Bolivia/ "El país con menos inflación del mundo». [Fernando Molina]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de septiembre 2022

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Bolivia



«Bolivia, el país con menos inflación del mundo»



El país ha venido mostrando una baja inflación cuando el aumento de los
precios es un problema global. ¿Por qué el ex-ministro de Economía y actual
presidente Luis Arce viene logrando ese objetivo?, ¿qué modelo económico
está detrás y que fortalezas y debilidades presenta?



Fernando Molina *

Nueva Sociedad, septiembre 2022

https://nuso.org/



«¿Qué? ¿Que la gasolina en Bolivia no sube de precio, ni siquiera ahora con
la guerra de Ucrania-Rusia? ¡Qué loco! Porque en Ecuador se disparó un 30%;
en Argentina, 18%; en Chile, 40%; en Brasil, 49%; en Paraguay, 59%; en Perú,
64%, y ni hablar de Uruguay: ¡84% de incremento!».



Este era el contenido de un anuncio del Ministerio de Economía boliviano,
emitido a mediados de julio de este año. Su publicación coincidió con una
serie de noticias de la prensa internacional sobre la baja inflación
registrada en el país andino durante el primer semestre de este año. Bolivia
se hizo célebre por anunciar una inflación de 1,2% en los primeros seis
meses del año, la más baja de la región. En consecuencia, también en esos
días, el mismo ministerio lanzó al aire otro anuncio: «Bolivia, el país con
menos inflación del mundo».



Como se sabe, la relación entre una y otra cosa –es decir, entre el
congelamiento del precio de los carburantes y la inflación baja– es directa.
El principal impulso inflacionario en todo el mundo lo proporciona hoy el
alza de los precios de la energía, que se han elevado fuertemente a
consecuencia de la guerra en Ucrania. En Bolivia, los combustibles no suben
desde finales del siglo pasado, cuando fueron congelados por el gobierno de
Hugo Banzer (1997-2000), que cometió así una de las primeras y más
importantes incoherencias respecto al modelo neoliberal vigente entonces.
Banzer comenzó a subsidiar la gasolina y el diésel, que son los principales
carburantes que se consumen en el país, porque estaba preocupado por el
malestar social que ya comenzaba a sentirse durante su gobierno y que
estallaría en 2000 en la denominada «guerra del agua». Esta movilización,
que paralizó la ciudad de Cochabamba por más de una semana, bloqueó una
medida neoliberal tan impopular como la libre flotación de los precios de
los carburantes: la indexación de las tarifas del agua potable en función de
la devaluación del boliviano. La «guerra del agua» fue el antecedente
directo del levantamiento general contra el orden establecido y el
derrocamiento en 2003 de Gonzalo Sánchez de Lozada, el «patriarca» del
neoliberalismo boliviano, que hoy vive exiliado en Washington a sus 92 años.
Así se crearon las condiciones para el triunfo democrático de Evo Morales en
2006. Con él, los campesinos y trabajadores llegaron al poder organizados en
el frente único de la izquierda boliviana, el Movimiento al Socialismo
(MAS).



Paradójicamente, en 2010 Morales quiso suspender el subsidio a la gasolina y
el diésel, alegando que este estaba endeudando al Estado. Y es que si bien
Bolivia es un país productor de hidrocarburos, los que produce son los más
livianos, principalmente gas natural y el gas licuado de petróleo, en tanto
que cuenta con muy poco petróleo ligero y nada de petróleo pesado, que es la
materia prima del diésel. El aprovisionamiento nacional, entonces, requiere
la importación de estas sustancias, a un precio creciente en el tiempo.



