Brasil/ APPs: la trampa que se tendió el gobierno [Paulo Kliass]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

2 de agosto 2023

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Brasil



Asociaciones público-privada: la trampa que se tendió el gobierno



Fernando Haddad propone la asociación público-privada (APP) como solución a
la falta de recursos públicos, estrangulada precisamente por el marco
fiscal. La tragedia de las prisiones estatales muestra lo peligrosa que
puede ser esta peculiar forma de privatización.



Paulo Kliass *

Outras Palavras, 1-8-2023

https://outraspalavras.net/

Traducción de Correspondencia de Prensa



Las buenas noticias de la coyuntura económica inmediata ensombrecen las
difíciles perspectivas que ya se vislumbran para la economía a medio y largo
plazo. La más reciente luna de miel del sector financiero con el ministro de
Hacienda apunta a las verdaderas propuestas que el sector gubernamental
viene planteando para la crisis de estancamiento estructural en el ritmo de
actividad que vive el país desde hace tiempo. Se trata de preservar la
austeridad fiscal, mantener intocada la esencia del entorno favorable al
rentismo financiero y estimular el avance del capital en áreas hasta ahora
reservadas al Estado.



A un observador desprevenido puede parecerle extraño que haya tantos
titulares alabando la austeridad fiscal del nuevo marco, editoriales
elogiando las medidas contenidas en la propuesta de Reforma Fiscal e incluso
portadas positivas para Fernando Haddad en los mismos semanarios que llevan
décadas demonizando a Lula y al Partido de los Trabajadores. ¿Qué explica
esta aparente paradoja? De hecho, las mismas 60 personas de la flor y nata
del sistema financiero que respondieron a la famosa encuesta de Quaest
(https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2023/07/12/quaest-pesquisa-mer
cado-financeiro-haddad-lula-banco-central.htm)  sobre el gobierno mostraron
que creían en la capacidad del ex alcalde de São Paulo, pero mantenían una
desconfianza muy elevada hacia el presidente de la República.



El hecho concreto es que las restricciones contenidas en el PLP 93 (Proyecto
de Ley Complementaria) que establece las bases del Nuevo Marco Fiscal,
apuntan a una continua reducción de la capacidad del Estado brasileño para
recuperar su necesario protagonismo en la esfera de la economía. La
propuesta elaborada por Haddad, tras consultar sólo al presidente del Banco
Central y a algunos responsables de bancos e instituciones financieras,
mantiene la búsqueda de un superávit primario y consolida las reglas para
que los gastos presupuestarios no puedan crecer al mismo ritmo que los
ingresos. Así, el gasto sólo puede aumentar en un 70% del aumento de los
ingresos fiscales.



El techo de Haddad y la reducción del gasto público



La perpetuación del demoníaco espíritu de austeridad en el manejo de las
cuentas públicas anuncia graves dificultades en los próximos ejercicios. El
mantenimiento de áreas esenciales como la salud y la educación, por ejemplo,
en la contabilidad del nuevo techo de Haddad ya ha hecho que los
responsables del Tesoro Nacional anuncien, desde marzo, la necesidad de
enviar una propuesta para eliminar del cuerpo de la Constitución los mínimos
obligatorios para establecer partidas presupuestarias para estos sectores.
La intención es eliminar la vinculación obligatoria de los gastos en salud
(15%) y educación (18%) a los ingresos corrientes del gobierno federal. Se
trata de una locura de inspiración liberal, que ni siquiera los gobiernos
Temer/Meirelles y Bolsonaro/Guedes han conseguido realizar.



Además de estos dos grupos más sensibles de los servicios públicos, hay una
serie de otros sectores que sin duda se verán comprometidos por el nuevo
marco fiscal. Las necesidades en ciencia, tecnología e innovación, en
políticas de combate al hambre y a la pobreza, las necesidades en el área
del medio ambiente, las políticas públicas en agricultura familiar, las
medidas de saneamiento, los presupuestos de seguridad social y varios otros
campos no podrán contar con recursos presupuestarios acordes con las
necesidades reales de la mayoría de la población. Por otro lado, las
aportaciones fundamentales de recursos a las empresas estatales y a los
bancos públicos federales también se verán limitadas por las nuevas reglas.
Puede que Brasil esté remontando, pero el Estado se está quedando atrás.



Para hacer frente a esta situación, Haddad ya anunció desde el principio lo
que presenta como una solución milagrosa a la falta de recursos que él mismo
contribuyó a crear. Es importante señalar que el Gobierno se ha tendido una
trampa en la conducción de la política fiscal. Si la política monetaria ya
había sido secuestrada desde la administración Bolsonaro con la aprobación
de la ley de independencia del Banco Central, el nuevo gobierno ha optado
por entregar -por voluntad propia- todo el potencial que existe en la
política de gasto público. Así, la estrategia para recuperar el nivel de
inversión en la economía depende ahora predominantemente de la acción y el
interés del capital privado.



