Haití/ La ONU manifestó su preocupación ante "niveles inimaginables" de violencia. [Cecilia Pérez Otero]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

21 de mayo 2022

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Haití



Enfrentamientos entre bandas dejan más de 180 muertos y miles de desplazados



La ONU manifestó su preocupación ante “niveles inimaginables” de violencia.




Cecilia Pérez Otero

La Diaria, 21-5-2022

https://ladiaria.com.uy/



En las últimas semanas la lucha entre bandas armadas en Haití disparó sus
números de muertos, heridos y desplazados. Francia ordenó retirar a los
familiares de su personal diplomático de la embajada en Haití, escuelas de
la capital cerraron y la organización Médicos sin Fronteras denunció que su
hospital en el barrio de Tabarre de Puerto Príncipe está saturado por los
heridos de bala que recibe. La situación afecta a una amplia zona del norte
de la ciudad, donde las bandas 400 Mawozo y Chen Mechan se disputan el
control territorial.



La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó el martes su preocupación por
la “violencia extrema” que alcanzó el fenómeno. Según sus números, en tres
semanas habían muerto 188 personas –92 civiles y 96 integrantes de las
bandas–, 12 estaban desaparecidas, 113 sufrieron heridas y 49 fueron
secuestradas. Pero el número real de muertos “puede ser mucho mayor”,
advirtió.



“La violencia armada ha alcanzado niveles inimaginables e intolerables en
Haití”, dijo Bachelet en un comunicado, y pidió medidas urgentes para
restablecer el estado de derecho. Destacó que se reportaron quema de
cadáveres, decapitaciones, asesinatos de niños y violaciones. “Pido a la
comunidad internacional redoblar esfuerzos para impedir que la situación se
vuelva aún más incontrolable”, agregó.



Unas 9.000 personas debieron dejar sus hogares por la guerra entre 400
Mawozo y Chen Mechan, que se desató con mayor fuerza el 24 de abril por el
control de los barrios del área de Cul-de-Sac, en Puerto Príncipe, que se
divide en dos grandes zonas: Tabarre y Croix-des-Bouquets.



Según informó Bachelet, las dos carreteras que conectan la capital con el
norte y el este del país están afectadas por el conflicto, algo que “podría
tener impactos devastadores a largo plazo en la ya difícil situación
económica en Haití”. Señaló además que la violencia extrema llevó al cierre
de escuelas, centros médicos y comercios, lo cual ha causado
desabastecimiento y privación de derechos básicos.



Médicos sin Fronteras manifestó la semana pasada en un comunicado: “Estamos
alarmados por la última ola de violencia en Puerto Príncipe, en Haití, ya
que hemos recibido a 96 personas con heridas de bala en nuestras
instalaciones médicas desde el 24 de abril”. El coordinador general de la
organización, Mumuza Muhindo, señaló en el documento que “el número de
ingresos por trauma recibidos por semana se triplicó en comparación con
mediados de abril, y la mayoría de ellos son heridas de bala muy graves que
requieren cuidados intensivos”.



El responsable del hospital de Médicos sin Fronteras, Serge Wilfrid Ikoto,
señala que están organizando turnos de 24 horas para que los médicos
transiten menos por las calles. “Algunos miembros de nuestro personal médico
local no pueden volver a casa. Corren un riesgo enorme cada vez que viajan”,
dijo.



En su comunicado la organización recoge el testimonio de una mujer herida en
una pierna que llegó al hospital en la zona de Tabarre después de pasar por
otros dos centros de salud. Uno estaba cerrado y otro no tenía medios para
atenderla. No sólo los hospitales están saturados. También las cárceles, que
tienen espacio para 3.000 personas, albergan más de 11.000, de los cuales
80% no tienen condena, informó Radio France International. También la
Justicia vio retrasada su tarea por la violencia interna, por el miedo de
los funcionarios a ir a trabajar, señaló. El mes pasado hubo una protesta de
abogados que pedían el traslado de un tribunal civil a un barrio más seguro.



Escuelas como refugios



“Hombres armados de la banda 400 Mawozo incendiaron mi casa y mataron a
varios de mis vecinos antes de quemar también sus casas”, dijo a la agencia
AFP Lucien, habitante de uno de los barrios afectados por la violencia.
Lucien y su madre dejaron su casa y buscaron refugio. Muchos más hicieron lo
mismo en una escuela de la zona de Tabarre, donde personas de todas las
edades viven desde que recrudeció el enfrentamiento.



“Desde que ocurrió el desastre en Butte Boyer [uno de los barrios de
Cul-de-Sac], hemos estado acostados aquí. Mi casa se quemó. Mi tienda fue
saqueada”, dijo a la agencia Efe Tamoumoune, una mujer de 38 años que se
refugió en la escuela con sus tres hijos y unas pocas cosas. En ese
edificio, informó la agencia, no hay electricidad ni agua.



