Chile/ Boric desistió de la vía del diálogo y militarizó el Wallmapu, ¿más de lo mismo? [Cecilia Vergara Mattei]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de mayo 2022

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Chile



Boric desistió de la vía del diálogo y militarizó el Wallmapu, ¿más de lo
mismo?



Cecilia Vergara Mattei *

Rebelión, 25-5-2022

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Boric había prometido desmilitarizar los territorios donde hay asentamientos
mapuches y resolver los conflictos por la «vía política», pero volvió, al
igual que los gobiernos de derecha anteriores, a decretar el «estado de
emergencia» y enviar nuevamente militares a la zona de la Araucanía y otras
provincias cercanas, el «Wallmapu», que los mapuches no reconocen como
territorio chileno.



En poco más de dos meses de gobierno, el gobierno de Boric mantuvo la
dotación policial, reforzó el camino de la militarización de la Araucanía, e
incluso con el avance a la “integración” de la nación mapuche con el Estado,
como lo es el Estado plurinacional, solo parecía buscar el reconocimiento de
naciones originarias.



Desde la izquierda se señala que en el discurso oficial se nombra la
autodeterminación, que debería suponer una lucha por la expropiación de las
dos millones de hectáreas de los grupos empresarios Matte y Angelini, que
hoy siguen siendo protegidas por el Estado militarizado como lo han hecho
todos los gobiernos desde el cuestionado régimen dictatorial pinochetista de
1973, hace casi medio siglo.



El gobierno ha insistido en infringirse errores que pudieron haberse evitado
tan solo con haber sido consecuentes con sus propias declaraciones antes de
llegar a La Moneda. Súmese el estratégico desatino de no haberse librado del
miedo que significa tomar medidas que enojen a la derecha. Lo que diga la
izquierda a Gabriel Boric le interesa bien poco, conocedor como es de su
casi irrelevancia, cuando no de su domesticación, señala el analista Ricardo
Candia.



Las primeras señales las comenzó a dar el gobierno cuando partidos que han
sido confesos culpables de todo lo que la gente aborrece comenzaron a tomar
grandes porciones de poder al interior del gobierno, al extremo de
desdibujar sus originales configuraciones.



Y ha cambiado su relato de la realidad, indica: “Antes había presos
políticos, ahora son delincuentes. Antes era aborrecible el Estado de
Emergencia en el Wallmapu, hoy es una necesidad legítima. Antes fue terminar
con el CAE, ahora su condonación es un estímulo al buen pagador. Antes era
necesario terminar con Carabineros, hoy, basta con una manito de gato”.



La ministra chilena del Interior, Izkia Siches, quien durante meses criticó
este tipo de medidas, hizo el anuncio del decreto del estado de emergencia
“para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la
región de La Araucanía”, donde subsiste la disputa territorial que enfrenta
al Estado, con comunidades mapuches y empresas forestales de grandes grupos
económicos que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.



Primeros habitantes de Chile y Argentina, los mapuches son la principal
etnia chilena. Algunas comunidades asentadas en el sur del país reclaman
desde hace décadas la restitución de tierras que consideran suyas por
derechos ancestrales, hoy en manos en su mayoría de empresas forestales.



El joven presidente Gabriel Boric finalmente cedió a la agenda de la derecha
y los empresarios con una medida que permite el despliegue de las Fuerzas
Armadas para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado
«conflicto mapuche». Desde La derecha, los medios de comunicación y los
grupos que se autocalifican de centro, presionaron para que se tomaran más
medidas de seguridad y acusaron extrañamente al presidente de «inacción» y
de ser «cómplice de la violencia».



Hasta ahora, Boric se había mostrado reacio a la militarización, señalando
que solo ponía más tensión sobre el conflicto, y había criticado ferozmente
a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, por promoverla entre
octubre de 2021 y marzo de 2022.



El gobierno declaró que el decreto de estado de excepción constitucional en
la Araucanía sería “acotado” exclusivamente a las carreteras. Sin embargo,
en poco se diferencia de su predecesor Piñera si a la par de desplegar
militares para el resguardo del orden público, presenta querellas contra
líderes mapuche manteniendo el enfrentamiento histórico entre el Estado y el
pueblo nación mapuche.



