Perú/ Sombras del petróleo: pueblos shipibo denuncian daños y contaminación de la petrolera Maple Gas. [Enrique Vera]

Jue Mayo 12 14:23:02 UYT 2022

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Correspondencia de Prensa

12 de mayo 2022

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Perú

Sombras del petróleo en Perú: pueblos shipibo denuncian daños y
contaminación de la petrolera Maple Gas

Pobladores shipibos afirman que, por el agua contaminada, aún sufren
enfermedades y sus chacras no producen. El contrato establecía que la
empresa Maple Gas debía cumplir con leyes de protección al medioambiente,
pero dejó todo en abandono. Mongabay Latam llegó a las dos comunidades
nativas, situadas a orillas del río Ucayali, y recogió las denuncias de sus
habitantes sobre el grave impacto ambiental

Enrique Vera, desde Perú

Píe de Página, 10-5-2022

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Sobre la rejilla de fierro humeante, seis carachamas están a punto alcanzar
su punto de cocción. Hilda Rodríguez mueve la leña y atiza el fuego en
cuclillas. A ratos da vuelta a los inguiris —plátano verde de la Amazonía—
que también asa al lado de una olla con huevos en hervor. Los seis pescados,
de aspecto negruzco y cola delgada, son todo lo que el hermano de Hilda ha
podido atrapar durante la mañana en la quebrada Cachiyacu. Este será su
almuerzo y el de sus familias. Todos son del pueblo indígena shipibo conibo,
y esta calurosa tarde de marzo se han reunido en la comunidad nativa Canaán
de Cachiyacu, región Loreto, selva oriental del Perú.

—¿Ha probado la carachama asada?— me preguntan.

—Sí, claro— contesto.

—Antes el olor a petróleo era más fuerte cuando la cocinábamos. Ahora ya no
tanto— dice Hilda mientras hace crujir con sus pasos el piso de tablones de
la casa de su hermano.

Él le da un primer mordisco a su pescado, frunce el ceño y afirma que el
sabor a metal tampoco ha desaparecido del todo. Y siente que aún pasa lo
mismo con los sábalos, bocachicos y todo lo que preparan con el agua de la
quebrada.

Siete horas de viaje en deslizador por el río Ucayali separan a la ciudad de
Pucallpa (Ucayali) del distrito de Contamana (Loreto). Para llegar a Canaán
de Cachiyacu hay que partir del puerto de Contamana y recorrer el mismo río
otros 25 minutos en bote a motor. Las casas de unas 150 familias de
artesanos, pescadores y agricultores shipibo conibo empiezan desde la orilla
del Ucayali y se esparcen sobre una enorme loma boscosa. Son construcciones
de madera que tienen luz eléctrica las 24 horas pero no servicio de agua
potable. Por eso, los comuneros han recurrido siempre a las aguas de la
quebrada Cachiyacu, un afluente del río Ucayali que cruza este pueblo
shipibo; y que si bien ha sido su fuente de vida, también lo ha ido minando.

A través de la quebrada Cachiyacu, narran los comuneros, llegaba al pueblo
el crudo que se desbordaba durante las operaciones de extracción en el lote
petrolero 31-B. Los efectos de esta contaminación, aseguran, golpean hasta
hoy a más de mil shipibos conibos.

El trayecto del crudo

Hace más de 60 años la empresa nacional Petroperú inició la explotación de
crudo en el campo de Maquía, donde está situado el lote 31-B que abarca
62.500 hectáreas. Dentro de ese territorio ancestral indígena, la comunidad
nativa Canaán de Cachiyacu obtuvo su título de propiedad para 1.155
hectáreas, en diciembre de 1975. De acuerdo con un análisis realizado por la
alianza periodística ManchadosXelPetróleo, toda la extensión de la comunidad
se superpone con una parte del lote petrolero. En 1994, la empresa
norteamericana Maple Gas Corporation del Perú firmó un contrato de licencia
con Perupetro hasta marzo de 2024, y asumió la explotación del lote 31-B. A
mediados del 2018, Maple Gas dejó de realizar sus actividades de producción
y, debido a una serie de incumplimientos de la compañía, Perupetro resolvió
el contrato en febrero de 2019, así lo confirmó a Mongabay Latam la empresa
estatal peruana.

