Perú/ Privilegios del centralismo limeño agobian a pueblos olvidados. [Mariela Jara]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

20 de febrero 2023

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Perú



Privilegios del centralismo limeño agobian a pueblos olvidados



La convulsión política y social que sacude a Perú no es un problema
coyuntural, tiene que ver con relaciones verticales agraviantes en su
población, afirma el historiador José Carlos Agüero.



Mariela Jara, desde Lima

Inter Press Service, 16-2-2023

https://ipsnoticias.net/



En este país sudamericano han muerto 59 personas en los dos meses del
gobierno de la presidenta Dina Boluarte, 47 directamente por la represión
estatal a las protestas iniciadas el 7 de diciembre. La presidenta de 60
años ha respaldado a las fuerzas armadas y policiales pese al saldo trágico
de su accionar represivo.



“Lo que se puede encontrar de un colapso social no son soluciones, pero sí
salidas que ayuden a que este nudo, que es muy peligroso para la gente, que
es lo que a mí me importa sobre todo, se desactive en sus efectos más
tanáticos (mortales)”, declaró Agüero en una entrevista con IPS.



Perú tiene 200 años de vida republicana pero arrastra problemas de
desigualdad y discriminación, que debido al centralismo agudo en Lima
afectan sobre todo a las poblaciones del interior, especialmente rurales,
campesinas, amazónicas e indígenas  quechuas y aymaras.



Para 2021, según las últimas estadísticas oficiales, la pobreza urbana se
situaba en 22 % y la rural en 40 %, sobre todo en la sierra y la Amazonia.
Regiones como Ayacucho, Huancavelica, Puno –algunos de los centros de la
protesta social- alcanzaron los niveles más altos de pobreza en un rango de
37 % a 41 %.



La capital de Perú supera los 10 millones de habitantes, representa la
tercera parte de la población total,  estimada en 33 millones. Es una ciudad
con una alta inmigración interna que refleja la necesidad de las personas de
encontrar las oportunidades de las que carecen en sus lugares de origen.



Agüero, de 48 años, es historiador, ensayista y escritor. Premio Nacional de
Literatura 2018 en la categoría de No Ficción, reflexiona de forma
permanente sobre el país y los cauces de la memoria, a lo que ha venido
aportando desde su propia experiencia personal al ser hijo de dos militantes
del grupo maoísta armado Sendero Luminoso, ejecutados extrajudicialmente en
los años 80.



En su análisis sobre las causas del momento actual peruano, coloca aspectos
diversos planteados por otros historiadores como lo étnico cultural en
relación a cómo desde los grupos de poder en la capital no se ha prestado
suficiente atención a la dinámica regional del altiplano en la región
surandina y subvalorado su tradición contestataria.



También la crisis del sistema político de partidos y de representación que
desde la sociología y las ciencias políticas se advierte por más de dos
décadas, sin que se haya recompuesto. Y las interpretaciones antropológicas
que consideran que se trata de un momento de reivindicación indígena, sobre
todo aymara, con lo cual discrepa.



Agüero pone el acento a las explicaciones desde la vertiente que ha
trabajado en la historia y el racismo, evidenciando el lastre de no haberse
desarmado el sistema de estamentos visible incluso en el siglo XXI en el
país.



“Las relaciones verticales tan agraviantes, si no directamente de casta, a
cada rato estallan, no solo ahora. Están listos para aflorar en cualquier
momento”, remarcó en alusión a la protesta social que no cesa desde el 7 de
diciembre en que Boluarte se juramentó como presidenta, tras ser destituido
por el legislativo Congreso el presidente Pedro Castillo.



Castillo, de 53 años, un maestro y sindicalista rural de origen campesino,
llegó a la presidencia en julio de 2021, gracias al voto mayoritario de las
zonas rurales de Perú, con el respaldo de un partido de extrema izquierda,
que lo abandonó posteriormente. Su gobierno se caracterizó por una gestión
poco operante y el rechazo frontal de los políticos y las elites
tradicionales.



La destitución y encarcelamiento de Castillo movilizó en contra a
poblaciones de diversas regiones, sobre todo del centro y sur andino, en
demanda de elecciones adelantadas para este 2023 y la consulta ciudadana
sobre una Asamblea Constituyente. Boluarte se avino finalmente al adelanto,
pero no el Congreso,  determinante para ello.



“Las interacciones de racismo cara a cara no son lo único que puede mirarse,
si no que toda la devaluación, el ninguneo, se convierte quizá en la
institución organizadora de nuestras relaciones más poderosas a la hora de
la verdad, a la hora en que o tienes que matar o tienes que morir, o tienes
que decidir sobre el reparto de la riqueza, o la legitimidad de una protesta
o una propuesta política”, planteó Agüero.



Explicó que en esa lógica, hay gente que quedará por fuera del pacto
nacional porque se considera que no vale igual que la otra.  “Todo eso se ha
vuelto a poner en juego para explicar este momento”, dijo.



