Brasil/ 2023: El lulismo en cámara lenta. [Singer/Rugitsky ]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

22 de diciembre 2023

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Brasil

 

2023: El lulismo en cámara lenta

 

En 2024, la estrategia clásica de Lula - ceder ante las élites para abrir
resquicios a las políticas sociales - se verá bloqueada por el marco fiscal.
Los nuevos impuestos no han aumentado el gasto público. Estabilizar la
democracia exige cambios estructurales

 

André Singer y Fernando Rugitsky *

Outras Palavras, 20-12-2023

https://outraspalavras.net/

Traducción de Correspondencia de Prensa

 

Al cumplirse un año del tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, es hora
de evaluar la estrategia que ha adoptado frente a la confrontación de
clases, y de imaginar los acontecimientos que se avecinan. Tras ganar al
frente de una heterogénea asamblea de salvación democrática, el presidente
decidió entonar la clásica melodía lulista: hacer concesiones al por mayor a
la burguesía y, al por menor, buscar resquicios por los que beneficiar en
alguna medida a los segmentos populares. Pero la cuestión viene
evolucionando a un ritmo muy lento, lo que hace dudosas las maniobras
previstas para los períodos electorales de 2024 y 2026.

 

Cuando asumió el poder, hace dos décadas, la combinación de pacto
conservador y reforma gradual sonaba desconcertante e innovadora. En lugar
de romper con el legado neoliberal de FHC (Fernando Henrique Cardoso),
rechazado por las urnas, lo asumió. Sin embargo, poco a poco fue
incorporando iniciativas que elevaron el nivel de consumo de la parte más
desfavorecida de la sociedad.

 

La ampliación de las transferencias de renta a través del programa Bolsa
Familia, la creación del crédito consignado y el aumento real y regular del
salario mínimo constituyeron el trípode fundamental de la inflexión popular.
El resultado ha mejorado la vida de la mayoría empobrecida sin confrontar
los fundamentos del orden neoliberal.

 

A largo plazo, una plétora de contradicciones caracterizó lo que llamamos
"reformismo débil". Por citar algunas: el aumento del poder adquisitivo de
los trabajadores no fue acompañado de mejoras equivalentes en la oferta
pública de sanidad, educación primaria y secundaria, transporte y seguridad.
El mayor acceso a los títulos universitarios no ha ido acompañado de buenos
empleos, generalmente vinculados directa o indirectamente al dinamismo de la
producción industrial. La célebre elección de Brasil como sede de la Copa
del Mundo y de los Juegos Olímpicos ha puesto en peligro a innumerables
comunidades, afectadas por las obras de infraestructura exigidas por la
FIFA.

 

En la esfera electoral, sin embargo, el débil reformismo provocó un
realineamiento decisivo, con los pobres adhiriéndose en masa al lulismo,
mientras las clases medias se agrupaban en torno al PSDB (Partido de la
Social Democracia Brasileña). Hasta 2014, el modelo fue refrendado en las
urnas, garantizando cuatro victorias consecutivas del PT en las
presidenciales. En su apogeo, el sueño rooseveltiano de un cambio sin
conflictos conquistó muchos corazones y mentes.

 

A partir de entonces, por razones que no pueden explicarse aquí, se hicieron
patentes una serie de insatisfacciones, tanto en la cúpula como en la base,
y las instituciones empezaron a hervir. Del poder judicial surgió una ola
gigantesca, que tomó facetas en junio de 2013, alimentada por la lucha
contra el fantasma de la corrupción. El PSDB, hambriento de poder, se rebeló
contra los preceptos constitucionales, contribuyendo a un impeachment
ilegítimo. Las organizaciones empresariales, unidas contra Dilma Rousseff,
reclamaron una política económica antipopular. El MDB (Movimiento
Democrático Brasileño) liderado por Michel Temer y Eduardo Cunha puso a la
Cámara de Diputados al servicio del impeachment sin crimen de
responsabilidad, resumiendo el ángulo reaccionario sobre el camino a seguir
en el "puente al abismo".

 

En la crisis del lulismo, durante casi una década (2015-2022) vivimos la
típica sustitución del atraso que los estudiosos de la historia del país
identificaron en 1964. Las esperanzas de justicia social quedaron sepultadas
bajo los escombros de los logros alcanzados en la etapa anterior. Al
retroceso en el plano social se sumó un retroceso político, con los
militares aspirando de nuevo a dirigir el Estado, práctica abandonada desde
la entrada en vigor de la Constitución de 1988.

