Ucrania/ Movilización neoliberal para la guerra. [Luke Cooper]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de febrero 2023

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Ucrania



Movilización neoliberal para la guerra



Luke Cooper

Viento Sur, 15-2-2023

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Traducción de Viento Sur



Las bajadas de impuestos, las privatizaciones y el recorte de derechos
laborales podrían socavar la moral de resistencia de Ucrania contra la
agresión rusa.



A comienzos de la década de 1980, tras la muerte del fundador y hombre
fuerte de la federación, Josip Broz Tito, la economía de Yugoslavia se
hundió. EE UU había subido abruptamente los tipos de interés, forzando al
alza el coste de los préstamos y haciendo casi imposible que el país
balcánico liquidara su deuda exterior. Tras el colapso financiero de Polonia
en 1981, los inversores extranjeros perdieron la confianza en la economía
yugoslava y reclamaron la devolución de sus préstamos.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya actuaba en Yugoslavia desde junio
de 1980, casi inmediatamente después de la muerte de Tito, y se implicó cada
vez más cuando estalló la crisis global de la deuda en 1982-1983. El FMI
concedió de entrada, en 1983, un paquete de préstamos de emergencia de 6.500
millones de dólares y exigió el establecimiento de un marco
político-económico basado en altos tipos de interés, austeridad
presupuestaria, recorte de plantillas y la abolición de los controles de
precios.



Se trataba de medidas coherentes con el giro neoliberal pilotado en
Occidente por el presidente estadounidense Ronald Reagan y la primera
ministra británica Margaret Thatcher, un programa encaminado a reforzar el
poder del capital. Los préstamos de emergencia del FMI fueron decisivos a la
hora de globalizar este programa.



Sin embargo, la austeridad neoliberal no se impuso simplemente a las elites
del Sur global. El FMI encontró defensores entusiastas de sus programas en
los países receptores. Uno de ellos fue el viceprimer ministro yugoslavo
Borislav Srebic. “Nos equivocamos cuando socializamos el factor de riesgo”,
dijo en 1982 al comentar el rechazo de la vieja planificación con vistas a
cerrar las fábricas no rentables. “Queremos que quienes no respetan las
leyes económicas reciban un correctivo.”



El alza de los tipos de interés y del precio mundial de la energía introdujo
una crisis de origen foráneo en los hogares de la gente corriente de
Yugoslavia, disparando la inflación, provocando la caída del nivel de vida e
inflamando las tensiones entre las zonas rurales conservadoras y las clases
urbanas liberales. Fue un tipo de crisis que se tornaría cada vez más común:
a lo largo de los últimos 40 años, desde Somalia hasta Sri Lanka son
numerosos los países que han experimentado convulsiones políticas y
económicas similares.



En muchas de estas crisis, el FMI hizo acto de presencia ofreciendo
préstamos de emergencia… pero siempre a cambio de que se aplicara un
programa brutal de restructuración económica y de liberalización de la
economía. La insistencia de los acreedores internacionales en la devolución
de la deuda y en la necesidad de combatir la inflación comportó en general
un enorme coste para el bienestar de la gente corriente, y en algunos casos
aceleró el colapso del propio Estado.



La historia del FMI como policía al servicio de los acreedores globales en
las décadas de 1980 y 1990 es bien conocida. Hoy, la cara pública del Fondo
es mucho más amable. La directora gerente Kristalina Georgieva habla
apasionadamente de la urgencia de incrementar las inversiones y de conceder
préstamos en condiciones favorables a los países en desarrollo. Si bien la
retórica neoliberal ha dejado de estar de moda en las manifestaciones del
FMI, persisten tendencias del pasado. Mientras que relajó temporalmente sus
políticas más restrictivas en respuesta a la pandemia de covid-19, abriendo
el grifo de liquidez y favoreciendo aparentemente un enfoque más
anticíclico, ahora reclama la consolidación fiscal e insiste en la
austeridad presupuestaria en los países que permanecen anclados en un mar de
deudas.



Vista la violenta historia del neoliberalismo en Europa Oriental, puede
resultar extraño que las ortodoxias del libre mercado sigan gozando de
popularidad en un segmento influyente de las elites regionales. Tras la
invasión rusa a comienzos del año pasado, la población ucraniana respondió
con heroísmo y firmeza, parando los pies a Vladímir Putin y su proyecto
imperialista. Sin embargo, mientras que la proeza militar ucraniana disipó
el pesimismo inicial de los observadores, ahora podemos pecar de un exceso
de optimismo con respecto a la continuidad del éxito de Ucrania. En mi
reciente estudio he podido demostrar que mientras el éxito de Ucrania en el
campo de batalla ha sido mayor del previsto, impulsado por un auge del
espíritu cívico y la ayuda militar occidental, la movilización puede
flaquear debido a la insistencia del gobierno en implementar un programa
radical de economía de libre mercado.



Liberalización económica y violencia desbocada



El trágico colapso de Yugoslavia sería un ejemplo paradigmático del tipo de
guerras que más adelante cundirían en el siglo XXI. La continuación de la
liberalización económica en países con autoritarismo político y sectarismo
étnico ha solido provocar conflictos que comportan ciclos de violencia.



