Nicaragua/ La dictadura castiga a presos políticos que protestaron con huelga de hambre. [Confidencial]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de diciembre 2023

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Nicaragua

 

Castigan a presos políticos que protestaron con huelga de hambre en La
Modelo

 

Seis de los siete reos políticos trasladados a celdas de máxima seguridad,
como represalia a una huelga, siguen aíslados. 

 

Redacción Confidencial, 15-12-2023 

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Iniciar una huelga de hambre entonando el Himno Nacional y otros sones
nicaragüenses fue el detonante para que la dictadura orteguista arremetiera
contra parte de los presos políticos en la cárcel La Modelo, confinando a
siete de ellos a celdas de máxima seguridad. Además, otro fue golpeado
“salvajemente” y un contingente de 300 antimotines intervino el
penitenciario para "poner orden".

 

El Grupo Secuestrados Políticos Unidos (GSPU) denunció que los presos
políticos de la galería 16 empezaron la huelga, como único método de
protesta, para demandar mejor alimentación, respeto a sus horas de descanso
nocturno, ya que los custodios golpean las verjas impidiendo conciliar el
sueño, salidas con más frecuencia a patio sol, un trato más humano de parte
de los custodios y el ingreso de material de lectura.  

 

Sin embargo, la respuesta de las autoridades penitenciarias fue más
represión. La tarde del uno de diciembre, tras iniciar la huelga, los
custodios trasladaron a siete presos políticos “enchachados y encadenados”
de pies y manos a celdas de máxima seguridad, confirmó un familiar bajo
anonimato. Los reos de conciencia permanecieron once días sin paquetería y
útiles de cuidado personal, “lo que constituye una grave violación a sus
derechos por cuanto están expuestos a enfermedades por no contar con lo
necesario para su aseo personal”, indica la denuncia del GSPU.

 

Abdul Montoya Vivas, 65 años; Sergio Catarino Castilblanco, 37 años; Edubhin
Sebastián Bermúdez Sevilla, 61 años; Geovanny López Acevedo - tiktoker-; un
preso político de apellido Montalván, y una persona no identificada
permanecen solos en celdas empernadas de dos por tres metros, “castigados
simplemente por demandar sus derechos”, denunció la exrea política y
defensora de derechos humanos, Ana Margarita Vijil. 

 

José Antonio Castillo es el séptimo preso político llevado a una celda de
seguridad, pero según el GSPU, amenazó con ahorcarse y el 8 de diciembre fue
trasladado a las galerías de los presos comunes. Permanece en una celda, a
la que nadie se puede acercar, con dos presos más. 

 

“Exigimos la libertad de cada uno de los presos políticos en Nicaragua,
demandamos se respete la integridad personal de cada uno de los presos y las
presas políticas, y de manera particular, que respeten la integridad de las
siete personas castigadas ilegalmente en la cárcel La Modelo el pasado
primero de diciembre”, demandó Vijil.

 

Un análisis de CONFIDENCIAL con datos del Mecanismo para el Reconocimiento
de Personas Presas Políticas y el Monitoreo Azul y Blanco reveló que, hasta
finales de octubre, al menos eran 130 las personas presas políticas en
Nicaragua. Sin embargo, la cifra ha seguido aumentando, pues la dictadura ha
continuado apresando ciudadanos. Se estima, que permanecen encarceladas
-entre prisión y casa por cárcel- más de 151 personas.

 

Preso político “torturado salvajemente” 

 

El uno de diciembre también fue sacado de la galería 17 el preso político
Juan Carlos Baquedano, de 68 años. “Lo enchacharon y lo sacaron a una zona
oscura, donde fue salvajemente torturado y él les decía que les quitaran las
chachas, que le permitieran defenderse como hombres que eran y en respuesta
recibió más golpes, regresándolo a la galería en estado deplorable”, relata
el comunicado. 

 

Baquedano fue secuestrado el miércoles 2 de agosto, tras regresar de su
exilio en México para ordenar una documentación personal y de sus
propiedades. La Policía lo sacó de su vivienda en Jinotega. En julio de
2018, en el marco de las protestas contra del régimen de Daniel Ortega, la
jueza del Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, Adela Cardoza,
condenó a Baquedano a 25 años de cárcel por supuestamente ser responsable
del asesinato de Pablo Israel Ramos Chavarría, ocurrido el 16 de junio de
2018, y a 22 años por el delito de terrorismo.

 

Las autoridades además lo señalaron de ser “cabecilla” de los grupos que
bloquearon las vías en Jinotega, en protesta contra la dictadura. Permaneció
en prisión durante 11 meses y fue liberado por medio de una Ley de Amnistía,
aprobada por el mismo régimen para dejar en impunidad los crímenes cometidos
por las fuerzas policiales, turbas y paramilitares.

 

300 antimotines por "huelga de hambre"

 

Alrededor de 300 antimotines aparecieron en la cárcel La Modelo, y una buena
parte de estos ingresaron a la galería 16, donde están presos políticos. Los
agentes ordenaron se colocaran boca abajo, algunos fueron golpeados y todos
fueron despojados de la paquetería que sus familiares habían entregado el 28
de noviembre.  

 

Finalmente, el pasado ocho de diciembre les regresaron los productos, pero
en el caso de los perecederos, "llegaron engusanados". No es la primera vez
que los familiares de presos políticos denuncian que las autoridades
penitenciarias dejan podrir los alimentos que son llevados por sus parientes
para entregárselos a los reos de conciencia. Esta nueva arremetida recuerda
la violencia perpetrada por el régimen orteguista en mayo de 2019, cuando
antimotines golpearon salvajemente a presos políticos que realizaban una
protesta, en la que Eddy Montes Praslim fue asesinado.  

 

Además de toda la tortura infringida, las autoridades empeoraron las
condiciones de los presos políticos. "La comida ha empeorado, el trato más
grotesco, los sacan en fila supuestamente para recibir sol, pero solo les
toman foto y de inmediato a la celda", señala el GSPU.

 

De los 91 reos de conciencia que están encarcelados, 17 son presas
políticas, señala el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas
Políticas. Estas también están siendo sometidas a un "trato humillante" en
la cárcel La Esperanza, "donde muchas están en máxima seguridad, no reciben
atención médica y sus vidas corren peligro".

 

El GSPU demanda a las autoridades penitenciarias respetar la integridad
física de los presos políticos, detener el trato denigrante y a la vez, les
recuerda, que "la vida de los presos políticos está bajo su custodia y que
por lo tanto, son responsables de lo que pase con cada uno de ellos".

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