Nicaragua/ ¿Por qué la dictadura decidió liberar y desterrar a los presos políticos? [Elvira Cuadra Lira]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

18 de febrero 2023

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Nicaragua



¿Por qué Daniel Ortega decidió liberar y desterrar a los presos políticos?



La liberación de los presos políticos de Nicaragua y su envío a Estados
Unidos no obedece a un gesto de humanidad por parte del régimen de Daniel
Ortega y Rosario Murillo. Es, más bien, el correlato de un gobierno
autoritario que se siente cercado y busca alguna forma de normalización.



Elvira Cuadra Lira *

Nueva Sociedad, febrero 2023

https://nuso.org/



El pasado 9 de febrero, Nicaragua despertó con una noticia que muchos
consideraban difícil de creer: Daniel Ortega había ordenado la excarcelación
de 222 personas presas por motivos políticos. Entre ellas están Dora María
Tellez, «comandante 2» de la Revolución y ex-ministra sandinista, y
Cristiana Chamorro, quien fue encarcelada cuando intentó postularse como
candidata presidencial en 2021.



Recluidos hasta entonces en distintos centros de detención, incluida la
funesta cárcel El Chipote, los presos políticos salieron de la cárcel y
fueron enviados en un vuelo chárter hacia Estados Unidos. En momentos en que
la información disponible era escasa, el gobierno estadounidense y algunos
familiares confirmaron la noticia. Pero cuando los ya ex-presos políticos ya
estaban en vuelo, y antes de que el avión aterrizara en Washington, la
Asamblea Nacional, controlada por Ortega, aprobó una reforma de la
Constitución que despoja a esas personas de la nacionalidad nicaragüense e
inhibe de manera perpetua sus derechos civiles y políticos por supuesta
traición a la patria.



La noticia desató un torbellino de emociones entre los familiares de los
liberados y desterrados, en la mayor parte de la sociedad nicaragüense, en
la comunidad internacional y en la prensa. La percepción general fue de
alivio, considerando las numerosas denuncias sobre torturas y malos tratos a
los que fueron sometidos desde que se los capturó a mediados de 2021, cuando
el gobierno de Ortega inició una escalada de violencia estatal que se
mantiene hasta hoy. Entre las personas liberadas y expatriadas están quienes
aspiraban a competir por la Presidencia en las elecciones de 2021:
dirigentes de partidos políticos, de organizaciones cívicas y movimientos
sociales, así como de organizaciones juveniles. También había numerosos
periodistas, diplomáticos, empresarios, defensores de derechos humanos,
activistas sociales, sacerdotes e incluso partidarios de Ortega que se
atrevieron a criticarlo públicamente.



Las detenciones se incrementaron en mayo de 2021, en el contexto de la
campaña para las elecciones presidenciales que se celebraron en noviembre de
ese año. Varios candidatos fueron encarcelados y solo se toleró la
«competencia» de quienes no presentaban ningún desafío al régimen de Daniel
Ortega y Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega.



Desde el inicio, los prisioneros políticos y sus familiares fueron
considerados por Ortega como rehenes y fueron tratados con crueldad. En
agosto de 2022 los exhibió a la opinión pública y se constataron los efectos
de los malos tratos recibidos. Las detenciones continuaron e incluso se
incrementaron a finales de ese mismo año, en el marco de las elecciones
municipales celebradas en noviembre. Los detalles de la situación vivida por
los presos y las presas están ahora saliendo a la luz. Poco después de su
llegada a Washington, los testimonios de quienes han estado recluidos dan
cuenta de las torturas, los tratos denigrantes y la perversión a los que han
estado expuestos desde el primer momento de su detención –la mala
alimentación, el aislamiento, la reclusión en permanente oscuridad o
iluminación, los constantes interrogatorios, la falta de atención médica,
las visitas irregulares de familiares y la prohibición de visitas de niños,
entre otros–. Desde su llegada a Estados Unidos y una vez que han tomado
conciencia de nueva condición, se interrogan a sí mismos sobre su futuro, el
lugar donde se instalarán y la suerte de sus familiares en Nicaragua ahora
que son apátridas y están desterrados, como si se tratara del medioevo.