El régimen baasista de Siria, que gobernaba el país desde 1963, emprendió un
proceso de liberalización económica en la década de 2000, con lo que se
extendieron el desempleo y la pobreza por todo el país en vísperas de su
revolución fracasada y la subsiguiente guerra civil. El gobierno de George
W. Bush impuso una restructuración neoliberal en el Irak ocupado,
desmantelando la maquinaria económica del Estado y hundiendo el país en la
corrupción y el sectarismo. Con el argumento de la desbaasificación se
suprimieron miles de puestos de trabajo en la administración estatal y en el
sector público, el Estado se tornó disfuncional y se agravaron las tensiones
sectarias.



En Sudán, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, al igual que
en Irak y Siria, la competencia en torno a las rentas de los recursos han
generado violencia y tensiones intercomunales. Las presiones financieras
mundiales desempeñan a menudo un papel opaco en estos conflictos. Mientras
que el capital puede desplazarse sin dificultad cruzando fronteras, resulta
excepcionalmente fácil ocultar los actos de corrupción y financiar grupos
armados. En el periodo culminante del Estado Islámico se pensaba que vendía
petróleo y mecanismos de blanqueo por valor de nada menos que 2 millones de
dólares al día.



El fracaso de las políticas favorecidas por el FMI y el Banco Mundial en el
intento de alcanzar los objetivos de desarrollo ha generado a menudo un
círculo vicioso en regiones afectadas por conflictos. La caída de las rentas
y de la producción, elevadas tasas de desempleo y la disponibilidad de armas
constituyen una mezcla incendiaria. En la economía de peajes de la República
Democrática del Congo, grupos armados establecen controles de carretera para
cobrar impuestos informales. Incluso empresas multinacionales como la
cervecera Heineken han acabado integrándose en estas redes informales y sus
camiones pagan sus peajes en estos puestos de control. Cuando se consolida
esta economía política de finanzas rebeldes, puede llegar a autoperpetuarse,
con la consiguiente pérdida de legitimidad del Estado y el aumento del
interés de los bandoleros en continuar con la violencia.



¿Se convertirá Ucrania en una guerra perpetua?



Estos casos de conflicto inmanejable constituyen una advertencia para
Ucrania. El éxito obtenido hasta ahora en el campo de batalla refleja el
profundo apoyo al esfuerzo de guerra y la voluntad popular de asumir
terribles adversidades con el fin de proteger la democracia y la soberanía
del país. Pero este gran espíritu cívico no puede compensar permanentemente
la grave crisis económica, que se ve agravada por la política del gobierno.



Ucrania se halla actualmente en medio de una recesión económica inducida por
la guerra, con nada menos que un tercio de quienes buscan empleo viéndose
imposibilitados de encontrar alguno. Alrededor de la mitad de las empresas
informan de que han reducido los salarios, en algunos casos hasta un 50 %.
La tasa de inflación se sitúa en torno al 20-25 %. En 2022, el país incurrió
en un déficit de 27.500 millones de dólares. Este dato no es tan malo como
el que anticiparon las proyecciones iniciales, lo que refleja los avances en
la guerra, que han permitidos que muchas y muchos civiles reanudaran alguna
actividad económica lejos de las líneas del frente. Sin embargo, Ucrania
todavía ha de afrontar un enorme reto financiero de cara a 2023.



Cuando los préstamos y la ayuda no han bastado, el país ha recurrido a la
imprenta de dinero. Es una medida de emergencia que permite seguir cubriendo
gastos ineludibles como las pensiones, pero que comporta el riesgo de
desatar la inflación. Las economías de guerra que han tenido éxito se han
retraído históricamente de financiar el déficit presupuestario mediante la
emisión de más dinero, porque sabían que la inflación es un riesgo
fundamental en una situación de escasez debido a la enorme demanda de
recursos que implica la guerra.



Al reconocer que los mercados no pueden funcionar en situaciones de guerra
total, los Estados que libran contiendas convencionales han solido
intervenir ampliamente en la economía para compensar la caída de la demanda.
Durante la segunda guerra mundial, los Aliados trataron la economía como una
única gran empresa, dirigiendo el capital y el trabajo a los sectores
prioritarios. El Reino Unido y EE UU reforzaron drásticamente los recursos
del Estado estableciendo nuevos impuestos y dedicando los ingresos fiscales
a cubrir las necesidades militares y humanitarias. Aplicaron controles de
precios para hacer frente al peligro de inflación y a los ventajistas. Y
negociaron acuerdos con los sindicatos para asegurar que el coste de la
guerra se sufragara con cargo a los sectores más adinerados.



Es imposible librar una guerra con políticas neoliberales



Ucrania no ha desarrollado una economía de guerra convencional y en vez de
ello combina algunos aspectos de centralización económica con medidas de
desregulación y privatización. Los defensores del planteamiento del gobierno
ucraniano dicen que esto facilitará el crecimiento económico, pero no se
tiene en cuenta que los mecanismos normales de mercado no funcionan en
circunstancias económicas tan volátiles e inhóspitas para las inversiones
del sector privado.



