Estados Unidos/ De inflación y resistencias: la cuestión de la vivienda en Nueva York. [Jaime Jover]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

19 de septiembre 2022

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Estados Unidos



De inflación y resistencias: la cuestión de la vivienda en Nueva York



Los sindicatos de inquilinas defienden cancelar las deudas por rentas de
alquiler y avanzar hacia la desmercantilización de la vivienda.



Jaime Jover *

CTXT, 15-9-2022

https://ctxt.es/es/



La economía estadounidense ha entrado en recesión. Ese era el titular
generalizado a principios del verano, cuando el PIB del país norteamericano
volvía a caer en el segundo semestre de 2022. La paradoja está en que, pese
a dos semestres consecutivos de contracción económica y con una inflación
desbocada, apenas se ha destruido empleo. En esta tesitura, existen
diferencias en el análisis. En lo que sí hay coincidencias, no obstante, es
en que la recesión será una realidad en 2023. Entre los factores que
explican esta situación se encuentran la crisis de acumulación de capital y
la guerra en Ucrania, con el encarecimiento de la energía, lo que ha añadido
disrupciones en las cadenas de suministro de todo tipo de bienes –en algunos
casos, arrastrando problemas desde la pandemia–, abundando en la escasez en
determinados mercados y contribuyendo a dicha inflación. Estados Unidos
cerró el segundo semestre de 2022 con un encarecimiento de precios acumulado
anual del 9,1%, el mayor en 40 años, a lo que ha respondido la Reserva
Federal subiendo los tipos de interés. Si bien el foco se pone en los
recientes acontecimientos globales, la inflación también se retroalimenta
con factores internos y, entre ellos, cabe resaltar el aumento de los
precios de la vivienda. El mercado inmobiliario de Nueva York es un buen
ejemplo de esta deriva. En la locomotora económica del país y una de las
capitales globales, la vivienda se ha convertido en un campo de batalla. Sin
embargo, la situación no es del todo nueva. Para comprender la cuestión de
la vivienda en Nueva York necesitamos un breve contexto.



La propiedad privada, especialmente de bienes inmobiliarios, es un principio
clave del “sueño americano” por el que cualquier persona puede adquirir una
vivienda sin importar su estrato social. Esta estrategia gubernamental que
data de la Guerra Fría pretendía la desmovilización social y era, en
cualquier caso, geográficamente desigual. En las grandes ciudades, como
Nueva York, una mayoría de la población no ha podido tradicionalmente
permitirse comprar una vivienda; se trata de aquellas personas, en muchas
ocasiones migrantes, con empleos poco cualificados pero esenciales para la
reproducción social del capitalismo. Esta población es el germen de las
primeras conquistas en materia de vivienda en otro contexto de inflación de
precios relacionado con un conflicto bélico, la I Guerra Mundial. Robert
Fogelson narra en The Great Rent Wars cómo el incremento de los alquileres
en viviendas con condiciones insalubres en barrios obreros de la Gran
Manzana provocó una fuerte organización social por la mejora habitacional.
El mayor logro del movimiento fue la política de control del alquiler, que
sigue vigente, y por la que buena parte de los arrendadores no puede
aumentar la renta libremente en sus propiedades, sino que están sometidos a
unos porcentajes anuales determinados por una comisión municipal. Como
consecuencia del New Deal tras la II Guerra Mundial también se
intensificaron los proyectos de vivienda pública que, a diferencia de
España, nunca pasa a manos privadas. La New York City Housing Authority
(NYCHA) es actualmente la mayor agencia de vivienda social del país.



Un siglo después nos encontramos con una situación de rápido incremento de
precios inmobiliarios, aunque se observan diferencias. En el contexto
pandémico los precios cayeron y apenas dos años después se recuperan con
virulencia; los apartamentos de renta libre pueden ver incrementado su
alquiler hasta un 70%. A la par, tras décadas de neoliberalismo, las
políticas de vivienda que protegen a una mayoría social están en regresión,
lo que se une a una profunda presión inmobiliaria por la demanda global de
grandes fortunas que desean adquirir una vivienda en Nueva York. El precio
del alquiler es el más elevado del país, creciendo en los últimos meses
hasta alcanzar la mediana los 4.000$ al mes. Por tener una referencia, el
salario medio mensual no llega a 6.000$, teniendo en cuenta que existe una
diferencia abismal entre los sueldos en compañías globales y el resto de la
población, sobre todo aquella con trabajos precarios. El resultado es que
los estratos de las clases medias no pueden permitirse comprar una vivienda,
mientras que las clases trabajadoras, todavía en su mayoría migrante,
destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler. A este
contexto ha contribuido que el número de apartamentos con control del
alquiler se haya reducido desde los noventa, cuando el ayuntamiento permitió
que muchos propietarios abandonaran el programa a través de diferentes vías.
No obstante, se calcula que un 42% del inquilinato todavía tiene la renta
estabilizada, siendo el último dique de contención ante la rápida escalada
de precios.



