Brasil/ El "nuevo ropaje" de las milicias rurales. [Gabriela Moncau]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

19 de abril 2023

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Brasil



Lucha por la tierra



Masacre de Eldorado de Carajás: 27 años después, los movimientos denuncian
nuevas "milicias rurales”



Gabriela Moncau

Brasil de Fato, 17-4-2023

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Traducción de Correspondencia de Prensa



Las ocupaciones del Ingenio Cumbe, en la ciudad de Timbaúba (Pernambuco), y
de la sede del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria)
en Maceió (Alagoas) inauguraron el "Abril Rojo" del Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), un mes de movilización en memoria de
la Masacre de Eldorado de Carajás, que cumple 27 años este lunes 17 de
abril.



La "curva S" -donde la Policía Militar de Pará asesinó a 21 trabajadores sin
tierra en 1996- acoge, desde el día 9 de abril , el Campamento Pedagógico
Juvenil Oziel Alves. Bautizado con el nombre del joven de 17 años ejecutado
con un tiro en la frente en Eldorado de Carajás, el campamento ha reunido a
centenares de jóvenes y finaliza sus actividades con un acto este lunes.



"Reforma agraria contra el hambre y la esclavitud: por la tierra, la
democracia y el medio ambiente" es el lema del Día de Abril de este año, en
continuidad y actualización de la lucha de los campesinos que vieron
brutalmente interrumpida la marcha a Belém (Pará) hace 27 años. Se trata de
uno de los episodios más emblemáticos de la disputa por la tierra en Brasil,
que hizo del 17 de abril el Día Mundial de Lucha por la Tierra.



Reorganización de los terratenientes



Y el día llega, en 2023, en un momento en que los movimientos populares e
indígenas afirman tener que enfrentarse a la organización de nuevas
"milicias rurales".



"Estamos viviendo una reorganización de la UDR", dice Lucineia Durães, de la
dirección nacional del MST. Se refiere a la Unión Democrática Rural, una
entidad de las patronales rurales creada para reaccionar de forma organizada
y violenta a los avances de los movimientos en defensa de la reforma agraria
en las décadas de 1980 y 1990.



"Lo que está ocurriendo es una reorganización de los terratenientes con
vistas a defender la propiedad en detrimento de la ley y de la vida", afirma
Lucineia.



Bahía es el estado donde esta articulación está actuando de forma más
explícita.



El pasado martes (11 de abril), una comunidad de Fundo e Fecho de Pasto, en
Correntina (Bahía), fue tiroteada por pistoleros. El ataque tuvo lugar
mientras un grupo de comuneros realizaba un trabajo conjunto para
reconstruir un puente que, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT),
fue destruido con un tractor en enero por orden de los interesados en
apropiarse de las tierras de la comunidad tradicional. Tres hombres
resultaron heridos de bala y uno de ellos, Gelson Neves, de 58 años, se
encuentra en estado grave.



En un vídeo que circula por las redes sociales desde el 1 de abril, el
ganadero Luiz Uaquim (MDB) se hace pasar por uno de los organizadores del
grupo "Invasión cero" que, junto con otros terratenientes, pretende impedir
las acciones del MST en el estado. "Los productores van a cambiar su forma
de actuar", dice Uaquim: "Es un hito en la historia del productor contra la
invasión de tierras. Vamos a hacer el 'Abril Amarillo'", afirma.



Tres días después, el 4 de abril, los hacendados se dirigieron en un convoy
de 35 camionetas al Campamento Osmar Azevedo, del MST, que estaba siendo
embargado en Itabela, Bahía. "Los campesinos, que organizan una milicia
rural en la región, rodearon el campamento", describe una nota del
movimiento. Según los acampados, "los milicianos" intentaron entrar en la
zona "para amenazar y coaccionar a las familias, pero la policía los
interceptó". El convoy cerró entonces la ruta BR 101 durante 15 minutos.



