Chile/ Los cabos del amarre. Comienza la nueva ruta constituyente. [Cristian González Farfán]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de febrero 2023

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Chile



Comienza el segundo procesos constituyente



Los cabos del amarre



Tres órganos participarán en el trazado de una nueva Constitución, cuyo
diseño da lugar a más dudas que certezas. Los partidos políticos y el
desacreditado parlamento tendrán un protagonismo del que carecían en la
constituyente del año pasado.



Cristian González Farfán, desde Valparaíso

Brecha, 3-2-2023

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El nuevo proceso constituyente en Chile entraña una paradoja: la propuesta
de nueva Constitución ya partió redactada, aunque todavía nadie se sienta a
la mesa. El 12 de diciembre de 2022, la mayoría de los partidos políticos
con representación en el Congreso suscribieron el Acuerdo por Chile para
habilitar una segunda ruta hacia una carta magna, y en ese documento se
establecieron bases a las que deberá ceñirse el texto constitucional que se
someterá a un nuevo plebiscito. En lenguaje más informal, sin embargo, no se
habla de bases, sino de bordes o Amarres.



«Chile es una república democrática, cuya soberanía reside en el pueblo»,
«la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación
chilena, que es una e indivisible», «Chile tiene tres poderes separados e
independientes entre sí» y «Chile protege y garantiza derechos y libertades
fundamentales como el derecho a la vida» figuran entre las 12 bases
constitucionales fijadas de antemano por las fuerzas políticas que firmaron
el acuerdo.



«Los bordes tratan de establecer una especie de frontera sobre la que no
pueden pasar las discusiones, pero, a mi juicio, hay que mirar el nuevo
proceso en su conjunto. Esta es la última oportunidad para cambiar la
Constitución en los términos actuales. Los sectores transformadores llegaron
muy disminuidos en legitimidad y fuerza electoral tras la derrota del
Apruebo. Eso se volcó en una mesa más favorable a los sectores más
conservadores del país. Este proceso tiene un carácter superelitista y fue
diseñado como una respuesta desde el Congreso. Ojo, yo no hablo de una
“cocina”, yo reivindico el papel del Congreso en darnos dos veces una
solución a un conflicto político», analiza a Brecha la cientista política
Javiera Arce-Riffo.



El «proceso en su conjunto» atañe a las fases del nuevo itinerario
constituyente. En él participarán tres órganos, cuyos representantes se
regirán bajo criterios de paridad de género: un consejo constitucional (50
personas electas por votación popular que discutirán y aprobarán una nueva
propuesta de carta magna), una comisión experta (24 personas designadas por
la Cámara de Diputados y el Senado, cuyo mandato es redactar y entregar al
consejo un anteproyecto de texto constitucional) y un comité técnico de
admisibilidad (14 personas, también nombradas por el Congreso, que revisarán
que las normas aprobadas no contravengan las bases o bordes ya definidos de
antemano). Cada norma que se apruebe, en los dos primeros órganos, deberá
contar con un cuórum de tres quintos.



«Este acuerdo claudicó la aspiración de quienes queremos cambios en Chile.
El proceso quedó en manos de 24 personas designadas por las cúpulas de los
partidos políticos. Es una traición a quienes levantaron estas
reivindicaciones desde el estallido social, porque la derecha tendrá la
mitad de los expertos, y con ello podrá bloquear todos los cambios. El
consejo constitucional no tendrá ninguna incidencia, porque la comisión
experta completará el proceso», plantea a este medio el diputado del Partido
Ecologista Verde Félix González, cuya colectividad no suscribió el Acuerdo
por Chile.



La nueva ruta constituyente



Los partidos ya dieron a conocer los nombres de la comisión experta. De las
24 personas designadas (12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado),
21 son abogadas o abogados; los tres restantes son un sociólogo, una
ingeniera comercial y una periodista. Dicha comisión tiene tres meses de
plazo para diseñar el anteproyecto de texto constitucional, mientras que los
14 miembros del comité de admisibilidad también fueron anunciados. Ambos
órganos comenzarán a sesionar el próximo 6 de marzo.



