Colombia/ Petro y los desafíos a sus reformas. [Nick MacWilliam]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

4 de agosto 2023

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Colombia



Petro y los desafíos a sus reformas



La batalla por Colombia



Aunque elegido con la promesa de abordar las crisis endémicas que afectan
Colombia, el «gobierno del cambio» está sometido a límites precisos por su
falta de mayorías en el Congreso y el ataque constante de los grandes
medios. Sin embargo, cuenta con varias ventajas para sacar adelante parte de
su programa.



Nick MacWilliam

Brecha, 4-8-2023

https://brecha.com.uy/



En Cali la memoria reviste las paredes. La tercera ciudad más populosa de
Colombia está adornada con murales que representan el estallido social: las
inmensas protestas que sacudieron Colombia entre abril y junio de 2021,
originadas por las despiadadas condiciones sociales existentes y recibidas
con una represión feroz por parte del Estado colombiano. Pinturas de cinco
metros de jóvenes asesinados por la Policía dominan carreteras
congestionadas, señalando la negativa de los residentes a olvidar los
crímenes cometidos por el régimen autoritario de Iván Duque (2018-2022).
Este año, en el segundo aniversario de la revuelta, los puntos de
resistencia de la ciudad han sido reimaginados. Se han creado nuevas obras
de arte callejero, al tiempo que se han organizado comidas comunitarias y
actuaciones musicales para reunir a los afectados por los acontecimientos:
los padres y las madres de los activistas muertos en la represión, los
manifestantes con heridas que les han cambiado la vida, etcétera. «A la
Policía no le gustaba que nos reuniéramos así antes», comenta un grafitero
con un aerosol en la mano. «Pero, desde las elecciones, tienden a dejarnos
en paz.»



En junio de 2022 la revuelta contra Duque culminó con la elección del primer
gobierno progresista de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro
y la vicepresidenta Francia Márquez. La última vez que un izquierdista hizo
una apuesta seria por la presidencia fue en 1948, cuando la probable
victoria de Jorge Eliécer Gaitán se vio frustrada por su asesinato.



El PBI colombiano se sitúa en torno a la media latinoamericana, pero los
niveles de desigualdad se cuentan entre los más altos de la región. Durante
décadas, las poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas han sido
desplazadas por la fuerza para facilitar una mayor concentración de la
tierra. Desde principios de la década del 80 los paramilitares han expulsado
a las poblaciones de enormes extensiones de las zonas rurales a medida que
se ha ido extendiendo la economía extractiva, junto con la ganadería, la
agricultura intensiva y la producción de cocaína. Durante la presidencia
derechista de Álvaro Uribe (2002-2010), la oligarquía terrateniente, que
solo representa una ínfima fracción del total de propietarios, aumentó sus
posesiones de tierras agrícolas del 47 por ciento al 68 por ciento del
total, mientras que el 80 por ciento de los campesinos vivía en situación de
pobreza. La clase trabajadora urbana ha sufrido permanentemente bajos
salarios e inestabilidad laboral, y su capacidad de organizarse para mejorar
las condiciones se ha visto fatalmente debilitada por la violencia
sistemática ejercida contra los líderes sindicales y los activistas
comunitarios. Durante el mandato de Duque, el 42 por ciento de la población
se hallaba en situación de pobreza, gracias a la combinación de políticas
hiperneoliberales y mala gestión de la pandemia.



Estas asimetrías son, en parte, consecuencia del corrupto sistema político
colombiano. En 1958 los dos partidos de la élite gobernante, el Partido
Liberal y el Partido Conservador, acordaron que el poder rotaría entre ellos
como parte del pacto denominado Frente Nacional. Este duopolio
antidemocrático fue contestado por los movimientos guerrilleros surgidos
tras la revolución cubana: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las FARC, en particular,
encontraron apoyo entre la población pobre de las zonas rurales, ya que la
guerrilla proporcionaba infraestructuras, servicios y seguridad en
territorios abandonados por el Estado. Tras medio siglo de lucha, en 2016 el
grupo acabó firmando un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel
Santos.



Cuando Duque llegó al poder, dos años después, prometió romper los acuerdos
y adoptar una línea dura contra las fuerzas guerrilleras. Su gobierno privó
al acuerdo de financiación y recursos y se negó a aplicar sus mecanismos de
seguridad y sus programas de desarrollo rural. Los asesinatos de activistas
sociales y de exguerrilleros se dispararon.



