Perú/ Autoritarismo e indulto. Un año de gobierno Boluarte. [Dossier]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de diciembre 2023

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Perú

 

Restauración conservadora y autoritaria

 

El año en el que Perú reprimió las protestas y liberó a Fujimori

 

Dina Boluarte, acusada por la muerte de medio centenar de personas, ha
cumplido un año en el poder liberando al exdictador. El gobierno se enfrenta
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

 

Carlos Noriega, desde Lima

Página/12, 8-12-2023 

https://www.pagina12.com.ar/

 

La presidenta Dina Boluarte, acusada por la muerte de medio centenar de
personas en la represión a las protestas contra su gobierno, ha cumplido un
año en el poder liberando al exdictador Alberto Fujimori, que estaba en
prisión con una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. Una
decisión que refleja lo que ha sido este primer año de convulsionado
gobierno: restauración conservadora y autoritaria, estrecha cercanía con el
fujimorismo y otros sectores de extrema derecha, desprecio por los derechos
humanos y desacato a las normas y organismos que los defienden.

 

Fujimori pasó el primer día fuera de prisión en la casa de su hija, la
excandidata presidencial Keiko. No ha hecho declaraciones. El exdictador
está libre, pero podría volver a prisión. El 18 de diciembre empieza un
nuevo juicio en su contra por el secuestro y asesinato de seis campesinos en
enero de 1992. Este crimen fue cometido por el destacamento clandestino del
ejército llamado grupo Colina, el mismo que cometió las matanzas de Barrios
Alto y La Cantuta por las que Fujimori fue sentenciado. Los abogados de las
víctimas han pedido prisión preventiva mientras dura este proceso, que
podría terminar en una nueva condena. La fiscalía ha solicitado arresto
domiciliario.

 

Con la liberación de Fujimori, Boluarte se enfrenta a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que le había señalado debía
abstenerse de dejar libre al exdictador. Esta situación ha activado las
voces de la derecha que piden que el Perú retire de esta Corte. Boluarte
está acusada por las muertes por disparos de las fuerzas de seguridad contra
manifestantes opuestos a su gobierno, una acusación que podría llegar a la
Corte IDH, cuyas resoluciones ha desacatado.

 

Un fujimorismo envalentonado después de la liberación de su líder ahora
pretende ir más allá del indulto buscando la anulación de la condena a
Fujimori por crímenes de lesa humanidad. Así lo anunció su abogado, Elio
Riera. Tienen importantes aliados en el Tribunal Constitucional (TC). Esta
pretensión de revisión de esa sentencia es parte del intento del fujimorismo
y otros sectores de derecha de reescribir la historia para negar las
violaciones a los derechos humanos y poner a los victimarios como víctimas.

 

La liberación de Fujimori ha provocado el rechazo e indignación de amplios
sectores nacionales y organismos internacionales. Este jueves, cuando se
cumple un año del gobierno de Boluarte, el rechazo a ese indulto se sumó en
las calles a las voces que exigen la renuncia de la presidenta y el cierre
de un Congreso controlado por una derecha que utiliza esa posición para
copar las instituciones y sacar normas que limitan la democracia, restringen
derechos y amplían las facultades represivas. Todo ello en complicidad con
el Ejecutivo. A las demandas “que se vayan todos” contra quienes han tomado
el poder y a las exigencias de “elecciones ya”, se sumó la proclama “el
indulto es un insulto”. Las movilizaciones de protesta, contra Boluarte y la
liberación de Fujimori, se dieron en las principales ciudades del país.

 

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que está procesado por corrupción,
reapareció para defender el indulto que le dio a Fujimori en 2017 y que
ahora ha servido para liberar al exdictador, después que una decisión
dividida el TC lo resucitó luego que había sido anulado por ser considerado
ilegal al no cumplir los requisitos para un perdón humanitario. Kuczynski
apoyó que se incumplan las resoluciones de la Corte IDH, a la que calificó
como “una cueva de rojos”.

 

Uno de los magistrados del TC, Manuel Monteagudo, que se opuso a la
liberación de Fujimori, ha denunciado irregularidades en la resolución de
este tribunal. Calificó como “muy preocupante” que el TC señale que no se
debe cumplir lo resuelto por la Corte IDH. Advirtió que eso “pone en
cuestión nuestro estado de derecho”.

