Ecuador/ Dejar el petróleo bajo tierra: Yasuní, ejemplo de aprendizaje en transiciones postextractivistas. [Eduardo Gudynas]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de agosto 2023

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Ecuador



Dejar el petróleo bajo tierra: Yasuní como ejemplo y como aprendizaje en
transiciones postextractivistas



En Ecuador finalmente se votará si se debe mantener el petróleo bajo tierra
en el ITT Yasuní. Esa iniciativa está repleta de contenidos que pueden ser
analizados desde la ecología política.



Eduardo Gudynas *

Cartas en Ecología Política, 7-8-2023

https://ecologiapolitica.substack.com/



En las próximas elecciones en Ecuador, además de elegir legisladores y
presidente, tendrá lugar un acto aún más crucial. Se deberá votar si
continúa o se evita la explotación petrolera en la región amazónica del
Yasuní.



Están en juego múltiples asuntos propios de una ecología política de los
extractivismos y de las transiciones para dejarlos atrás. Se propone un
mecanismo democrático indiscutible para resolver esa disputa, como es el
voto de todos los ciudadanos. Se potencia la información sobre los impactos
de las actividades petroleras en el ambiente y en los pueblos indígenas
amazónicos. Además, quedan al desnudo las maniobras y autoritarismos que los
poderes políticos y empresariales emplearon en el pasado para evitar esta
votación. Lo que está ocurriendo en Ecuador prefigura acciones similares que
podrían seguirse en los países vecinos al organizar sus propias transiciones
postextractivistas.



Atendiendo a esta importancia es apropiado compartir algunas reflexiones.
Estamos ante una iniciativa muy conocida. Su propósito es mantener el
petróleo bajo tierra sin ser explotado el área conocida como ITT-Yasuní; la
abreviatura corresponde a los campos conocidos como Ishpingo, Tambococha y
Tiputini (que conforman el bloque 43), los que se encuentran superpuestos en
parte con el Parque Nacional y Reserva de Biósfera de Yasuní. Entre los
múltiples asuntos que están en juego, en esta Carta apenas se considerarán
algunos.

Prohibición, moratoria, permanencia



En el ámbito de las transiciones post-extractivistas (en el sentido en que
son exploradas desde CLAES y otras organizaciones en la región; 1),
tempranamente se manejó la idea de impedir o prohibir ciertos extractivismos
a partir de consideraciones sociales y ambientales. Las primeras reflexiones
estuvieron inspiradas en las formulaciones ecuatorianas, las que al menos
desde el año 2000 planteaban un país postpetrolero (2), incluyendo lo que
denominaron como una moratoria de la explotación petrolera.



Actualmente, en el campo de las transiciones postextractivistas, desde un
punto de vista conceptual, se parte de compromisos tales como proteger la
biodiversidad y asegurar la calidad de vida de las personas, lo que en el
caso amazónico se enfocaría en esos ambientes y en particular en las
comunidades indígenas. Los distintos tipos de apropiación, como los
extractivismos petroleros, son cotejados contra esas metas, y por lo tanto
habrá algunos que pueden ser aceptables, otros en los que la viabilidad
depende, por ejemplo, de la gestión o la escala, y finalmente, habrá
emprendimientos inaceptables.



Siguiendo ese recorrido, la explotación petrolera en bosques tropicales es
inaceptable. Lo es por sus impactos negativos y riesgos de accidentes, los
que no pueden ser evitados, anulados, minimizados, remediados o compensados.
Por lo tanto, un enclave petrolero sería incompatible con esas condiciones
sociales y ambientales. Al mismo tiempo, desde las transiciones se entiende
que esas exigencias son independientes de los beneficios económicos, sean
directos (como por ejemplo el dinero por exportar crudo) o indirectos (tales
como los asociados a la generación de empleo). Como ilustra este resumen, la
meta primaria es la protección de la vida, humana y no-humana, y la
prohibición es una consecuencia de ese compromiso, pero no un fin en sí
mismo.



Estas ideas se corresponden perfectamente con la redacción de la pregunta a
responderse en la votación que tendrá lugar en Ecuador. En efecto, el texto
dice:



¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del
ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?



Los votantes deberán indicar el Sí o el No a la pregunta. Adviértase que no
se utiliza un lenguaje anclado en la idea de la prohibición, sino que se
consulta para mantener la situación ecológica actual donde el crudo está
bajo tierra. Además, se refuerza el compromiso al sostenerse que la medida
será indefinida, con lo cual se evita el riesgo de caer en medidas
provisorias.