La APP: privatización de los servicios públicos



Ante tal situación de limitada acción estatal, el Ministro de Hacienda saca
de su chistera la magia de las asociaciones público-privadas, las famosas
APP. Su uso aumenta en cantidad y calidad. Esta peculiar forma de permitir
la privatización de servicios públicos y de otros bienes y servicios en los
que el sector público era el principal agente económico se convierte en la
norma. Además de la delegación de tales responsabilidades a organizaciones
sociales (OS) del sector privado en sanidad y educación, que han avanzado
mucho en los 3 niveles de gobierno en las últimas 2 décadas, el gobierno
está pidiendo ahora APP a una escala cada vez mayor en proyectos de
infraestructuras, medio ambiente, investigación e innovación tecnológica e
incluso prisiones. Una locura.



Este es el modelo en el que el capital privado asume la inversión y
posterior gestión de áreas estratégicas del Estado brasileño. Podría
convertirse en un importante trampolín para el nuevo ciclo de acumulación de
capital en el país. El gobierno está preparando una serie de medidas para
ampliar el alcance de esas posibilidades de articulación entre los sectores
público y privado. Entre las nuevas medidas figura, por ejemplo, la creación
de obligaciones incentivadas con garantía del Estado y exención del impuesto
sobre la renta de dichos títulos. Este tipo de negocios permite al sector
privado apalancar recursos interesados en hacer negocios en áreas que hasta
hace poco eran exclusivas del sector público, como salud, educación,
saneamiento y seguridad pública.



Una de las principales diferencias radica en la lógica del capital privado.
Al realizar inversiones en estos sectores, al inversor sólo le preocupa la
tasa de rentabilidad del capital invertido y no la calidad del servicio
prestado a la sociedad o al ciudadano. La búsqueda de la llamada
"maximización de la rentabilidad" se centra únicamente en el balance
excedente entre ingresos y gastos de cada proyecto. Así, al aumentar los
ingresos y reducir los gastos, se abre el camino para el aumento exagerado
de las tarifas y la disminución injustificada de los gastos asociados a la
mejora de los servicios.



La APP no es la panacea para la retirada del Estado



El modelo APP existe desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso pero su
uso entusiasta por parte de los gobiernos estatales no sólo se encuentra en
las administraciones de los gobernadores del PSDB. Bahía y Piauí, por
ejemplo, mantienen desde hace tiempo programas de servicios públicos basados
en este tipo de concesión al capital privado. No es casualidad que estos
últimos gobernadores se convirtieran en destacados ministros en el tercer
mandato de Lula: Rui Costa en la Casa Civil y Wellington Dias en Desarrollo
Social. Este fenómeno abre la posibilidad de que este modelo se establezca
efectivamente como la regla para la expansión de este tipo de servicio
público. Es decir, su transformación en un negocio para el capital privado.



El caso de las APP para prisiones es bastante emblemático de los riesgos y
consecuencias de su generalización. El estado de Minas Gerais fue el primero
en adoptar el modelo para la Prisión de Ribeirão das Neves. Actualmente está
en discusión el apoyo financiero del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social) a una demanda del gobernador de Rio Grande Sul. Eduardo
Leite (PSDB) pretende utilizar el modelo para una prisión en el municipio de
Erechim, con una subasta que se celebrará en la Bolsa de Valores de São
Paulo. Hay un simbolismo de interfaz entre las esferas pública y privada.



APP en las prisiones: perpetuar la violencia, la injusticia y la desigualdad



Este es quizás uno de los casos en los que el uso de la APP hace más
evidente la contradicción entre el modelo de inversión y gestión privada y
la naturaleza intrínseca de un servicio público. La transformación de las
prisiones en objeto de acumulación de capital sitúa el encarcelamiento como
elemento fundamental para la obtención de ingresos por parte del inversor en
busca de su beneficio. Cuanto mayor sea el número de presos, mayor será la
rentabilidad de la inversión. Cuanto peores sean sus condiciones, menores
serán los gastos y, por tanto, mayor la rentabilidad del negocio. Este
objetivo va totalmente en contra del necesario cambio en la política de
seguridad pública y encarcelamiento.



Es bien sabido que la composición de la población carcelaria brasileña es
mayoritariamente de jóvenes y negros, según datos del Foro Brasileño de
Seguridad Pública. En 2022, había 826.000 presos, y los negros representaban
el 68% del total. El perfil más joven de este grupo queda demostrado por la
presencia de un 46% con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años.
Además, más del 25% del total de presos seguían en prisión provisional, sin
juicio ni condena. La privatización de las prisiones está destinada a
profundizar esta situación de injusticia y desigualdad



La incorporación de los objetivos y métodos del neoliberalismo por gobiernos
progresistas y de izquierda sólo ha traído terribles resultados en la
experiencia internacional. Aún es tiempo de que Lula despierte a la
necesidad de impedir que este camino sea adoptado por su gobierno. Los
proyectos financieros con incentivos fiscales y garantías gubernamentales
para asociaciones público-privadas no pueden convertirse en la panacea para
la necesidad de recuperar el papel del Estado brasileño.



* Doctor en economía y miembro de la carrera de Especialistas en Políticas
Públicas y Gestión del gobierno federal.

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