 

Human Rights Watch (HRW) ha indicado que la liberación de Fujimori “viola
las obligaciones internacionales del Perú” y ha señalado que la Corte IDH
debe remitir este incumplimiento a la Asamblea General de la OEA para que
tome acciones por este desacato. “La liberación de Fujimori es una bofetada
a las víctimas de atrocidades. La OEA debería examinar esta liberación en el
contexto de la gravísima erosión del Estado de derecho y la protección de
los derechos humanos en el Perú”, afirmó Juanita Goebertus, directora de las
Américas de HRW.

 

El arzobispo Pedro Barreto calificó el indulto a Fujimori como “una
cachetada al país, que nos duele en el alma, nos indigna”. El abogado y
politólogo Juan de la Puente indicó que “la ilegal liberación de Fujimori
patentiza la alevosía del régimen, un país sin derechos humanos se pone en
el último escalón de la democracia”.

 

El primer año de gobierno de Boluarte, conmemorado con una liberación de
Fujimori que viola el derecho internacional, está marcado por una brutal
represión que dejó 49 personas muertas por disparos contra manifestantes.
Una crisis económica recesiva y un incremento de la inseguridad ciudadana
por la creciente delincuencia, también son signo de este primer año de
gobierno, que Boluarte cierra con una aprobación de apenas ocho por ciento.

 

El fujimorismo celebra la liberación de su fundador, pero en estos días
también ha tenido una dura derrota con la separación de su cargo de la
fiscal de la Nación, Patricia Benavides, una aliada del fujimorismo, que ha
sido suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia luego que
se revelara que su principal asesor compraba votos en el Congreso a cambio
de archivar investigaciones fiscales contra legisladores. En estos seis
meses será investigada, luego de lo cual podría ser destituida
definitivamente.  

 

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Un años de Dina Boluarte al frente del gobierno

 

Autoritarismo e indulto

 

La presidenta peruana cumplió un año al frente de un gobierno que carga con
decenas de muertos y centenares de heridos en la represión a las protestas.
Doce meses marcados por denuncias de violación de los derechos humanos, que
esta semana se coronaron con la liberación de Alberto Fujimori.

 

Selena PizarroJ/C. Saire Arenas 

Brecha, 8-12-2023

https://brecha.com.uy/autoritarismo-e-indulto/

 

«La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de los congresistas,
identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear
el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y
del orden constitucional.» Con estas palabras comenzaba el mensaje a la
nación de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 desde Lima. Diez minutos
de intervención que sirvieron al entonces presidente de Perú para anunciar
la disolución del Congreso, decretar un gobierno de emergencia excepcional y
prometer la convocatoria de nuevas elecciones legislativas en menos de nueve
meses.

 

Diputadas y diputados de distintos partidos, el Poder Judicial, varias
ministras y ministros, así como embajadoras y embajadores que acabaron
presentando su dimisión lo calificaron de «golpe de Estado». Castillo
decidió tomar estas medidas el mismo día en que se debatía una tercera
moción de censura contra su mandato, que había sido aprobada por el Congreso
con 101 votos a favor de los 87 necesarios y de un total de 130, incluyendo
varios votos del partido Perú Libre, el mismo que lo llevó a la presidencia.

 

En prisión desde el 7 de diciembre, Castillo sigue considerándose presidente
legal de Perú. Exige un proceso constituyente para su país y denuncia la
represión llevada a cabo por Dina Boluarte.

 

Llegó al Palacio de Gobierno gracias al voto popular y campesino de las
regiones andinas, a pesar de los numerosos recursos presentados por la
derechista Keiko Fujimori, que pretendía anular los resultados electorales
del 6 de junio de 2021. Su mandato no duró ni año y medio. El 7 de diciembre
de 2022, tras el mensaje a la nación, Castillo fue detenido camino a la
embajada de México y terminó en la sede de la prefectura de la Policía de
Lima. A las pocas horas, el Congreso lo destituyó por «permanente
incapacidad moral» y Boluarte, que era la vicepresidenta, fue elegida como
nueva jefa de Estado. Hoy continúa encarcelado en Barbadillo, el penal de
máxima seguridad donde también se encontraba hasta esta semana Alberto
Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y liberado este miércoles
tras un indulto del Tribunal Constitucional «por razones humanitarias», a
pesar del llamado al Estado peruano por parte de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para que no fuera indultado en las actuales
condiciones.