 

Un amplio contingente de la sociedad, frustrado, empezó a cuestionar no sólo
al presidente de turno, sino las propias normas de convivencia civilizada,
amplificando los impulsos antidemocráticos por parte de la clase dirigente.
Un mediocre diputado de extrema derecha fue elevado a la presidencia,
alineando a Brasil con las peores tendencias internacionales. Después de
semejante demolición, sin embargo, el lulismo fue llamado a gestionar las
ruinas que quedaron.

 

Un marco paralizante

 

En el reingreso de la temporada lulista, Lula delegó en Fernando Haddad el
papel de hacer las concesiones exigidas por el capital, reservándose el
papel de buscar los resquicios por donde deben pasar las necesidades del
pueblo. Todavía en diciembre de 2022, tras sortear la presión de la
austeridad nombrando hábilmente a Geraldo Alckmin para presidir el equipo de
transición, Lula consiguió aprobar una holgura de 145.000 millones de reales
en el presupuesto de 2023, con el llamado PEC (Proyecto de Enmienda
Constitucional) de la Transición. De esta forma, evitó exprimir las
transferencias de renta y la Farmacia Popular.

 

El 1 de enero, el día de su toma de posesión, promulgó una Medida Provisoria
que prorrogaba la Ayuda Brasil y, en marzo, lanzó Bolsa Familia 2.0, con un
mínimo de 600 reales (120 dólares: ndt) por hogar beneficiario, a los que
añadió 150 reales por niño de hasta 7 años. Lula compensó la lealtad de la
base subproletaria y se protegió de la rápida caída de los índices de
aprobación que han debilitado los inicios de los mandatos progresistas en
América Latina. No hay que subestimar la importancia de lo que parte de la
prensa, haciéndose eco de la resistencia de las élites, llamó la "PEC da
Gastança".

 

Pero la maniobra tuvo sus contrapartidas. La mayoría fisiológica que dirige
la legislatura utilizó la PEC de la Transición para aumentar el porcentaje
destinado a las enmiendas parlamentarias obligatorias del 1,2% al 2% de los
ingresos corrientes netos, reforzando las tendencias semipresidencialistas
que vienen creciendo al menos desde que Eduardo Cunha dirigiera la Cámara.
Este sesgo reduce el margen de maniobra de Lula, que ahora necesita
preservar el presupuesto no sólo de la presión de quienes quieren
austeridad, sino también del avance del fisiologismo parlamentario.

 

Lo central, sin embargo, es que la presión de los capitalistas ha encontrado
respuesta en el llamado marco fiscal lanzado a finales de marzo. Resultó ser
un plan que, en la práctica, puso en marcha atrás el débil reformismo. A
diferencia del techo de gasto concedido durante la era de Michel Temer, que
congelaba el gasto en términos reales, la nueva norma permite que el gasto
crezca siempre que aumenten los ingresos fiscales. Sin embargo, este aumento
se limitó al 70% de las ganancias en los ingresos, respetando, nota bene, un
máximo de 2,5% de expansión anual del gasto público.

 

Así, al obligar a que los gastos crezcan más lentamente que los ingresos, la
norma propuesta seguía incrustando una reducción gradual del tamaño del
Estado, como la infame ley anterior. Como bien señaló el economista Pedro
Paulo Bastos, la propuesta ni siquiera es compatible, a lo largo del tiempo,
con un aumento efectivo del salario mínimo (actualmente es de 130 dólares
mensuales: ndt) que siga el ritmo del PIB y con el mantenimiento de los
pisos constitucionales de educación y salud. Si las contradicciones típicas
del lulismo implicaban problemas a largo plazo, ahora el propio corto plazo
está amenazado.

 

Las concesiones a la Faria Lima (zona bancaria y financiera de São Paulo:
ndt) fueron más allá. El Ejecutivo se comprometió a un ajuste audaz (puesto
en duda por el propio presidente a finales de octubre), fijando un objetivo
de déficit primario cero en 2024 y superávits del 0,5% y el 1,0% del PIB,
respectivamente, en el siguiente bienio. Teniendo en cuenta que se espera
que el déficit en 2023 supere el 1% del PIB, llevarlo a cero representaría
un recorte significativo, mayor que el realizado en la encarnación inicial
de Lula (2003), cuyo impacto fue uno de los elementos que finalmente
condujeron a la creación del PSOL.

