Brasil/ La urgencia del futuro. La disputa ambiental en las urnas. [Marcelo Aguilar]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

28 de octubre 2022

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Brasil



La disputa ambiental en las urnas



La urgencia del futuro



Así como la democracia, en el balotaje de este domingo está en juego el
futuro ambiental del país más biodiverso del mundo. La disputa entre Lula y
Bolsonaro enfrenta visiones y discursos antagónicos sobre el ambiente.



Marcelo Aguilar, desde San Pablo

Brecha, 28-10-2022

https://brecha.com.uy/



La cacica Juma Xipaia en la vigesimosexta Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático en Glasgow, noviembre de 2021. COPCOLLAB26, OLIVER
KORNBLIHTT

Tengo certeza de que la Amazonia no resiste cuatro años más de Bolsonaro, va
a entrar en un punto de no retorno. Sería pésimo para el mundo entero, no
solamente para Brasil», afirma categóricamente a Brecha Luciana Gatti,
coordinadora del Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero del Instituto
Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE, por sus siglas en
portugués). La cuestión ambiental es uno de los puntos débiles del gobierno
de Jair Bolsonaro, y uno de los que lo ha desgastado más a nivel
internacional.



«Usted no tuvo el menor respeto por la Amazonia. Ustedes están jugando a
cortar árboles. Nosotros vamos a ganar la elección para cuidar la Amazonia y
no permitir que haya invasiones a tierras indígenas, ni minería ilegal, y
mucho menos gente que quiera plantar maíz, soja, o algún otro producto en
lugares donde no se puede plantar», le dijo al mandatario el expresidente
Luiz Inácio Lula da Silva durante el debate presidencial del domingo 16 en
la televisión Bandeirantes. La respuesta de Bolsonaro fue sugerirle al
público que buscara en Google las cifras anuales de deforestación, que,
miradas de forma aislada y en términos absolutos, fueron mayores en el
inicio inmediato del gobierno de Lula. Pero la diferencia está en la
tendencia: durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), la
deforestación iba en paulatino descenso; actualmente, va en franco aumento.



La ONG Observatorio del Clima, con base en datos del INPE, desmintió al
presidente casi en tiempo real vía Twitter: «Bolsonaro miente sobre desmonte
en el gobierno de Lula. El PT lo agarró en 25 mil quilómetros cuadrados y lo
redujo a 4.500 quilómetros cuadrados. Bolsonaro lo agarró con 7.500
quilómetros cuadrados y lo llevó a 13 mil». Según los informes del INPE, la
tasa de desmonte aumentó 73 por ciento en los tres primeros años de gobierno
de Bolsonaro. El dato de 13 mil en los tres primeros años de gobierno de
Bolsonaro de deforestación corresponde a 2021, fecha del último
relevamiento. Se trata del mayor registro desde 2006. Sin embargo, Bolsonaro
dijo, durante el debate, que «Brasil protege la Amazonia, dos tercios están
con vegetación nativa que se encuentra exactamente como estaba cuando el
país fue descubierto en 1500. Más de 80 por ciento de la selva continúa
intocada».



Bolsonaro y el dejar hacer



Científicos, activistas y observadores internacionales coinciden en que la
práctica del gobierno actual ha ido de la omisión a la promoción de los
crímenes ambientales. Han sido múltiples las señales de apoyo a las
actividades de destrucción de la naturaleza y los intentos de desprestigiar
los organismos de control ambiental. En julio de 2019, el Instituto
Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA)
–un ente autónomo vinculado al Ministerio de Ambiente– se encontraba
fiscalizando la extracción ilegal de madera en tierras indígenas del estado
de Rondonia. En respuesta, un grupo de madereros prendió fuego un camión que
abastecía al helicóptero del IBAMA. El entonces ministro de Medio Ambiente,
el ultraderechista Ricardo Salles, en lugar de respaldar al organismo
federal vinculado a su cartera, visitó a los taladores que estaban detrás
del atentado para darles su apoyo y dijo que lo que estaba haciendo el
gobierno era «aproximar la parte legal al mundo real de lo que acontece en
todo el país, de norte a sur».



Salles, que encarnó como nadie el combate antiambiental del gobierno, es
quizás quien mejor ha resumido la línea bolsonarista en el tema. En una
célebre reunión ministerial, del 22 de abril de 2020, cuyas actas íntegras
fueron reveladas por el Supremo Tribunal Federal, afirmó: «En este momento,
en que la atención de la prensa está volcada casi exclusivamente al covid, y
en que nos está dando un cierto respiro en otros temas, tenemos la
oportunidad de aprobar las reformas infralegales de desregulación,
simplificación, todas las reformas que nos vienen reclamando». En ese
«momento de tranquilidad», agregó Salles, había que apurarse a «passar a
boiada» («hacer pasar el ganado») y «cambiar toda la reglamentación».