Las promesas y los límites



El «gobierno del cambio» de Petro, formado por una amplia panoplia de
partidos ubicados desde el centro hacia la izquierda del espectro político y
constituido en el llamado Pacto Histórico, fue elegido con la promesa de
abordar estas crisis sociales y políticas endémicas. Petro obtuvo el 50 por
ciento de los votos en 2022, con unos índices de participación inusualmente
altos en las desatendidas regiones del Pacífico, el Caribe y la Amazonia,
mientras que su oponente, el populista de derecha Rodolfo Hernández, obtuvo
el 47 por ciento. El nuevo presidente prometió satisfacer las necesidades de
los marginados: comunidades rurales, minorías étnicas, jóvenes y
trabajadores de bajos ingresos, lo que se lograría mediante la reactivación
del proceso de paz y la estimulación del desarrollo económico, esto es,
implementando el acuerdo de 2016 y desarrollando, al mismo tiempo, una
transición verde. Desde el punto de vista legislativo, el gobierno se ha
centrado hasta ahora en tres áreas clave –el mercado laboral, la sanidad y
las pensiones–, al tiempo que ha iniciado un diálogo con los distintos
grupos armados del país.



Los posibles logros de Petro están sometidos a límites precisos, dado que
constitucionalmente solo puede optar a un único mandato de cuatro años y se
enfrenta a una enconada oposición por parte del establishment colombiano. La
falta de una mayoría en el Congreso ha comprometido su capacidad para
aprobar reformas significativas. La alianza inicial entre el gobierno y los
partidos de la élite tradicional –Partido Liberal, Partido Conservador y
Partido de la U– se ha fracturado, mientras que el uribista Centro
Democrático (CD) y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, de Hernández, han
hecho todo lo posible por obstruir las políticas sociales.



La administración está bajo el ataque constante de los medios de
comunicación de las grandes empresas, liderados por la revista
neoconservadora Semana, propiedad del conglomerado bancario Gilinski. Y
Eduardo Zapateiro, comandante en jefe del Ejército colombiano desde
diciembre de 2019, tras haber sido nombrado por Duque, ha denunciado
enérgicamente a Petro, llegando incluso a tacharlo de «criminal» durante la
campaña electoral. Aunque Zapateiro renunció a su cargo poco después de las
elecciones de 2022 y Petro destituyó rápidamente a 15 generales vinculados a
violaciones de los derechos humanos, sigue existiendo incertidumbre sobre la
relación entre el Ejército y el Poder Ejecutivo.



Reformas y trancazos



Los derechos de los trabajadores colombianos se cuentan entre los más
endebles del mundo, tras años de legislación antisindical y asesinato de
miles de sindicalistas desde la década del 70 a manos de las fuerzas del
Estado y de sus representantes paramilitares. El nombramiento por Petro de
una sindicalista experimentada, Gloria Ramírez, como ministra de Trabajo ha
supuesto un paso importante para corregir este sangriento historial. La
legislación laboral estrella del gobierno, cuyo proyecto de ley ha sido
presentado al Congreso a principios de este año, prevé aumentar los salarios
de las horas extraordinarias y el trabajo nocturno, tomar medidas drásticas
contra la subcontratación y fortalecer los contratos de trabajo. También
aboga por imponer un marco regulador al vasto sector informal, que
representa al menos la mitad de la fuerza de trabajo colombiana y es
especialmente vulnerable en tiempos de crisis. El 20 de junio este conjunto
de reformas fue archivado por falta de quorum, un resultado celebrado por el
CD uribista y el partido de centroderecha Cambio Radical. Mientras que los
opositores han proclamado que la legislación está muerta y bien muerta, el
Ministerio de Trabajo insiste en que puede reactivarse, aunque todavía no ha
conseguido reunir los votos necesarios.



A la reforma sanitaria de Petro le ha ido un poco mejor. La reestructuración
de la sanidad pública era una necesidad urgente tras la pandemia, ya que el
personal de los hospitales moría o dimitía en masa debido a las peligrosas
condiciones de trabajo imperantes en ellos. La infrainversión crónica hace
que los niños de regiones periféricas, como La Guajira y Chocó, sigan
muriendo de desnutrición y enfermedades evitables, mientras que muchos
colombianos pobres, sobre todo en las zonas rurales, tienen dificultades
para acceder incluso a una atención médica rudimentaria. El nuevo proyecto
de ley del gobierno consagra la asistencia sanitaria como un derecho
universal, afirmando que la posición de clase no debe determinar las
posibilidades de supervivencia. Además de mejorar la remuneración del
personal, el proyecto de ley pretende reducir las disparidades en el acceso
a la sanidad entre la población urbana y la rural, así como aumentar las
pruebas preventivas de enfermedades.