En tanto, los partidos políticos tienen plazo para enviar los nombres de sus
candidaturas al consejo constitucional hasta este lunes 6 de febrero. La
elección de los consejeros será el 7 de mayo, bajo el mismo sistema que rige
para la votación de senadores (es decir, con candidaturas presentadas en 16
circunscripciones del país). Un mes después, el 7 de junio, el consejo se
instalará para recibir y analizar el anteproyecto salido de la comisión
experta. Dicho consejo tendrá cinco meses para debatir. El plebiscito
ratificatorio se celebrará el 17 de diciembre, con voto obligatorio (por
Apruebo o por Rechazo).



«Me hubiera gustado una mayor presencia de otras disciplinas en la comisión
experta. Ahora bien, era importante tener un número significativo de
abogadas y abogados con trayectoria destacada en sus áreas. Eso puede ayudar
a facilitar que el consenso técnico se convierta en un consenso político y
que eso derive en un acuerdo social cuando el soberano se pronuncie en las
urnas», indica a Brecha Alexis Cortés, miembro de la comisión experta
designado por el Partido Comunista, quien aceptó la invitación aun
reconociendo que «el carácter de experto, sin duda, es susceptible de
controversias». Sociólogo de profesión, será uno de los tres comisionados no
abogados.



Cortés asegura que el nuevo proceso ganará legitimidad en la medida en que
se conecte con los anhelos de cambios de la sociedad que se expresaron
durante la revuelta social. Desde su lugar como experto («la expertise no
puede reemplazar a la soberanía popular», aclara el militante comunista),
prevé que su papel será «intentar facilitar lo máximo posible la
deliberación política» que, según él, recaerá en el consejo constitucional,
al ser este el órgano llamado a cumplir un mandato a través de una elección
popular. «Hay un consenso, al menos entre los comisionados del oficialismo,
en que el protagonismo debe ser de las y los consejeros elegidos
democráticamente», añade Cortés, académico del Departamento de Sociología de
la Universidad Alberto Hurtado.



En tanto, la politóloga Arce-Riffo percibe un punto importante en la función
que deberán cumplir los expertos de los sectores progresistas en los
llamados bordes: «Se la tienen que jugar para que a ese “derecho a la vida”
de los “bordes” no se le añada el apellido “del que está por nacer”, porque
eso iría en contra de los derechos de las mujeres. Hay que apelar al buen
juicio no solo de los representantes progresistas en el consejo; ver, por
ejemplo, cómo se puede trabajar en coaliciones de mujeres».



Por su parte, el diputado socialista Daniel Melo cree que los bordes pueden
jugar a favor de sus huestes, en tanto sean un «piso» desde donde se puede
avanzar en derechos sociales. Cita el ejemplo del punto consensuado que
consagra a Chile como un «Estado social y democrático de derecho»: «El solo
hecho de partir con un consenso en torno a la superación del Estado
subsidiario es sumamente significativo toda vez que permite garantizar una
serie de derechos sociales e instalar un diálogo respecto del modelo de
desarrollo».





Cortés coincide con este análisis, y cree que el referido «Estado social y
democrático de derecho» no solo es «una conquista social», sino «una señal
de que los cambios pueden ser posibles». No obstante, agrega Cortés, «es
probable que la propuesta de Constitución no sea tan de avanzada como la que
se rechazó el 4 de setiembre, pero sí que sea la llave que pueda abrir las
puertas a las transformaciones».



Sin embargo, al abogado y exintegrante de la Convención Constitucional
Manuel Woldarsky, el proceso se le presenta «decepcionante», cooptado por
los partidos políticos y sin garantías de participación del mundo
independiente vinculado a las demandas más sentidas por la sociedad chilena:
«No es un proceso constituyente del pueblo, sino de los partidos, y ya
empezó con varios puntos en contra. Sé que hay mecanismos habilitados de
participación ciudadana, pero no son suficientes ni cumplen con lo que
buscábamos en la Convención Constitucional: que fueran mecanismos
territoriales acompañados por los municipios, las organizaciones sociales y
otras».