 

Primeras horas de un gobierno impopular 

 

Lourdes Huanca nació en Tacna y su familia es de Moquegua. Es la presidenta
de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas,
Nativas y Asalariadas del Perú. No puede regresar a su país porque teme por
su vida; mientras tanto, aprovecha su estancia en Europa para viajar y
denunciar lo que ocurre en Perú. La activista, que sigue considerando a
Castillo como presidente, participa en reuniones de Naciones Unidas en
Ginebra, así como en encuentros en los barrios con organizaciones de la
sociedad civil.

 

El 7 de diciembre, cuando Castillo se dirigía a la nación, Huanca se
encontraba en una reunión en el Ministerio de Cultura con diferentes
organizaciones. «Nunca le han dejado gobernar. Cada insulto al presidente
era el insulto a los pueblos indígenas originarios, era un desprecio hacia
los provincianos. Al ministro de Salud se lo tumbaron porque era de
provincia. Todos pedían que se cerrara el Congreso. Él ni siquiera había
llamado al Ejército, no había hecho nada. Para nosotros, tomó una decisión
sabia», cuenta la activista.

 

A Anahí Durand tampoco le sorprendió lo que ocurrió. Meses antes había
dejado la asesoría de la Presidencia del Consejo de Ministros, un cargo que
ocupó tras abandonar el movimiento Nuevo Perú. Durand había sido la ministra
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde julio de 2021 hasta febrero de
2022, durante el gobierno de Castillo. Esta profesora titular de Sociología
en la Universidad de San Marcos se identifica con un «feminismo popular de
base» y se aleja de lo que considera el «movimiento feminista blanco
cooptado por las ONG».

 

«Esa tarde se votaba la vacancia [moción de censura] y no había muy buenos
augurios. Había convocatorias en la mañana de organizaciones sociales para
respaldar al presidente en esa votación del Congreso. Su decisión fue una
fuga hacia adelante que dio para poder llevar una situación en la que ya le
era imposible gobernar. Al presidente lo censuraron 18 ministros en un año;
a nadie en 200 años de república le habían hecho ese boicot. Se había roto
el equilibrio de poderes hacía unos meses en el Congreso. Convirtieron Perú
en un parlamentarismo y se veía el juego político de la Fiscalía y el Poder
Judicial», explica la exministra.

 

Para la socióloga Ivette Zevallos, activista del colectivo Peruanxs en
Madrid, el gobierno de Boluarte es ilegítimo. «No asciende al poder en las
urnas, sino por medio de triquiñuelas. Mantiene un Congreso totalmente
corrupto, son aves de rapiña que distribuyen el presupuesto como quieren,
hacen sus cabildeos internos con tal de conseguir millones para ellos. Hay
un régimen instalado por la fuerza, porque solamente a fuerza de balas puede
sostenerse y ha necesitado de tantos muertos para perennizarse. No le
decimos presidenta, le decimos dictadora».

 

En Andahuaylas, la ciudad donde se dieron las primeras protestas contra el
gobierno de Boluarte, la noticia del cierre del Congreso se recibió con
alegría «porque allí hay muchos corruptos, mucha mafia trabaja allí», cuenta
desde esa ciudad del sur peruano Dany Quispe, padre de Beckham Romario
Quispe, una de las primeras víctimas a manos de la represión desatada por
las fuerzas de seguridad luego de la destitución de Castillo, según han
señalado investigaciones de organismos nacionales e internacionales. «Pedro
Castillo vino a Andahuaylas a ofrecer riego tecnificado para todas las
comunidades, él tenía ese compromiso con nosotros, diez días después fue
secuestrado. Cuando lo supimos, estuvimos tristes, como todo Perú», subrayó
Quispe.

 

Las protestas contra Boluarte 

 

Tras el anuncio de Castillo, que cayó como un jarro de agua fría en una Lima
que estaba a las puertas de recibir el verano, centenares de personas
salieron a la histórica plaza San Martín y de allí marcharon hacia la sede
del Congreso para pedir la renuncia de los congresistas, nuevas elecciones
generales y una Asamblea Constituyente. Fue al sur de Perú donde se gestó la
revolución popular de organizaciones campesinas, sindicatos, federaciones y
mujeres organizadas, quienes ese mismo día mostraron su rechazo a la
detención del expresidente y convocaron movilizaciones para los siguientes
días.

