Argentina/ Acuerdo con el FMI. Cinco problemas para pensar lo que vendrá. [Horacio Rovelli ]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de marzo 2022

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Argentina



Cinco problemas para pensar lo que vendrá



Horacio Rovelli *

SOCOMPA, 11-3-2022

https://socompa.info/



Diputados finalmente dio media sanción y giró al Senado el artículo
resolutivo para avanzar en la refinanciación de la deuda. No así a las
medidas dispuestas en la iniciativa para cumplir con el plan delineado entre
Martín Guzmán y el FMI. ¿Se puede cumplir el acuerdo? Si se puede, ¿cuáles
serán los costos sociales y productivos? Un análisis para comprender la
lógica del acuerdo.



Sin saber quiénes se quedaron con los 45 mil millones de dólares que le
prestó el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri, la
Cámara de Diputados finalmente dio media sanción y giró al Senado un
proyecto de acuerdo que con ahorro argentino seguirá pagando los intereses
generados por el stand by de 2018 y renovará el capital con un nuevo
préstamo a 10 años de plazo y cuatro años de gracia. Cumpliendo con todos
los requerimientos, la deuda con el FMI se terminaría de cancelar en el año
2034.



El plan acordado disminuye los subsidios energéticos y al transporte, y lo
que es peor incluso: permite el aumento generalizado de los precios, sobre
todo de los alimentos, una dinámica inflacionaria agravada por el conflicto
entre Ucrania y Rusia que los grandes empresarios locales trasladan al país,
como lo demuestran los precios de la carne, el maíz y el trigo.



Primer problema



La inflación es consecuencia del acuerdo buscado y apuntala la estrategia
del gobierno. La transferencia de ingresos de los asalariados, jubilados y
pensiones hacia las empresas formadoras de precios, sumada al ajuste fiscal
en marcha y al comprometido, disminuye el poder adquisitivo de la población
-que se traduce en excedentes exportables- y permite a la administración
pública recaudar nominalmente más impuestos.



Es simple. Los impuestos nacionales, como el IVA, el Impuesto al Combustible
y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, al igual que a nivel
provincial Ingresos Brutos, están atados a los precios. Se incrementan al
ritmo de la inflación. No así las jubilaciones y pensiones, el gasto más
importante del Estado nacional. Representó el 43 por ciento del Presupuesto
2021. Un universo de 7 millones 100 mil beneficiarios de los cuales más del
50 por ciento percibe la jubilación mínima o en torno a la mínima. Unos 32
mil 460 pesos en marzo, mientras que 612 jueces exhiben jubilaciones
superiores a 1 millón de pesos.



Lo mismo sucede con los salarios, que se deterioran por la inflación
redistribuyendo ingresos a favor de los remarcadores de precios, los grandes
comercios y los productores en general. En síntesis: la política oficial
abarató y abaratará todavía más la mano de obra medida en dólares porque la
divisa estadounidense -lo dijo el presidente del BCRA, Miguel Pesce-
acompañará la evolución de la inflación para preservar su capacidad
adquisitiva. No la de los salarios y jubilaciones y pensiones que se pagan
en pesos.



Segundo problema



Aunque este año el FMI entregará al país fondos por encima de los
vencimientos de capital, en los próximo dos años sus aportes serán menores
que los vencimientos. En efecto. Según el acuerdo, este mes ingresarán 9 mil
800 millones de dólares, de los cuales 2 mil 800 millones se usarán para
pagar la tercera cuota de capital de la deuda, otros 630 millones se
destinarán a pagar intereses en abril y unos 500 millones para pagarle al
Club de París. La diferencia, casi 5 mil 900 millones, se empleará para
“reconstruir el mercado de capitales”, un eufemismo para evitar lo
indecible: que se generarán nuevos títulos de deuda en dólares para permitir
que Franklin Templeton, PIMCO y otros fondos de inversión que tienen títulos
en pesos puedan convertirlos en dólares y volverlos a fugar.