La base de operaciones de Maple Gas, en el campo de Maquía, no está dentro
del territorio titulado de Canaán de Cachiyacu, lo cual sí ocurre con nueve
de los 26 pozos de extracción que manejaba la empresa. Es en esta zona, a
una hora de camino selva adentro desde el centro del pueblo, donde la
comunidad reportaba los derrames de petróleo. Un tramo del ducto para el
transporte del crudo y de la carretera que llega hasta el campo de Pacaya,
donde Maple Gas operaba el lote petrolero 31-E, también están sobre
territorio de la comunidad.

Canaán de Cachiyacu es uno de los 24 pueblos shipibos, yines, asháninkas y
kukamas que son parte de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo
Ucayali (Feconbu). Además de Canaán de Cachiyacu, Nuevo Sucre y, en menor
magnitud, Libertador estuvieron en área de influencia petrolera. Las
operaciones de extracción han marcado la vida de sus habitantes.

Desde la canoa que nos interna por la quebrada Cachiyacu, Joel Pezo,
exteniente gobernador de Canaán, señala una cocha donde, años atrás, los
pescadores del pueblo terminaban faenas con una especie de vaselina oscura
untada en sus cuerpos. Por esos días, dice Pezo, nadie en la comunidad tenía
claro que aquello era petróleo adherido a la piel y la causa de las
comezones y ardores que les quedaban a los shipibos durante varios días. En
medio del ramaje que escolta a la quebrada, Pezo también recuerda cuando los
comuneros esperaban a que los catalanes se lanzaran en picada hacia la
cocha, pues sabían que estas aves cazadoras de peces ya no iban a poder
volar y ahí mismo morirían.

“Nosotros sacábamos esos pájaros, los asábamos y así los comíamos. No
teníamos conocimiento de nada”, dice con una media sonrisa que más parece de
resignación.

Los derrames de crudo del lote 31-B llegaban a Canáan por la quebrada
Cachiyacu. En la imagen, dos ex dirigentes siguen la ruta de la
contaminación. Foto: Enrique Vera.

Al lado de Joel Pezo, el ex jefe de Canaán de Cachiyacu Humberto Sánchez
intenta separar los enormes troncos que impiden el curso de la canoa. Es un
sector de la quebrada donde las chacras y bosques de los bordes fueron
cediendo en periodos de crecida del caudal. Las tierras de este lugar,
explica el exlíder comunal, han quedado improductivas con el agua
contaminada que se filtraba desde la quebrada, o que era utilizada por los
comuneros shipibos para el riego de sus sembríos. “Por toda esta
contaminación algunas personas han muerto, pero antes no sabíamos por qué”,
relata. Joel Pezo precisa que los médicos que a veces visitaban Canáan de
Cachiyacu nunca les realizaron análisis clínicos, pese a que los comuneros
acusaban siempre enfermedades estomacales.

“Ahora mismo desconocemos si estamos mal o qué enfermedad tenemos”, indica a
Mongabay Latam.

El motor de la canoa empieza a detenerse cuando el exjefe de Canaán advierte
que hemos llegado al punto donde el ducto cruza la quebrada, y luego toda la
comunidad. La tubería de acero corroído tiene unos 15 centímetros de
diámetro y está sostenida por sogas de metal trenzado. Pero por el peso y la
falta de mantenimiento, un extremo ha quedado casi rozando el agua de la
quebrada. Visto desde lejos, parece una tranquera de seguridad para los
botes con rumbo cercano al campo de Maquía. Los pobladores shipibos de
Canaán no están seguros si hubo alguna fisura en este ducto que haya
generado algún derrame. Lo que sí llegaron a identificar, y claramente, es
que los pozos de Maple Gas desbordaban petróleo hacia una quebradita,
conocida como Tubocaño, y de ahí a la quebrada Cachiyacu que desemboca en el
río Ucayali.

