Brasil/ Avatar dos y Lula dos. [Andy Robinson]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de enero 2023

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Brasil



Avatar dos y Lula dos



El nuevo Gobierno de Brasil tendrá que hacer frente a los ‘lobbies’
extractivistas y al nuevo modelo de capitalismo “verde” para proteger la
Amazonía y a sus habitantes.



Andy Robinson, desde Altamira (Brasil) *

Ctxt, 3-1-2023

https://ctxt.es/es/



“El agua conecta la vida con la muerte”, reza el mantra de las luchas de los
pieles azules Na’vi en Avatar: El sentido del agua (2022). Nunca mejor dicho
que en Altamira, en la Amazonía brasileña, donde la construcción de la
represa hidroeléctrica de Belo Monte, a partir del 2010, ha supuesto la
inundación de más de 500 kilómetros cuadrados de selva y la desaparición
bajo el agua de cientos de aldeas indígenas y no indígenas.



El “sentido del agua” en Altamira tiene relevancia para quienes esperan con
fe ciega que el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva vaya a salvar a
la Amazonía tras la “devastación” (Lula dixit en su discurso tras la toma de
posesión como nuevo presidente), y además hacerlo sin que nosotros, en los
países desarrollados, tengamos que hacer nada para cambiar nuestros modelos
de consumo.



Cuando el director de Avatar (2009), James Cameron, Sigourney Weaver y otros
actores de la película de ciencia ficción indigenista visitaron Altamira a
finales del 2010, durante la numantina lucha de los kayapó contra el
megaproyecto de Belo Monte, Lula aún era presidente de Brasil. Cameron
resaltó entonces las semejanzas entre la lucha de los Na’vi, en la película,
contra la corporación casi militar de minería de unobtainium en el planeta
Pandora, y las batallas de los kayapó en Altamira contra un consorcio de
grandes constructoras, empresas de energía y la megaminera Vale. Lula acusó
al cineasta de arrogancia neocolonialista ante un proyecto de
infraestructura vital para reducir la pobreza en Brasil.



Entonces, una Altamira con 80.000 habitantes, situada en el cruce del Xingú
y la carretera transamazónica, todavía mantenía una relación de armonía
relativa con la compleja ecología del inmenso río –afluente del Amazonas– y
con sus diversos pueblos originarios. Ahora, tras la construcción de la
megapresa, la llegada de miles de trabajadores y el desplazamiento de
decenas de miles de campesinos y pescadores a la ciudad, la población del
municipio se ha disparado hasta los 170.000 residentes.



La transformación ha supuesto derramar mucha sangre. Las tasas de homicidios
y de suicidio infantil se encuentran entre las más elevadas de Brasil. Los
principales grupos de narcotraficantes de Brasil, como Primero Comando de la
Capital (PCC), se han instalado en la ciudad y se baten los récords de
agresiones sexuales y violaciones.



Mientras, la región de Altamira –de superficie más grande que Inglaterra–
registra la mayor tasa de deforestación de todo Brasil y emite más gases de
efecto invernadero –principalmente metano por la llegada de miles de cabezas
de ganado– que las zonas industriales de São Paulo. La presa ha provocado un
descenso drástico de vida acuática forzando a las comunidades de pescadores
a desplazarse a la ciudad. Por si todo eso fuera poco, la aportación de la
central hidroeléctrica a la red nacional –en torno al 3% del suministro
nacional– es menos de la mitad de lo que se esperaba.



Pocos activistas ecologistas quieren recordarlo en un momento de euforia
tras la derrota de Jair Bolsonaro. Pero la verdad incómoda en Altamira es
que Belo Monte –una obra concebida por la dictadura militar en los años
setenta– fue aprobada por el gobierno de Lula y terminada durante la
presidencia de su sucesora, otra líder del Partido de los Trabajadores (PT),
Dilma Rousseff.



“La idea para la Amazonía de Lula y Dilma era bastante parecida a la de los
generales”, afirma la periodista Eliane Brum, columnista de El País,
radicada en Altamira. Una comparación un poco injusta. Lula adoptó políticas
eficaces entre 2004 y 2012 para lograr una reducción de la deforestación del
85% (con Bolsonaro ha subido un 56%). Es más, dio luz verde a la demarcación
de decenas de tierras indígenas y otras áreas de conservación que ya se
extienden por casi una tercera parte de la Amazonía brasileña. Pocos dudan
de que el nuevo gobierno hará lo necesario para frenar la ola de destrucción
de los años de Bolsonaro.