En términos de participación en el actual proceso, los pueblos originarios
no tendrán escaños reservados, a la inversa de lo que ocurrió en la
Convención Constitucional. La única opción que tienen las candidaturas
indígenas para obtener un cupo extra a los 50 del consejo constitucional es
configurar una lista propia cuya suma de votos sea igual o superior al 1,5
por ciento respecto de los sufragios válidamente emitidos en el resto de las
16 circunscripciones no indígenas. En ese caso, la candidatura electa sería
la más votada de la lista. Si esta votación general es dos puntos
porcentuales superior al 1,5 por ciento, se agregará un segundo escaño y así
sucesivamente.



¿Juntos o separados?



La elección del consejo constitucional funcionará con las mismas reglas que
la votación de los senadores, lo que favorece a quienes se presentan en
listas con mayor amplitud. Sin embargo, al cierre de esta edición, ni el
oficialismo ni la oposición tenían definido aún si irán a los comicios del 7
de mayo con una lista unitaria o en listas divididas.



La situación más delicada corre por cuenta del oficialismo, cuyas
coaliciones de apoyo –Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático– se han
enfrascado en ardorosas confrontaciones sobre el tema. El problema estriba
en que el Partido por la Democracia (miembro de Socialismo Democrático y
exmiembro de la Concertación) quiere ir en una lista separada con la
Democracia Cristiana, mientras que en el último comité político del Partido
Socialista (también parte de Socialismo Democrático), celebrado este
miércoles 1 de febrero, se pidió un «último esfuerzo por la unidad» de todo
el oficialismo.



«He planteado con mucho énfasis que lo más inteligente es que todas las
fuerzas progresistas confluyan en una sola lista que exprese un consenso en
torno a los temas pendientes del país. Ir separados debilita esa
posibilidad», complementa el diputado Melo.



El consejero Larraín y Colonia Dignidad



Una decisión que provocó estupor entre las fuerzas transformadoras fue la
designación como representante en la comisión experta de Hernán Larraín,
exsenador y ministro de Justicia en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Nominado por el partido derechista Unión Demócrata Independiente, Larraín es
acusado de proteger el enclave alemán Colonia Dignidad y a su líder, Paul
Schäfer. Instalado en el centro-sur de Chile, este asentamiento se convirtió
en un centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura de
Pinochet, donde además se cometieron otros delitos, como abusos sexuales a
menores y tráfico de armas.



El nombramiento de Larraín gatilló una inmediata reacción de la Red de
Sobrevivientes a Abusos Sexuales a las Niñeces en Entornos Institucionales.
«Durante décadas [Larraín] ha sido un acérrimo defensor del violador de
infancias Paul Schäfer, desacreditando relatos de niños abusados por el
jerarca de Colonia Dignidad, lo cual fortaleció la cultura de la impunidad y
la violación de los derechos humanos», publicó la organización a través de
un comunicado.



El tema es muy sensible para el comisionado Cortés, quien se toma unos
segundos antes de responder si le hace ruido sentarse en la misma mesa con
Larraín. El abuelo materno de Cortés es el exmilitante comunista Víctor Hugo
Morales Mazuela, quien figura como detenido desaparecido desde 1976.



«Yo tengo muy claro de dónde vengo y el dolor familiar que cargamos. También
me consta que los distintos partidos buscaron las mejores personas que
representaran sus principios y convicciones. No me corresponde dudar de los
criterios que usaron los otros partidos para definir a sus expertos. Lo que
hay que priorizar en este caso, creo, es redactar una Constitución que
permita habilitar los cambios sociales, y con esa convicción me voy a sentar
en la mesa con todos los comisionados», concluye Cortés.



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El calendario constituyente



-6 de febrero: plazo para enviar candidaturas al consejo constitucional.



-6 de marzo: instalación de la comisión experta y del comité de
admisibilidad.



-7 de mayo: elección del consejo constitucional.



-7 de junio: instalación del consejo constitucional.



-7 de noviembre: entrega de la propuesta constitucional.



-17 de diciembre: plebiscito ratificatorio.

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