A eso se dedicó el gobierno los meses que siguieron: recortó el presupuesto
de los organismos de fiscalización, como el IBAMA y el Instituto Chico
Mendes de Preservación de la Biodiversidad, quitó peso a los representantes
de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Medio Ambiente, aumentando el
peso relativo de los delegados del gobierno y las empresas, y derogó varias
normas de protección y garantías para la explotación de áreas protegidas
(véase «Marcado a fuego», Brecha, 2-X-20). El gobierno ya se venía peleando
con la realidad desde bastante antes, cuando Bolsonaro echó a Ricardo Galvão
de su cargo de director del INPE, el instituto que monitorea la
deforestación, porque no le gustaron los informes que indicaban un aumento
de este fenómeno. El presidente sugirió que los datos eran una mentira y que
Galvão «podría estar al servicio de alguna ONG», sin brindar datos que
sustentaran sus afirmaciones (véase «Corte raso», Brecha, 23-VIII-19).



En mayo de 2021, Salles fue investigado por complicidad con madereros
ilegales. Suely Araújo, que presidió el IBAMA desde 2016 hasta enero de
2019, dijo este año en una entrevista a Brasil de Fato: «Nunca había
existido una cartera de Ambiente cuya misión fuera autodestruirse, que es lo
que precisamente está ocurriendo en el gobierno de Bolsonaro. No creo que
exista en ningún otro país del mundo».



Marcela Vecchione, profesora del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la
Universidad Federal de Pará, dice a Brecha que «los últimos cuatro años
fueron muy destructivos para el proceso de políticas públicas ambientales
como un todo. El gobierno recortó presupuesto y, junto con todo el bloque
que lo apoya en el Congreso, aprobó o puso en discusión una avalancha de
proyectos de ley que apuntan a un desmonte de la política ambiental, medidas
que modifican la ley general de licenciamiento ambiental, cambian la forma
de entrega de tierras públicas y pretenden rever el Código Forestal».
Vecchione ve en los mensajes públicos enviados por el gobierno un punto que
se reitera: «Bolsonaro ha dicho centenas de veces que es posible talar
todavía más en la Amazonia porque aún hay mucha selva inactiva. Aquí hay una
marca de este gobierno: no hay nada de locura, es una política deliberada de
producción de informaciones mentirosas. Todo su discurso busca relativizar
la importancia de la protección ambiental, de la fiscalización».



En los papeles del equipo de campaña del presidente, sin embargo, nada de
esto aparece. El programa de Bolsonaro para esta elección destaca que el
gobierno federal «ha realizado enormes esfuerzos para cohibir las prácticas
de desmonte y quemas, que causan enormes perjuicios al país», y afirma que
un nuevo gobierno del actual presidente aumentará los controles y la
fiscalización. También hace mención a los conceptos de economía verde,
títulos de carbono y reducción de misiones, y manifiesta un improbable
compromiso oficial con las agendas de la ONU en la materia.



Hacer más



«Es en el frente colonizador que avanza sobre la Amazonia, sobre los
indígenas, sobre las comunidades tradicionales, donde Bolsonaro encuentra
más votos. Los sectores vinculados a la minería ilegal, a la deforestación
ilegal y a la usurpación de tierras públicas están con él porque para ellos
él representa el lucro, por más que la otra cara de ese lucro sea la
destrucción de la selva: matar nuestra gallina de los huevos de oro», dice a
Brecha Josep Iborra, de la Comisión Pastoral de la Tierra, un organismo
anexo a la Conferencia Episcopal Brasileña. Agrega: «Es como si estuviéramos
abriendo la gallina con un cuchillo para sacarle los huevos. En vez de
esperar y cosechar los frutos que nos puede dar la selva de forma
sustentable como han hecho las comunidades durante tantos años, la estamos
destrozando».



La identificación con Bolsonaro de los sectores mencionados por Iborra es
patente en la geografía electoral. Un mapa elaborado por el ingeniero
forestal Newton Monteiro, de la Universidad Federal de Paraná, a pedido del
periódico Brasil de Fato, cruza los datos de las áreas con mayor número de
alertas de deforestación según el sistema DETER, del INPE, y los votos al
oficialismo en la primera vuelta, del 2 de octubre: se superponen casi de
forma total. Es decir, en las áreas con mayor presión ambiental, muchas de
ellas con economías dominadas por actividades agropecuarias vinculadas al
desmonte y a las quemas, la victoria electoral fue claramente para
Bolsonaro.