Según datos de la ONU del 5 de mayo, 48 escuelas, cinco centros médicos y
ocho mercados fueron cerrados por la situación de violencia. De acuerdo con
Unicef, desde finales de abril unos 500.000 escolares están impedidos de ir
a clases. La representación de la ONU en Puerto Príncipe manifestó también
su preocupación por la situación de los niños en Haití, en particular por su
reclutamiento por parte de las pandillas que operan en el país, que son más
de un centenar.



La Oficina de Protección al ciudadano (OPC), una institución haitiana
dedicada a los derechos humanos, cuestionó en un comunicado que “no hay
ningún mensaje ni acción ni del gobierno ni del Consejo Superior de la
Policía Nacional. Estos gestos demuestran la incapacidad de las autoridades
para reaccionar, dejando que las bandas armadas decidan sobre la vida y la
muerte de los ciudadanos”.



El 6 de mayo, decenas de haitianos de los barrios afectados marcharon por
las calles de Cul-de-Sac para reclamar al gobierno que tome medidas. “Las
autoridades deben asumir sus responsabilidades. Señor primer ministro, asuma
sus responsabilidades. Quiero que todos vuelvan a sus casas para que puedan
vivir cómodamente. La llanura de Cul-de-Sac no se va a transformar en
Martissant”, dijo uno de los manifestantes. Martissant es una zona que ya se
encuentra bajo completo control de las bandas.



Secuestros en la frontera



Caribe Tours, una de las dos empresas de transporte de pasajeros que unen
República Dominicana y Haití, anunció que dejará de llegar a ese país debido
a la falta de seguridad. Tomó la decisión después de que la Policía haitiana
impidiera el secuestro de un ómnibus de la compañía.



La otra empresa que brinda ese servicio, Metro, sufrió a comienzos de mayo
el secuestro de uno de sus vehículos, en el que viajaban ocho ciudadanos
turcos, ocho haitianos y un chofer dominicano. Según la Policía, los
secuestradores eran integrantes de la banda 400 Mawozo. Hasta el viernes
sólo habían sido liberados el chofer y una mujer haitiana que trabajaba como
azafata en el ómnibus.



El año pasado, en la misma zona, en Croix-des-Bouquets, esa banda secuestró
a 17 religiosos –16 estadounidenses y un canadiense– que permanecieron
retenidos durante dos meses. Más cerca en el tiempo, el 28 de abril, fue
secuestrado un diplomático dominicano, Carlos Guillén Tatis, a quien
retuvieron durante cuatro días y luego fue liberado. El gobierno de
República Dominicana manifestó públicamente esta semana que “de ninguna
manera” va a pagar por el rescate de ciudadanos secuestrados en Haití.



“La República Dominicana no puede hacerse cargo de la crisis política y
económica de ese país ni resolver el resto de sus problemas”, decía el
presidente dominicano, Luis Abinader, en un acto oficial, el 20 de febrero,
cuando inauguró en la frontera la construcción de una “verja perimetral
inteligente” de 164 kilómetros, que separe a su país de Haití.



El jueves, en Puerto Príncipe, cientos de personas se manifestaron contra la
violencia que afecta a la capital, y contra los secuestros en particular. En
respuesta, de acuerdo con Efe, la Policía dispersó a los manifestantes
utilizando munición real.



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Después del magnicidio



Las bandas armadas operan en Haití desde hace años, pero la violencia
aumentó desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021.
Ese crimen sigue sin resolución, aunque hay varios detenidos. Uno de ellos
es el exsenador haitiano John Joel Joseph, que fue extraditado de Jamaica a
Estados Unidos y compareció el lunes 9 ante un tribunal del estado de
Florida para ser juzgado por conspirar para cometer asesinato o secuestro
fuera de Estados Unidos, informó Efe. También se lo acusa de “brindar apoyo
material que resultó en la muerte [de Moïse], sabiendo o con la intención de
que dicho apoyo material se usaría para preparar o llevar a cabo la
conspiración para matar o secuestrar”.



Según la Fiscalía estadounidense, Joseph es responsable de haber alquilado
cuatro vehículos utilizados en el atentado contra Moïse, que fue asesinado
en su casa. Agrega que “el complot se centró inicialmente en llevar a cabo
un secuestro del presidente haitiano”, pero “finalmente resultó en un
complot para matar al presidente”.



Además de Joseph, la Justicia estadounidense investiga a un haitiano
nacionalizado chileno, Rodolphe Jaar, y al exmilitar colombiano Mario
Antonio Palacios. Otras decenas de personas están en prisión por ese crimen
en Haití, entre ellas un supuesto autor intelectual, el médico Emmanuel
Sanon.

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