“Lula va a reducir la deforestación sin lugar a dudas. Solo con decir que va
a actuar contra madereros y mineros ilegales cambiará la sensación de
impunidad que Bolsonaro ha creado”, dijo Marcelo Salazar, medioambientalista
en Altamira y organizador de las visitas de Cameron y Weaver en el 2010.
Pero “el PT tiene un problema con la Amazonía; yo participé en una reunión
con Lula antes de las elecciones y me quedé sorprendido de que él aún
defendiera Belo Monte, pese a que todos sepamos que ha sido un desastre”,
afirma Salazar.



Lo cierto es que existe un dilema real en la estrategia del Amazonas sobre
cómo generar divisas para financiar programas sociales y transferencias
fiscales, como Bolsa Familia, y para afrontar una crisis de hambre que
afecta a más de 30 millones de brasileños. El presidente electo se ha
comprometido a restablecer los sistemas de vigilancia, reforzar los
organismos de protección y las autoridades policiales responsables de
combatir la delincuencia medioambiental. Así mismo, la creación de un nuevo
ministerio para los pueblos originarios facilitará la demarcación de más
territorios indígenas y otras áreas protegidas.



Pero un cambio de modelo productivo e infraestructural en la Amazonía puede
ser más difícil y hará falta una movilización para lograr luchar contra los
lobbies del agribusiness y grandes infraestructuras como Belo Monte. A fin
de cuentas, por buena que sea la voluntad de Lula, las presiones en contra
son enormes. Por un lado, desde los lobbies extractivistas en Brasil y, por
otro, desde el nuevo modelo de capitalismo “verde” en el entorno
internacional, que busca reducir emisiones mediante inventos financieros
como el mercado de carbono sin preocuparse demasiado por los habitantes del
sur global. Ya hay indicios de que los lobbies de los sospechosos habituales
se movilizan en contra de un nuevo plan para la Amazonía.



Tres semanas antes de la toma de posesión de Lula, la nueva asociación
empresarial MoveInfra, compuesta por grandes grupos de infraestructura, como
CCR y Rumo, anunció un nuevo plan para la Amazonía. “La idea central de
MoveInfra es la misma que antes”, advierte Ricardo Abramovay, autor del
libro Infraestructura para el desarrollo sostenible en la Amazonía. “Más
carreteras, un nuevo ferrocarril Ferrograu (para transportar soja desde Mato
Grosso al puerto en el Amazonas, Santarém) y el aprovechamiento del
potencial hidroeléctrico”.



Ahora que el neoliberalismo se adapta al modelo altamente rentable de
negocios de emisiones cero, el dilema será mayor para Lula. Las grandes
corporaciones multinacionales quieren participar en un mercado de carbono
que convierta la Amazonía en una gran unidad de conservación que excluye a
sus más de cinco millones de habitantes, la mayoría en dos grandes
metrópolis, Belem y Manos. “La propuesta internacional es proteger la selva
sin hacer nada contra los cinco millones de personas que viven en la
Amazonía”, dice José Heder Benatti, abogado de la Universidad Federal de
Pará. “La solución ahora tiene que ser socioambiental, no se puede proteger
la selva sin tener en cuenta a la gente; tiene que haber más demarcación y
respeto por el derecho de los indígenas a no incorporarse al sistema”. A
pesar de ello, hay señales de un posible enfrentamiento dentro del equipo
del presidente electo, entre Marina Silva, nueva ministra de Medio Ambiente,
e Izabella Teixeira, exasesora de Dilma Rousseff y peso pesado en áreas de
medioambiente, que apoyó la construcción de Belo Monte.



La exportación de materias primas agroindustriales, como la soja, es la
opción más fácil para generar divisas con las que financiar programas
sociales. Esto puede ser compatible con la reducción de la deforestación
mediante la moratoria sobre la producciones de soja en suelo deforestado.
Esta es la solución de Green Inc., apoyada por los gigantes de la economía
alimentaria, desde Cargill a Sainsbury’s, que defendían la deforestación
cero en la Amazonía y se unieron a las protestas contra Bolsonaro. Pero esto
no proporciona una solución para una de las regiones más pobres de Brasil.
Tres municipios de la Amazonía encabezan el ranking de pobreza en Brasil
elaborado por Marcelo Neri, de la fundación Getulio Vargas en Río. El 98% de
los municipios en la vasta región amazónica brasileña –más grande que
Europa– registra indicadores de desarrollo inferiores a los del resto del
país. Por citar un ejemplo, en Belo Monte un millón de personas en la
Amazonía carecen de electricidad.