«Si Bolsonaro vuelve a ganar, las cosas tienden a empeorar; la tendencia es
que la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) sea completamente desmantelada,
se autorice la minería dentro de las áreas indígenas y se ataquen las
unidades de conservación en lugares donde hay posibles minerales», dice
Iborra. Vecchione está de acuerdo: «Si se lo reelige, ahí se acaba la
relativa moderación que Bolsonaro ha tratado de mostrar durante las
elecciones. Otorgar un segundo mandato da un sentido de legitimación muy
grande a la forma en la que se venía gobernando. ¿Y cuál ha sido esa forma
en el caso de Bolsonaro?: producción de desinformación y de crisis
constantes. Y ese método no tiene solo efectos discursivos, sino que es
reproducido con mucha fuerza por sus correligionarios de base».



Un estudio realizado por un grupo de investigadores liderados por el
exdirector del INPE, Gilberto Câmara, a pedido de Folha de São
Paulo,concluyó que en un eventual nuevo mandato del actual presidente, y con
un crecimiento lineal que mantenga la misma tasa de desmonte actual, en 2024
el área anual deforestada podría llegar a 20 mil quilómetros cuadrados, lo
que implicaría un retorno a los peores valores registrados desde que comenzó
el conteo, en 1988. En entrevista al Jornal Nacional en agosto de este año,
Bolsonaro se defendió diciendo que «es mentira que seamos destructores de la
Amazonia». Y cuestionó: «Cuando se habla de la Amazonia, ¿por qué no se
habla también de Francia? Está prendida fuego hace más de 30 días, lo mismo
España y Portugal». En la misma entrevista dijo que hay abusos del IBAMA en
la fiscalización ambiental, discurso que ha repetido desde la campaña de
2018, cuando afirmó que él acabaría con la «industria de la multa
ambiental».



Las multas no acabaron completamente, pero en enero de este año, en un
evento con empresarios ruralistas, el ultraderechista celebró su reducción
en un 80 por ciento: «Dejamos de tener grandes problemas con la cuestión
ambiental, sobre todo en lo que respecta a multas». En esa misma ocasión,
también celebró la liberación del porte de armas para los propietarios de
campos y el haber «prácticamente anulado» la actuación del Movimiento de los
Trabajadores Rurales sin Tierra (MST). Iborra señala: «Últimamente, en
materia de disputas por la propiedad de las tierras, lo que más hemos
registrado no son ocupaciones de latifundio o tierras reivindicadas para
reforma agraria, sino invasiones de tierras indígenas, de parques o de áreas
de trabajadores tradicionales, como los seringueiros».



Bolsonaro ha respetado una de sus promesas de campaña: «Ni un centímetro más
de tierra para los indígenas». Este proceso tiene como punta de lanza la
militarización de la FUNAI, encargada de proteger y asistir a los pueblos
indígenas, y que hoy opera en su contra. Un ejemplo claro de esto es el de
Bruno Pereira, indigenista asesinado en junio de este año en la región de
Valle del Javari, en el estado de Amazonas, junto con el periodista inglés
Dom Phillips. Pereira estaba trabajando junto con las organizaciones
indígenas locales en régimen de licencia, haciendo el trabajo que no podía
hacer dentro de la FUNAI tras haber sido destituido del cargo de coordinador
especializado en indígenas aislados y de contacto reciente. Funcionarios de
carrera del organismo han denunciado persecuciones y asedio desde que
comenzó el actual gobierno. El presidente de la FUNAI, designado por el
oficialismo, Marcelo Xavier, un policía federal cuya agenda registra apenas
cinco días de actividad durante lo que va del mes de octubre, es favorable a
la explotación minera y agrícola en tierras indígenas y, según los
funcionarios, ha sido la principal punta de lanza para el desmantelamiento
de la institución.



Lula y lo que no funcionó



En lo que a cuestión ambiental se refiere, el plan de gobierno de Lula tiene
como algunos de sus principales objetivos reducir la deforestación, combatir
la minería ilegal e impedir el robo de tierras en la Amazonia. Según
establece el documento, «es imperativo defender esa región de la política de
devastación puesta en práctica por el actual gobierno». También se lee:
«Combatiremos el crimen ambiental promovido por milicias, usurpadores de
tierras, madereros y cualquier organización económica que actúe fuera de la
ley. Nuestro compromiso es con el combate implacable a la deforestación
ilegal». Otro de los aspectos propuestos por Lula es la creación de un
Ministerio de los Pueblos Originarios, que sería comandado por una persona
indígena. Pero, además, según el candidato, «todos los ministerios tendrán
obligaciones con respecto a la cuestión climática».