Humberto Sánchez seca el sudor de su frente y apoya el cuerpo en la tubería
para impulsar la canoa detenida. Esta temporada de lluvias en la selva
peruana le hace pensar que la contaminación puede haber prendido de nuevo en
la quebrada, en los pescados que consumen las familias, en sus organismos.
Lo dice mientras observa el agua marrón que de nuevo el bote corta en su
recorrido. Cuando llueve, explica, los pozos abandonados se llenan y
residuos de petróleo rebalsan hacia la quebrada. Aún sin una empresa
operando en la zona, la contaminación en Canaán de Cachiyacu persiste.

Las batallas de Canaán

La primera vez que alguien expuso el problema de Canaán de Cachiyacu a causa
del petróleo ocurrió en 2003. Fue el entonces teniente gobernador de la
comunidad, Joel Pezo, durante un taller organizado por la Feconbu. Pezo, hoy
un artesano y pescador de 63 años, cuenta que llevó a la reunión dos pomos
con agua de la quebrada en los que era evidente la presencia de petróleo.
“Era la misma contaminación que hasta ahora no podemos solucionar”, lamenta.
Aquel episodio derivó en una serie de reclamos a Maple Gas por las
enfermedades que los comuneros atribuían a los derrames de crudo en la
quebrada. También, por la falta de oportunidades laborales de la empresa
para los pobladores shipibos.

“Les hablábamos sobre nuestra falta de agua, pero siempre respondían que esa
era tarea del Estado”, señala Humberto Sánchez, quien fue apu de la
comunidad al inicio de la lucha indígena.

Un estudio elaborado por la ONG Earthrights International arrojó que Maple
Gas era responsable por la contaminación del agua y ambiente en Canaán de
Cachiyacu. El informe consignó además que la empresa había construido ahí
una carretera de seis metros de ancho sin realizar un proceso de consulta
previa a la población. Las protestas, al amparo del análisis hecho por
Earthrights International, obligaron a que Maple Gas se comprometa a ayudar
al pueblo shipibo, pero esto no llegó a concretarse. La crisis estalló el 8
de julio de 2005 cuando decenas de comuneros tomaron y paralizaron por 24
horas los nueve pozos de la empresa enclavados en el territorio de Canaán de
Cachiyacu. Diez días después, todavía sin soluciones a sus reclamos, la
medida de fuerza fue reanudada, y esta vez se alargó por una semana. El 25
de julio de 2005 Maple Gas y la dirigencia comunal firmaron un acuerdo.

Vladimir Pinto, coordinador en Perú de la organización internacional Amazon
Watch, fue el asesor legal de la comunidad nativa durante el conflicto con
la empresa. Como parte de la ONG Racimos de Ungurahui, Pinto explicó a Maple
Gas que Canaán de Cachiyacu tenía derechos territoriales preexistentes a su
titulación. Y que por ello no se pretendía anular la presencia del lote
petrolero, pero sí establecer un reclamo de compensación por el uso de la
tierra. Además por el impacto ambiental causado aunque, según detalla el
abogado, la petrolera se cuidó mucho de no hablar de “daños ambientales”
dentro de las negociaciones.

En el acta suscrita, la comunidad propuso que la compensación incluya los 10
años que, para aquella fecha (julio del 2005), Maple Gas venía operando, y
que la indemnización sea pagada hasta cuando termine el contrato de
explotación. Los representantes de la compañía —de acuerdo con el convenio
firmado— dijeron que eran respetuosos de la legalidad y que estaban
dispuestos a cumplir todas sus obligaciones. Perupetro informó que en enero
de 2007 Maple Gas empezó abonando una indemnización anual de US$9.436 a
Canaán de Cachiyacu. El monto fue variando con el paso del tiempo.