Puesto de otra forma. El acuerdo garantiza la salida de los fondos que se
quieren ir. Este año vencen cuotas de capital con el FMI por 19 mil 620
millones y se tiene previsto que el crédito del organismo se traduzca en
ingresos -si se cumplen las metas trimestrales en materia fiscal y
monetaria- por unos 24 mil 620 millones. Sin embargo, el próximo año
vencerán cuotas de capital por 18 mil 815 millones de dólares e ingresarán
fondos por solo 16 mil 615 millones. En 2024, la estrechez será mayor: los
vencimientos de capital sumarán 4 mil 700 millones, pero el organismo solo
desembolsará 1.100 millones.



Tercer problema



El objetivo monetario es que la tasa de interés real sea mayor que la
inflación y supere también la suba del dólar. Ni más ni menos que recrear la
famosa bicicleta financiera, también conocida como carry trade. Su lógica:
que la retribución en pesos debe ser más redituable que comprar divisas. Con
ello se confiscará el capital de las empresas endeudadas en pesos -a las que
se les dificulta cada vez más vender y por ello conservan un stock mayor que
el necesario- de cara a un cada vez más pequeño mercado interno por efecto
de una inflación que erosiona la capacidad adquisitiva de la población. Una
esquema que no solo perjudica a los que tienen deuda en pesos, sino que
además impide acceder a créditos para refacciones y/o compra de bienes
durables.



Con la suba de la tasa de interés se garantiza la ganancia de los bancos.
Sobre todo a las nueve entidades privadas que tienen el mayor volumen de
depósitos y Letras de Liquidez del BCRA, además de otras tenencias
inmovilizadas, por un total de 4,5 billones de pesos. También pierde el
BCRA, que deberá pagar un interés mayor por las inmovilizaciones referidas.
Un déficit impagable.



Cuarto problema



Como las metas acordadas finalmente no se podrán cumplir se promociona a
costa de los ingresos del Estado a sectores que no lo necesitan. Entre ellos
el hidrocarburífero y el minero. O se alientan exportaciones agropecuarias
que registran precios récords en los mercados internacionales y máximo
históricos de producción local. Sin embargo, nada se dice sobre el impacto
de estas políticas en los precios internos y sus consecuencias ambientales.



Las medidas anunciadas como paliativas ante la persistente inflación, y en
especial para frenar la suba de los precios de los alimentos, son como una
aspirina para un enfermo terminal, cuando la situación indica que se
deberían aumentar fuertemente los derechos de exportación, poner cupos de
exportación a la carne, al maíz y al trigo, y controlar férreamente el valor
del dólar.



Las hiperinflaciones de 1989 y 1990 se frenaron malvendiendo empresas
públicas como YPF, Somisa, Elma, Segba, y Aerolíneas Argentinas, entre
otras. Ahora vienen por el litio y los minerales raros de la Puna, por el
gas que pretenden extraer a 6 mil metros bajo el mar a 137 kilómetros de la
costa marplatense, por el petróleo de San Carlos en Mendoza, por el hierro y
la plata de la meseta de Chubut, por el oro y el cobre de las minas de
Famatina en La Rioja y de Agua Rica en Catamarca. Ni más ni menos que seguir
con la súper explotación del Río Paraná, y hacer caso omiso del peligro que
representan para nuestro suelo los cultivos transgénicos, el talado de los
bosques y los incendios de campos para extender todavía más la frontera
agrícola.



Quinto problema



En una sociedad con niveles de pobreza, desocupación y exclusión social
pocas veces vistos, el acuerdo con el FMI avalado por Diputados y
seguramente también por el Senado constituirá un punto sin retorno y
aumentará la posibilidad de que se agrave una situación ya crítica. Lo único
que garantizará su cumplimiento es la pauperización de jubilados y
asalariados. Los unos seguirán cobrando la miseria que cobran en la
actualidad, y cada vez menos hasta 2034. A los otros les costará cada vez
más conseguir empleo y recibirán remuneraciones cada vez menores en términos
de poder adquisitivo.



* Horacio Rovelli  es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos
Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad
de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración
Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de
la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción
(FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de
Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la
Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y
financieros.

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