La acción siguió un patrón similar a lo ocurrido en Jacobina (Bahía), el 3
de marzo. Los campesinos que habían ocupado una granja abandonaron la zona
bajo tensión, ante una caravana de hacendados que, al son del himno
nacional, derribaron barracones y prendieron fuego a colchones.



"No les importa que las zonas sean improductivas, no les importa el hambre,
no les importa nada que no sea la defensa de la propiedad y sobre todo
cuando es ilegal. Porque la ocupación es precisamente para denunciar la
ilegalidad: el incumplimiento constitucional de la función social", afirma
Durães.



Según una planilla publicada por la CNN (Brasil), 800 hacendados
distribuidos en 130 ciudades de Bahía forman parte del grupo "Invasión
Cero". Estarían organizados en siete células principales, centralizadas en
los municipios de Itabuna, Ipaú, Itapetinga, Eunápolis, Santo Antônio de
Jesus y Vale do Jiquiriçá.



La articulación de los hacendados cuenta con el apoyo público de sindicatos
rurales, entidades como la Federación de Agricultura y Ganadería de Bahía
(FAEB) y políticos como el alcalde de Andaraí, Wilson Paes Cardoso (PSB). En
un comunicado, Cardoso, que también es ganadero y presidente del Consorcio
Chapada Forte, dijo estar "vehementemente en desacuerdo con cualquier acto
de invasión u ocupación" porque lesiona "el derecho a la propiedad" y genera
"inseguridad jurídica".



"¿Quiénes son? Son esos bolsonaristas radicales que, cuando se ven obligados
a salir del frente de los cuarteles, a salir del medio de las carreteras,
buscan un blanco. Y entienden que nosotros somos el blanco, por lo que
representamos: campesinos, comunidades de pastizales, pueblos ribereños,
pueblos indígenas", dice Durães.



A finales de marzo, entidades indígenas enviaron un informe a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertando de que, con los "ataques
de ganaderos y milicianos", doce mil pataxó viven bajo una "guerra de baja
intensidad" en el sur de Bahía. El 17 de enero, los jóvenes pataxó Samuel
Braz e Inauí Brito fueron asesinados junto a la ruta BR-101.



Violencia, concentraciones, presión y redes sociales



Eliane Oliveira, de la dirección estatal del MST en Bahía, cuenta que pocos
días antes de este 17 de abril circuló en las redes sociales una tarjeta con
la foto de los ataúdes de los muertos en la Masacre de Eldorado de
Carajás.Encima, frases en tono amenazador: para que la escena no se repita,
las ocupaciones ya no podrían ocurrir.



"Lo que también han hecho es poner este terror", describe. "Pero lo que
siempre hemos sabido hacer es la ocupación de tierras, y vamos a continuar",
apunta Oliveira.



"No aceptaremos la desposesión por parte de los terratenientes. Hemos
informado al Gobierno de Bahía de la situación y queremos saber cómo van a
actuar", afirma.



El uso de las redes sociales, con tarjetas, vídeos de la propia
concentración y de ruralistas llamando a la acción, es destacado por los
líderes de los Sin Tierra como una característica de lo que Eliane llama el
"nuevo ropaje" de la acción organizada de los latifundistas.



Para Lucinéia, la "agitación y propaganda para subirse a una plataforma" es
uno de los tres componentes de las acciones de este grupo ruralista. "Van a
hacer estas acciones y las van a filmar. Se van a presentar, se van a
convocar", describe.



Las otras dos, según ella, son "la violencia y el exterminio" y el lobby
institucional a través del Frente Parlamentario Agroganadero. La bancada de
parlamentarios bolsonaristas defiende actualmente la creación de la llamada
"Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del MST", que busca
criminalizar al movimiento.



"Hemos derrotado a Bolsonaro. Pero la sociedad brasileña todavía necesita
derrotar al bolsonarismo", afirma Durães. "Es este bolsonarismo el que
intenta construir una naturalización de la muerte, que hace que parte de la
población ignore que seguimos teniendo cientos de millones de personas
pasando hambre", expone.