Venir de los pueblos olvidados



Rocío Quispe, una mujer quechua originaria del centro andino departamento de
Ayacucho, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado interno que
azotó el Perú entre 1980 y el 2000, vive en el barrio de Santa María en el
distrito de Ate Vitarte, en el este de Lima, uno de los más populosos con
poco más de 700 000 habitantes, la mayoría de condición socio económica
media y baja.



Tiene 64 años, vive con su hija de 27 y su nieta de seis en una casa que ha
construido poco a poco en la zona alta de San María ganada a los cerros que
rodean la capital. No tiene trabajo dependiente y realiza diferentes
actividades como la venta de comida para su subsistencia. Ella es una de los
millones de migrantes que llegó a Lima en busca de un futuro mejor.



“Nos hemos venido por el terrorismo, hemos dejado de estudiar, hemos dejado
todo. Cuántos han muerto fusilados allá, entraban a tu casa y te mataban;
primero se vino mi hermana, después vine yo y aquí hemos trabajado sin
robar, sin hacer daño a nadie” dijo en diálogo con IPS.



Contó que su aspiración era vivir en paz, sin miedo, esa emoción instalada
cuando estaba en su tierra. Su familia tenía áreas de cultivo en la
comunidad campesina de Soccos, donde en 1983 se produjo la matanza de 32
personas, mujeres, hombres, niñas y niños por la unidad policial llamada Los
Sinchis.



“Muchos ayacuchanos hemos venido a Lima para tener una vida porque nos
sentíamos abandonados”, recalcó. Ya en la capital trabajó para comprarse un
terreno y ayudar a sus padres, y cuando salió embarazada su prioridad fue la
educación de su hija.



Quispe, como muchas de sus vecinas y vecinos, llegó por sus propios medios
en diciembre hasta las afueras del penal Barbadillo donde fue inicialmente
recluido Castillo, acusado de golpe de Estado, por intentar cerrar el
Congreso y gobernar de emergencia, en una efímera ruptura institucional,
cuando sabía que sería destituido horas después.



“Porque reclamamos nos dicen terroristas, terrorista es el que vende la
patria, el que se olvida de nuestros pueblos, el que estando en el poder nos
acusa por desear para nuestros niños un buen colegio, buena educación”,
señaló con indignación.



Cuando habla hay fuerza en su voz: “Nosotros somos un pueblo ayacuchano,
pueblo olvidado, donde sembramos papa, maíz, trigo, cebada, y que nos traten
de terroristas da cólera. Nos llaman terroristas, nos llaman serranos,
apestosos, cholos, todo”.



Y siente como un agravio que el Congreso, que ubica como un centro corrupto
del poder, haya confabulado para la salida de Castillo.



“Con ese pueblo que desprecian hemos nombrado un presidente, serrano,
provinciano, un profesor. Quizás él no estaba tan empapado de todas las
cosas, pero los congresistas no lo han dejado en paz hasta desesperarlo”,
criticó.



Las protestas continúan, aunque con menor intensidad; regiones como Cusco,
Puno, Arequipa mantienen bloqueadas vías de tránsito, mientras Boluarte
inició el miércoles 15 una ronda de conversaciones con los partidos
políticos para abordar la crisis.



Ello se ha percibido como una bocanada de aire para resistir como
presidenta,  ante las denuncias documentadas sobre varios asesinatos
cometidos por las fuerzas durante la represión, y que Boluarte no ha
condenado.



No una, sino muchas Limas



Según el oficial Instituto Nacional de Estadística e Informática, de los
habitantes de Lima, 65 %  se considera mestizo, 19 % originario, casi 5 %
blanco y 8 % afroperuano. Aun así, el racismo está presente en el día a día
y se ha volcado intensamente contra las personas que protestan en sus
regiones y las que han llegado hasta la capital para hacerse oír.



¿Por qué las elites no reconocen que son muchas Limas? Aunque Agüero indica
que no podría responder con certeza porque son pocos los estudios sobre la
élite en Perú, sí puede hablar de sus conductas y la forma en que se
organiza su política.



Cree que no hay ignorancia de por medio no es que no entiendan, reflexiona.
«Hay gente que es muy preparada, que ha estudiado en universidades de afuera
y forman parte de lo que llamamos la élite. Tienen datos demográficos,
encuestas, todo lo necesario para entender que Lima es una metrópoli muy
grande, conformado ahora por varias Limas», añadió.



“Pero gobiernan como otras élites del mundo. Se auto sostienen en el
convencimiento de que son privilegiadas. En el Perú me parece justamente que
articulan una red de privilegios de una manera, además, racista”, remarcó.



Agüero explica que esa posición los aísla pero a la vez los pone en un rol
de tutelaje.



“Lo que más me importa es que las formas de distribución del poder, tanto el
real como el económico y el simbólico, dejen de ser un asunto de privilegio
y articulado por una red de élite que además es racista. Para mí ese es el
asunto”, insistió.

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