Chile/ La seguridad, el flanco principal del gobierno de Boric. [Juan Carlos Ramírez Figueroa]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Lun Abr 10 11:53:52 UYT 2023


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Correspondencia de Prensa

10 de abril 2023

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Chile



Para enfrentar la ola de violencia



La seguridad se transforma en el flanco principal del gobierno de Boric



Tres carabineros muertos en un año para el estándar chileno es una cifra
alarmante. Y, además, el trasfondo de una institución que tuvo un fuerte
caso de corrupción y estuvo detrás de los daños oculares a manifestantes en
2019.



Juan Carlos Ramírez Figueroa, desde Santiago

Página/12, 10-4-2023

https://www.pagina12.com.ar/



La crisis de seguridad en Chile ha golpeado tan fuerte al gobierno de
Gabriel Boric, que incluso el nuevo proceso constituyente -donde los
chilenos deberán elegir este 7 de mayo a los 50 miembros del consejo
constitucional- ha pasado a segundo plano: según la Encuesta Criteria apenas
el 31% de la población está interesado en la posible Nueva Constitución que
reemplazaría a la de 1980, tras el contundente rechazo del primer texto
constitucional en septiembre del año pasado.



La muerte del carabinero Daniel Palma, en un procedimiento policial el
jueves pasado en Santiago, justo en medio de la aprobación en el Congreso de
leyes que dan mayores atribuciones a la institución que ya lamentaba dos
fallecimientos este año, ha enrarecido la Semana Santa al punto que Boric
debió pedir una “tregua” a los partidos de derecha para lograr acuerdos para
controlar esta oleada de violencia donde el país registra 4,6 homicidios por
cada 100 mil habitantes. Una cifra que, a pesar de ser de las más bajas de
la región, para el país trasandino son récord y que la derecha asocia, sobre
todo, con la migración de extranjeros por pasos no habilitados.



La relación entre carabineros y el gobierno de Chile ciertamente no está
pasando por un buen momento. En marzo, la ministra del interior Carolina
Tohá tuvo que pedirle al general director Ricardo Yáñez que cuidara sus
palabras al referirse a la clase política que, según él, tenía “amarrada de
manos” a sus funcionarios exigiendo un marco legal donde "carabineros no
tengan que dudar, donde los carabineros no tengan miedo a tener que
enfrentar a delincuentes y hacer uso de todos los elementos que la ley les
entrega". Todo esto a propósito de la muerte del cabo primero Alex Salazar,
atropellado en la ciudad de Concepción, hecho que conmocionó a un país donde
tradicionalmente la cifra de carabineros fallecidos es baja o incluso nula.
Tohá además de ratificarle que el gobierno apoya a su institución y que no
era bueno sembrar dudas al respecto, señaló en una entrevista que “hubo una
época en Chile de mucha discordia sobre la actuación de Carabineros, de
muchas cosas, tuvimos una explosión social y cuestionamientos a las
instituciones, pero lo que tenemos hoy no es que exista un clima en la
sociedad chilena que le amarre las manos a Carabineros”.



Represión y corrupción



Con esto se refería claramente a la violencia institucional durante las
grandes protestas de 2019 que dejó a más de 300 personas con daño ocular
producto de las balas de goma que las Fuerzas Especiales utilizaban para
contenerlos y una decena de fallecidos. Pero también por el caso de
corrupción más grande de la historia del país donde más de 130 funcionarios
se habrían embolsado más de 42 millones de dólares, en lo que se conocerá
como “Paco-gate”. Un juego de palabras entre el nombre coloquial con que los
chilenos se refieren a los carabineros (“pacos”) y el caso Watergate.



Este conflicto con la institución se reflejó precisamente en el caso de la
periodista chilena Paulina de Allende Salazar que mencionó la palabra “paco”
frente a un general que se negó a entregar un comunicado sobre la muerte de
Palma hasta que ella se retirara. Aunque ella corrigió al instante la
expresión y pidió las disculpas del caso, su canal -Mega- terminó
despidiéndola. Por otra parte, ha habido protestas ciudadanas frente a La
Moneda por la situación de carabineros, donde algunos incluso le piden la
renuncia a Boric, mientras éste fue abucheado en el velorio del carabinero
donde asistió junto a los ex presidentes Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y
Sebastián Piñera, y terminó arrodillado frente a la viuda. Si la idea de sus
asesores, que gustan de generar imágenes cinematográficas, era demostrar su
capacidad de empatía, para sus críticos significaba otra cosa: que el
gobierno está de rodillas en el suelo.



Sin embargo, Boric a través de un mensaje a los chilenos destacó las nuevas
medidas implementadas, entre ellas, aumento de penas por portación de armas
en lugares altamente concurridos, la creación del delito de extorsión en
gendarmería y el aumento de 1.500 millones de dólares de presupuesto para la
creación del plan “Calles sin violencia”.



“A la delincuencia la enfrentamos como Estado y sociedad organizada. En esto
no existen izquierdas o derechas. Estamos unidos en esta cruzada y como
Gobierno de Chile seguiremos hablando con hechos. No dejaremos que nuestras
policías ni ciudadanos sigan expuestos a la delincuencia”.



Otro plebiscito más



Todo esto sucede en medio del estreno de la franja del Consejo
Constitucional: cincuenta ciudadanos que escribirán la propuesta de la nueva
constitución y dividida en espacios para el pacto Chile Seguro (que
representa a la derecha); Unidad por Chile (oficialismo); Todo por Chile
(centro), representantes de pueblos originarios y dos partidos políticos:
Partido Republicano y Partido de la Gente, ambos situados en la derecha más
extrema o “libertaria”. Como es de esperar el tono de los representantes de
la derecha es crítico a la gestión de Gabriel Boric además de asociarse al
triunfo del rechazo y el tema de la delincuencia. Mientras tanto la franja
oficialista se ha centrado en los derechos sociales y la necesidad de una
constitución “que abra las grandes alamedas” parafraseando la conocida frase
de Salvador Allende.



De todas formas, la adhesión a este proceso es baja, como señalan las
encuestas. Aunque la votación de los representantes como de la constitución
serán obligatorios, un 54% de los chilenos no tiene clara su opción, frente
a un 28% que rechazará y un 18% que aprobará. Y es que tras un Estallido
Social, la pandemia, un fallido primer proceso constitucional y la difícil
instalación de un gobierno que concentró altas expectativas, es casi natural
que el país esté agotado.

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