"Mientras tanto", continúa Lucinéia, "los terratenientes invaden la Amazonia
para criar ganado en tierras públicas. Mientras invaden tierras indígenas
diezmando poblaciones como hacían con los Yanomami"." No es de extrañar",
dice, "que veamos a tanta gente rescatada en condiciones análogas a la
esclavitud. Que veamos a una mujer blanca azotando a un trabajador negro.
Que veamos a ganaderos con pistola en mano grabando para desahuciar a los
sin tierra".



La memoria de Carajás como proyección de futuro



Para Eliane Oliveira, la omisión del Estado -ya sea en la falta de justicia
respecto a la Masacre de Eldorado de Carajás, o en la libertad con la que
han actuado las "milicias rurales"- conecta el escenario de hace 27 años y
el de hoy.



"Los ganaderos están dando la cara, diciendo quiénes son, cómo se están
organizando. ¿Y qué ha hecho el Estado al respecto?", se pregunta. "Mientras
tanto, ellos siguen actuando y, como dice la foto que hicieron circular [con
los ataúdes], pueden hacer lo mismo. Porque no ha habido justicia para los
trabajadores de Carajás. No la ha habido hasta hoy", dice Eliane.



De los 155 policías que actuaron en la masacre, sólo los dos comandantes de
la operación fueron condenados por homicidio involuntario. Los coroneles
Mário Pantoja y José Maria Pereira Oliveira fueron detenidos en 2012, 16
años después del suceso. Cuatro años después, comenzaron a cumplir su
condena en libertad. Pantoja murió en Belém en 2020.



En diferentes demandas desde los años 90, la justicia ha determinado que el
Estado debe indemnizar y proporcionar tratamiento médico a 50 de los
supervivientes, así como una pensión a algunos familiares de los
trabajadores asesinados. Otros 20 reclaman indemnizaciones y esperan
respuesta del Fiscal General del Estado de Pará.



El abogado Wlamir Brelaz defiende a los supervivientes de la masacre desde
1998. En una entrevista concedida a Brasil de Fato para el programa Bem
Viver, opinó que la mayor injusticia relacionada con ellos, hasta el día de
hoy, es la falta de acceso a la asistencia sanitaria, a pesar de una
decisión judicial que obliga al Estado a prestarla.



"Hay una persona que a día de hoy tiene una bala alojada en la cabeza. Le
sale un líquido de los ojos. Perdió la vista. Muchas personas murieron a
consecuencia de la masacre. Por no hablar de la cuestión psicológica, que
prácticamente no existía", dice Brelaz.



Los supervivientes de la masacre de Eldorado de Carajás, sin embargo, son
mucho más numerosos que los que entraron en batalla legal con el Estado:
1500 campesinos participaron en aquella marcha. Al menos 79 resultaron
gravemente heridos.



Para Brelaz, la falta de toma de responsabilidad del Estado por el episodio
"es consecuencia y, al mismo tiempo, causa y estímulo de nuevas violencias".
"Para los mártires de Eldorado", subraya Durães, sin embargo, "nuestra
militancia está en condiciones de enfrentar este nuevo tiempo".



"Los 21 sin tierra fueron asesinados en su lucha por la tierra. Y nos damos
cuenta de que, 27 años después, seguimos ocupando tierras y enfrentándonos a
los latifundios para que se produzca la reforma agraria", afirma Eliane
Oliveira.



Según ella, la expectativa de que las agendas del movimiento avancen bajo el
nuevo gobierno de Lula "sigue siendo muy grande". Sin embargo, después de
poco más de 100 días en el cargo, dice que el resultado no ha llegado:
"Esperamos que este mes de abril pueda hacer que el gobierno ponga esta
agenda sobre la mesa".



"No habrá silencio hasta que se haga justicia", resume Lucinéia. "Y justicia
para nosotros", concluye, "significa reforma agraria. Haremos nuestro abril.
Y haremos nuestro año entero de lucha por la justicia".

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