Perú/ Asume un presidente del Congreso con un pasado represivo. [Carlos Noriega]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de septiembre 2022

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Perú



El ultraderechista y general retirado José Williams fue investigado por su
rol en serias violaciones a los derechos humanos



Asume un presidente del Congreso con un pasado oscuro



El militar pertenece a la agrupación Avanza País, partido que junto al
fujimorismo y la neofascista Renovación Popular forma el bloque de la
extrema derecha.



Carlos Noriega, desde Lima

Página/12, 14-9-2022

https://www.pagina12.com.ar/



La ultraderecha ha tomado la presidencia del Congreso. El general retirado
del ejército, José Williams, que fue procesado por la matanza de 69
campesinos ocurrida en 1985 pero luego absuelto en un fallo judicial
cuestionado, es el nuevo presidente del Congreso. El militar pertenece a la
agrupación Avanza País, partido que junto al fujimorismo y la neofascista
Renovación Popular forma el bloque de la extrema derecha. Estos tres
partidos, en abierta actitud golpista después de la derrota electoral de
Keiko Fujimori, pretendieron desconocer el triunfo de Pedro Castillo
denunciando un inexistente fraude electoral. Al fracasar en ese intento,
desde el primer día del gobierno buscan derrocar desde el Parlamento al
mandatario. Le han hecho dos juicios políticos pero no han conseguido los
votos necesarios, dos tercios del Parlamento unicameral de 130 miembros.
Castillo llamó a Williams a tener una reunión. Hasta el momento el militar
no ha respondido.



La masacre de Accomarca



El nuevo presidente del Congreso tiene un pasado como militar que lo
compromete en violaciones a los derechos humanos. Un pasado que el
establishment político y mediático oculta. En agosto de 1985, cuando se
iniciaba el primer gobierno de Alan García y los militares tenían desde años
antes el poder absoluto en las zonas del país donde operaba el grupo armado
maoísta Sendero Luminoso, en la comunidad campesina de Accomarca, en la
región andina de Ayacucho, epicentro de la guerra interna que se inició en
1980, ocurrió una de las más graves matanzas de ese negro período de la
historia reciente del país. Williams era uno de los jefes militares en la
zona de la masacre contra campesinos.



Una patrulla del ejército ingresó a la comunidad de Accomarca, sacó a sus
pobladores violentamente de sus casas, las mujeres y los niños fueron
separados de los hombres. Las mujeres fueron violadas y los hombres
golpeados. Después metieron a todos en una de las pequeñas casas de adobe y
piedras del pueblo y ahí los acribillaron a balazos. El jefe de la patrulla,
el subteniente Telmo Hurtado, que después sería conocido como “el carnicero
de los Andes”, arrojó una granada a la vivienda para consumar el asesinato
masivo. Luego ordenó quemar la vivienda. Fueron 69 los campesinos
asesinados. La menor de las víctimas era una niña de tres meses.



Recién tres décadas después de esta espantosa matanza, en 2016, diez
militares fueron sentenciados a penas entre 10 y 25 años, pero solo uno de
ellos, Hurtado, está en prisión. La sentencia determinó que el crimen masivo
no había sido una acción aislada e individual, como indicaba la versión
oficial, sino producto de una orden superior que respondía a un plan militar
y que se produjo en un contexto de violaciones a los derechos humanos.
Williams, entonces mayor, era el jefe de la compañía “Lince”, a la que
pertenecía la patrulla “Lince 7” que bajo el mando operativo del subteniente
Hurtado cometió el masivo asesinato. En el proceso judicial, Hurtado dijo
que su superior Williams le ordenó no dar cuenta por escrito de las víctimas
civiles para evitar investigaciones. Hurtado fue condenado a 23 años de
cárcel. Dos generales que eran los jefes militares de la zona recibieron las
penas mayores, 25 años, por haber planificado y ordenado el operativo
militar. Pero el entonces mayor Williams, que en el momento de la sentencia
judicial era un general en actividad, fue absuelto del cargo de autor
mediato por “falta de pruebas” en un fallo judicial que fue cuestionado por
familiares de las víctimas y sus abogados.



