeros. Es lo que se escucha por estos días
en la Exposición Rural de Palermo, donde la oligarquía terrateniente llora
lágrimas de cocodrilo mientras expone sus riquezas a los ojos de todo el
mundo.



Los datos que publicó el miércoles de esta semana el INDEC exhiben una
reversión del saldo mensual positivo del comercio exterior: en junio, por
primera vez desde diciembre de 2020, el saldo estuvo en rojo. Una presión
adicional para un salto del dólar oficial. Ese saldo es resultado de los
retrasos en la venta de granos por parte del agronegocio, de las maniobras
de otros exportadores que subfacturan sus ventas al exterior, de las
avivadas de importadores que adelantan compras al exterior o sobrefacturan
para sacarle dólares baratos al Central, pero fundamentalmente es el
resultado de las debilidades de la estructura económica del país: aumentaron
sustancialmente las importaciones de bienes intermedios que consume la
industria debido a su atraso productivo y las compras de combustibles por el
aumento de los precios internacionales, pero también por la crisis
energética que el país atraviesa hace mucho tiempo.



A las devaluaciones las carga el diablo: todas las fuerzas que conducen
hacia un salto general en el tipo de cambio oficial están desatadas. Incluso
dentro del oficialismo hay quienes creen que una devaluación es una
“salida”. Aunque no podrían indicar hacia donde conduce esa “salida”. De
consagrarse la devaluación del tipo de cambio oficial, implicaría una
licuación acelerada, aún mayor, de todos los ingresos de la clase
trabajadora y de los sectores populares golpeados desde 2018 con el regreso
del Fondo a la Argentina gracias a los oficios de Mauricio Macri.



La devaluación, además, agudizaría las tendencias a la desaceleración
económica, o por qué no a la recesión, que surgen de las medidas
implementadas en las últimas semanas: entre otras, la suba de tasas de
interés y las restricciones a las importaciones. En el Frente de Todos se
perciben al borde de la cornisa y buscan tender puentes hacia Juntos por el
Cambio. En última instancia, entre todos pusieron en pie el régimen del FMI,
que es quien comanda y comandará la economía por las próximas décadas.



Devaluación salarial



La marcha del próximo 17 de agosto convocada por la CGT, además de
extemporánea, hace gala de la vaguedad. Sin escenario, sin oradores. Para
“interpelar a toda la política”, dijo Héctor Daer. No es a favor ni en
contra del gobierno, afirmó Pablo Moyano. Aunque agregó que “es para
defender a la democracia y decirle a los empresarios que no jodan con el
salario de los trabajadores". No obstante, se desconoce cuáles son los
reclamos concretos a favor del salario que levanta la central. Es una tarea
de la clase trabajadora la organización desde abajo para pelear por
recuperar el poder de compra del salario, exigir que las centrales convoquen
de inmediato a un paro nacional y a un plan de lucha por las demandas más
urgentes, en la perspectiva de la huelga general.



Una de las urgencias es recuperar todo lo perdido desde la gestión de Macri
hasta actualidad: según el Índice de Salarios del INDEC, la caída del poder
de compra en el sector privado registrado es del 22 % (abril 2022 versus
octubre 2015); en el sector público del 28 % (mismo período); y entre los
informales del 30 % (para un período más corto, abril 2022 versus octubre
2016). Con la escalada de precios la única forma de no perder todos los
meses es con la actualización automática mensual de las remuneraciones según
la inflación. Al mismo tiempo, es necesario que nadie cobre un salario menor
a lo que cuesta una canasta básica de pobreza ($ 104 mil para el mes de
junio) en el camino de conquistar un mínimo equivalente al costo de una
canasta familiar (valuada en $161 mil para el mes de mayo, según ATE Indec).
El mismo reclamo de recuperación del poder de compra vale para los haberes
jubilatorios.