Los partidos del establishment pertenecientes a la alianza de Petro en el
Congreso se opusieron unánimemente a esta reforma. Como respuesta a ello,
Petro rompió el pacto y destituyó a los principales ministros que se oponían
a los planes de eliminar el papel de los proveedores privados. De este modo,
logró que la legislación pasara a la fase uno, en la que ahora espera un
nuevo debate. Pero la ruptura del acuerdo en el Congreso ha socavado sus
intentos de proyectar una imagen de unidad y puede dificultar la aprobación
de otras leyes más adelante.



La ley de pensiones de Petro pasó su primer debate en el Congreso el 14 de
junio pasado y tiene programados otros dos en medio de la oposición frontal
del CD de Uribe y de los conservadores. En el sistema actual, el empleo
informal y los bajos ingresos hacen que solo una cuarta parte de los
trabajadores colombianos tenga derecho a una pensión, lo que obliga a muchos
de ellos a pasar penurias económicas o a depender de sus familias. Las
nuevas propuestas garantizarían una pensión mínima a todos los jubilados,
reducirían la brecha entre los que ganan menos y los que ganan más y
transferirían los fondos de pensiones privados al sistema público de
Colpensiones. Los opositores afirman que esto penalizaría a los trabajadores
con mayores ingresos, mientras que el gobierno estima que sacará de la
pobreza a 3 millones de personas mayores.



La esquiva paz



Hasta ahora, el intento de Petro de poner fin al conflicto armado y revivir
el acuerdo con las FARC, conocido como la estrategia de Paz Total, ha
arrojado resultados ambivalentes. Consciente de que los acuerdos de 2016
fueron socavados anteriormente por la hostilidad de la derecha, Petro ha
intentado enmarcar el proceso de paz como un proyecto nacional en lugar de
presentarlo como una tregua bilateral, nombrando a oponentes políticos, como
José Félix Lafaurie, presidente de la ultraconservadora asociación de
ganaderos Fedegán, en sus equipos de negociación. Sin embargo, como los
gobiernos anteriores no aplicaron el acuerdo de paz, en las zonas que antes
controlaban las guerrillas han proliferado grupos armados más pequeños que
compiten por ocupar el vacío de poder.



Como resultado, el conflicto sigue siendo moneda corriente en los
departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, en el suroeste del país; en los
departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, en el noroeste, y a lo largo de
la frontera con Venezuela, en los departamentos de Arauca y Norte de
Santander. Duque exacerbó estos problemas aumentando la militarización,
lanzando bombardeos que mataron a civiles y dando vía libre a los soldados
para cometer abusos sin mermar seriamente las capacidades de los grupos
objetivo de la represión. Petro, por el contrario, ha intentado poner en
marcha programas de desarrollo en estas zonas, pero esta solución a largo
plazo aún no ha supuesto un alivio para sus comunidades. Un total de 82
activistas sociales y 19 exguerrilleros de las FARC han sido asesinados solo
en el primer semestre de 2023.



Las negociaciones con el ELN, la mayor organización guerrillera activa
existente en Colombia, se han reanudado en el punto en que quedaron durante
el mandato de Santos. Pero, mientras que este se negaba categóricamente a
discutir cuestiones macroeconómicas, Petro ha intentado buscar puntos de
encuentro. El 27 de abril el gobierno y el ELN firmaron una agenda de
negociación, bautizada como Acuerdo de México, que prometía examinar «el
modelo económico, el sistema político y las doctrinas que obstaculizan la
unidad y la reconciliación nacionales», y afirmaba que la construcción de la
paz requiere «la eliminación del actual sistema de explotación y
depredación, así como la creación de condiciones para la equidad social y
económica».



Las conversaciones no han sido coser y cantar, pero parece que ahora puede
alcanzarse una solución. La tercera ronda concluyó con el anuncio de un alto
el fuego bilateral, que comenzó esta primera semana de agosto y tendrá una
duración inicial de seis meses. También se han mantenido conversaciones con
dos grupos armados «disidentes»: la Segunda Marquetalia, que abandonó el
proceso de paz anterior, y el Estado Mayor Central, que nunca lo suscribió.
En este caso, el alto el fuego ha resultado más difícil de alcanzar y Petro
ha tenido que enfrentarse a la oposición de políticos que lo instaban a
abandonar la iniciativa.