Ejecución extrajudicial



Años después de esta matanza, Williams fue jefe del operativo militar que,
en abril de 1997, durante la dictadura fujimorista, atacó la residencia del
embajador de Japón que cuatro meses antes, cuando se desarrollaba una
recepción diplomática, había sido tomada por asalto por un comando del
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y que mantenía 72 rehenes que
buscaba canjear por prisioneros de esa agrupación guevarista. El operativo
militar terminó con 71 rehenes liberados y un rehén, dos militares y los
catorce emerretistas muertos. Una acción ensalzada desde entonces como un
éxito militar. En 2017, el Congreso de mayoría fujimorista y el gobierno de
Pedro Pablo Kuczynski, hoy procesado por corrupción, otorgaron a los
militares que intervinieron en esta operación militar el pomposo título de
“héroes de la democracia”. Así se refiere hoy la derecha al nuevo presidente
del Congreso.



Sin embargo, esta operación militar, llamada "Chavín de Huántar", tiene un
lado oscuro que la mayor parte de los medios y el establishment político,
que solo hablan de los militares de este operativo como “héroes”, han
ocultado sistemáticamente. Un funcionario de la embajada japonesa que estaba
como rehén y dos policías revelaron que vieron como uno de los emerretistas,
Eduardo Cruz, alias “Tito”, fue detenido vivo por el comando militar que
dirigía el general Williams. Después “Tito” apareció muerto con un balazo en
la cabeza. El comando militar reportó que había caído en el enfrentamiento.
Esta ejecución extrajudicial durante el operativo militar que dirigió el
general Williams sigue en la impunidad.



Internas en el Congreso



El general Williams necesitó ir a una segunda vuelta para ser elegido
presidente del Congreso. En un Parlamento fragmentado en trece bancadas y
varias de ellas divididas internamente, hubo seis candidatos. Pasaron a
segunda vuelta Williams y Luis Aragón del partido de centroderecha Acción
Popular (AP). Ganó el militar ultraderechista con 67 votos, contra 41 de
Aragón. Bancadas cercanas al gobierno y la izquierda apostaron por Aragón
para evitar el triunfo de la extrema derecha, pero Perú Libre (PL), el
partido que llevó a Castillo a la presidencia, que ahora dice no ser
oficialista, aunque sí aliado del gobierno, llamó al voto nulo. Esto jugó a
favor del candidato de la ultraderecha. No es la primera vez que PL, que se
define como marxista-leninista y cuyo secretario general, Vladimir Cerrón,
declaró recientemente a Página/12 que preferían aliarse con el neofascismo
antes que con el centro o incluso la izquierda moderada, favorece a la
extrema derecha. Esta posición de PL y una división en AP, donde algunos
legisladores habrían apoyado a Williams y no a su candidato, permitió el
triunfo del militar acusado de violaciones a los derechos humanos para
presidir el Congreso en un momento crítico para la democracia peruana,
cuando se fortalecen las posturas autoritarias y el golpismo parlamentario y
el Ejecutivo deambula en la falta de rumbo y la inoperancia y es cercado por
denuncias de corrupción.



La derecha es mayoría en el Legislativo y lo ha controlado desde el inicio
del gobierno en julio de 2021 -llevando al Congreso a un amplio descrédito,
que se refleja en un ínfimo ocho por ciento de aprobación-, pero ahora su
presidencia recae directamente en un representante del sector más radical y
autoritario del bloque derechista. La ultraderecha celebra el triunfo de
Williams y se prepara para un tercer intento de destituir a Castillo, y
también a su vicepresidenta Dina Boluarte, para así llevar al general
Williams a la presidencia del país. Pero los 67 votos que obtuvo el militar
en el Congreso no le alcanzan a la ultraderecha para tumbarse a Castillo,
para lo que necesitan 87 votos. Por eso aceleran la búsqueda de esos votos
que le faltan y presionan para conseguirlos.

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