Según datos del INDEC, sin considerar el sector público, el Excedente de
Explotación Bruto (EEB), una suerte de aproximación a la masa de ganancias
empresarias de toda la economía, aumentó su participación en la riqueza
generada en el país desde el 42,2 % en el primer trimestre de 2016 al 47,8 %
en el primer trimestre de este año. La contraparte es la caída de la
Remuneración del Trabajo Asalariado (RTA) que disminuyó su participación en
la riqueza desde el 45,3 % en los primeros tres meses del 2016 al 38,2 % en
el mismo período de este año. Con el regreso del FMI primero y con el
Gobierno de Alberto Fernández existió una enorme transferencia de ingresos
en beneficio de los dueños de todo.



Los mecanismos económicos son complejos de explicar, pero toda trabajadora y
trabajador de a píe sabe a partir de la experiencia práctica que la suba del
dólar lleva a la suba de precios. La devaluación actúa como una “paritaria”
de los grandes exportadores: de consagrarse, implicaría una nueva
transferencia en favor de los que vienen ganando y mucho. En la crisis se
crea la falsa idea de que todos pierden. Nada más alejado de la realidad.



Los dueños del comercio exterior



En algunos aumentos de precios, es cierto, inciden factores internacionales,
como la suba de las materias primas. Eso se ve claro, por ejemplo, con el
incremento del precio del trigo que impacta en el aumento del pan, los
fideos y otros productos alimenticios. Pero la vía de transmisión de esos
aumentos de precios internacionales hacia el mercado interno tiene lugar
gracias a que el comercio exterior de granos está dominado por un puñado de
empresas, mayormente multinacionales, pero también algunas nacionales. Se
trata de Cofco-Nidera-Noble (China), Cargill (EEUU), ADM-Toepfer (EEUU), AGD
(Argentina), Moreno (Glencore, Suiza), LDC (Francia), ACA (Argentina),
Molinos (Argentina).



Estas empresas, fundamentalmente las multinacionales, dominan las cadenas
mundiales de valor agroindustriales: establecen pautas financieras,
productivas y tecnológicas. En Argentina, hacen lo que quieren gracias a que
gozan prácticamente de un oligopolio privado del comercio de granos. Como
demostró el caso Vicentin, es conocido que estas empresas subfacturan las
exportaciones para eludir el ingreso de dólares al país o que directamente
triangulan las operaciones para, no solo para no entrar los dólares, sino
también para eludir el pago de impuestos. Es una práctica generalizada.



Es por eso que, desde la izquierda, se plantea el monopolio estatal del
comercio exterior: para que las ventas externas (y también las
importaciones) se realicen en función de las necesidades de la población;
para que en un país donde existen condiciones para reorientar la producción
hacia fines sociales, los alimentos estén accesibles para todos; para que no
existan los niveles de pobreza e indigencia inauditos para los parámetros
históricos del país.



Los dueños de la lapicera de remarcar



La inflación se elevó en los últimos años hasta ubicarse en zona peligrosa
en los meses recientes: hoy las proyecciones ubican la inflación en el 79 %
anual hacia fin de año. Pero no se descarta que la espiralización entre la
suba del dólar y el aumento de precios lleve al Índice de Precios al
Consumidor (IPC) a superar el 100 % anual. Si bien existen causas
estructurales en la espiralización de la inflación, en el río revuelto los
más poderosos son los que salen ganando.



La estructura oligopólica (es decir, dominada por unos pocos grandes
jugadores) del comercio exterior se repite a nivel de la producción. Un par
de ejemplos lo ilustran. Según CEPA (Centro de Economía Política Argentina)
tres cuartas partes de la facturación de los productos de las góndolas es
explicada por veinte empresas. Entre el 2016 y el 2019, tres empresas
(Mastellone, Sancor y Danone) explicaron casi el 75 % de la facturación del
rubro lácteo. Otras tres empresas (Coca-Cola, ADA y Pepsico) concentran el
85 % de la facturación de bebidas sin alcohol. En aceites, las compañías
Molinos Ríos de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza (AGD),
explicaron el 90% de la facturación. Otro tanto ocurre con la concentración
en las grandes cadenas de supermercados, que son el eslabón final por el
cual llegan los productos al consumidor.