“Se trató de un caso emblemático. Como conflicto social fue el primero donde
se puso en agenda el tema de la compensación por el uso del territorio”,
declara Vladimir Pinto para este reportaje.

Javier Macedo, un profesor de matemáticas que cumple su segundo periodo como
presidente de la Feconbu, narra que fueron casi tres años de lucha para
alcanzar los acuerdos y hacer prevalecer los derechos de la comunidad. Un
día de agosto del 2018, cuando manejaba su moto cerca del aeropuerto de
Contamana, vio escritorios y congeladoras de la empresa que estaban siendo
apilados en la calle. En ese momento, Macedo se enteró que Maple Gas había
dejado en silencio las operaciones en el lote 31-B. Joel Pezo acusa que la
compañía no ejecutó un plan de abandono que incluyera la remediación de
daños en el pueblo shipibo. Esto pese a que el contrato de licencia
contemplaba el cumplimiento estricto de las leyes de protección al
medioambiente. Para la fecha en que se retiró de Canaán de Cachiyacu, indica
el ex teniente gobernador, la petrolera debía dos años de compensaciones por
el uso del territorio: 2017 y 2018. Conforme con Perupetro, el último pago
de la empresa a la comunidad fue por S/52.601, en 2016.

Según un reporte de procesos sancionadores a Maple Gas que el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) remitió a la alianza
periodística ManchadosXelPetróleo, de julio del 2011 a julio del 2021, hubo
al menos 37 eventos por los cuales se iniciaron supervisiones en los lotes
31-B y 31-E. De estos 37 casos, entre los que figuran incumplimientos del
compromiso ambiental de la empresa o falta de previsión para evitar derrames
de crudo, en 20 el OEFA halló responsabilidad administrativa e impuso
medidas correctivas. Para 12 estableció multas que suman un total de 400.49
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El valor actual de una UIT es de
S/4600, por lo que el monto total asciende aproximadamente a S/ 1 840 000
(alrededor de US$ 511 mil).

En cuanto al lote petrolero 31-B, el OEFA aplicó dos multas dentro del
referido periodo. La más alta, de 90.7 UIT, fue debido a los daños en flora
y fauna que Maple Gas generó al no haber adoptado medidas preventivas para
sus trabajos de explotación. Además, por no presentar el plan de abandono de
sus instalaciones e infraestructura; y por haber almacenado residuos
químicos en contenedores no apropiados, en lugares sin techo y sin sistema
de drenaje.

Aunque se trató de un breve periodo, Joel Pezo fue jefe de Canaán de
Cachiyacu en 2018. Él asegura que durante su gestión promovió reuniones en
la Defensoría del Pueblo de Pucallpa con Perupetro y el Ministerio de
Energía y Minas, despacho que debía velar por el cumplimiento de los
acuerdos, para saber quién se iba a hacer cargo de indemnizar a la comunidad
tras el retiro de la petrolera. Nada ha llegado a esclarecerse.

—¿Cree que nos merecemos esto?, me consulta, y agita una copia maltrecha de
los acuerdos que no terminaron de cumplirse.

—No. Y se fueron como si nunca hubiera pasado nada, se responde él mismo.

.Otras manchas del petróleo

En el local principal de Nuevo Sucre, unos 50 comuneros shipibos deciden sus
actividades de aniversario: un desfile escolar, una celebración con baile,
un torneo de fútbol en la cancha del pueblo que es algo así como su plaza
central. Es sábado 5 de marzo y en 17 días más esta comunidad nativa habrá
cumplido 48 años desde que obtuvo su titulación para 2123 hectáreas. En casi
medio siglo, Nuevo Sucre solo ha conseguido tener luz eléctrica a través de
un grupo electrógeno que donó el Estado, y agua por un tanque que construyó
la misma población. Ambas fuentes de abastecimiento, explica la comunidad,
funcionan con petróleo que los comuneros han tenido que comprar siempre, aun
cuando por casi 22 años la petrolera Maple Gas operó cerca y dentro de su
territorio.