Tras haber hecho campaña sobre la necesidad de eliminar gradualmente la
dependencia económica de Colombia de los combustibles fósiles, que ha
fomentado la deforestación y la contaminación de los recursos naturales, el
gobierno ha impulsado una legislación contra el fracking, al tiempo que ha
prohibido nuevas licencias de exploración de petróleo y gas. En marzo el
gobierno anunció sus planes de transición hacia una economía verde, por
medio de la inversión en energías renovables y la modernización de sus
infraestructuras. La vicepresidenta Márquez, protectora insobornable del
medioambiente, ha sido una poderosa defensora de este programa, pero, como
la riqueza mineral de Colombia sigue fluyendo del subsuelo del país a las
arcas extranjeras, no será fácil conseguir el nivel de cooperación
internacional necesario para implementar una gran transición energética. Y
si los ingresos procedentes de las exportaciones de combustibles fósiles
empiezan a disminuir, el gobierno deberá encontrar fuentes de financiación
alternativas –que pueden escasear– para los proyectos redistributivos y de
consolidación de la paz.



Escenario regional



El proyecto de Petro se ha visto fortalecido por el resurgimiento de
gobiernos progresistas en Brasil, México, Chile, Bolivia y otros países. A
pesar de sus divisiones internas, este bloque de poder regional ha hecho
menguar las influencias estadounidense y europea en la región. El ascenso de
China ha contribuido a este reequilibrio, ya que los Estados miran cada vez
más hacia el Este en busca de comercio e inversión, lo que contrasta con lo
sucedido durante el período 2015-2019, en el que los gobiernos conservadores
de América Latina actuaron como enlaces voluntarios de la política exterior
estadounidense.



Mientras que Duque se unió al intento de golpe de Estado respaldado por
Estados Unidos contra el gobierno de Maduro, Petro reabrió rápidamente las
relaciones diplomáticas con Venezuela, coordinando una respuesta conjunta a
la migración masiva y el aumento de la violencia en las zonas fronterizas.
El consenso regional también se ha vuelto bruscamente en contra de la
«guerra contra las drogas» liderada por Estados Unidos, que ha devastado el
continente durante más de 50 años. Aunque el antimperialismo de la primera
ola bolivariana no se ha manifestado con tanta fuerza en esta segunda, la
configuración de un mundo cada vez más multipolar ofrece a Petro y a sus
aliados un mayor margen de maniobra. Las preocupaciones de que la potencia
hegemónica global pudiera desestabilizar su gobierno aún no se han hecho
realidad.



Equilibrio y compromisos



Sin embargo, el gobierno sigue siendo vulnerable en otros frentes. Margarita
Cabello, la procuradora general de la nación, de derecha, encargada de
supervisar la conducta de los cargos electos, ha señalado a congresistas del
Pacto Histórico para su destitución, alegando su oposición a la Policía
durante las protestas de 2021. Y Francisco Barbosa, el fiscal general de la
nación, nombrado por Duque, ha obstaculizado los procesos de paz al negarse
a levantar las órdenes de detención que pesaban contra determinados líderes
de los grupos armados e impedir su participación en las conversaciones de
paz. A principios de junio, la jefa de gabinete de Petro fue acusada de
someter a la niñera de su casa a vigilancia ilegal. Poco después, el propio
Petro fue acusado de beneficiarse de la financiación ilegal de su campaña,
basándose en una grabación de audio filtrada de su asesor Armando Benedetti.
El presidente describió estos escándalos inventados como un intento de golpe
blando y los vinculó a la larga historia de lawfare desplegado contra otros
líderes socialdemócratas en toda América Latina.



El Pacto Histórico termina así su primer año de gobierno, intentando
equilibrar las demandas de los movimientos sociales que lo impulsaron al
poder con las de una clase política que conserva el poder legislativo. El
compromiso será esencial, lo que podría significar el sacrificio de algunos
elementos centrales de la agenda de Petro para que otros puedan avanzar. Un
plan de sucesión también es crucial para el «gobierno del cambio», ya que,
de lo contrario, sus logros podrían ser revertidos por el próximo
presidente. Las elecciones de 2022 se ganaron por un estrecho margen, que
podría desaparecer por una mala planificación de la campaña de 2026. Tal vez
inevitablemente, en medio de la constante corriente de publicidad negativa y
el aparentemente inextricable atolladero legislativo, los índices de
aprobación de Petro han empezado a descender recientemente. Las elecciones
locales previstas para octubre servirán de referéndum sobre su mandato.
¿Podrá la oposición aprovecharlas para socavar aún más sus ambiciones
reformistas o el espíritu del estallido social sostendrá a la izquierda
colombiana?



(Publicado originalmente en inglés por New Left Review:
https://newleftreview.org/sidecar/posts/the-battle-for-colombia y traducido
al español por El Salto:
https://www.elsaltodiario.com/sidecar/batalla-colombia)

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