Las empresas de alimentos mejoraron notablemente sus ganancias los años
recientes. Algunos ejemplos lo grafican bien. En 2021, según la información
que se desprende de sus balances contables, Molinos Río de la Plata, que
pertenece a los Pérez Companc, tuvo ganancias por $ 2.739 millones, esto
equivale a decir que ganaron $ 7,5 millones de pesos por día. En 2021, la
ganancia neta de Arcor fue de $19.918 millones, 140% más que lo obtenido en
2020. Incluso en medio de la pandemia, y la crisis social, Arcor había
ganado $8.213 millones.



En este entramado y en esas ganancias está la clave de porqué los Precios
Cuidados y otras tímidas regulaciones estatales resultan medidas impotentes
para frenar la suba de precios. Es que, si no se afecta esa estructura donde
unos pocos son los dueños de casi todos los alimentos que se producen, las
armas para ganar la guerra de la inflación las tienen los que suben los
precios, los que tiene la lapicera para remarcar. La clase trabajadora tiene
el potencial para garantizar el abastecimiento a precios accesibles para
toda la población. Para eso, es necesario acabar con los secretos
comerciales y abrir toda la contabilidad de las empresas para develar el
verdadero costo de los productos y poner toda la información al servicio de
comités de trabajadores y sectores populares.



Todos aquellos grandes productores de alimentos, agroexportadores (que
tienen hasta sus propios puertos donde la Aduana “tiene que pedir permiso”
para controlar), las grandes empresas agropecuarias, los terratenientes o
“chacrers” que se demuestra que participan activamente de la especulación
para imponer condiciones económicas favorables o lucrar con el desfalco
nacional, deben ser expropiados y su estructura productiva puesta bajo
gestión de las y los trabajadores.



Los trabajadores de las distintas empresas podrían contar con la
colaboración de contadores públicos y técnicos para esta tarea. Esos mismos
comités estarían en condiciones de detectar las maniobras y trampas de los
capitalistas en todas las etapas de la cadena de producción y
comercialización e impedir que se lleven adelante. Las empresas que se
nieguen a dar toda la información, que sigan especulando con los precios y
el abastecimiento deberían ser nacionalizadas y puestas bajo la gestión de
sus trabajadores en colaboración con profesionales de las universidades
públicas, como parte de una planificación racional para acabar con el hambre
y garantizar una alimentación de calidad.



Asociación ilícita



Entre enero y abril de este año (último dato disponible) los bancos privados
ganaron $ 40 mil millones, $ 336,6 millones por día. En un año (abril de
2022 versus abril de 2021) sus ganancias escalaron un 108 % mientras el
índice de precios al consumidor en el mismo período fue de 58 %. También
entre enero y abril, los pasivos remunerados del Banco Central, como las
Leliq, reportaron ingresos a la banca privada por más de $ 621 mil millones.
En solo cuatro meses, los bancos recibieron 2,3 veces más que el presupuesto
de Potenciar Trabajo para todo 2022, que es de $ 276 mil millones. ¿Por qué
se discute todo el día en los medios de comunicación el Potenciar Trabajo
para los que no tienen nada y no se discute el subsidio a la ganancia de los
“choribanqueros”?



Las reservas del Banco Central, es evidente, son saqueadas por diversos
mecanismos. Aún con todas las maniobras que hacen las empresas importadoras
y exportadoras, la escasez de dólares no se explica por ese solo factor.
Entre los años 2000 y 2021, el país acumuló un ingreso neto de U$S 184 mil
millones de dólares en el comercio exterior: se trata de la diferencia entre
exportaciones e importaciones. Más recientemente, desde 2019, el comercio
exterior muestra números positivos muy altos.