En los primeros gobiernos de Lula (2003 y 2010), se optó por un modelo
mosaico en el que se dio por hecho que la producción de commodities para
generar divisas de exportaciones podría coexistir con la agricultura
familiar y la economía campesina. Al mismo tiempo, los gobiernos del PT
defendieron megaproyectos de infraestructura para generar energía y la
logística necesaria para alcanzar elevadas tasas de crecimiento del PIB.
Pero Altamira es un ejemplo del fracaso de esa idea.



“En 2002 se hablaba de la ingenua posibilidad de que el agronegocio
coexistiera con la agricultura familiar”, dice Rosa Amorim, diputada por el
Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) en Pernambuco
(estado de nacimiento de Lula). “Pero sabemos que esto no es cierto. Basta
ver el frijol, por ejemplo. En las zonas de mayor producción de frijol se
está reemplazando este cultivo por soja. La tecnología también es
completamente diferente, lo que funciona para la agroindustria generalmente
no funciona para la agricultura familiar (…) Además, sabemos que el
agronegocio es el principal responsable del acaparamiento de tierras y todo
lo que conlleva: los asesinatos de líderes campesinos, quilombolas e
indígenas, los incendios en la Amazonía y en el Pantanal y todo el esquema
de caza, pesca y minería ilegal de las empresas madereras. Los dos modelos
son irreconciliables. Por lo tanto, es necesaria una política estructural
para la producción de alimentos saludables. Creo que esa es la principal
diferencia con 2002. El Gobierno es consciente de eso”.



Pasa lo mismo con las infraestructuras (estrechamente vinculadas con la
agroindustria mundial). Abramovay propone un plan radicalmente diferente,
inspirado en infraestructuras “basadas en la naturaleza”. En vez de entender
la Amazonía como un conjunto de recursos naturales –entre ellos la energía–
que deben ser extraídos para impulsar el desarrollo del resto de Brasil,
propone priorizar el desarrollo sostenible y una nueva bioeconomía en la
región amazónica. Esto supone la descentralización radical de la generación
de energía. “Todos los proyectos de infraestructuras en la Amazonía
(carreteras, hidroeléctricas, ferrocarriles) deben ser replanteados”, dice.



El nombramiento de Marina Silva –excompañera del icónico medioambientalista
y trabajador del caucho, Chico Mendes– como ministra de Medioambiente es un
indicio de la voluntad de un cambio de modelo. Silva dimitió del primer
gobierno de Lula, en parte como protesta contra megaproyectos como Belo
Monte. Pero, después, como candidata presidencial del partido Rede en el
2010, Silva defendió un programa neoliberal de defensa de la Amazonía muy
próximo al Banco Mundial y el FMI, con el apoyo del entonces embrionario
capitalismo verde.



Es decir, que hace falta un cambio más radical y audaz que el que defendía
entonces Silva y el medioambientalismo aliado con el capitalismo verde en la
Amazonía. Ahora, Lula y la nueva ministra de Medioambiente tienen que buscar
estrategias radicalmente nuevas para proteger la selva y mejorar las vidas
de los habitantes y no solo los balances de emisiones de las
multinacionales. Mientras vemos Avatar, en los países desarrollados conviene
reflexionar no solo sobre el modelo de desarrollo deseable para la Amazonía,
sino también sobre el estilo de vida en nuestros propios países. Conviene
tener en cuenta que la gente del Amazonas solo quiere lo que nosotros
tenemos. Se proyecta Avatar en un multicine del Shopping Serra Dourada, el
nuevo centro comercial rodeado de un millar de lotes vacíos de la promotora
inmobiliaria Nova Altamira. Fue construido hace cinco años con el fin de
“aprovechar una ciudad en constante crecimiento”, según el folleto. Cuando
vino el equipo de Avatar a Altamira hace doce años, Serra Dourada era una
selva por donde trepaban monos araña y jaguares. Ninguno de los espectadores
se habían percatado de las similitudes entre la lucha de los “pieles azules”
de la tribu. “No se me había ocurrido”, dijo un chico de melena larga, que
se dirigía hacia el Burger King tras la película.



* Andy Robinson, es corresponsal volante de ‘La Vanguardia’ y colaborador de
Ctxt desde su fundación. Además, pertenece al Consejo Editorial de este
medio. Su último libro es ‘Oro, petróleo y aguacates: Las nuevas venas
abiertas de América Latina’ (Arpa 2020)

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