 

El discurso oficial se esfuerza por mitigar el carácter austero del plan,
argumentando que el ajuste no recaerá, como es habitual, sobre el gasto,
sino sobre los ingresos, en particular mediante la inclusión de los ricos en
la fiscalidad. De hecho, se han dado pasos positivos: la tributación de los
fondos exclusivos y offshore, el cambio en la norma sobre el voto de
confianza en el CARF (Consejo Administrativo de Recursos Fiscales), que da
más poder al Ejecutivo en los litigios fiscales con las empresas, la llamada
Medida Provisoria sobre subvenciones, que busca mitigar la erosión de la
capacidad recaudatoria del Gobierno, y la revisión de los llamados gastos
fiscales, en su mayoría subvenciones y beneficios fiscales concedidos a
sectores específicos.

 

Esta vertiente avanzada del marco es muy bienvenida, ya que actúa sobre la
regresividad del sistema brasileño, especialmente si va acompañada de una
reforma de la fiscalidad sobre la renta y el patrimonio. Además, reducir el
déficit aumentando la fiscalidad sobre los ricos tiende a ser menos
perjudicial para el crecimiento que recortar el gasto. Sin embargo, en el
mejor de los casos, esto sólo reducirá la austeridad, sin derogarla.

 

La razón subyacente del carácter paralizante del marco reside en el límite
del 2,5% al aumento del gasto público. Aunque logre obtener ingresos de
impuestos inéditos, para abrir espacio al aumento del gasto, la barrera
fijada representa un freno inexistente en las experiencias anteriores de
Lula, independientemente de la meta acordada.

 

Las siguientes cifras hablan por sí solas. Entre 2003 y 2010, el gasto
primario como proporción del PIB aumentó de alrededor del 15% al 18%,
creando las condiciones para la implementación del programa Bolsa Familia y
el aumento del salario mínimo en un 66% en términos reales. Sin embargo,
según una simulación realizada por el Centro de Investigación en
Macroeconomía de las Desigualdades (MADE) de la Universidad de São Paulo, si
el marco se hubiera adoptado en 2003, el gasto público no habría aumentado,
sino que habría caído al 11% del PIB. En resumen, el lulismo, en esta
tercera exposición, se proyecta a cámara lenta.

 

El contraste con el pasado es evidente. Si se observa la tasa de crecimiento
del gasto federal, se ve que durante los gobiernos Lula 1 y 2 hubo un
crecimiento real del 7,2% anual. Esta es una tasa casi tres veces más rápida
que la permitida, en el mejor de los casos, por el marco. Incluso durante el
segundo mandato de FHC y el primero de Dilma Rousseff, el gasto creció dos
veces más rápido de lo previsto por el marco fiscal.

 

El debate abierto de Lula sobre el resultado de las primarias del próximo
año, como veremos más adelante, es importante para evitar un colapso de las
funciones del Estado en 2024. Pero no cambia el hecho de que los posibles
resquicios abiertos por la imposición de impuestos a los ricos -en sí misma
justa y progresiva- son menores de lo que eran bajo el lulismo tradicional.
Los márgenes de maniobra se han vuelto tan estrechos que prácticamente
bloquean el paso del bloque popular por la avenida.

 

Repercusiones políticas

 

Sería plausible argumentar, sin embargo, que el crecimiento de alrededor del
3% anual observado en 2023 contradice la idea del lulismo a cámara lenta. El
problema es que aún no vivimos bajo los efectos restrictivos del marco. La
aceleración actual se debe, en parte, al gasto que tuvo lugar en 2022
-resultado de la utilización del presupuesto como herramienta electoral por
parte de Jair Bolsonaro-, sumado al que posibilitó el PEC de Transición,
como se muestra más arriba, y, por último, a la bonanza agraria propiciada
por una cosecha récord en 2022-2023.

 

Con el régimen fiscal propuesto, este impulso gubernamental será abandonado,
lo que explica la afirmación de Lula de que el déficit "no tiene que ser
cero". Cumpliendo con el libreto que se ha asignado a sí mismo, el
presidente disgusta al mercado al pretender ampliar las lagunas disponibles.
Después de que Lula dijera esto, la bolsa cayó y el dólar subió. El capital
exigió un compromiso de austeridad y, por el momento, el gobierno cedió,
manteniendo la meta sin cambios. Sin embargo, la disputa continúa, con el PT
en el centro de las críticas a la austeridad, y es posible que el objetivo
se modifique el próximo año. Si esto ocurre, la magnitud del ajuste se
reducirá y el efecto negativo de la política fiscal restrictiva sobre los
ingresos será menor. ¿Pero será suficiente?