Aun así, en el país escasean dólares. ¿Por qué? Porque existe una fabulosa y
sistemática fuga de capitales a guaridas fiscales. Además, hay empresas que
simulan pagos de deuda al exterior para sacar dólares baratos del país,
dólares que provee el Banco Central. A eso se suma que los pagos de deuda
pública insumen una gran cantidad divisas y otro tanto ocurre con la
remisión de ganancias de las empresas extranjeras que operan en estas
tierras. La escasez de dólares no se puede reducir a maniobras (que
obviamente existen), sino que se explica por un saqueo sistemático,
estructural, del país por parte del empresariado local y extranjero. Para
terminar de raíz con este saqueo es que la izquierda propone, como se
señaló, el monopolio estatal del comercio exterior bajo el control de los
trabajadores.



Pero esta medida en sí misma no es suficiente. El sistema bancario en manos
privadas también opera por la devaluación. En medios de comunicación
oficialistas se denunció estos días que las “mesas de dinero” de tres bancos
especulaban con el ilegal dólar “blue”. No dieron los nombres. No obstante,
que operen dólar “blue” es apenas un detalle. El sistema bancario es el que
organiza la evasión impositiva y la fuga de capitales que hacen los dueños
del país hacia guaridas fiscales en el exterior por todas las vías posibles.



Según develó el periodista Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, en el
ranking de las cien empresas que más fugaron durante el macrismo se
destacaron Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell, Quilmes,
Monsanto, Aluar, Procter & Gamble, Arcor y Techint, entre muchas otras. Es
una práctica sistemática que se hace más potente en cada crisis. La
investigación que se realizó en el Congreso sobre la fuga durante el
fatídico 2001 muestra que los grandes bancos organizaron la salida de
capitales: Citibank, Banco de Galicia, Banco Río (actual Santander), BBVA
Francés, Banca Nazionale del Laboro y el HSBC.



Para evitar los saqueos de quienes conspiran contra los intereses de las
mayorías es necesaria la nacionalización del sistema bancario y financiero,
con la expropiación de los bancos privados (pero no para apropiarse de los
ahorros de los sectores populares, sino para preservarlos) y la conformación
de un banco público único, bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores.



Aunque en la Argentina el crédito productivo se encuentra cada vez más
retaceado, en favor del lucro que generan los préstamos al Banco Central y
al Tesoro o los juegos con el tipo de cambio, y el que existe se focaliza en
los grandes pulpos económicos, concentrar el crédito nacional puede ser una
herramienta potente para tener una radiografía de toda la producción. Esto
permitiría detectar todos los “Vicentin” que puedan haber apelado al crédito
público para enriquecerse, con aval de los gobiernos de turno, como así
también tener un termómetro de la circulación del capital, la verdadera
situación de las ganancias del gran empresariado, de las riquezas que
acumulan, de las relaciones entre los diferentes pulpos económicos. También
haría posible garantizar crédito barato para acceder a la vivienda, a
microemprendimientos o para los pequeños comerciantes golpeados por la
crisis.



Los amos del norte



A Alberto Fernández se le cayó la reunión con Joe Biden por el Covid del
presidente yanqui. Pero la ministra de Economía, Silvina Batakis, partió
igual a Washington a un encuentro con la directora gerente del FMI,
Kristalina Georgieva. También mantendrá reuniones en el Banco Mundial y con
funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos.



En este segundo semestre, la nueva ministra deberá atravesar el desierto sin
agua: el Fondo exige un recorte del gasto real (descontada la inflación) de
casi el 8 % mediante la licuación de salarios públicos, haberes
jubilatorios, transferencias a provincias y a empresas públicas. No solo
eso. También exige que se presenten propuestas de contrarreforma
previsional.