La experiencia amazónica con distintos enclaves de explotación petrolera
fundamenta esta perspectiva. En el propio Ecuador se encuentran innumerables
pruebas de contaminación de suelos y agua por derrames, desechos y
accidentes de las actividades de la petrolera Texaco, objeto de un proceso
judicial por años, que muestran que no existen modos ecológicamente o
socialmente aceptables de explotación petrolera (3).



La determinación de las actividades inaceptables en el campo de las
transiciones postextractivistas se efectúa considerando los “límites” de
apropiación de recursos naturales. Estos pueden ser identificados según los
ecosistemas y las actividades involucradas (como por ejemplo, la presencia
de sustancias tóxicas o la deforestación) (4).



Dando un paso más, las prohibiciones pueden ser espaciales o sectoriales. En
el caso de las prohibiciones espaciales se aplican a un sitio, zona o región
ecológica, cuyas características ambientales y sociales implican que un
extractivismo es inaceptable. El llamado a dejar el crudo bajo tierra en la
región de Yasuní corresponde a esta situación (no se está reclamando
prohibir la explotación petrolera en todo el país). Otro caso análogo son
las demandas de excluir la minería en regiones de páramos de Colombia. Como
puede verse, prevalece un abordaje ecoregional. La cobertura puede ser
acotada (tal como oponerse a un enclave específico) o ampliada a una zona o
incluso una región ecológica completa.



En las prohibiciones sectoriales se considera que una actividad extractiva
no es aceptable en ninguna zona o ecoregión del país. En este caso, los
impactos negativos sociales y ambientales no pueden ser revertidos o
gestionados adecuadamente en ningún sitio. Un ejemplo es la minería de oro
aluvial con mercurio, que por sus severas consecuencias debería prohibirse
sea en las regiones andinas como amazónicas. Pueden argumentarse
prohibiciones sectoriales, pongamos por caso para tipos específicos de
minería, para el fracking en cualquier sitio, o para una agricultura de
monocultivo basada en transgénicos y agrotóxicos.



Es importante advertir las posibles diferencias con el término “moratoria”,
que es también empleado con mucha frecuencia en esta temática. Esta palabra,
en sus significados originales como en su empleo en las políticas públicas o
jurisprudencia, refiere a la suspensión de una deuda, de donde existiría por
un lado un deudor y por el otro un acreedor. Ese sentido puede emplearse,
pongamos por caso, en asumir que  el acreedor es la Naturaleza y que
siguiendo el compromiso con sus derechos, se debería imponer una moratoria
permanente sobre un extractivismo petrolero, o en algunos tipos de minería,
una moratoria temporaria que permitiría la restauración ambiental de sitios
dañados. Pero también existe el riesgo en que esa idea sea utilizada para
reforzar un abordaje mercantilizado de la gestión, por ejemplo, encauzado en
aumentar las compensaciones o indemnizaciones en dinero a cambio de permisos
para la explotación petrolera. Estaríamos ante un caso por el cual la deuda
implícita en el concepto de moratoria se pagaría con parte de los dineros
extractivistas –una postura inaceptable para las transiciones
postextractivistas.



Prohibiciones y aceptaciones



Los reclamos para prohibir emprendimientos extractivos son muy frecuentes en
América Latina. Incluyen las múltiples demandas de comunidades locales que
rechazan enclaves en operación o el anuncio de nuevos proyectos. Por lo
tanto, casi siempre expresan prohibiciones espaciales en sitios específicos.
El caso de ITT-Yasuní se refiere a un gran bloque petrolero, donde se ubican
varios campos y múltiples pozos en operación. Una situación análoga se puede
indicar, por ejemplo, para las exigencias en impedir la explotación minera y
petrolera en el Parque Nacional Madidi en Bolivia. También se cuentan
reclamos de mayor escala geográfica, como los de evitar el fracking en
Argentina o Colombia.



Más allá de los conflictos ante emprendimientos específicos, en las
transiciones postextractivistas se pretenden modificaciones de mayor escala.
Las propuestas no enfrentan un enclave extractivista específico sino que
plantean opciones sectoriales y ecoregionales. La iniciativa ITT-Yasuní no
contradice ese propósito, sino que lo complementa. La propia condición de
transición hace que se deba comenzar por acciones acotadas como esta, la que
serviría como ejemplo para dar los pasos siguientes. Esto hace que
propuestas como esa permitan iniciar el recorrido de cambios, y a su vez, se
ajusta a un futuro del Ecuador post-petrolero tal como se propuso hace más
de dos décadas atrás.