 

Comparado con el chileno Gabriel Boric, cuyo índice de aprobación cayó 22
puntos porcentuales en su primer año de mandato (Folha de São Paulo,
11/02/2023), y el colombiano Gustavo Petro, cuyo índice de aprobación cayó
23 puntos porcentuales en el mismo período (Radio France International,
07/08/2023), el índice de aprobación de Lula cayó apenas 11 puntos
porcentuales, entre una expectativa favorable del 49% al inicio de su
mandato y el 38% del 5 de diciembre (Datafolha). Es decir, frente a una
nación que sigue polarizada, Lula ha conseguido no caer, aunque está algo
por debajo de la marca que alcanzó tanto en diciembre de 2003 (42%) como,
sobre todo, en diciembre de 2007 (50%).

 

La relativa estabilidad del índice de aprobación del Gobierno hasta ahora,
sin embargo, se enfrentará ahora a una economía en desaceleración. Las
instituciones financieras esperan que el crecimiento del PIB en 2024 se
sitúe en torno al 1,5% (informe Focus de 8 de diciembre de 2023). Esta
previsión es quizá demasiado pesimista, ya que tanto el Instituto de
Investigación Económica Aplicada (IPEA) del Ministerio de Planificación como
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
proyectan un resultado algo superior. Sin embargo, la opinión común es
bajista para 2023.

 

El Planalto (sede del Poder Ejecutivo en Brasilia: ndt) sabe que la
sensación de bienestar es un factor clave en los años electorales. Dentro de
diez meses, una vez filtrada la idiosincrasia local, el estado de ánimo
general de la población será calibrado por los alcaldes y concejales
electos. Una derrota en colegios de alto nivel creará un mal clima para el
inicio de las elecciones de 2026. De ahí el forcejeo de las últimas semanas
en torno al marco, por no hablar de que los parlamentarios siguen
presionando con sus enmiendas y minando la capacidad recaudatoria del
Gobierno, sobre todo con la prórroga de las exenciones fiscales.

 

Si nos centramos en São Paulo, que suele decidir la valoración de las
municipales ganar-perder, hay posibilidades de una contienda reñida. La
buena campaña de Guilherme Boulos (PSOL) en 2020 y la victoria de Lula en
2022 en el perímetro de la ciudad dan perspectivas prometedoras para el
lulismo en São Paulo. Por otro lado, el tradicional conservadurismo de las
clases medias locales hace probable una candidatura competitiva en el campo
de la derecha. En este escenario, la economía podría marcar la diferencia
entre la clase media, que suele decidir las elecciones.

 

En otro orden de cosas, conviene tener en cuenta que las incertidumbres de
la dinámica mundial son enormes. Tensiones geopolíticas graves, finanzas
descontroladas y fenómenos meteorológicos extremos tienden a crear
turbulencias que repercuten en la periferia. Es cierto que, desde finales de
2022, las tasas de inflación en los EE.UU., la zona euro y el Reino Unido
han estado cayendo y los tipos de interés deberían seguirles, reforzando el
efecto de la caída en curso de los tipos de interés brasileños. Con suerte,
esto creará alguna posibilidad de recuperar la liquidez en el planeta y
estimular el crecimiento al sur del Ecuador.

 

También hay quienes apuestan por la posibilidad de un rescate chino como
resultado de la creciente bipolaridad geopolítica. Podría ocurrir, pero es
improbable que cualquier empuje externo sea de la magnitud necesaria para
mover una economía continental como la brasileña. Por eso, el arrastre del
lulismo de tercera generación podría poner en peligro tanto 2024 como el
inicio de 2026, allanando el camino para la rearticulación del campo
conservador.

 

Por no decir que hablamos de flores, si Lula 1 y 2 estimularon sueños de
cambio indoloro, el actual lulismo a cámara lenta ha sacado de escena la
superación de los problemas históricos. Algunos observadores sostienen que,
en la situación actual, la prioridad debería ser salvar la democracia,
dejando el resto para más adelante. El problema es que no será factible
estabilizar la democracia en el país sin transformaciones estructurales, y
la versión renovada de la estrategia original ni siquiera permite soñar
despierto con ellas. Sin embargo, este es un tema para otro artículo. 

 

* André Singer es profesor titular del Departamento de Ciencias Políticas de
la USP. Es autor, entre otros libros, de O lulismo em crise (Companhia das
Letras). (https://amzn.to/48jnmYB)  Fernando Rugitsky es catedrático de
Economía en la Universidad del Oeste de Inglaterra, en Bristol, y codirector
de Bristol Research in Economics.

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