La peregrinación a Washington tiene el objetivo de lograr una
flexibilización en el acuerdo con el organismo internacional, tanto en
cuanto al objetivo de juntar reservas en el Banco Central como en el
objetivo de déficit fiscal. Los Estados Unidos tienen la llave para lograr
una flexibilización con el Fondo: ese país es el mayor accionista de este
organismo de dominio imperialista.



Para lograr una flexibilización, Batakis lleva una ofrenda al FMI: la
segmentación de tarifas y el revalúo inmobiliario. Las dos medidas tendrán
fuerte impacto en sectores de “clase media” e incluso de hogares de
asalariados. Son una caja de Pandora. Del revalúo todavía no existen
detalles. Pero, en la segmentación de tarifas existe un grado importante de
improvisación y falta de unidad de criterios entre los funcionarios a cargo
de implementar la medida.



La quita de subsidios energéticos afectará a hogares que llegan a fin de mes
no muy holgados: por ejemplo, aquellos que tienen dos integrantes con
salarios no muy lejanos a las remuneraciones promedio del sector privado
registrado podrían traspasan el umbral para ser considerados “ricos”, según
el particular concepto de quienes armaron el Frankenstein de la
segmentación.



La disyuntiva entre tarifazos o subsidios es el mejor homenaje a la
privatización menemista de los servicios públicos: entre los defensores del
régimen capitalista nadie se atreve a discutir que la energía debería ser
considerada un derecho humano ni la nacionalización del sistema energético.
Los aumentos de gas y electricidad para quienes pierdan los subsidios van a
ser muy fuertes, aunque su aplicación será progresiva. Se implementarán
desde agosto, es decir impactarán en las facturas que se reciban en
septiembre.



Para agosto también aumenta 40 % el transporte en el AMBA. Otra ofrenda al
Fondo con el objetivo de reducir subsidios. Los tarifazos son la chispa
adecuada para fogonear un malestar social creciente. El FMI es un bombero
loco que ya prendió fuego varios países con la misma receta: aumento de
tarifas. Este viernes se oficializó, además, el congelamiento de la planta
de empleados públicos, que Batakis había anunciado en su primera conferencia
de prensa.



En Washington, la ministra también tendrá como misión confirmar lo que había
pactado su antecesor, Martín Guzmán, en relación a que la evaluación del
cumplimiento del acuerdo se efectúe a año vencido, es decir durante el
primer trimestre de 2023. Es una forma de patear en el tiempo el pedido de
un “waiver” (perdón) por incumplimiento o directamente reconocer la caída
del acuerdo porque hace aguas por todos lados. De lograr mantener los
términos acordados por Guzmán, la nueva ministra dejaría planteado el
escenario de una nueva crisis de pagos o renegociación del acuerdo para la
“previa” de las elecciones.



Batakis no la tiene fácil. Como lo expresó un editorial del diario británico
Financial Times, existe una fuerte presión del capital financiero
internacional para que el Fondo sea más duro con Argentina. Hay que decirle
basta a la prepotencia imperialista, establecer el desconocimiento soberano
de la deuda con los buitres de Wall Street y expulsar al FMI del país.
Liberarse de la dependencia del capital financiero internacional es
fundamental. Para eso es necesaria la más amplia lucha y movilización. Como
decíamos ya hace tiempo desde el Frente de Izquierda, la opción nunca fue el
FMI o el caos, sino que uno y otro van a la par y de la mano de un
monumental saqueo como el que estamos viendo.



Como los capitalistas se opondrán a las medidas que afecten sus ganancias,
la clase trabajadora y sus aliados de los sectores populares, como muestra
la experiencia histórica, tendrán que avanzar en su auto organización
democrática (contra todas las experiencias burocráticas del pasado) en la
perspectiva de un gobierno de las y los trabajadores que termine con la
propiedad privada de los medios de producción y de cambio, planifique
democráticamente la economía e inicie la construcción del socialismo desde
abajo a escala nacional e internacional.

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