Morales vivía el auge de su poder y su popularidad pero no pudo imponer el
llamado «gasolinazo» por la reacción de las bases de su propio movimiento.
Debió recular. Para ello usó la consigna, que solo le sirvió en ese momento
y nunca más, de «gobernar obedeciendo». A quien debía obedecer, claro está,
era al pueblo. Un pueblo que, en general, daba órdenes más bien ambiguas,
que podían interpretarse de muchas formas, pero no en este caso. Respecto a
los precios de la energía, la voz de mando popular fue muy clara: cero
incrementos. Hoy mismo, en Bolivia solo los ultraliberales creen que puede
eliminarse el subsidio a los combustibles (que este año le costará al erario
unos 1.500 millones de dólares) sin graves consecuencias sociales. La
centroderecha respalda en público este gasto, aunque acariciando en secreto
la esperanza de que la magnitud del mismo termine socavando el modelo
económico que ha tratado de enfrentar sin éxito durante las dos últimas
décadas.



Control de precios



Uno de los aspectos fundamentales de este modelo es el control férreo de la
inflación. La macroeconomía de Luis Arce, primero como ministro de Economía
de Evo Morales, y actualmente como presidente del país, está orientada
centralmente a este objetivo. En esto coincide plenamente con los
economistas ortodoxos. La obsesión antiinflacionaria viene de la historia de
la izquierda boliviana, que debió pagar con 20 años de aislamiento y
marginación su participación en el gobierno hiperinflacionario de los años
80, presidido por Hernán Siles Zuazo.



Si el objetivo de una baja inflación es compartido por los dos tipos de
pensamiento económico preponderantes en el país, el estatista y el
neoliberal, las diferencias que existen entre ellos sobre cómo lograrlo
resultan enormes. Las «Arcenomics» han logrado derribar el mito neoliberal
de que los controles de precios nunca funcionan. Con cuotas para exportar
algunos productos y subsidios, han logrado capear la inflación mundial de
2007, así como el alza actual de los cereales y la carne. A su favor juega
la capacidad productora de alimentos del país, que se autoabastece de ellos
en un 70%. Y, por supuesto, la pequeña dimensión de la economía, que puede
estabilizarse a un costo relativamente bajo. Por ejemplo, el gasto por el ya
mencionado subsidio de los combustibles es importante pero no va a llevar,
en sí mismo, al fisco a la ruina.



Tipo de cambio fijo



Otro elemento clave del modelo (y de la baja inflación) es la eliminación de
la devaluación del boliviano mediante la implantación de un tipo de cambio
fijo desde 2011. Sin devaluación, los comerciantes no necesitan aumentar los
precios para cubrirse del riesgo cambiario. El boliviano se conserva fuerte,
lo que es bueno para la pujanza de la demanda interna y para las
expectativas de la población; en este periodo, por primera vez desde hace
mucho tiempo, quizá desde siempre, las familias no temen ahorrar en moneda
nacional. Las expectativas son tan sólidamente optimistas que han derrumbado
otro baluarte neoclásico: déficits fiscales y comerciales como los que ha
tenido el país desde 2015 deberían haber debilitado la moneda nacional y
empujado a la gente hacia el dólar; en una palabra, deberían haber dado
lugar a una crisis financiera. Esta no ha ocurrido hasta ahora. Lo que sí ha
ocurrido es que el país se fue volviendo más caro en dólares.



Al gobierno le favorece, a este respecto, el alza durante el presente año de
los precios de las materias primas que vende Bolivia, un fenómeno que hasta
diciembre se traducirá en un superávit comercial de, quizá, 1.300 millones
de dólares. Sin embargo, el riesgo existe. El tipo de cambio fijo exige que
el gobierno cuente con suficientes dólares para entregarlos a los
importadores y viajeros y para pagar su deuda, o de lo contrario el público
dejaría de considerar que el boliviano es «fuerte» y, en ese caso, se
produciría una crisis financiera.