En otros países también se contemplan o logran prohibiciones o limitaciones
ante los extractivismos. Por ejemplo, recientemente en Brasil, el Instituto
Brasilero de Medio Ambiente (IBAMA) decidió no otorgar la autorización para
la exploración petrolera en la costa oceánica frente a la desembocadura del
Río Amazonas (5). El actual gobierno Lula no tiene en marcha un programa de
transiciones postpetroleras, pero esa medida es compatible con ese fin en un
futuro cercano, y también sirve como ejemplo a seguir.



En cambio, otras iniciativas recientes aunque invocan dejar atrás la
dependencia con los extractivismos petroleros, en sus formulaciones las
medidas concretas apuntan en sentido opuesto. Por ejemplo, si bien en
Colombia existen varias discusiones sobre transiciones en energía, a los
clásicos actores que promueven explotar el petróleo se suman otros que
tienen discursos ambientales pero defienden los extractivismos petroleros o
bien el objetivo de sus transiciones es mantener esa explotación (6).



En cambio, el caso ecuatoriano es muy claro y preciso: su finalidad es
evitar la explotación petrolera en la Amazonia. Si lo que se busca es dejar
atrás los extractivismos petroleros, los instrumentos de acción deben operar
acordes a ese sentido.



Un breve recorrido histórico



Lo que se está discutiendo en Ecuador también debe ser entendido en su marco
histórico, y ello a su vez ofrece otras enseñanzas sobre la organización de
una alternativa transicional. La explotación petrolera de escala se
realizaba en el país desde mediados del siglo XX, y siguiendo los vaivenes
de los precios internacionales, se diseminó en la Amazonia. Desde aquel
inicio se denunciaban los impactos locales, especialmente la contaminación
por derrames y la deforestación, la redelimitación de áreas protegidas, o
las transformaciones que se imponen sobre los pueblos indígenas. Se
evidenciaron impactos como los de Texaco Chevron, indicados arriba, y es así
que se instaló el propósito de un Ecuador postpetrolero ya comentado.



Estas cuestiones recibieron un fuerte empuje por Alberto Acosta, primero
como participante en organizaciones ciudadanas, y luego, entre 2007 y 2008
como ministro de energía y minas y presidente de la Asamblea Constituyente
en el gobierno de Rafael Correa. En esas circunstancias, gracias a su
generosidad me fue posible conocer y participar de algunas de aquellas
discusiones.  Además de las consideraciones ambientales y las referidas a
los pueblos indígenas, se sumaron aspectos económicos y comerciales. Muchos
de esos aportes se encuentran en una revisión realizada junto a Acosta,
Esperanza Martínez y J. Vogel en 2009 (7).



La primera administración Correa tomó la idea de evitar la explotación
petrolera en el ITT Yasuní. Pero ese intento inmediatamente enfrentó
resistencias y oposiciones que impidieron que fructificara. Se lanzaron las
conocidas alarmas sobre los ingresos económicos que eventualmente se
perderían por exportaciones de hidrocarburos y en el seno del gobierno se
sumaron condicionamientos y trabas. En 2007, Correa sostuvo que mantendría
el crudo en el subsuelo solo si la comunidad internacional compensaba
financieramente al país con el equivalente de al menos la mitad de los
ingresos previstos por exportar esos crudos.



Esa es una cuestión frecuente en los debates sobre transiciones, por la cual
se asume que cualquier medida de conservación implica una “pérdida”
económica por una renta que no se lograría en tanto no se explotaría la
Naturaleza. Es evidente que esas consideraciones parten de concebir al
ambiente apenas como una canasta de recursos naturales que están allí para
ser extraídos, y que no hacerlo sería una tontería desde el punto de vista
de la economía y del desarrollo.



Para enfrentar ese cuestionamiento se buscaron mecanismos de financiación;
por ejemplo, la venta de “bonos” equivalentes a volúmenes de crudo dejados
bajo el subsuelo. Esto además hacía la iniciativa más atractiva a
contrapartes internacionales muy preocupadas con los gases invernadero y el
cambio climático. Pero eso implicó que la protección del Yasuní pasó a ser
contingente y dependiente de recolectar una compensación en dinero. Los
límites y condiciones sociales y ecológicas pasaron a estar supeditados a
fines económicos.



El gobierno llamaba “plan A” a esa recolección de dinero (estimada en ese
momento en unos US$ 3 600 millones, por no extraer unos 902 millones
barriles), y si fracasaba, se pasaría a lo que denominaba como “plan B”,
permitiéndose el ingreso de las petroleras.



