Uruguay/ La política pública criminal de la enemistad. [Gabriel Tenenbaum]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de junio 2022

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Uruguay



La política pública criminal de la enemistad



Gabriel Tenenbaum

Brecha, 9-6-2022

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En las últimas semanas, el problema de la inseguridad delictiva estuvo entre
las prioridades de la agenda política y mediática. Los homicidios ocurridos
en el contexto de conflictos entre grupos delictivos locales, relativamente
pequeños y parcialmente organizados, dedicados al mercado de las drogas
ilegales estuvieron en el foco de la discusión. El oficialismo afirma que
tiene un plan para mitigar este fenómeno criminal y la oposición intenta
refutarlo. Y ahí se van los dos «bloques» desdiciéndose mutuamente,
ajustando cuentas con las herramientas que ofrece el campo de la política,
haciendo fintas a los costos políticos y buscando los rendimientos
electorales, de imagen, etcétera. En esta disputa por el diagnóstico
verdadero sobre los problemas de la criminalidad y los planes más efectivos
para solucionarlo se halla un punto en común entre estos dos bloques: la
lógica de la enemistad como a priori de la política pública criminal. Dicho
a priori se observa en la gestión de la seguridad pública del Uruguay del
siglo XXI. No obstante, quizás, no es un rasgo de este siglo ni de Uruguay,
sino de la construcción del Estado de derecho liberal con base en el derecho
del enemigo interno, la ideología de la defensa social, el realismo de
derechas, entre otras teorías jurídicas y sociales de los otros peligrosos.



La política pública criminal cimentada en la lógica de la enemistad se ha
caracterizado por plantear un «combate frontal» al distinto radical que
amenaza (o se lo presenta amenazante) al colectivo de amigos. «Nosotros»,
los amigos, «somos la gente de bien», los que no hemos cometido ninguna
ilegalidad ni falta moral –al menos, ningún delito de los priorizados por el
sistema de justicia–. Como colectivo, los amigos comparten la búsqueda
obsesiva por maximizar la distancia espacial y la separación simbólica de
los enemigos. Vigilancia, control y castigo contra las «manzanas podridas»
reza el lema de la política de la enemistad. Los integrantes del colectivo
no necesitan conocerse entre sí para luchar unidos por sus intereses, la
«batalla» es rizomática, se pone en práctica en todos lados. Este sencillo
esquema maniqueísta de amigos/enemigos de Carl Schmitt (teórico del
decisionismo jurídico y abiertamente nazi) opera en la elaboración de la
política pública criminal y aun antes como categoría conceptual que ordena y
construye esto que llamamos realidad social.



La lógica de la enemistad explica por qué, ante un fenómeno criminal global
como el mercado de las drogas ilegales, movilizado por organizaciones de
gran envergadura y protectores del capital, las principales medidas del
gobierno son básicamente «ministerialistas» (circunscriptas al Ministerio
del Interior) y restringidas al enfrentamiento directo contra los eslabones
locales más débiles y expuestos de la división del trabajo del mercado de
las drogas ilegales. Claro que debe mitigarse la comercialización minorista
de sustancias psicoactivas, pero hacer de esta medida el plan de acción es
no comprender que: a) la comercialización mayorista de las drogas ilegales,
naturales o sintéticas, ingresan al territorio uruguayo del exterior; b) los
grupos delictivos necesitan lavar y, en algunos casos, repatriar la renta
criminal; c) los grupos delictivos circulan entre la ilegalidad y la
legalidad, necesitan de la legalidad (plaza financiera, trasiegos
institucionalizados, profesionales, etcétera) para el funcionamiento de la
maquinaria delictiva; d) el mercado de las drogas ilegales no funciona sin
la connivencia de personas que ocupan cargos clave de relativo poder en la
esfera pública y privada. La lista es larga, la cuestión central es si el
propósito de la política pública es cerrar la canilla del lavabo o intentar
secar sistemáticamente el agua que cae en la bacha.



En cualquier caso, si el interés de la política pública se dirige a las
personas que se encuentran al final de la cadena de producción (los
eslabones más débiles y expuestos) de la industria de las drogas ilegales,
las medidas de raíz deberían buscar apagar los motores del involucramiento
criminal: los condicionamientos estructurales (sociales, culturales,
económicos, etcétera) y los factores de riesgo dinámicos (comunitarios,
grupales, individuales) que orillan a las personas hacia el campo delictivo.
Estos lejos están de formar parte del saber policial y no se dejan ver desde
una lectura maniqueísta.



La lógica de la enemistad trasciende la política pública contra el crimen
organizado de las drogas ilegales. Permite explicar lo que no nos damos
lugar a pensar. Por ejemplo: la ley puede estar en conflicto con las
adolescencias y no las adolescencias en conflicto con la ley; la llamada
inserción social de las personas con medidas judiciales es a menudo la
imposición de un proceso refuncional en el que a las personas se les exige
hacerse adaptables a las mismas condiciones estructurales y factores de
riesgo que provocaron su involucramiento en el delito; el sistema de
justicia debe presentarse como un contraejemplo de sentido y no dar
continuidad a la acumulación de rechazo social; a menudo estamos ante vidas
castigadas y no ante los ogros sociales que la lectura inmediatista y
reaccionaria suele fomentar; la acción delictiva no siempre es voluntarista,
más aún en los delitos de cuello azul; las medidas privativas de la libertad
deben ser las medidas judiciales alternativas y no así las medidas en
libertad; la vigencia de la cárcel por su función incapacitadora de los
cuerpos no conduce a mitigar la reincidencia delictiva.



La política del antagonismo omite lo que significa ser-hacerse joven y las
masculinidades que asocian la violencia con ser-hacerse varón, que no solo
explican el involucramiento en actividades delictivas, sino también las
medidas violentas de vigilancia, control y castigo que imponen los
gobernantes.



Esta política del antagonismo es incapaz de visualizar que todas las
personas, sin importar su clase social, demandan reconocimiento y exigen una
vida digna de vivirla, que todas las personas, sin importar su clase social,
anhelan y, en alguna medida, están sometidas y mandatadas a lograr las metas
del éxito de la sociedad y que los medios legales y legítimos para lograr
reconocimiento, una vida digna y las metas del éxito se distribuyen de forma
desigual.



La salida no puede ser otra que sacarle la gríngola a la lógica de la
enemistad. La amistad no puede efectivizarse únicamente entre quienes
piensan y se sienten ligados o parecidos. La verdadera amistad se teje, como
dice Byung-Chul Han, saliendo de la rueda del hámster narcisista para tender
lazos empáticos (lo que no significa indulgencia y abandono de la
responsabilidad) con el distinto radical. Esto no significa el fin del
proceso judicial y de la administración de sanciones. Se trata de llevar
adelante salidas reales de desistimiento para quienes se han visto orillados
al campo delictivo a razón de una vida de castigos sociales, culturales y
económicos, a los cuales el Estado y la comunidad les dio la espalda.

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