Tras asumir la Presidencia el pasado marzo, Boric apuntó a una estrategia de
«diálogo» a través del despliegue territorial de diferentes autoridades.
Esto no fue bien recibido por varios grupos indígenas, para quienes
“diálogo” en este caso significa “ceder” territorio ancestral al gobierno y
a empresas que buscan hacer ganancias por fuera de los intereses indígenas y
de las clases populares chilenas, aumentando el volumen de extracción de
recursos y destruyendo el ambiente.



Además del despliegue militar, la ministra Siches detalló otras medidas como
la solicitud de un fiscal preferente para delitos relacionados con
narcotráfico y robo de madera, el impulso a la creación de un Ministerio de
los Pueblos Indígenas y la inversión de unos 460 millones de dólares para
mejorar la infraestructura y servicios de la zona.



¿Nada cambia?



La ciudadanía esperaraba algo diferente a lo de los gobiernos anteriores que
impulsaron medidas similares desde la institucionalidad hacia a la
restitución de tierras, presupuestos, etc, pero nunca cesaron la represión,
de la cual hoy el gobierno de Boric confirma que seguirá aplicando a pesar
de que ahora Chile es un Estado Plurinacional. El establishment busca una
rendición del pueblo mapuche a sus reclamos territoriales y nadie mejor que
un presidente progresista para hacerlo en sus nombres.



El estado de emergencia fue recibido entre elogios del oficialismo y de la
oposición y obviamente de repudio de los representantes de comunidades
mapuches -la etnia abrumadoramente mayoritaria del país- y algunos sectores
de la izquierda, que denuncian un cambio drástico en la política del
mandatario.



Para los analistas populares, Boric prometía un “cambio”, pero en los hechos
se asemeja más a los gobiernos del orden neoliberal de las últimas tres
décadas que a un cambio de rumbo hacia las clases populares, explotadas,
hambreadas y oprimidas.



Tras una serie de demostraciones de “fuerza” y respaldo a las fuerzas
represivas del estado, como mantener al general de carabineros Ricardo Yañez
en su cargo, y de negociaciones con la derecha, el gobierno finalmente dio
el paso y cedió a la presión mediática para desplegar efectivos militares en
el Wallmapu.



«Valoramos que el gobierno se haya dado cuenta que el estado de emergencia
era una medida urgente para el sufrimiento de las medidas en Biobío y
Araucanía», dijo el senador ultraderechista Felipe Kast. El expresidente y
senador Ricardo Lagos, por su parte, señaló que apoya «las decisiones que
tome Boric para poder dar más seguridad a la comunidad y a la vez impulsar
el diálogo con una fuerte inversión en infraestructura pública y otras
áreas».



Resistencia



Las organizaciones indígenas llamaron a resistir frente a este nuevo intento
de subordinación al pueblo mapuche. La Coordinadora Arauco-Malleco (CAM),
una organización indígena que se ha atribuido decenas de ataques desde la
década de 1990, llamó a la «resistencia armada» ante la posibilidad de una
militarización.



El líder de grupo, Héctor Llaitul, hizo un llamado a «preparar las fuerzas y
organizar la resistencia armada por la autonomía», a lo que el Ejecutivo
respondió el domingo anunciando que presentará una querella en su contra.



Dauno Totoro, dirigente del Partido de los Trabajadores, declaró que “En
todo este escenario, con un gobierno que decide reprimir a estudiantes
secundarios, trabajadores y mapuches y alinearse con los intereses
empresariales, hace falta una izquierda que no ceda ante la presión de los
poderosos ni a su agenda, y que mantenga la pelea por conquistar las
demandas de la rebelión”.



“Poco tardaron los jóvenes intrépidos y graciosos para aprender lo que la
derecha y la exConcertación/Nueva Mayoría conoce al dedillo y usó con
soltura y precisión: da lo mismo lo que se haya ofrecido, lo que vale es lo
que se finalmente se hace, la gente parece inmune a la mentira”, señala
Candia.



El gobierno no ha sido capaz, ni siquiera se lo ha propuesto, de ordenar al
pueblo detrás de su proyecto y peor aún, pegotea al interior de su entramado
a numerosos sujetos que vienen de ese pasado que se dijo superar, no será
sino otro gobierno en el mismo sentido de los anteriores. Y entonces queda
claro lo que es el poder: eso que determina lo que hay que hacer, así sea
que haya otros en el gobierno, concluye el escritor y periodista.



* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE).

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