Finalmente, en 2013, Correa abandonó el “plan A” y se permitió la
explotación en la zona. Esa decisión fue parte de un acelerado viraje del
gobierno hacia los extractivismos (tanto en hidrocarburos como en minería).
Paralelamente, la retórica y la gestión estatal intensificó críticas y
hostilidad contra las organizaciones ciudadanas, especialmente ambientales e
indígenas. Se insistía en un optimismo tecnológico, aduciendo que solamente
una milésima parte del Parque Yasuní sería afectado por las petroleras. Esos
dichos complementaban a la argumentación anterior; a los intereses
económicos le agregaba la ilusión de resoluciones tecnológicas que evitarían
los impactos ecológicos.



Es importante tener presente estos encadenamientos de ideas porque en su
esencia se repiten hoy, pongamos por caso en Colombia, con aquellos que
sostienen que los impactos de petroleras y mineras serían mínimos o
gestionables, y que lo único relevante serían los dineros que aseguraría
exportar esos recursos. Como es evidente esa argumentación es no sólo
incorrecta sino escuálida. Téngase además presente que en 2011, en Ecuador,
se presentó una evaluación multicriterial que consideraba las opciones de
explotación como preservación, y la evidencia era claramente favorable a
mantener el crudo en tierra (8).



También se cayó en otra contradicción sustantiva, ya que en 2008 se aprobó
la nueva constitución ecuatoriana por la cual se reconocieron los derechos
de la Naturaleza. Bajo ese marco constitucional, la explotación petrolera en
la Amazonia se volvía prácticamente imposible ya que se estarían violando
esos derechos (9).



A pesar la decisión del gobierno Correa, el empuje por preservar esa zona
amazónica no retrocedió, y desde organizaciones ciudadanas se comenzaron a
recolectar firmas para disparar un mecanismo constitucional por el cual se
debería hacer una consulta popular. Se conformó el colectivo Yasunidos, que
desempeñó un papel fundamental en obtener esas adhesiones (que debían ser al
menos 583 mil). La campaña fue atacada por el gobierno y otros sectores de
formas cada vez más intensas, incluyendo burlas, amenazas y hasta la
criminalización de personas y organizaciones. En 2014 se presentaron un
estimado de 750 mil firmas. Sin embargo, las autoridades electorales de ese
momento desecharon unas 400 mil firmas aduciendo todo tipo de excusas. No se
concedió la consulta ciudadana (10).



Los promotores de la consulta no se dieron por vencidos, y ya bajo otro
gobierno, lograron en 2022 que el Consejo Nacional Electoral reconociera que
habían cumplido con el número de firmas necesario, y meses más tarde, el 19
de mayo 2023, la Corte Constitucional dictaminó que era válida la solicitud
de llevar adelante una consulta popular para mantener el crudo
indefinidamente bajo tierra (11). La consulta que se realizará en agosto de
2023 es heredera directa de toda esta historia y esa pujanza ciudadana.



En este relato, aunque esquemático, surgen otras enseñanzas. Las recientes
decisiones de las autoridades electoral y constitucional, y diferentes
investigaciones, desnudaron las artimañas y maniobras que el correismo
realizó años atrás para evitar por todos los medios posibles una consulta
popular (12). Quedó en evidencia que un gobierno a favor de los
extractivismos está dispuesto a cercenar los mecanismos democráticos para
continuar con la explotación de la Naturaleza, y que no sólo anula la
participación e información ciudadana, sino que llega a criminalizar a
líderes y organizaciones.



El contexto presente



La consulta ha servido para potenciar los debates sobre la necesaria
preservación de la Amazonia  y sus poblaciones, y el papel que tiene en ello
una prohibición de la explotación petrolera. En el actual debate ecuatoriano
se repiten argumentos que insisten en vaticinar un cataclismo económico si
se dejara de exportar ese petróleo. Pero esos dichos son cada vez más
simplistas y al mismo tiempo la evidencia de los efectos negativos de la
explotación petrolera son cada vez más irrebatibles (13).



A diferencia de años atrás, en este caso el correismo no disimula su apoyo a
los extractivismos petroleros. Su candidata, Luisa González, se expresó a
favor de la explotación petrolera, recurriendo al conocido argumento de las
pérdidas económicas. En cambio, el candidato Yaku Pérez, quien padeció
personalmente de la persecución bajo los gobiernos Correa, y que como
abogado acompañó a muchos perseguidos, busca preservar el área. Su posición
es clara y defiende votar “Si” para mantener el crudo en el suelo en Yasuní,
lo que a su vez concuerda con sus conocidas críticas contra la minería y en
defensa del agua (14).