Señales previas y preparativos



Las diversas declaraciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y
del propio Daniel Ortega han dejado claro que la liberación, la expatriación
y el destierro fueron decididos unilateralmente y sin condiciones por parte
de Managua. Estados Unidos accedió a recibir a los prisioneros políticos
siempre que fuera bajo voluntad expresa de estos y que tuvieran pasaporte.
Más allá de eso, ninguno de los dos gobiernos reconoce una negociación
previa. Poco después del recibimiento en Washington, el secretario de Estado
estadounidense Antony Blinken informó de una comunicación telefónica con el
canciller nicaragüense Denis Moncada en la que expresó haber hablado de la
«importancia del diálogo constructivo entre Estados Unidos y Nicaragua para
construir un mejor futuro para el pueblo nicaragüense».



Aunque escuetas, las declaraciones del gobierno de Estados Unidos revelan
que hay un canal de comunicación abierto, pero reiteran que, de sostenerse
la deriva autoritaria, se mantendrán las sanciones que pesan sobre las
instituciones involucradas en actos represivos, sobre la propia familia
presidencial y sobre un buen grupo de allegados a ella. Además, Estados
Unidos expresó en reiteradas ocasiones que el primer paso para abrir una
negociación con Nicaragua era la liberación de los presos políticos, además
de restablecer las libertades y derechos ciudadanos. Lo primero ya se
cumplió, pero el resto de la sociedad nicaragüense permanece como rehén de
un gobierno que en los dos últimos años ha «institucionalizado» un Estado
policial para mantener el control y la vigilancia sobre la población.



El matrimonio Ortega-Murillo ha pedido reiteradamente el levantamiento de
las sanciones y siempre ha negado la intención de negociar, aunque las
señales de que buscaban hacerlo están a la vista desde hace algún tiempo,
tal como se conoció en mayo de 2022 cuando se filtró a la prensa que uno de
los hijos de la pareja presidencial se habría acercado a Estados Unidos. Por
otra parte, desde agosto de 2022, cuando Ortega ordenó exhibir ante la
opinión pública a un grupo de detenidos políticos, se incrementaron las
alarmas por los evidentes estragos de las torturas y los maltratos, pero en
los últimos meses de ese mismo año el trato a los reclusos se modificó con
el mejoramiento de la calidad de los alimentos, el otorgamiento de permisos
para las visitas de sus hijos y la flexibilización de las condiciones de
aislamiento.



Iniciando 2023, Ortega visitó a su hermano Humberto, general retirado,
anterior jefe del Ejército y distanciado del gobierno, quien en 2019 pidió
mediante una carta la liberación de los presos políticos. Cuando se hizo
pública la noticia del encuentro, un comunicado del gobierno afirmó
categóricamente que había sido por razones de salud, pero es evidente que la
conversación giró también sobre asuntos políticos y generó una cantidad de
especulaciones que hacían sospechar que algo se estaba cocinando. La
opacidad con que maneja la información pública el gobierno de Nicaragua y la
reserva con que se urdieron los preparativos de la decisión presidencial
impidieron ver las señales con claridad y, en consecuencia, anticipar la
liberación de los presos políticos.



Un escenario desfavorable



Entre los interrogantes que ha ocasionado la noticia, el más recurrente se
vincula con las razones que llevaron a Ortega y Murillo a expulsar a los
prisioneros políticos de Nicaragua, sobre todo cuando no había negociación
ni condiciones de por medio. Las pistas se encuentran en el escenario con el
que se inició el año.



Ortega y Murillo aseguraron su continuidad en el poder con los
controvertidos resultados de las elecciones presidenciales en 2021 porque
los ciudadanos no tuvieron condiciones ni garantías para ejercer libremente
su derecho al voto. Conscientes de que su nuevo mandato se iniciaba con una
legitimidad reducida al mínimo entre la ciudadanía, decidieron
«institucionalizar» el Estado policial a través de la aprobación de un marco
jurídico que legaliza las políticas represivas y que pone al Estado en su
conjunto al servicio de su proyecto político dinástico y autoritario. Según
sus cálculos, con la legitimidad que pensaban ganar con las elecciones
podían cerrar el capítulo de la crisis sociopolítica iniciada en 2018 para
entrar en un periodo de mayor estabilidad. Sin embargo, el rechazo ciudadano
a acudir a las urnas los obligó a buscar legitimidad entre otros actores
internos, como la empresa privada y la Iglesia católica. Como tampoco la han
conseguido en esos ámbitos (la alianza con la empresa privada se quebró con
el ciclo de protestas de 2018), emprendieron una nueva ola de violencia y
persecución, especialmente contra obispos y sacerdotes.