“El bombeo de agua a toda la comunidad da para tres días, luego debemos
comprar más petróleo”, indica Jackson Carbajal, el joven jefe de Nuevo Sucre
que ha hecho un alto a la reunión. La tarea de colectar dinero es muy
complicada, detalla bajo un techo de palos que lo protege del sol, pues no
todos los comuneros tienen la posibilidad de aportar dos veces por semana. Y
en casos de alto consumo, tres.

.Nuevo Sucre queda a 15 minutos en bote a motor de Canaán de Cachiyacu, pero
estos dos pueblos tienen una historia muy similar. Petroperú tenía a cargo
la explotación de petróleo en el campo de Pacaya, zona donde el lote 31-E
ocupa más de 141 000 hectáreas. El territorio indígena titulado para Nuevo
Sucre, en 1974, está dentro de la extensión del lote petrolero. El análisis
hecho por la alianza periodística confirmó que la superposición entre ambas
áreas es total. Desde marzo de 2001, Maple Gas tomó las operaciones en el
lote 31-E luego de firmar un contrato de licencia con Perupetro.

Del local comunal de Nuevo Sucre hay que caminar al menos cinco horas por
una trocha que traza el monte para llegar a la base de Maple Gas
correspondiente al campo de Pacaya. Hasta hace cinco años, el vicepresidente
de la comunidad, Gilbert Tuesta, recorría estos 23 kilómetros de distancia
cada lunes y jueves cuando trabajaba en la petrolera como inspector de
tubería. Tuesta era el encargado de supervisar y reportar si el ducto para
el transporte del crudo tenía algún desperfecto que ocasionaba derrames.
Debía verificar además el buen funcionamiento de la carretera que viene
desde el campo de Maquía. La base y los pozos de Maple Gas, hoy abandonados
en el campo de Pacaya, no están dentro del área de Nuevo Sucre, pero sí el
ducto y la vía de seis metros de ancho.

A diferencia de Canaán de Cachiyacu, todos los derrames que han afectado a
Nuevo Sucre se originaron por roturas en la tubería. Jackson Carbajal
explica esto mientras apunta a lo lejos para describir cómo la contaminación
llegaba por las tres quebradas que envuelven a su pueblo: Mashiria,
Yarinillo y Yarina. Los comuneros shipibos de Nuevo Sucre estiman que en un
día de pesca recorriendo las tres quebradas podían llevarse a casa entre 20
y 30 kilos de sábalos, bagres y doncellas. Pero desde que Maple Gas empezó a
operar, y aún ahora que la empresa ya se retiró, suelen terminar sus
jornadas sin atrapar un solo pez. “Las quebradas eran nuestro mercado. Había
de todo. Hoy ya nada es como antes”, anota el jefe de la comunidad.

Quebradas oscuras

A unos 50 metros del centro del pueblo hay un declive de tierra que da
acceso a la quebrada Yarinillo. Ronald Bartra, un agricultor shipibo que
trabajó hasta el 2014 en Maple Gas, señala que esta y las otras dos
quebradas están en un periodo de rebalse característico del invierno
selvático. “Por eso se aprecia mejor cómo la contaminación ha dejado el agua
turbia”, relata. Cerca de la quebrada Yarinillo están los cultivos de
plátano y arroz de Bartra y los del vicepresidente Gilbert Tuesta. Como
ellos, todos los agricultores de Nuevo Sucre deben coger en baldes el agua
de las quebradas para regar sus sembríos. El pueblo no tiene instalado
ningún sistema para ello. Ambos reconocen que el trabajo de riego con el
agua contaminada de las quebradas ha ido afectando de a pocos las tierras de
cultivo.