El verano pasado, el gobierno introdujo cambios en la legislación laboral
que han expulsado al 70 % de la fuerza de trabajo del sistema de protección
laboral nacional, incluso suprimiendo sus derechos a la negociación
colectiva. También se legalizaron los contratos de cero horas al estilo
británico, en que el personal no tiene ni idea cuánto trabajo le darán de
una semana a otra, en el marco de la dinámica de flexibilización del mercado
de trabajo.



El gobierno ha anunciado asimismo un proceso agilizado de privatización, que
limita las condiciones que puede imponer el Estado a los compradores de
activos públicos. Hasta ahora se han identificado unas 420 empresas del
Estado que pueden venderse. La primera de las subastas tuvo lugar en
septiembre, cuando se vendieron algunos inmuebles de la cervecera pública
Ukrspyrt. “El Estado no debería administrar empresas, un propietario
particular lo hará de forma mucho más eficiente,” dijo Yuliia Svyrydenko,
ministra de Economía, en un comunicado de prensa titulado “Se ha reanudado
la privatización”.



Una guerra total no es una circunstancia propicia para maximizar el valor de
estos activos. Lo más probable es que se vendan a precio de saldo, con una
posible combinación de problemas de corrupción con la repetición de errores
cometidos en la transición económica postsoviética de la década de 1990. Por
otro lado, el gobierno ha renunciado al control de precios a pesar de la
alta tasa de inflación, afirmando que su aplicación al comienzo de la guerra
había fracasado. La fe inquebrantable en el carácter autorregulador del
mercado es un problema incluso en tiempos de paz, pero durante una guerra
comporta riesgos catastróficos.



Los sindicatos no han podido participar en la toma de decisiones y se han
opuesto vehementemente a las reformas laborales del gobierno, señalando al
mismo tiempo que en las condiciones de la ley marcial son incapaces de
organizar protestas contra estas medidas.



Los enormes incrementos del gasto militar previstos en el presupuesto de
2023 se han financiado mediante profundos recortes en otros ámbitos.
Mientras que el aumento del gasto militar es comprensible, Ucrania se ha
negado a incrementar la base impositiva de los hogares. Los trabajadores
autónomos pagan un 5 % de impuestos más una sobretasa de guerra del 3 %.
Muchas profesionales asalariadas están empleadas con este tipo de contratos
para beneficiarse de esta fiscalidad sumamente baja.



El sistema fiscal de Ucrania es en general muy regresivo en comparación con
los estándares internacionales. El impuesto sobre la renta personal es del
18 % y este porcentaje no varía en función del nivel de renta. La
implantación de un impuesto sobre las grandes fortunas o un incremento del
impuesto de sociedades, que actualmente también es del 18 %, podría apoyar
el esfuerzo de guerra, pero el gobierno parece moverse en la dirección
contraria. Ahora está preparando una reforma fiscal que prevé una rebaja del
impuesto de sociedades, del impuesto sobre la renta de las personas físicas
y del IVA (que actualmente es del 20 %) al 10 % en todos los casos.



Si bien en otros tiempos el FMI y el Banco Mundial habrían aplaudido estas
medidas, hoy se muestran mucho más críticos. El FMI advirtió antes de la
invasión rusa que la legislación fiscal ucraniana es “relativamente débil en
materia de progresividad” y el Banco Mundial ha señalado que “la tarifa
plana supone una carga desproporcionada para la gente menos favorecida”.
Ante esta oposición, el gobierno ucraniano ha lanzado una campaña pública
encaminada a convencer a los prestamistas globales de que las rebajas
fiscales son aconsejables.



El frente interno neoliberal no es el cuadro completo. Ucrania ha confiscado
temporalmente ciertos bienes para apoyar el esfuerzo de guerra y lanzado un
programa de obras públicas que proporciona puestos de trabajo para
satisfacer las necesidades de la guerra e iniciar la reconstrucción. Sin
embargo, en enero de 2023 tan solo unas 5.000 personas se habían apuntado a
este Ejército de Recuperación.



En conjunto, la política económica actual de Ucrania mermará probablemente
su capacidad de defensa frente a la invasión rusa. Podría agravar, en vez de
mitigar, la crisis a que se enfrentan la clase trabajadora y las familias.
La comunidad mundial de amigos y amigas de Ucrania debe iniciar un diálogo
con la gente ucraniana sobre estas cuestiones, no solo con representantes
del gobierno, sino también con la sociedad civil y los sindicatos. Estas
discusiones deberían centrarse en el reconocimiento de que construir
instituciones democráticas dotadas de medios sobre la base de un sistema
fiscal progresivo crea el lazo vital entre la necesidad actual de organizar
un esfuerzo de guerra eficaz y su prosperidad futura en el periodo de
posguerra.



(Publicado originalmente en The American Prospect, 30-1-2023:
https://prospect.org/world/)

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