Al momento de compartir este documento no es posible vaticinar si en la
consulta popular triunfará la opción de mantener el crudo bajo tierra o si
se continuará con su extracción. Más allá de eso, pueden adelantarse algunas
conclusiones. La primera es que la perseverancia de las organizaciones
ciudadanas, en especial Yasunidos, alcanzaron esta una enorme victoria por
la cual la ciudadanía finalmente podría decidir. Pese a todos los obstáculos
y después de batallar por años, se logró el llamado a la consulta popular.



La segunda es que, tanto la iniciativa como los debates frente a ella,
vitaliza las reflexiones y análisis sobre las transiciones
postextractivistas. Se habilita imaginar esa posibilidad en acciones
concretas y en consultar a toda la ciudadanía. Al mismo tiempo, se obliga a
aquellos actores políticos que defienden los extractivismos, a dejar en
claro que sus discursos en defensa de la Naturaleza son apenas poses
publicitarias y prevalecen sus intereses económicos.



El tercero, es que es un ejemplo de la utilización de mecanismos
democráticos. Se complementa con la necesidad de abordar la comunicación e
información ciudadana para llegar a todos, incluso los más escépticos. Las
transiciones postextractivistas sólo son posibles desde una radicalización
de la democracia.



En cuarto lugar, estamos ante un esfuerzo que debe ser observado con
atención desde los países vecinos. Es especialmente relevante, pongamos por
caso, para Chile ante el debate que está en marcha sobre la minería de
litio, o en Colombia, considerando la resistencia a la minería de carbón. En
cualquiera de esos países se deberían encaminar procesos de “yasunizar”, sea
por mantener los recursos en tierra como por consultas verdaderamente
democráticas. Finalmente, todo este proceso es un recordatorio de la
necesidad de observar, recuperar y analizar las experiencias propias de
América Latina.



* Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología
Social (CLAES).



Notas



1. Ver por ejemplo los documentos en el portal transiciones.org aquí…

2. Ecuador post petrolero, E. Martínez  (ed), Acción Ecológica, Quito, 2000.

3. Véase, a modo de ejemplo: Ecuador: Juicio contra Chevron-Texaco y
derechos humanos y ambientales, Campaña Chrevron Tóxico y UDAPT,
Extractivismo, 2015, aquí…

4. Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el
desarrollo y la Naturaleza, E. Gudynas, CEDIB y CLAES, Cochabamba, 2015.

5. Brasil niega licencia a Petrobras para perforar en Amazonas, Deutsche
Welle, 18 mayo 2023, aquí…

6. Ejemplos son las declaraciones de Manuel Rodríguez Becerra en Crisis
climática, ¿es tarde para encontrar las soluciones?, Hora 20, Caracol Radio,
Bogotá, 29 julio 2022; desde las organizaciones ciudadanas la propuesta
Disminución planeada de la dependencia fósil en Colombia: entre el cambio
cultural y la gestión participativa de la demanda, muestra como primer
objetivo continuar con la explotación petrolera; Censat Agua Vida, Pacto
Ecosocial e Intercultural del Sur y otros, Bogotá, 2023.

7. Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso perdido. Elementos
para una propuesta política y económica para la Iniciativa de no explotación
del crudo del ITT, A. Acosta, E. Gudynas, E. Martínez y J. Vogel, Polis 8
(23): 429-422, 2009.

8. La iniciativa Yasuní-ITT desde una perspectiva multicriterial. M.C.
Vallejo, C. Larrea, R. Burbano y F. Falconi, PNUD y FAO, Quito, 2011.

9. Los derechos de la naturaleza después de la caída de la moratoria
petrolera en la Amazonia, E. Gudynas, ALAI, Quito, 19 agosto 2013, aquí…

10. Yasuní en la coyuntura: economía, control y contradicciones, E. Gudynas,
PlanV, Quito, 7 mayo 2014, aquí…

11. Dictamen No 6.22-COP/23, juez ponente Alí Lozada Prado, Corte
Constitucional del Ecuador

12. La gran farsa de la anulación de las firmas de la consulta por el
Yasuní, M. Sarmiento, GK, Quito, 18 abril 2023, aquí…

13. La economía de dejar el petróleo en tierra se analiza en: Estas son las
razones económicas para dejar el crudo del ITT en el subsuelo, A. Acosta,
Plan V, Quito, 24 julio 2023, aquí…

14. Por ejemplo: Yaku Pérez: Ecuador dará “un potente mensaje al mundo” al
prohibir el petróleo del Yasuní, EGE, 11 julio 2023, aquí…

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