 

Arequipa, Cusco y Puno, ciudades donde Perú Libre obtuvo mayoría de votos,
convocaron huelgas regionales por lo que llamaron «el secuestro de Perú».
Pero fue en Apurímac donde se registraron las primeras represiones. El 10 de
diciembre, al menos 3 mil personas, entre ellas cientos de comuneras,
tuvieron un enfrentamiento violento con la Policía que terminó con varias
heridas y la retención de dos miembros de las fuerzas del orden, que fueron
liberados horas después. Debido a la respuesta policial, la población que se
manifestaba terminó por declararse en «insurgencia popular».

 

Al día siguiente, las manifestaciones se trasladaron al aeropuerto de
Huancabamba, donde tomaron la instalación. La Policía, al verse superada en
número, abrió fuego con perdigones y munición real. «Ese día, el 11 de
diciembre, la Policía asesinó a mi hijo en el aeropuerto. Él solo había ido
a mirar la manifestación por curiosidad, no a participar», relata Dany
Quispe.

 

El padre estaba trabajando en el campo cuando recibió un mensaje por
WhatsApp en el momento en el que algunos manifestantes trataron de auxiliar
a su hijo. «En provincias nos han asesinado como si fuéramos delincuentes,
como animales, no nos respetan. Boluarte dice que nuestros hijos se han
matado, no hay respeto al pueblo. El gobierno y la Policía nos discriminan»,
remarcó.

 

Beckham, de 17 años, entrenador de fútbol que soñaba con jugar en la liga
profesional, no fue la única víctima ese día. Otro menor, David Atequipa, de
15 años, escolar, también sufrió un traumatismo encefalocraneano provocado
por disparos de los agentes antidisturbios.

 

A partir de ese momento, la llamada insurgencia popular avanzó de ciudad en
ciudad y sufrió la misma represión que en Andahuaylas. Desde que Boluarte
asumió la presidencia hasta el 20 de febrero de 2023, la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) registró 1.327 protestas en
el país, 882 movilizaciones, 240 bloqueos de carreteras, 195 concentraciones
y 60 marchas por la paz, todo esto sin contar los llamamientos y actos de la
población peruana en el exterior.

 

«Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en
bloqueos de carreteras y un policía, así como centenares de personas heridas
en un trágico período de violencia estatal, las autoridades peruanas han
permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la
fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de
comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus
derechos humanos», señaló Erika Guevara, directora para las Américas de
Amnistía Internacional, tras presentar un informe de la situación en febrero
de 2023.

 

Según el informe de Oacnudh, se han contabilizado 62 muertes que siguen
pidiendo justicia, tal como hizo un grupo de familiares y afectadas en la
audiencia pública de seguimiento del caso peruano, llevada adelante a
inicios de noviembre por la CIDH. «Las organizaciones y las víctimas
expresaron su preocupación por el incumplimiento a partir de la erosión de
instituciones democráticas, la falta de investigación de hechos recogidos en
el informe, la ausencia de reparación a víctimas de represión estatal,
incluidas personas indígenas, y discriminación estructural. Solicitaron la
creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes o de un
mecanismo de seguimiento», informaron.

 

Otro informe de Amnistía Internacional, «Racismo letal: ejecuciones
extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de
Perú»,  denuncia que la Policía y el Ejército utilizaron balas y armas
prohibidas para tareas de control del orden público de manera ilegítima,
además de gas lacrimógeno de manera excesiva y desproporcionada. La
organización calificó la represión del gobierno de Boluarte como «crímenes
contra el derecho internacional» y denunció que tuvo «un sesgo racista». El
80 por ciento de las muertes totales registradas desde el inicio de las
protestas fueron de población indígena y campesina.

 

El extractivismo y las élites 

 

En los años noventa, el gobierno de Fujimori implantó el modelo neoliberal
en Perú, que sirvió para originar la actual economía extractivista. Para
Zevallos, existe una participación indirecta de las compañías y las élites
peruanas en los procesos políticos, «empresas como Odebrecht, Graña y
Montero o Telefónica forman parte del monstruo. Los brazos operativos son la
Fiscalía. De esto la gente ya se dio cuenta y quiere un proceso de
participación real. ¿De qué me sirve votar si van a sacar al presidente que
elegí?».