“Sigue el daño. Los suelos han quedado mal y ya casi no producen”, agrega
Javier Macedo, el presidente de la Feconbu, frente a la escuela primaria de
Nuevo Sucre, la única en este pueblo.

El 13 de enero del 2009, la quebrada Mashiría registró el primero de los
tres graves derrames de crudo que sufrió la comunidad nativa aquel año. Fue
a partir de una fractura en el ducto. Ronald Bartra indica que el agua se
oscureció de pronto y ocasionó la muerte de peces y diversos animales que
salían del bosque para beber en la quebrada. Apenas once días después de
aquel derrame, en medio del impacto que aún perturbaba a la comunidad, una
nueva rotura en la tubería provocó que otra cantidad de petróleo discurriera
por la quebrada Yarinillo.

De las quebradas Mashiría y Yarinillo la población acostumbraba a proveerse
de agua para sus alimentos. Pero debido a la contaminación generada en enero
del 2009, detalla Bartra, todos en el pueblo pasaron cuatro meses sin
acercarse a ambos sectores. El 8 de abril del mismo año ocurrió en la
quebrada Yarina otro derrame. Todos los derrames quedaron descritos en una
carta que la comunidad de Nuevo Sucre envió a la Oficina del Asesor en
Cumplimiento Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional, que tenía
a Maple entre sus empresas financiadas.

Los perjuicios atribuidos a la petrolera en el campo y quebradas de Nuevo
Sucre empujaron a que sus habitantes emprendan una serie de reclamos. Con
ello, en abril de 2008, la petrolera acordó realizar en adelante el pago de
compensaciones por el uso del territorio comunal. Los abonos empezaron
siendo de S/18 526 (US$6505). Gilbert Tuesta sostiene que para el 2018 el
pago ascendía a S/21 mil (US$6505), de acuerdo con el cambio del dólar para
aquel año. No obstante, asegura el vicepresidente comunal, el impacto
ambiental que la empresa ya había generado en el pueblo shipibo era de
proporciones incalculables.

El informe de procedimientos sancionadores enviado por el OEFA a la alianza
periodística registra 10 multas contra Maple Gas asociadas con sus
actividades de explotación en el lote 31-E. Entre otras causas, las
sanciones son por incumplimiento de sus compromisos ambientales o no
presentar monitoreos sobre la calidad de aire y agua potable. La multa más
alta, de 82.8 UIT, le fue impuesta a la petrolera por no prevenir la erosión
del ducto que ocasionó otro derrame, hacia abril de 2015, en la quebrada
Yarina.

Así como en Canaán de Cachiyacu, los comuneros de Nuevo Sucre afirman que
Maple Gas tampoco ejecutó un plan de remediación de daños cuando dejó sus
operaciones en el lote 31-E, en junio de 2018. Perupetro precisó para este
reportaje que Maple Gas pagó las compensaciones por el uso del territorio
comunal solo hasta el 2017. En marzo de 2019 fue resuelto el contrato de
licencia que debía extenderse hasta marzo de 2031.

La empresa estatal a cargo de suscribir contratos para la explotación de
hidrocarburos comunicó a Mongabay Latam que Maple Gas se declaró en quiebra
y que, por ello, es responsable del estado en que dejó los lotes, una
situación de abandono que Perupetro inspeccionó antes de resolver los
vínculos contractuales con la firma norteamericana.

“Nos dejaron mal en todo”, lamenta Jackson Carbajal, el joven líder de
apariencia frágil pero postura firme. Echa un resoplido, dice que confía en
que Nuevo Sucre va a mejorar y se despide. Debe volver a los preparativos
del aniversario.

Mongabay Latam intentó comunicarse con Maple Gas pero la empresa figura ya
en liquidación. En febrero de 2019 se publicó la situación de procedimiento
concursal ordinario que inició ante Indecopi. Perupetro puntualizó que en la
fecha que se instaló la Junta General de Acreedores, Maple Gas mantenía
deudas por más de S/220 millones con diferentes acreedores.

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