La defensa del control de precios del alquiler es una batalla que se libra
en varios frentes. De un lado, en el campo mediático, los lobbies de
propietarios argumentan que la renta que reciben no alcanza para mantener
los edificios en condiciones óptimas de habitabilidad en un contexto de
inflación. Unos propietarios que siempre aparecen como familias de clase
media con una segunda vivienda que arriendan para tener ingresos extra.
Ahora bien, la mayoría de los propietarios de viviendas con control del
alquiler tienen más de 60 edificios (cada uno con varias viviendas). En el
pico de la burbuja inmobiliaria previo al crac de 2008, varios fondos de
inversión adquirieron 90.000 viviendas con el alquiler controlado. Los
pequeños propietarios existen, pero son una minoría. De otro lado, se
encuentran las prácticas que sufre el inquilinato en apartamentos con renta
controlada. Existen denuncias por falta de reparaciones, plagas de insectos
y roedores, propietarios que se niegan a firmar o renovar contratos con
arrendatarios –especialmente con familias migrantes, aprovechándose de que
no tienen lazos familiares en el país o no hablan bien inglés–, o
propietarios que ocultan que el arrendamiento tiene el precio controlado por
ley, exigiendo precios de mercado.



Las malas prácticas de los arrendadores, que no siempre se limita a los
apartamentos con alquiler controlado, se solapa con otras, como el robo de
escrituras. En febrero hubo un caso sonado en el barrio de Crown Heights en
Brooklyn que sirve de ejemplo. El modus operandi es el siguiente: abogados
buscan a propietarios en apuros económicos, normalmente personas mayores
racializadas e incluso analfabetas, en zonas tradicionalmente poco
atractivas para el mercado inmobiliario que ahora se gentrifican con
velocidad. Estos abogados ofrecen a esas personas dinero en efectivo
inmediato que deben devolver con bajos intereses donde la vivienda es la
garantía. Sin embargo, los contratos que se firman no son créditos, sino
compraventas. Una vez consumado el delito, el abogado revende la propiedad a
un tercero, que se ampara en que compró de buena fe. El caso en cuestión,
todavía en los tribunales, fue sonado gracias a la campaña contra el
desalojo de una familia muy arraigada en el barrio que organizaron el
Sindicato de Inquilinas de Crown Heights y el Brooklyn Eviction Defense. La
estrategia incluyó varias personas 24 horas al día durante un mes en la
puerta de la vivienda para evitar un eventual desalojo hasta que una
resolución judicial paró el procedimiento para investigar el robo. Otros
casos, en cambio, no han tenido tanta suerte. De hecho, en números
generales, en la ciudad existen 200.000 procesos de desahucio y se calcula
que 685.000 inquilinos deben renta. Cuando mucha gente se está todavía
recuperando de la crisis del covid-19, las personas sin hogar están
creciendo.



La situación empeora si atendemos a las políticas del nuevo alcalde.
Demócrata y ex capitán de policía, Eric Adams ha lanzado una campaña para
eliminar los campamentos de personas sin hogar, criminalizando al colectivo.
Al mismo tiempo, la comisión municipal que gestiona los precios de los
apartamentos con renta estabilizada ha acordado subidas de entre el 3,25 y
el 5%, amparándose en que los propietarios tienen derecho a un incremento a
causa de la inflación y la pandemia. NYCHA es el siguiente frente; hace poco
ha salido a la luz un plan para su privatización. La solución gubernamental
es seguir produciendo vivienda bajo la premisa de que, aumentando la oferta,
bajarán los precios. Pero la vivienda no es una mercancía cualquiera y la
prueba de que construir más no funciona es que, a pesar de los esfuerzos en
los últimos años, los precios siguen al alza, especialmente en el contexto
actual. Así, los sindicatos de inquilinas defienden cancelar las deudas por
rentas de alquiler y avanzar hacia la desmercantilización de la vivienda. La
renta limita un derecho fundamental y, además, bajo principios liberales, es
una ganancia no productiva de los arrendadores: es un dinero que reciben por
el que no han trabajado para ganarlo. El movimiento por el derecho a la
vivienda en Nueva York sigue luchando por un acceso universal a este bien
básico en nuestras vidas, siendo más necesario que nunca a las puertas de
otra recesión.



* Jaime Jover es doctor en Geografía e investigador Postdoctoral en Estudios
Urbanos en The Graduate Center, City University of New York.

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