 

Según la exministra Durand, «los grupos empresariales financiaron los
mejores estudios de abogados de Lima para impugnar 200 mil votos rurales de
indígenas. Financiaron toda la campaña por la vacancia. Todos los domingos
teníamos movilizaciones con autos superlujosos. Ocasionaron un clima de
desestabilización. Y no solo por tres o cuatro concesiones, era para salvar
todo el modelo. Se formó una coalición golpista entre la Fiscalía, el
Congreso, el poder económico, los grandes medios de comunicación, las
fuerzas armadas y policiales».

 

Huanca también denunció que el objetivo de Boluarte es la renovación de las
concesiones mineras y petroleras. «Castillo dijo que no iba a renovarlas,
sino que iba a revisarlas y cobrar todos los impuestos que debían las
grandes empresas. En cualquier momento, cuando ya esté todo firmado, ellos
mismos van a sacar a Boluarte, no nosotros». Durand señaló que «el triunfo
de Castillo no solo fue una cachetada al clasismo y al racismo de las élites
peruanas, sino a su modelo. Siempre fue transparente en su propuesta como
candidato: nueva Constitución y revisión de contratos. Las élites no lo
querían en el poder porque era un indio y tenía que estar en la chacra».

 

Volver a la chacra 

 

En Perú se cronifica una crisis política, con ya cinco presidentes en cinco
años. La derecha encabezada por Keiko Fujimori al servicio de las élites
económicas y empresariales gobierna junto con Boluarte, frente a una
izquierda de partido cada vez más desintegrada.

 

A casi un año de la muerte de su hijo, Dany Quispe cuenta que su familia
sigue trabajando el campo, «cosechamos papa, vendemos a nuestros animalitos
para educar y alimentar a nuestros hijos. Cuando bajamos del campo a la
ciudad para protestar, dicen que nos financia la minería artesanal o el
presidente Castillo, ¿pero quién nos va a financiar? Nosotros ponemos una
cuota cada uno para la comida o la gasolina», afirmó dolido por la esperanza
que le generaron las promesas del antecesor de Boluarte, quien además de
maestro desarrollaba labores del campo y, dice, entendía sus necesidades.

 

El 7 de diciembre de 2023, a un año desde la destitución de Castillo y de la
entrada en el poder de Boluarte, las demandas fundamentales de las
manifestaciones de protesta son: un proceso de reparación integral, de
investigación y de sanción contra los responsables de las víctimas de las
protestas iniciadas en diciembre de 2022; un proceso constituyente para que
haya un plebiscito en el que la población pueda decidir si quiere o no
cambiar la Constitución vigente, de 1993, que fue redactada durante el
gobierno de Fujimori; la renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria de
nuevas elecciones.

 

A las protestas ya previstas se añade ahora el indulto a Alberto Fujimori.
El 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación
inmediata del expresidente, a pesar de que la CIDH había dictaminado lo
contrario en 2022. «Estamos indignados, acompañamos a las asociaciones de
víctimas del fujimorismo. Su lucha por más de 30 años no puede quedar
impune. Este antecedente expone a Perú en el ámbito internacional, porque
estamos incumpliendo con la CIDH. El Congreso eligió a estos tribunos
[miembros del Tribunal Constitucional] para que liberaran a su líder. La
Justicia tiene que reparar integralmente a las víctimas, a los genocidas no
se les puede indultar», denuncia Zevallos.

 

Para Huanca, en Perú el cambio no pasa únicamente por la presidencia del
gobierno, pasa por volver a la chacra y poner la mirada en las comunidades.
«Tenemos que desahuevarnos y pensar desde abajo. El poder legislativo no
puede ser solamente de sacos y corbatas. Para ellos, los pueblos indígenas
siempre vamos a ser la chacha y no solamente en Perú. Esta lucha es
geopolítica. ¿Acaso los blancos no comen lo que nosotras producimos como
campesinas e indígenas? Nos queda levantarnos porque somos millones y
millones. Sabemos que nos van a matar, pero, carajo, somos campesinas.
Siempre decimos que estamos sembrando semillas autóctonas porque nos matan.
Pero una primavera seguirá la revolución de nuestros hijos e hijas, porque
yo soy bisnieta y nieta de luchadoras», afirma.

 

(Publicado originalmente por El Salto
(https://www.elsaltodiario.com/peru/ano-boluarte-peru-muertes-corrupcion-ind
ulto) Brecha reproduce fragmentos bajo titulación propia.)

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