Uno de los nombres fuertes en la campaña de Lula con respecto a estos temas
es el de Marina Silva, la exministra de Ambiente de sus primeros años de
gobierno, entre 2003 y 2008. La vuelta de Silva al entorno de Lula es
altamente simbólica: miembro destacado y dirigente del PT desde 1985, había
salido del gobierno en 2008 –y, más tarde, del partido– a causa de
insalvables disputas entre su cartera y los planes de desarrollo del
gobierno. La tensa relación política tras su salida tuvo su punto más álgido
durante la campaña de 2014, en la que Dilma Rousseff y Marina Silva
disputaron la primera vuelta de la presidencia, y Silva fue víctima de una
agresiva campaña petista en su contra.



La hoy líder del partido Rede afirma volver sin rencores a una alianza con
el PT. Esta semana, en una entrevista publicada por Sumaúma, recordó:
«Existe una forma [de protección de la Amazonia] que venía funcionando y que
había conseguido reducir la deforestación en un 83 por ciento entre 2004 y
2012, y fue responsable del 80 por ciento de las áreas protegidas creadas en
el mundo entre 2003 y 2008, mientras Bolsonaro ya es responsable por un
tercio de las selvas vírgenes destruidas en el planeta». Y agregó: «Nadie
mejor que Lula para hacer ese rescate, porque esa protección ocurrió bajo su
gobierno». La exministra presentó recientemente un documento con un conjunto
de propuestas para ser incorporadas al plan de un eventual gobierno de Lula,
que incluye la recomposición institucional, presupuestal y de los cuadros
técnicos del Ministerio de Ambiente y los demás organismos de control
ambiental.



Salir del papel



Un eventual gobierno del PT y sus aliados no la tendrá fácil en ningún
sentido, y la reconstrucción de la política ambiental en el país no será la
excepción. «Tenemos un escenario difícil, especialmente por cómo quedó
conformado el Congreso. Sea cual sea el resultado del domingo, la disputa
parlamentaria va a ser un frente fundamental y decisivo para la cuestión
ambiental», apunta Vecchione, y matiza: «Claro que la actuación del
Ejecutivo, el mensaje que dé y cómo organice el presupuesto público
influenciarán mucho las políticas ambientales, y, en ese sentido, un
gobierno de Lula puede generar transformaciones».



Iborra expresa: «No habrá un cambio de un día para el otro, pero las
perspectivas son de que vuelva a aumentar el control estatal. Hay muchos
proyectos económicos en curso en la Amazonia que van a continuar en caso de
una victoria de Lula, pero esperamos que al menos haya más compensaciones
ambientales, que se trate esta cuestión con mucho más cuidado y que se
apunte a una distribución de las riquezas». El integrante de la Comisión
Pastoral de la Tierra agrega: «Lula defendía un proyecto desarrollista, es
un obrero de la ciudad, y no tiene una mentalidad y preocupación personal
ambientalista y ecológica. Pero ahora es momento de estar todos juntos en
defensa de la democracia, y en contra de lo peor».



La coordinadora del Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero del INPE cree
que una victoria de Lula puede ser muy importante para detener el proceso de
degradación ambiental del país, y confía en la experiencia de sus gobiernos.
«El PT ya tiene experiencia en el combate a la deforestación, es responsable
por la mayor reducción que conocemos en ese frente y sabe cómo hacerlo. Ha
tenido tiempo para aprender y trabajar con estas cuestiones», sostiene
Gatti.



Para Vecchione, Lula tendrá algunos desafíos. En primer lugar, atacar uno de
los puntos más resaltados por el discurso de Bolsonaro: que su gobierno fue
el que más distribuyó tierras y que eso les da seguridad a los productores
rurales. La académica destaca que esta política adoptada por el Ejecutivo
«saca la política de tierras colectivas de la esfera de la reforma agraria
para dar lugar a un proceso de individualización de la propiedad de las
tierras, que muchas veces legaliza procesos de ocupación que eran ilegales,
hechos mediante desmonte o degradación, convirtiendo un pasivo ambiental en
un activo legal». Para ella, esto envía un mensaje «de que vale la pena
invadir, de que los empresarios pueden apropiarse de lo que quieran porque
eso luego será regularizado».



Por otro lado, la profesora del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la
Universidad Federal de Pará se refiere «[a]l gran aumento de la violencia en
la región y la relación de esa violencia con actividades criminales
ambientales y relacionadas con el tráfico de drogas, que el asesinato de
Bruno y Dom ilustra claramente». Y lo que le preocupa de un nuevo gobierno
de Bolsonaro también le preocupa de un nuevo gobierno de Lula: «Los
criminales se han empoderado mucho durante este tiempo, con los mensajes
enviados por el gobierno y por las políticas públicas construidas y
destruidas durante estos cuatro años. Más preocupante que el propio
Bolsonaro son sus seguidores, que son muy violentos, especialmente en el
interior de la Amazonia».

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