Brasil/ Guerra en el campo: la única solución es que Lula haga la reforma agraria. [Carlos Lima - Entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

24 de abril 2023

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Brasil



El campo tuvo números de guerra con Bolsonaro: la solución es que Lula haga
reforma agraria



Comisión Pastoral de la Tierra culpa al agronegocio y enumera medidas para
revertir la violencia rural.



Murilo Pajolla, desde Lábrea (Amazonas)

Brasil de Fato, 22-4-2023

https://www.brasildefato.com.br/

Traducción de Correspondencia de Prensa



El coordinador nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Carlos
Lima, dijo a Brasil de Fato que el gobierno de Lula representa una
oportunidad para la adopción de medidas de emergencia que garanticen la paz
en el campo brasileño. Según la entidad, esas acciones suavizarían la
política de incentivo a la violencia contra los sin tierra, indígenas y
quilombolas (1) que ha marcado al gobierno de Jair Bolsonaro (Partido
Liberal).

"Con toda la certeza que los datos nos aseguran, el período de 2019 a 2022
fue el más violento de los últimos 10 años. La cantidad de conflictos es
aterradora: 8 mil ocurrencias en el campo brasileño. Nosotros de la CPT
afirmamos que la marca inaugural de este momento es el golpe que ocurrió
contra la democracia brasileña en 2016", resalta Lima.



Divulgado esta semana, el tradicional informe anual de CPT "Conflictos en el
Campo"
(https://www.brasildefato.com.br/2023/04/17/violencia-no-campo-se-concentrou
-na-amazonia-e-indigenas-sao-os-que-mais-morreram-diz-cpt) describe un
escenario de aumento de la violencia en 2022. Hubo un aumento en múltiples
indicadores, entre ellos los asesinatos, que aumentaron 30% en comparación
con 2021 y 123% en comparación con 2020. En promedio, el campo brasileño
tuvo un conflicto cada cuatro horas el año pasado.



-¿Cuáles son las medidas que el gobierno de Lula puede tomar para encaminar
el campo brasileño hacia la pacificación?



El gobierno tiene, por ejemplo, que evitar los desalojos judiciales o
practicados por sicarios, guardaespaldas de los hacendados y milicias.
También puede actuar con el Poder Judicial creando mecanismos para proteger
a estas familias que viven esta inseguridad jurídica de forma permanente en
sus tierras.



Otra posibilidad es utilizar simplemente la Constitución brasileña: demarcar
los territorios indígenas, garantizando a los pueblos originarios su derecho
sagrado, histórico, constitucional, que es tener dominio sobre su tierra
como espacio ancestral. También es necesario garantizar a los campesinos,
especialmente a los sin tierra, el acceso a la tierra, a la reforma agraria.



El gobierno también puede crear mecanismos de seguridad y protección para
las personas amenazadas. Crear y reforzar los programas existentes que
garanticen la protección física de estas personas amenazadas, para que no se
produzcan más asesinatos en el campo.



Pero creemos que la mayor medida es realizar la reforma agraria, la
demarcación de los territorios indígenas y la titulación de las tierras
quilombolas. La garantía de los territorios pesqueros y ribereños.



Son estos procesos los que cambiarán la estructura del país, devolverán al
pueblo el derecho a vivir en la tierra y en el territorio, cambiarán estos
números, lo que reducirá la violencia. Y quién sabe, tal vez, en poco
tiempo, con un proyecto serio - que sea monitoreado, no sólo una acción
puntual, sino una parte efectiva de la política de Estado - disminuyamos la
violencia en el campo. Eso es lo que sueña la CPT y por lo que luchan las
organizaciones rurales para que tengamos paz y justicia en el campo
brasileño.



-Cómo el gobierno de Bolsonaro indujo el crecimiento de la violencia en el
campo?



La violencia es un instrumento recurrente e histórico utilizado contra las
comunidades y los pueblos con el objetivo de liberar tierras para la acción
del capital en el campo. Esta es una práctica recurrente desde la invasión
de los portugueses a nuestro país.



Cuando pensamos en los cuatro años de Bolsonaro, nos damos cuenta de los
mecanismos, las formas que el gobierno ha utilizado para promover la
violencia o para garantizar la impunidad a los que promueven la violencia. Y
el gobierno garantizó que esa violencia pudiera ocurrir con la tranquilidad
que los agresores necesitan, con la certeza de la impunidad y con el
debilitamiento del Estado a la hora de fiscalizar.



Por ejemplo, el gobierno facilitó el acceso a las armas. O cuando el
gobierno ha debilitado aún más los órganos de control del Estado. O cuando
el gobierno tomó la opción de desguazar el Incra (Instituto Nacional de
Colonización y Reforma Agraria) y la Funai (Fundación Nacional del Indio). Y
cuando el gobierno, a través de la propaganda con una narrativa agresiva,
criminaliza la acción de los movimientos sociales en todo el país.