La deriva autoritaria ha aislado a los Ortega de la comunidad internacional,
que además de rechazar la escalada represiva de 2021, ha demandado
condiciones y garantías para los procesos electorales, el restablecimiento
de las libertades y derechos ciudadanos, así como la búsqueda de una salida
democrática a la crisis. Un grupo de países europeos, junto a Estados Unidos
y Canadá, ha impuesto sanciones a varias instituciones relacionadas
directamente con las graves violaciones a los derechos humanos, a personas
del círculo de confianza más cercano de Ortega-Murillo y a varios
integrantes de la familia presidencial. Frente a ese aislamiento y rechazo,
Ortega se ha acercado a países como Rusia, China e Irán en busca de respaldo
político y económico, comprometiendo el apoyo de Nicaragua a cambio de un
tibio respaldo y a prácticamente ningún beneficio en términos de
cooperación.



El agotamiento y el descontento alcanzan ya a sus propias bases de apoyo, de
manera que durante el último año se ha producido una acelerada erosión del
apoyo entre sus simpatizantes. Numerosos empleados públicos han abandonado
sus puestos de trabajo para huir sigilosamente hacia Estados Unidos, al
tiempo que varios de sus propios militantes han sido castigados con la
cárcel y amenazas por expresar su malestar respecto del rumbo del país, por
la forma en que se conduce el partido de gobierno -el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN)- y por el nivel de agotamiento provocado por la
constante presión del régimen. Ese descontento ya alcanzó a los niveles más
cercanos a Ortega y Murillo, quienes durante los últimos meses se han
empeñado en reorganizar su círculo de lealtades y confianza.



A este complejo escenario político se suman las difíciles condiciones
económicas y las proyecciones desfavorables para el futuro inmediato. Desde
que se inició la crisis sociopolítica en 2018, los sectores económicos más
importantes han experimentado un deterioro significativo, a la vez que se
han incrementado el desempleo, la pobreza y la informalidad. La pandemia de
covid-19 agravó las ya difíciles condiciones del país, lo que dio lugar a un
éxodo masivo de nicaragüenses con destino a Estados Unidos y Costa Rica. Con
el propósito de escapar de la vigilancia y el control político y de
encontrar mejores oportunidades de vida, cerca de 7% de la población ha
abandonado el país entre 2021 y 2022. Las fuentes y fondos de financiamiento
externo del gobierno se han reducido durante el último año y, aunque las
remesas familiares provenientes del exterior se han incrementado, no son
suficientes para cerrar las brechas económicas ni para sostenerse en el
tiempo. Con estas condiciones, parece lógico que Ortega busque una
oportunidad para negociar con quien considera su interlocutor y principal
adversario: Estados Unidos.



Continuidad de la deriva autoritaria



Aunque ha sido forzado a doblar el brazo liberando a sus rehenes, Ortega
mantiene el Estado policial y la persecución sobre la población
nicaragüense. El mandatario persiste, además, en su empeño de castigar a
quienes considera enemigos. Ese es el caso del obispo Rolando Álvarez,
secuestrado de su parroquia en agosto pasado y retenido bajo arresto
domiciliario hasta el 9 de febrero, cuando se negó a abandonar el país junto
con el resto de los liberados. En represalia, Ortega ordenó adelantar el
juicio al que era sometido y fue sentenciado a 26 años de prisión por los
supuestos delitos de «menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de
noticias falsas». Desde entonces se encuentra recluido en el centro penal
conocido como La Modelo, según dijo el propio Ortega. El Vaticano, en la voz
del propio papa Francisco, expresó su preocupación por el obispo Álvarez.



Las recientes medidas no constituyen, pues, un acto de humanidad ni mucho
menos de condescendencia, pues la decisión de expulsar a los prisioneros
políticos y despojarlos de su nacionalidad y derechos ciudadanos se suma a
un discurso que los acusa de «mercenarios» antinicaragüenses. Además, es una
medida anticipada para que ninguno de ellos pueda disputar una eventual
competencia electoral, un escenario probable si se llega a avanzar en la
ansiada negociación con Estados Unidos.



* Investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación
(CINCO) y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas
(IEEPP) de Nicaragua.

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