Así que las reservas de divisas son las que han tenido que soportar el peso
del modelo antiinflacionario de Arce. En el tiempo del súper ciclo de las
materias primas (2004-2014) estas reservas fueron muy numerosas, alimentadas
por una industria del gas muy poderosa (llegaron al 50% del PIB) , pero
desde 2015 los ingresos por este ítem han ido cayendo, los precios del gas
han sido menores (hasta este año) y la producción del mismo ha ido
decreciendo. Por tanto, las reservas se han desplomado desde 15.000 millones
en 2014 a los actuales 4.100 millones de dólares: 1.000 de ellos en divisas
líquidas, el resto en oro; esta suma podría cubrir seis meses de
importaciones en caso de que el oro se monetizara.



El superávit comercial y el superávit de capitales esperados para este año
deberían traducirse en un incremento de las reservas de divisas, pero eso no
está pasando. Se debe a que las fuentes de estos superávits son
principalmente privadas y no estatales, como ocurría en el periodo anterior.
Los dueños de las divisas no las depositan en los bancos por distintos
motivos: algunos agroindustriales las dejan fuera del país, supuestamente
por razones logísticas; los mineros cooperativos que producen y revenden oro
(en el segundo caso, luego de comprarlo de contrabando de Perú) prefieren
mantenerse en la informalidad; quienes reciben remesas de sus parientes en
el extranjero cambian los dólares en el mercado no bancario, que paga algo
más por ellos, etc. Por otra parte, buena parte de los dólares que ingresan
al país salen rápidamente de él porque son usados por los contrabandistas
que traen productos de los países vecinos, en particular de la Argentina,
cuya elevada devaluación incentiva el comercio informal hacia Bolivia (Por
cierto, el contrabando de productos baratos argentinos explica una parte de
la baja inflación boliviana).



La clave: las reservas



Para fortalecer las reservas, el gobierno está activando un plan de
endeudamiento en dólares que se aprovecha de que la deuda externa boliviana
solo asciende, todavía, a 31% del PIB, lo que le deja aún un margen
importante para obtener nuevos créditos del extranjero. Y está en marcha
otro plan de «sustitución de importaciones» de resultados discutibles.



Lo que la oposición le exige al gobierno es que recorte el déficit fiscal.
Algo ha hecho Arce en este sentido, lo que ocasiona que desde su propio
partido lo critiquen porque «faltan obras». En general, sin embargo, el
modelo sigue basándose en un fuerte gasto e inversión públicos, lo que hace
preciso aumentar cada año las recaudaciones tributarias y elevar
constantemente el crédito que concede el Banco Central al aparato estatal.
Este es un tercer concepto neoclásico que ha quedado en cuestión: pese al
aumento del crédito interno y de la masa monetaria, la inflación no ha
subido.



Los economistas se devanan los sesos pensando porqué. La respuesta más
verosímil es, una vez más, la de las expectativas de la población; esta
supone que la estabilidad de la que ha gozado los últimos 30 años se
mantendrá en el futuro. También cuenta la existencia de pocos monopolios en
Bolivia (estando los pocos que existen, como el de la cerveza, desafiados
por el contrabando). Con pocas expectativas de alza de precios y una
competencia fluidificada por el Estado o por el contrabando, el resultado es
que Milton Friedman fracasa en Bolivia: sube la cantidad de dinero, pero no
suben los precios.



El asunto se reduce, entonces, como suele ocurrir en América Latina, a las
divisas. Todo depende de que el gobierno tenga la capacidad de reunir
suficientes dólares para mantener en pie la arquitectura que hemos descrito.
Los economistas del oficialismo y la oposición siguen el indicador de las
reservas internacionales como si fuera el de sus inversiones en la bolsa.



Si el gobierno lograra evitar, por todos los medios, el tener que devaluar,
al final de su gestión, en 2025, nadie podría quitarle la medalla por haber
conseguido que los bolivianos atravesaran con más comodidad que sus pares
sudamericanos la difícil etapa económica creada por la guerra mundial. 



* Fernando Molina, es periodista y escritor. Es autor, entre otros libros,
de El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (Pulso, La Paz,
2009) e Historia contemporánea de Bolivia (Gente de Blanco, Santa Cruz de la
Sierra, 2016). Es colaborador del diario español El País.

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