Con toda la certeza que nos aseguran los datos, el período de 2019 a 2022
fue el más violento de los últimos 10 años. El número de conflictos es
aterrador: 8.000 ocurrencias en el campo brasileño. Nosotros de la CPT
afirmamos que la marca inaugural de este momento es el golpe que ocurrió
contra la democracia brasileña en 2016.



Esto se hace muy evidente cuando miramos la cuestión de la violencia a las
personas. Tuvimos un número muy alto de intentos de asesinato en el país en
2022. El número de amenazados también ha aumentado considerablemente. En
2021 tuvimos 144 intentos y en 2022, 206.



El gran número de asesinatos también entristece a todos aquellos que piensan
en un Brasil desarrollado, con reforma agraria, con alimentos de buena
calidad, sobre todo porque esto, como he dicho innumerables veces, la lucha
por la tierra y el territorio está prevista en nuestra Constitución. Tuvimos
en el año 2022, 47 asesinatos. Esto clama al cielo. Esto denuncia la
fragilidad, la omisión, la connivencia y muchas veces el protagonismo del
Estado en la promoción de esta violencia.



Otra cuestión muy fuerte es que el agronegocio, que se presenta como más
moderno, que está en las regiones más fuertes del país desde el punto de
vista económico, continúa con la arcaica práctica esclavista que fundó su
nacimiento, es decir, la práctica del trabajo esclavo.



Para tener una idea, en 2022 se registraron 207 casos y se rescataron 2018
trabajadores. Y esto ocurre en el corazón del agronegocio: monocultivos de
caña, soja, ajo, café y manzana.



Esto también explicita la relación Estado/Agro-negocio, que es una relación
histórica, basada en la explotación de las comunidades, en la muerte de
personas, en la destrucción de la naturaleza y de las formas de vida de las
comunidades y de los pueblos. Esto debe terminar. El Estado necesita
garantizar condiciones para los que quieren trabajar en la tierra, y
especialmente para los más debilitados económicamente, los sin tierra, los
quilombolas y los indígenas.



El Estado debe garantizar a estas personas condiciones de vida dignas y
protección para seguir viviendo y tener garantizada en sus formas de vida su
relación con la naturaleza y su protección de la naturaleza, lo que para
nosotros significa garantizar el futuro del planeta Tierra.



-La CPT muestra que el gobierno de Bolsonaro ha concentrado el 60% de las
invasiones de tierras registradas en los últimos 10 años. Un gobierno que
fue elegido predicando la pacificación del campo...



Bolsonaro fue el campeón de las invasiones de tierras. En primer lugar, es
importante establecer la diferencia entre ocupaciones/retomadas e
invasiones. El primer instrumento serían las ocupaciones de tierras
improductivas por los sin tierra, resultado de una organización, de una
lectura del área: si el área tiene deudas, la productividad de esa área...
Es una forma de acelerar la reforma agraria. Todos los procesos de
expropiación de tierras para la reforma agraria son, en su mayoría,
resultado de ocupaciones de tierras. Por tanto, es un instrumento legítimo y
democrático.



También ocurre con las reposiciones, cuando se trata de los pueblos
originarios y de las comunidades quilombolas, que tuvieron su territorio
invadido. Fueron expulsados de esos territorios en el pasado y ahora, en una
acción para recuperar esos territorios, ocupan, piden y exigen la
demarcación. Este es un instrumento democrático que garantiza a la gente el
acceso a la tierra y al territorio.



La invasión, por otro lado, es un proceso practicado por las élites, por el
Estado, en el sentido de expulsar a esas comunidades, por un interés
económico en esa tierra. Y eso, en el gobierno de Bolsonaro, está muy claro
en los números y registros que hemos llevado a lo largo de este tiempo.



Del total de 661 tierras indígenas invadidas en la última década, 411
ocurrieron durante el gobierno Bolsonaro. Es un gobierno que ha incentivado
y garantizado la práctica de invadir territorios, especial y particularmente
territorios indígenas. Facilitó la entrada de acaparadores de tierras y
mineros ilegales para liberar esos territorios para la expansión del
capital, para que el capital pueda obtener más ganancias. Por lo tanto, se
practica la invasión y, consecuentemente, la invasión de donde viven las
familias y los pueblos campesinos.



Esta es una realidad creciente que esperamos que el actual gobierno de Lula
pueda frenar, como ya ha hecho en el caso del pueblo Yanomami.



Nota



1) Poblaciones rurales, originarias del quilombo, un territorio construido
por esclavos que huían de la explotación y la opresión, un lugar diseñado
por negros fugitivos, sus hijos y otros libertos. Los quilombos se
configuraron como espacios de autogobierno y, durante cientos de años,
fueron las principales experiencias de negación radical del orden colonial.
(Redacción Correspondencia de Prensa)

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